nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.

A los escritos folios 16 y 17: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:

Que, comparece doña Lina Callejas Ramírez, abogada, en representación de don nombre reservado, argentino, documento de identidad argentino número RUT reservado, quien interpone acción de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, representado legalmente por su Jefe, don nombre reservado, reclamando la conducta de la recurrida de no resolver la reconsideración en contra de la resolución que rechazó la solicitud de permanencia definitiva en un plazo razonable, ni certificar que la reconsideración se encuentra en trámite y de la omisión arbitraria de no certificar la circunstancia de haber operado el silencio administrativo positivo en los términos del artículo 64 de la ley 19.880, lo que afecta su derecho de igualdad ante la ley.

Señala que don nombre reservado, tiene 56 años y cuenta con estudios de superiores incompletos en dicho país; que el año 2014 se instaló definitivamente en Chile y durante esa época, se le diagnosticó esquizofrenia simple, enfermedad que ha dificultado que consiga un trabajo y entablar relaciones personales.

Refiere que en un principio, se vio obligado a vivir en situación de calle, al no contar con medios suficientes para subsistir, pero posteriormente, recibió ayuda en la Hospedería Padre nombre reservado y en la casa de acogida Josse Van Der Rest, ambas del Hogar de Cristo, que le permitió recibir tratamiento psicológico y comenzar a regularizar su situación migratoria.

El 24 de mayo de 2018, el recurrente ingresó una solicitud de permanencia definitiva, acogida a trámite y se le concedió una visa de residencia temporaria. Sin embargo, su solicitud de permanencia definitiva fue rechazada por el Departamento de Extranjería y Migración por resolución exenta Nº 270.203 de fecha 18 de diciembre de 2018, afirmando que no acreditó medios de sustento económico suficientes. Dicha resolución exenta no fue correctamente notificada, obteniéndola mediante el procedimiento de acceso a la información pública, recién el 24 de abril de 2019.

Refiere que el 29 de abril de 2019, el Sr. nombre reservado ingresó una solicitud de reconsideración ante el mismo Servicio, fundada en que se encontraba en estado de necesidad, debido a que su situación mental le impedía mantener un trabajo estable y duradero para obtener los medios económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Dicho recurso de reconsideración fue enviado junto con la información requerida por correo certificado al Departamento de Extranjería y Migración (Código de Correo Nº 3072827509940). No obstante, la solicitud fue acogida a trámite recién el 27 de diciembre de ese año y se extendió la permanencia en el país hasta el 27 de agosto de 2020, encontrándose en estado irregular en el país, pues a la fecha de presentación de esta acción, la parte recurrida todavía no ha resuelto el referido recurso de reconsideración.

Indica que durante el mes de julio de 2020, el Sr. nombre reservado intentó obtener el comprobante de solicitud de permanencia definitiva en trámite, pero los servicios electrónicos habilitados por Extranjería no le permitieron sacar el mencionado certificado, arrojando un error.

Manifiesta que ingresó dos consultas SIAC ante el mismo Servicio, el 29 de junio de 2020 y 10 de agosto de 2020 respectivamente, limitándose a reiterar que la “solicitud de reconsideración continuaba en trámite”, sin entregar el comprobante en cuestión.

Añade que el 21 de septiembre de 2020, se advirtió por medio de carta certificada, al Departamento de Extranjería de la demora y obstrucción de la tramitación del recurso de reconsideración, solicitando nuevamente que se le hiciera entrega del comprobante de permanencia definitiva en trámite, haciendo presente que de no obtener una respuesta a su solicitud en el plazo de cinco días hábiles, operaría el silencio administrativo positivo, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 19.880, de Bases Generales de la Administración. Dicha respuesta tampoco llegó, por lo cual se ingresó una certificación de silencio positivo con fecha 19 de octubre de 2020, mediante carta certificada.

Concluye que la conducta de la parte recurrida de no resolver la solicitud de reconsideración en un plazo razonable -más de 11 meses- sumado a la constante negativa a proporcionar los certificados solicitados, constituye un acto arbitrario que menoscaba su derecho a la igualdad ante la ley. En efecto, se trata de un trato discriminatorio, sin tener certeza sobre el estado de su situación migratoria, y encontrarse por más de 3 meses en situación irregular dentro del país, toda vez que el acto administrativo que acogió a trámite su solicitud de reconsideración expresa la vigencia de su residencia hasta el mes agosto del 2020.

Expresa que la omisión arbitraria de no certificar la operación del silencio administrativo positivo en los términos del artículo 64 de la ley 19.880, supone un acto ilegal, el cual afecta de la misma manera el derecho a la igualdad ante la ley.

Indica que mal se tutela el derecho a presentar peticiones a la autoridad administrativa si se reciben respuestas ambiguas, erróneas o simplemente no se reciben.

En virtud de lo precedentemente expuesto, pide se acoja la acción de protección y, en definitiva, ordene que se le entregue la permanencia definitiva al recurrente.

SEGUNDO: Que, la recurrida evacúa informe al tenor del recurso de protección, indicando que mediante Resolución Exenta N° 211.294 de fecha 26 de septiembre de 2016 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se otorgó permiso de residencia temporaria por un año a don nombre reservado, el cual estuvo vigente hasta el 23 de mayo de 2019.

Posteriormente, el recurrente solicitó permiso de permanencia definitiva el 12 de mayo de 2018 y mediante Resolución Exenta N° 270.203 de fecha 13 de agosto de 2018 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se rechazó la solicitud de permanencia definitiva del extranjero recurrente, otorgándose en subsidio una visa temporaria por un año, por no acreditar sustento económico suficiente para permanecer en el país durante la vigencia del permiso de residencia de que era titular, no cumpliendo con los requisitos para obtener el beneficio solicitado, ya que no cuenta con estabilidad económica y laboral.

Señala que la referida Resolución Exenta, le fue comunicada al extranjero mediante Notificación Nº53.232 de fecha 13 de agosto de 2018 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y, el 27 de diciembre de 2019, presentó recurso de reconsideración en contra de la Resolución Exenta antes mencionada.

Sostiene que mediante Resolución Exenta Nº224.784 de fecha 29 de diciembre de 2020, el Departamento de Extranjería y Migración rechazó el recurso de reconsideración presentado por el extranjero en atención a:

- Los antecedentes presentados no desvirtúan los fundamentos tenidos en consideración al momento de dictar la resolución recurrida.

- Mediante solicitud a Policía de Investigaciones de Chile ID261718, se comunicó con fecha 28 de diciembre de 2020, que el extranjero registra una salida del país con fecha 06 de enero de 2020, sin registrar ingresos posteriores, por lo que no se encuentra en el país y, por tanto, no resulta pertinente acceder a su solicitud, toda vez que no cumple con el objetivo del beneficio impetrado, esto es, radicarse indefinidamente en el país.

Añade que el extranjero no ha estampado la visación otorgada.

Manifiesta que se encuentra publicada en la página web de ese Departamento de Extranjería y Migración, la documentación exigida por la autoridad con el fin de acreditar el sustento económico de los peticionarios, mediante una guía visual aclaratoria, en donde se señalan los documentos obligatorios y de carácter opcional, estableciendo como obligatorios, por ejemplo el certificado histórico de cotizaciones de AFP y el certificado histórico de cotizaciones de salud.

En lo atingente al caso de marras, la solicitud de permanencia definitiva del extranjero fue rechazada por no haber acreditado sustento económico suficiente, en atención que el Sr. nombre reservado, presentó en su solicitud inicial de permiso de permanencia definitiva:

1. Informe Social de fecha 10 de mayo de 2018 de la Fundación Rostros Nuevos, que señala que el extranjero se encuentra en situación de calle y no desarrolla actividades remuneradas.

2. No presenta contrato de trabajo, declaración jurada de expensas, o algún documento que acredite la estabilidad económica suficiente, para otorgar un permiso de permanencia definitiva.

Posteriormente en su recurso de reconsideración presentó los siguientes documentos con la finalidad de desvirtuar los antecedentes que motivaron la resolución recurrida:

1. Informe Social de fecha 04 de enero de 2018 de la Fundación Rostros Nuevos, en donde en los antecedentes habitacionales señala: “Hace 5 años que Don nombre reservado reside en domicilio reservado, y en los antecedentes socioeconómicos: “Actualmente no desarrolla actividad que le genere recursos”.

Asevera que conforme los datos aportados por el extranjero, ese Departamento ha estimado que el recurrente, no acreditó sustento económico suficiente para solventar su permanencia en el país, toda vez que no registra ingreso alguno en el país, teniendo además en consideración que se encuentra desde el 06 de enero de 2020 fuera del territorio nacional, lo que no demuestra una mantención de una situación económica favorable a la permanencia de un extranjero en el territorio nacional.

Por consiguiente, la Resolución Exenta, que rechazó la solicitud de permanencia definitiva del extranjero en referencia, otorgándose en subsidio una visa temporaria por un año, ha sido dictada de acuerdo al artículo 64 N°4 del Decreto 1094 de 1975, Ley de Extranjería.

Concluye que la exigencia para acreditar el sustento económico de un extranjero en el país, en el contexto de una solicitud de permanencia definitiva, no resulta arbitraria, exigiéndose lo mismo respecto de todos aquellos que se encuentren en la misma situación que el recurrente, es decir, quienes no vislumbran una mantención económica suficiente en el país.

Agrega que no se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, en el sentido que ese Departamento exige a todos los extranjeros que soliciten permanencia definitiva en el país, acreditar sustento económico suficiente para la manutención en el país, de acuerdo al artículo 127 N°5 del Decreto Supremo N° 597.

Afirma que no ha limitado el ejercicio de los derechos del recurrente, en consideración que se les ha otorgado a todos los extranjeros, una visación temporaria que le permite residir en el país, y ejercer cualquier actividad remunerada sin más limitaciones que las que impone la ley. Es más, los extranjeros luego de estampar este visado y cumplir el año de visa, pueden re postular a permanencia definitiva del país, si acreditan un sustento económico continuo o cumplen con los requisitos señalados en la normativa migratoria vigente.

Asevera que el recurrente no ha efectuado solicitud alguna tendiente a revocar los actos recurridos. Añade que la facultad de los interesados de impugnar los actos de mero trámite está incorporada de manera expresa en la Resolución Exenta N° 263832 de fecha 2 de octubre de 2019 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Precisa que consta que el extranjero recurrente no ha estampado electrónicamente su visación temporaria, teniendo la posibilidad vigente para ello.

Manifiesta que no procede que sea condenada en costas, ya que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y que habiéndose rechazado la solicitud de permanencia definitiva, no procede que se resuelva el acto administrativo, otorgando el beneficio.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo. De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

CUARTO: Que el actor pretende por esta vía, en último término, que se subrogue a la autoridad administrativa en la resolución de la reconsideración que habría presentado con fecha 29 de abril de 2019 por carta certificada, acogida a trámite el 27 de diciembre de ese año, según Oficio Ordinario N° 87541, pues entiende que a este respecto debe operar el silencio positivo, lo que implicaría que esta Corte deba conceder la permanencia definitiva peticionada.

QUINTO: Que, como se sabe, para la procedencia de la acción cautelar en cuestión, es menester que exista una persona que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos tutelados, lo que en la especie no se verifica, puesto que el acto omisivo que sustenta la presente acción, esto es, la ausencia de resolución de la reconsideración administrativa por parte de la repartición del Estado no es tal, en atención a que con fecha 29 de diciembre de 2020, esta última la desestimó.

SEXTO: Que, por otro lado, ante la existencia de una decisión en el sentido expuesto, no puede la protegida pretender que esta Corte acceda a su solicitud, pues las leyes le han entregado dicho cometido a la autoridad recurrida, lo que como se ha visto, cumplió, sin que se esté en posición, dada la naturaleza de la acción cautelar y los argumentos que la fundan, de cuestionar los argumentos de aquella resolución que desestimó la reconsideración, más aún cuando ello no fue objeto de la acción.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por doña Lina Callejas Ramírez, en favor de nombre reservado en contra del Departamento De Extranjería Y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-95703-2020.

En Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.