Protección contra Prefectura de Carabineros Santiago Norte

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el abogado Boris Orlando Bórquez Bórquez, en representación de nombre reservado, ex funcionaria de Carabineros de Chile, interpone recurso de protección en contra de la Prefectura de Carabineros Santiago Norte, representada por su Prefecto, por el acto que considera arbitrario e ilegal, consistente en la dictación de la Nota sin número de fecha 9 de diciembre de 2025, que denegó la solicitud de invalidación de la Resolución Exenta N°612, de 28 de noviembre de 2024, mediante la cual se dispuso su retiro temporal por imposibilidad física.

Expone que, a la fecha de dictación y notificación de la resolución de retiro, la recurrente se encontraba embarazada, circunstancia que acredita mediante informes médicos, ecotomografía y epicrisis que da cuenta del nacimiento de su hijo el 22 de julio de 2025.

Agrega que, no obstante encontrarse amparada por el fuero maternal y gozar de la protección universal a la maternidad que establecen los tratados internacionales, el Código del Trabajo y la propia normativa institucional (Circular N°1819), la Prefectura recurrida rechazó retrotraer el estado de las cosas, argumentando que el retiro operaba por un “imperativo legal” originado en la declaración de imposibilidad física determinada por la Comisión Médica Central.

Sostiene que la mantención del retiro temporal la priva de su fuente de ingresos, vulnerando las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, N°2 y N°16 de la Constitución Política de la República, referidas al derecho a la vida y la integridad física y psíquica del que está por nacer, la igualdad ante la ley y el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante. Por ello, solicita que se deje sin efecto el acto impugnado, se ordene la reincorporación inmediata con el pago íntegro de sus remuneraciones y se asegure el respeto a su fuero maternal.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, compareció la Prefectura de Carabineros Santiago Norte, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

Señala que mediante Resoluciones Exentas Nº4759 y Nº4760, ambas de 15 de noviembre de 2024, la Comisión Médica Central de Carabineros declaró la imposibilidad física de la actora y propuso su retiro temporal por padecer “trastorno de adaptación de curso prolongado y recurrente”, patología de origen común, psiquiátrica, de pronóstico curable y no invalidante, que la imposibilita temporalmente para el servicio. Añade que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley N°18.961 y el artículo 73 del Estatuto del Personal, la Comisión Médica posee potestad exclusiva para este examen, por lo que la dictación de la Resolución Exenta N°612 se ajustó a derecho al ser un mandato legal.

Arguye que, al momento de dictarse el acto, la Comisión Médica no tenía conocimiento del estado de gravidez de la funcionaria. Sin perjuicio de la legalidad de los actos dictados, la recurrida manifiesta en su informe que, de acreditarse fehacientemente que la ex funcionaria se encontraba embarazada a la fecha del acto, procedería aplicar lo dispuesto en los artículos 46 letra w) y 68 del D.F.L. (I) N°2 de 1968, esto es, suspender los efectos del retiro temporal hasta el término del respectivo fuero maternal.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad la constatación de la existencia de un acto contrario a la ley, o bien, arbitrario, que vulnere los derechos fundamentales protegidos.

Cuarto: Que, como primera cuestión, corresponde analizar los antecedentes que fundaron la decisión de la recurrida de disponer el retiro temporal de la actora. En tal sentido conforme al mérito de las Resoluciones Exentas N°4759 y N°4760 de la Comisión Médica Central, es dable concluir que se encuentra plenamente justificado que el diagnóstico y posterior retiro temporal de la actora obedeció a un procedimiento regular. Corresponde otorgar plena validez a los actos de la Comisión Médica y de la Prefectura de Carabineros Santiago Norte en cuanto a su génesis, toda vez que dichas entidades obraron en el ejercicio legítimo de las facultades exclusivas que les otorgan la Ley N°18.961 y el D.F.L. N°2 de 1968, ya que es una potestad facultativa y técnica de la Administración determinar la aptitud de su personal, por lo que la declaración de imposibilidad física y la dictación de la Resolución Exenta N°612 son actos ajustados a derecho, dictados por la autoridad competente y debidamente fundamentados en antecedentes clínicos.

Quinto: Que, asentada la legalidad y validez del acto administrativo que dispuso el retiro, es menester analizar, enseguida, la situación relativa al embarazo y posterior parto de la actora. Al efecto, se allegó el certificado de la ginecóloga nombre reservado de 11 de febrero de 2025, en que dejó constancia de haberla atendido el 31 de enero del mismo año constatando 12+3 semanas de embarazo a esa época. Asimismo se acompañó la ecotomografía obstétrica de 1 de febrero de 2025, indicándose en su conclusión “Gestación única de 12 + 4 semanas + - 7 días por biometría discordante con FUR”. Finalmente, se acompañó la epicrisis del Hospital de San Carlos de 24 de julio de 2025, que da cuenta del parto y fecha de nacimiento del hijo de la recurrente ocurrido el 22 de julio del mismo año.

Así las cosas, analizando los documentos antes citados, resulta palmario que a la fecha de dictación de la Resolución Exenta N°612 de 28 de noviembre de 2024, la recurrente se encontraba en estado de gestación.

Sexto: Que, en este escenario, se produce una colisión entre la plena validez y ejecutoriedad de un acto administrativo de retiro temporal por razones de salud, y la protección constitucional de la maternidad (artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental) reflejada en el fuero maternal, derecho de orden público e irrenunciable.

Al respecto, la propia normativa institucional de Carabineros (artículos 46 letra w) y 68 del D.F.L. N°2 de 1968) establece el mecanismo para armonizar ambas situaciones: el retiro del personal que goza de fuero maternal se suspende en sus efectos hasta el término de dicho fuero.

Séptimo: Que, por consiguiente, aun cuando se debe darle validez a los actos de la Comisión Médica y de la Prefectura por encontrarse dictados conforme a las facultades de la Administración, el actuar reprochable de la recurrida no radica en la dictación del retiro en sí mismo, sino en la omisión de suspender sus efectos una vez que tomó conocimiento del embarazo mediante la solicitud de invalidación. Dicha negativa constituye un actor ilegal y arbitrario que genera una vulneración a la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución, al privar de sustento económico a la madre y al que está por nacer.

En este sentido, la explicación otorgada por la recurrida en orden a que debe ser la recurrente quien “logre acreditar que, a la fecha de dictación y notificación del acto impugnado, se encontraba embarazada”, manteniendo en el intertanto una precarización de los derechos que claramente posee la funcionaria de Carabineros, en circunstancias que ya había sido advertida de la efectividad no solo del embarazo, sino también del nacimiento del hijo de la actora, deviene en que el rechazo de retrotraer el estado de retiro temporal, es claramente arbitrario y carente de razonabilidad.

Octavo: Que, lo concluido precedentemente no solo posee un sustento normativo en las propias regulaciones institucionales de Carabineros, sino que tiene su antecedente en normas de carácter internacional que ha establecido como premisa fundamental la protección laboral de la mujer embarazada. Ello cuenta con un sólido respaldo en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo, entregando argumentos jurídicos y sociales que son fundamentales para exigir y garantizar dicha protección. Así, podemos citar el Convenio 183 de la OIT sobre la Protección de la Maternidad del año 2000 que ya en su Preámbulo consagra la necesidad de “seguir promoviendo, cada vez más, la igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo y la salud y la seguridad de la madre y el niño, y a fin de reconocer la diversidad del desarrollo económico y social de los Estados Miembros, así como la diversidad de las empresas y la evolución de la protección de la maternidad en la legislación y la práctica nacionales”. Tal normativa toma nota, como allí se indica de las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989), la Declaración de Beijing y Plataforma de Acción (1995), la Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras (1975), la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998), así como los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras, en particular el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981, y, finalmente, teniendo en cuenta la situación de las mujeres trabajadoras y la necesidad de brindar protección al embarazo, como responsabilidad compartida de gobierno y sociedad.

Al mismo tiempo, el Convenio 102 de la OIT sobre la Seguridad Social de 1952 califica la atención de maternidad y las prestaciones pecuniarias como un pilar indispensable de la seguridad social indispensable para garantizar un nivel de vida adecuado durante la suspensión de labores.

De otra parte, siendo fundamental propender a la protección de la familia y su seguridad económica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 10.2 dispone que “se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social”.

Y, por cierto, ha de tenerse siempre presente que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25.2 establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”.

Noveno: Que, por todos los argumentos previamente mencionados, es dable concluir que la negativa de la recurrida de anular los efectos de la resolución que dispuso el retiro temporal de la recurrente, promoviendo una dilatación meramente formalista en sede administrativa, ha afectado gravemente los derechos y garantías de la actora, lo que debe ser subsanado en forma inmediata.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don Boris Orlando Bórquez Bórquez, en representación de nombre reservado, en contra de la Prefectura de Carabineros Santiago Norte, solo en cuanto se ordena a la recurrida suspender los efectos de la Resolución Exenta N°612 de 28 de noviembre de 2024, procediendo a la reincorporación provisional de la actora, garantizando el pago íntegro y continuo de sus remuneraciones y demás prestaciones estatutarias durante todo el periodo que se extienda su fuero maternal.

Se declara expresamente que, una vez cumplido íntegramente el plazo legal del fuero maternal, el acto administrativo de retiro temporal cobrará su plena eficacia y ejecutoriedad, produciendo todos sus efectos legales, en tanto subsistan las condiciones que lo hicieron procedente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Claudia Parra Villalobos.

N°Protección-958-2026.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada, además, por la ministra señora Claudia Parra Villalobos y el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.