nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veintiocho de julio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Bernardo Ambrosio Madrid Díaz, abogado, quien deduce acción de protección constitucional en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del nombre reservado, por habérseles impuesto la sanción de Separación de la institución mediante Resolución de 22 octubre del año 2020, dictada por el Consejo Superior de Disciplina, que considera ilegal y arbitraria.

Explica que el 11 de marzo de 2020 se les comunica mediante nota n° 052-2020, 053 – 2020 del Secretario de Compañía, respecto a los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, que estaban citados a comparecer ante la Junta de Oficiales Disciplinaria de la 18 Compañía de nombre reservado, a la cual a dicha data pertenecían, para el 16 de marzo del 2020, por ““Haber participado, tras regresar de actos del servicio de los “bautizos” de los Voluntarios nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado”; y además, respecto del primer recurrente, haber orinado al interior del cuartel, el día 27 de diciembre de 2019, en circunstancias que se desarrollaba una comida en la Terraza del mismo.

Luego de diversas citaciones ante la Junta de Oficiales de la Compañía, fueron citados para el día 27 de agosto de 2020 a comparecer ante el Consejo de Disciplina, instancia en que se les comunica que son expulsados de la institución.

Hacen presente los recurrentes que previamente habían solicitado a la Junta de Oficiales, el nombre de los denunciantes, los hechos y fecha en que estos habrían ocurrido, según denuncia efectuada al efecto, lo que afirman les fue negado.

Agregan que el 31 de agosto de 2020, interpusieron un recurso de apelación, fundado en vulneraciones a la garantía constitucional del debido proceso. Que el Consejo Superior de Disciplina, el 15 de octubre de 2020, les hace entrega de los antecedentes probatorios solicitados por los recurrentes, señalándoles que estos tienen el carácter de reservados; consistentes en Informe de resultado de denuncias expedido mediante nota 046-2020, con fecha 10 de marzo de 2020, por parte del Secretario de Compañía al Director de Compañía, en el cual informa el resultado de las investigaciones dirigidas por aquél y testimonios escritos y firmados por 15 voluntarios de la Compañía.

Con fecha 22 de octubre de 2020, en sesión del Consejo, se les comunica a los recurrentes, que se pronunciaron respecto a sus recursos de apelación, y que se les impone la sanción de separación, en lugar de la de expulsión decretada originalmente.

Alegan vulneraciones a las garantías constitucionales de los artículos 19 Nº3, esto es, al debido proceso y a no ser juzgado por una comisión especial, y Nº2, de igualdad ante la Ley.

Respecto a la primeras de las garantías señaladas, indica violadas, en cuanto a la bilateralidad de la audiencia; la falta de señalamiento de antecedentes de hecho y de derecho en las que funda la resolución; citan al efecto determinadas disposiciones infraccionadas, tanto del Reglamento de la 18º Compañía de Bomberos, como del nombre reservado.

Afirman que los organismos disciplinarios del recurrido actúan en manifiesta incompetencia y contravención al artículo 553 del Código Civil, en cuanto a su composición, puesto que, las autoridades que componen los organismos disciplinarios, tanto de la 18º Compañía como del nombre reservado de esta ciudad, tales como el Superintendente, el Comandante, los Directores, Capitanes y Tenientes, todos ejercen funciones de administración, en atención que componen los organismos de administración tales, como el Directorio del nombre reservado, o la Junta de Oficiales Administrativa de Compañía, según sea el caso. De hecho, aluden a que existe un recurso de inaplicabilidad interpuesto por el recurrido al respecto, rechazado por el Tribunal Constitucional, en relación al Requerimiento de Inaplicabilidad del inciso segundo del artículo 553 del Código Civil, en causa Rol 5317-18.

En cuanto a la segunda garantía alegada como vulnerada, se traduce en que, al substraerse los organismos disciplinarios del recurrido de las reglas mínimas del procedimiento, ello supuso juzgar a los recurrentes, de manera arbitraria e ilegal, estableciendo una discriminación respecto a otras personas en la misma situación.

Piden, en definitiva, que se acojan los recursos, declarando la nulidad del procedimiento en que se adoptó la sanción impuesta por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, adoptada el 22 de octubre de 2020, en la cual se decide separar a los recurrentes de las filas de la institución, revocar dicha sanción y resolver reintegrarlos a la misma Institución; y ordenar al nombre reservado la restitución de todas las “prendas de cargo” que los recurrentes tuvieron que entregar con motivo de su sanción, entre ellas, uniforme de trabajo estructural, placa “rompefilas”, tarjeta de identificación bomberil, y toda otra que haya sido incautada por la Institución.

Segundo: Que, informando la recurrida, el nombre reservado, solicita el rechazo del recurso, en primer término, señalando que respecto al primer recurrente, nombre reservado, ha tenido previas sanciones en la institución, de suspensión e incluso en una oportunidad de separación de la institución; que sirvió como voluntario de la 18ª Compañía de nombre reservado desde el 29 de julio del año 2013 hasta el hasta el 12 de mayo del 2017, fecha en que fue Separado y luego desde el 12 de julio del 2018 hasta el 22 de octubre último, fecha en que se le aplicó la medida de Separación por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, que motiva el recurso de autos.

Afirma que efectivamente los recurrentes apelaron ante el Honorable Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, básicamente por los mismos fundamentos que plantean en esta sede. Se los citó a comparecer el 15 de octubre del 2020, en dicha Sesión el Pleno resolvió acoger los argumentos sobre los cuales los recurrentes fundamentaron sus recursos de apelación y, a la vez, hacerles entrega de los antecedentes que les permitieran efectuar sus descargos en la Sesión que el Pleno realizaría el jueves 22 del mismo mes y año, y así tener acceso a todas las piezas y evidencias que se harían valer y se le concedió el plazo de una semana para que pudieran examinarlas y producir prueba de descargo.

Llegado el plazo y en pleno conocimiento de quienes los imputaban y de la forma y del contenido de las incriminaciones, se verificó la sesión del Consejo y los recurrentes no solicitaron rendir ningún tipo de prueba que lograra desvirtuar las graves acusaciones, saneando, a su juicio, toda alegación al respecto.

Añade que, en cuanto a la falta de imparcialidad de los integrantes de los Órganos de Disciplina, alegada por los recurrentes, que se refiere al Secretario y al Director de su Compañía, señala que ninguno de los nombrados hizo un juzgamiento previo de los hechos descritos, por el contrario, el Secretario de Compañía solo se limitó a dar a conocer el resultado de una investigación y el Director se refirió en términos generales a la situación sin nombrar a ningún involucrado y menos a ambos.

En relación, a la infracción al principio contradictorio, afirma que yerran los recurrentes, al pretender que el nombre reservado, tenga un proceso disciplinario como un proceso penal, y por ello el estándar de convicción es distinto, y sus órganos disciplinarios resuelven en conciencia como jurados.

Agrega que, la citación a los órganos pertinentes se efectuó de conformidad a los Reglamentos vigentes y contiene todas las menciones necesarias para que los interesados efectuaran un debido descargo. Además el Consejo Superior de Disciplina, les entregó todos los antecedentes existentes respecto de los hechos que dieron lugar a su intervención, no afectándose, en su opinión, la garantía alegada del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República.

En base a lo expuesto, alega que no existe acto ilegal ni arbitrario, que en efecto, no se han conculcado las Garantías Constitucionales invocadas en el recurso, y pide su rechazo, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que conforme dispone el Artículo 66º del Reglamento de la 18º Compañía de Bomberos “El Consejo de Disciplina antes de pronunciar su fallo, deberá oír al acusado, salvo que éste no asista previa citación personal dirigida por mano al domicilio que tenga registrado en la Compañía”

Quinto: Que, conforme a los antecedentes proporcionados por las partes, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo antes citado, resulta que para decidir la aplicación de alguna clase de sanción, la autoridad administrativa del recurrido debió previamente oír a los voluntarios afectados, permitiéndoles el cabal ejercicio de sus derechos, conociendo la o las acusaciones que se hubieren deducido en su contra, escuchando sus descargos y recibiendo las pruebas que los denunciados estimasen del caso producir; todo ello, aun en el caso que no hubieren negado los hechos; máxime si se considera que los protegidos se exponían a una sanción de separación, como efectivamente se les impuso a ambos.

Sexto: Que, sin embargo, en el caso sublite, el procedimiento de la autoridad bomberil fue llevado a cabo sin el conocimiento de lo afectados, quienes únicamente se enteraron de la existencia de la investigación pocos días antes de adoptarse la decisión sancionatoria, hecho este que deviene la decisión en ilegal y arbitraria, apareciendo adoptada con afectación de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad respecto de la calidad detentada por ambos recurrentes en la institución.

Séptimo: Que, en consecuencia, se procederá a acoger el presente recurso, del modo que va a expresarse.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y nombre reservado, en contra del nombre reservado, y en consecuencia se declara la nulidad del procedimiento en que se adoptó la sanción impuesta por el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, el 22 de octubre de 2020, en la cual se decidió separar a los recurrentes de las filas de la institución, debiendo reintegrarlos a esta en las condiciones que se hallaban con anterioridad a los hechos denunciados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción: Ministro Dobra Lusic.

No firma el Ministro señor Vázquez, no obstante haber concurrido a la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

N°Protección-95702-2020 (Acumulado 95704-2020).