nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, seis de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Comparece don Simón Cumsille Richmahue, abogado, en representación de don nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de M.J.L. Transportes LTDA., también conocido como Áridos M. Lara e Hijo – Áridos nombre reservado, Áridos Mj y la I. Municipalidad De Colina, por acción u omisión, por haber incurrido por sí mismos o por personal de su dependencia o contratados al efecto, en actuaciones ilegales y/o arbitrarias en el marco del proceso de tratamiento de materiales de construcción, escombros y basura, acopio de éstos y venta de áridos, lo que estima vulnera sus derechos constitucionales consagrados en los numerales 1, 2, 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, exigiendo la paralización de la sociedad recurrida, en forma inmediata, por estar emplazada en domicilio distinto al autorizado, y además explotando un giro diferente, sin perjuicio, de cualquier otra medida que se estime conveniente, con costas.

Relata que el Fundo Casas del Alba, de gran extensión en la Comuna de Colina, hace décadas fue objeto de una parcelación, entre las cuales la Parcelación N°24 -que incide en la presente acción-, con 10 hectáreas de superficie, a su vez fue objeto de subdivisión, en 20 Lotes, por 5.000 metros cuadrados y conforme al Certificado N°4422 emitido por la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región nombre reservado, de fecha 05 de Noviembre de 1996, se señala expresamente que para los predios rústicos la autorización del SAG no significa cambio de uso de suelos, no obstante, alega que la autoridad comunal permite que la sociedad ya individualizada “ursurpe” y “ocupe ilegalmente” los Lotes 16, 17 y 18, además del derribamiento de los cierres perimetrales de los Lotes 4, 5, 14 y 15, para que los camiones de gran tonelaje maniobren en su interior, sea ingresando materiales de construcción y/o para despachar dichos productos a sus clientes finales y transportando escombros al interior del predio ocupado, generando polvo suspendido y contaminación. El relleno significó también la obstrucción de las aguas de regadío, que impidieron que la plantación de las 100 matas de olivos de origen de Azapa, del año 2013, se fueran jibarizando por falta de riego. Concluye que el perjuicio e implicancia patrimonial es patente, hoy ya no le es viable construir ni explotar olivos.

Reclama que la autoridad municipal se niega a fiscalizar y constatar que el contribuyente no está en el domicilio domicilio reservado del mismo Fundo, por Camino El Alba II ex Camino Central. En efecto, se trata de una empresa que aparece registrada con el giro de “transportes” y no de explotación de áridos como en los hechos ocurre, que da un uso distinto al suelo y además utiliza un domicilio diferente al que está autorizado por el Servicio de Impuestos Internos y la propia Dirección de Patentes Municipales.

Precisa que estos hechos se han mantenido en el tiempo desde por lo menos a partir del año 2020, generando una vulneración permanente.

Evacuó su informe la Municipalidad de Colina, solicitando que el recurso sea rechazado, con expresa condena en costas, por cuanto el contribuyente recurrido nombre reservado cuenta con patente comercial N°80995, con giro de transporte de carga, arriendo de maquinaria, venta de áridos sólo muestra, bajo el régimen de microempresa familiar, ejerciendo dicha actividad comercial en los inmuebles ubicados en parcela 16, 17, 18 del sector Alba II de la comuna de Colina.

Agrega que con fecha 23 de febrero de 2021 la Unidad de Rentas y Patentes de la I. Municipalidad de Colina se constituyó en terreno a fin de verificar las aseveraciones realizadas en su oportunidad por don nombre reservado del copropietario y doña nombre reservado, instancia en la que constató en terreno que existía un acopio de arena, ripio y piedras, entre otros camiones en proceso de carga y descarga, actividades relacionadas con el movimiento de tierra y acopio de material y se logró determinar que contaba con patente comercial otorgada con fecha 12 de agosto de 2013 en el domicilio fiscalizado, por lo que se estableció que la empresa cuestionada se encontraba ejerciendo la actividad comercial dentro de marco legal, toda vez que la patente le permite efectuar el ejercicio comercial que realizaba en ese momento y que sigue desarrollando en la actualidad.

Refiere además que ante la inquietud del reclamante se ordenó oficiar a la SEREMI de Salud de la Región nombre reservado, a fin de que estableciera si la empresa en controversia requería de alguna otra autorización sectorial adicional para el ejercicio del giro comercial autorizado mediante el otorgamiento de la respectiva patente comercial.

Asimismo, mediante oficio evacuó informe el señor Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región nombre reservado, quien señaló que fiscalizó a la empresa Áridos y Transportes nombre reservado, y se constató que la actividad desarrollada por la empresa no requiere de autorización especial, calificación y/o resolución sanitaria expresa en conformidad a lo dispuesto en el D.F.L. N°1 de 1989 de Ministerio de Salud y el Decreto N°57 de 2021 de Ministerio de Salud, Subsecretaria de Salud Pública que aprueba el Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Notificación de sustancias química y mezclas peligrosas.

Con fecha 28 de junio de 2023, se prescindió el informe del recurrido M.J.L Transporte Ltda.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, cabe tener presente que la acción de protección no es un procedimiento que se puede utilizar para obtener cualquier pretensión vinculada a un derecho, sino sólo para reclamar aquellas que necesiten de una acción inmediata para evitar daños irreparables. En definitiva, como se ve, dada su naturaleza -breve y sumarísima- la protección sólo procede respecto de actos u omisiones cuya ilegalidad o arbitrariedad fuesen manifiestas, evidentes; a contrario sensu, no procede respecto de actuaciones cuya ilegalidad o arbitrariedad requiriese de una discusión mayor, especialmente si es necesario rendir prueba, para que el tribunal -en un procedimiento contradictorio- pudiese resolver debidamente el asunto.

Tercero: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección, la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se ha indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en la especie, y tal como lo expuso el recurrente, en cuanto a que el recurrido realiza su actividad comercial fuera de marco legal y en un domicilio distinto al autorizado lo que afecta las garantías que reclama, la institución municipal, en lo que nos convoca, cumplió con la fiscalización que el recurrente reclama y constató que la actividad está amparada por la patente comercial otorgada con fecha 08 de agosto de 2013, bajo el número 80995, giro de transporte de carga y arriendo de maquinaria, por lo que la actividad desarrollada se emplaza en el domicilio cuya autorización fue otorgada y dentro del giro comercial que ampara su patente.

En efecto, no solo realizó la referida fiscalización, sino que pidió que la Seremi de Salud un pronunciamiento respecto a si la actividad del recurrido necesita un permiso especial. Dicha autoridad con fecha 30 de agosto del presente año se constituyó en el lugar, parcela 16, 17, 18, y determinó que no requiere permiso especial por no ser la actividad del recurrido de aquella que requiere una autorización especial por el material de que se trata.

Quinto: Que, también resulta necesario precisar que el recurso de protección de garantías constitucionales no es un recurso de orden jurisdiccional cuya finalidad sea la impugnación de toda clase de decisiones de autoridades administrativas e incluso jurisdiccionales, que estas adoptan en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del marco que la ley les asigna, esto es, dentro del campo de sus legítimas atribuciones, por lo que el recurrido está amparado por una patente comercial para el desarrollo de su negocio, no advirtiendo entonces un acto arbitrario ni menos ilegal.

Sexto: En consecuencia, la Corte no advierte medida que adoptar, toda vez que conforme lo antedicho, no existe un actuar arbitrario o ilegal, por cuanto la actividad del recurrido tiene como antecedentes la patente ya mencionada, por lo que no actúa fuera de la legalidad ni de manera arbitraria o por mero capricho sino amparado por una autorización municipal, lo que por sí solo basta para rechazar la acción cautelar de que se trata, por lo que el recurso no puede prosperar porque no concurren los requisitos básicos para la interposición de una acción de esta clase Séptimo: Que, atendido lo reflexionado en los motivos precedentes, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indica como vulneradas teniendo presente lo resuelto procedentemente, por lo que el recurso será desestimado.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de M.J.L. Transportes LTDA. y la I. Municipalidad De Colina.

II.- Que, no se condena en costas a la recurrente.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 95748-2022.