nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Santiago, doce de abril de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada Valery Delgado Montecinos, en representación de nombre reservado, interponiendo la acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por cuanto ambos han ejecutado actos ilegales y/o arbitrarios a fin de hacerse pago, en forma indirecta e ilegítima, de parte de la remuneración de su representado mientras la acción civil se encuentra pendiente.

Lo anterior, afecta en forma grave y determinante las garantías constitucionales del derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la Republica, por lo que solicita que se acoja el recurso de protección interpuesto en contra de las recurridas, adoptando todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y, en especial, ordenando a Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas ilegal y arbitrariamente de las remuneraciones del recurrente, por un monto total de $502.330 pesos, y de toda otra cifra que sea descontada durante la secuela de la presente acción, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución y que se abstengan La Caja de Compensación la Araucana en lo sucesivo de efectuar descuentos de las remuneraciones del recurrente por encargo de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y que se condene expresamente al pago de las costas.

Segundo: Que, en cuanto a los hechos, señala la recurrente que su representado el día 15 de enero de 2019, previa solicitud a su empleadora, le entregaron sus 12 últimas liquidaciones de sueldo, percatándose que le habían realizado descuentos de la Caja de compensación la Araucana y, como trabaja bajo un sistema de comisiones, nunca cuestionó los montos que se le depositaban como pago de estas, toda vez que son variables y las metas suben y las comisiones bajan.

El recurrente nunca fue informado de dichos descuentos por parte de su empleador y nunca ha mantenido crédito alguno con la Caja de Compensación la Araucana, ni he autorizado para que realicen algún descuento de su liquidación de sueldo. En dicha institución, se le informó que ese descuento correspondía a pagos pendientes con la Caja de Compensación de Los Andes y que no tenían más información.

Posteriormente, en La Caja de Compensación Los Andes la que le informó que la deuda se encontraba plenamente vigente, y que mientras un tribunal no les ordenara que no pueden realizar descuentos por planillas lo seguirían haciendo.

Precisó que el 16 de Septiembre de 2015 el recurrente suscribió pagaré con La Caja de Compensación Los Andes, por el monto de $1.726.089, para ser pagado en 24 cuotas cada una por un monto de $100.466, alcanzando a pagar una cuota ya que fue desvinculado por necesidad de la empresa, cuando trabajaba en ese entonces en Turismo Turistik, posterior a esto estuvo más de un año sin trabajo, no pudiendo pagar sus deudas.

Con fecha 25 de noviembre del año 2016 La Caja de Compensación Los Andes presentó a distribución en la Corte de Apelaciones de Santiago demanda en juicio de procedimiento ejecutivo de cobro de pagaré, que se tramitó en el Tercer Juzgado Civil de Santiago, ROL C-29167-2016, siendo que el 15 de mayo de 2018, se acogió, con costas, la excepción de prescripción opuesta De lo anterior, se desprende que la recurrida pretende pagarse el saldo del crédito solicitado por la vía de la retención, siendo que a través de la interposición de la demanda ya individualizada no ha obtenido éxito alguno, lo que aparece como acto de autotutela ante la imposibilidad de obtener el pago de la suma que se reclama por la vía judicial correspondiente.

Tercero: Que, en cuanto al derecho, señala que el descuento por planilla de la remuneración de su representado, lo ha sido con infracción contenidas en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Este cobro es un acto de autotutela ante la imposibilidad de obtener el pago de la suma que se reclama por la vía judicial correspondiente, excediendo el marco dispuesto por la ley, toda vez que buscan hacerse del pago de una deuda prescrita y que además se encuentra judicializada, mediante un mecanismo establecido para el pago de créditos otorgados por Cajas de Compensaciones que se encuentran vigentes.

Con lo anterior se vulneró el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, puesto que afectan en forma directa y determinante el derecho de propiedad de su representado sobre su remuneración integra, cobrando una deuda inexistente, ya que carece de título alguno para exigir su cumplimiento y carece de alguna facultad legal que lo habilite para actuar en la forma que lo viene realizando.

Cuarto: Que la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, informa solicitando que esta acción sea rechazada.

Respecto del origen de la deuda, indicó que su representada, el 16 de septiembre de 2015, otorgó al señor nombre reservado, el crédito código 03402264356, por la suma de $1.726.089.- a una tasa de 2.3%, pagadero en un plazo de 24 meses, con cuotas mensuales de $100.466.-, y cuyo primer vencimiento se verificó el 31 de octubre de 2015, sin que el beneficiario haya pagado ninguna cuota, por lo que se dedujo la acción ejecutiva para obtener su pago.

Posteriormente, a través del denominado “Convenio Intercajas”, se realizaron los descuentos en sus remuneraciones en los meses de abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, pagando de esa forma las cuotas de los meses de octubre de 2015 a febrero de 2016, o sea, las Nº 1 a Nº 5.

Precisa que lo obrado se enmarca en lo que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 contempla.

Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar. Además, no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo con el artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley.

Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

El hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

Por consiguiente, el actuar de la Caja de Compensación Los Andes no solo significa el ejercicio de una facultad conferida por la propia ley y los acuerdos contractuales, sino que obedece al cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social.

La deuda no se encuentra prescrita ya que esta debe ser declarada judicialmente, y no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer el actor. Aun cuando se haya declarado prescrita la acción ejecutiva emanada del pagaré que garantiza la operación de crédito antes referida, ello solo impediría a esta parte hacer exigible su cobro a través del correspondiente procedimiento ejecutivo, mas no extingue la obligación emanada del mutuo al que accede dicho pagaré, la cual se encuentra vigente por no haberse cumplido con los supuestos de la prescripción extintiva a su respecto.

La Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros a través de C.C.A.F. La Araucana, actuando esta última en calidad de diputada para recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco celebrado el 15 de abril de 2013, en que todas las Cajas de Compensación celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente.

Conforme a la cláusula cuarta de este convenio, para los efectos operativos del sistema de y según lo detallado en las Circulares Nº 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, sostiene el recurrido que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley N° 18.833.

La recurrida no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo con el artículo 22 ya señalado.

Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Quinto: Que, la segunda recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, pide el rechazo de la acción constitucional incoada, desde que el Sr. nombre reservado, no figura en los registros de La Araucana C.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que su representada, a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de una deuda, solicitando el descuento en la remuneración del recurrente, en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar – Cajas de Chile A.G.

En consecuencia, los descuentos remesados y enviados a C.C.A.F. Los Andes, corresponden a los meses de abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del año 2018 y enero del 2019, por la suma de $100.466 pesos, cada uno.

Sexto: Que la C.C.A.F. Los Andes informó, adicionalmente, y debido a la orden de no innovar acogida por esta Séptima Sala, que el cese en los descuentos habrá de hacerse efectivo a partir de las remuneraciones del mes de marzo de 2019.

Séptimo: Que las Cajas de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, están subordinadas a la Constitución Política de la República, a la ley y a las disposiciones dictadas conforme a ella. De allí surge el principio de igualdad ante la ley, que importa la interdicción de la arbitrariedad, de modo que el ejercicio de esa función pública debe reposar en un análisis motivado y racional, no simplemente potestativo e intempestivo.

Octavo: Que, por consiguiente, las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurro de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la Ley N° 18.833, de 26 de septiembre de 1989, que Establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

Noveno: Que, de esta forma, se concluye que la recurrida actuó de manera injustificada, reviviendo por este medio un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 le concede siempre que se trate de un cobro oportuno, el que de este modo ha forzado unilateralmente, originando una garantía de pago improcedente en consideración a que, el no pago de las cuotas adeudadas, trató de hacerlo exigible por sobre lo que el Tercer Juzgado Civil de Santiago dispuso, al declarar la prescripción de la acción ejecutiva.

Así, su actual decisión de provocar el pago de la deuda a través de esa vía del sistema “Intercajas” deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios.

Décimo: Que, en este mismo orden de ideas, la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 37.889-2017, por sentencia de seis de noviembre de dos mil diecisiete, señala que “…antes del inicio de los descuentos controvertidos, sin que en el tiempo intermedio la recurrida haya ejecutado acción alguna que resultare mínimamente eficaz para perseguir su cumplimiento, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, por lo que el acto cuestionado resulta antojadizo, caprichoso y carente de razón, privando al recurrente de su derecho de propiedad sobre parte de la retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña, derecho que se encuentra amparado en lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental”.

En similar sentido, entre otras más, las sentencias de la Excma. Corte Suprema, dictadas en causa Rol N° 68700-2016, 22-2017 y 6118-2018.

Undécimo: Que, en consecuencia, este proceder arbitrario de la recurrida vulnera la legítima expectativa del recurrente en orden a percibir sus remuneraciones de forma íntegra, por lo que afecta la esencia de la garantía prevista en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Duodécimo: Que de ninguna manera el artículo 22 de la Ley N° 18.833 permite o faculta al recurrido a actuar en la forma como lo hizo, en base a la autotutela, en que solo es posible para el cobro regular y en tiempo de un crédito social.

Decimotercero: Que no cabe, por esta vía cautelar, la declaración que solicita la recurrente, en orden a que se le debe pagar intereses y reajustes, debiendo interponer las acciones ordinarias, si las estima procedentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, la acción constitucional de protección deducido en favor de nombre reservado, y se declara que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes deberá cesar de inmediato los descuentos practicados, a través del empleador de la recurrente, y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, debiendo, además, proceder a la devolución de los dineros que motivan el recurso y efectivamente descontados de su remuneración, dentro de décimo día, sin perjuicio del derecho que asiste a la referida entidad para perseguir el pago de la obligación por los medios ordinarios.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-9572-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por el Ministro (I) señor José Santos Pérez Anker y por la Abogado Integrante señora María Cecilia Ramírez Guzmán. No firma la Abogado Integrante señora Ramírez por encontrarse ausente.