ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO PROVIDENCIA

Santiago, once de diciembre del año dos mil quince.

Vistos y considerando:

1°) Que a fojas 16 comparece Patricio Castillo Barrios, abogado, en representación de Asociación Chilena de Seguridad, en adelante ACHS, ambos domiciliados en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Providencia, representada por nombre reservado, en su calidad de Inspector Comunal, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien procedió a dictar el 08 de octubre de 2015 el Ordinario N° 1322, habiendo sido notificada su parte el 9 del mismo mes, acto ilegal y arbitrario que le ha provocado una privación y perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, igual protección de la ley en ejercicio de sus derechos y de propiedad, establecidos en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expresa que el 27 de julio de 2015, en dependencias de su representada, concurrió la fiscalizadora Jacqueline Palma Díaz, de la entidad recurrida, quien al término de su visita dictó la Resolución de Multa N° 8050/15/40, al estimar que su representada había incurrido en dos infracciones, esto es no pagar las remuneraciones, consistentes en recargo de feriado y sobretiempo a nueve trabajadores de la empresa y no comparecer el empleador en forma personal, sin causa justificada, a la Inspección del Trabajo, el día 27 de agosto de 2015, quien había sido citado bajo apercibimiento legal. Lo anterior implica la contravención –en la primera infracción- a los artículos 55 inciso 1° y 7 del Código del Trabajo y en la segunda a los artículos 29 y 30 del D.F.L. 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Por lo anterior. se aplicó a su representada dos multas administrativas, de 60 unidades tributarias mensuales ($ 2.630.880.-) y de un ingreso mínimo mensual ($ 155.460.-).

La resolución de multa fue notificada a su representada el día 21 de agosto de 2015, ya que fue depositada en correos el día 13 de agosto y conforme al artículo 508 del Código del Trabajo se entiende que es notificada al sexto día hábil contado desde su recepción por la oficina de correos respetiva.

Su parte solicitó reconsideración administrativa de la multa para ser resuelta por el Director del Trabajo, conforme al artículo 512 del Código del Trabajo, la que presentó el día 5 de octubre de 2015, dentro del plazo de 30 días. No obstante, mediante Ordinario N° 1.322 de 8 de octubre último, que le fue notificada el día 9 del mismo mes, se le comunica a ACHS que la solicitud de reconsideración se ha declarado inadmisible pues no se presentó en el plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la resolución sancionatoria, que ocurrió el día 13 de agosto último, lo que es un error porque esa es la fecha en que se depositó en correos la resolución, pero esta se entiende notificada, de acuerdo al artículo 508 citado, al sexto día hábil posterior, el que recayó en el día 21 de agosto pasado.

Señala que esa actuación es arbitraria e ilegal, por cuanto se le ha privado de un recurso administrativo contemplado en el Código del Trabajo, por cuanto al tratarse de un plazo que rige para una actuación administrativa, ya que nada dice en contrario al respecto el artículo 512, se aplica supletoriamente el artículo 25 de la Ley 19.880, disposición que contempla plazos de días hábiles, entendiendo por inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

De esta forma, al computar erradamente el plazo de 30 días hábiles por corridos, el recurso de reconsideración fue presentado dentro del plazo legal, razón por lo cual el Ordinario 1322 citado vulnera las garantías constitucionales antes mencionadas.

Pide que se acoja el recurso en todas sus partes, dejando sin efecto el ordinario 1322 aludido por ilegal y arbitrario, ordenando que los recurridos cesen de inmediato sus actos ilegales y arbitrarios y se abstengan de ejecutar nuevos actos que amenacen perturben o priven el legítimo ejercicio de los derechos referidos en el cuerpo de esa presentación con el objeto de restablecer el imperio del derecho, con costas.

2°) Que a fojas 48, Felipe Andrés Palma González, abogado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, informa el recurso deducido, solicitando su rechazo, por cuanto existe un procedimiento especial para reclamar de estas resoluciones que imponen multas, contemplado en el mismo Código del Trabajo, lo que implica desconocer el sistema procesal vigente. Cita jurisprudencia al efecto. En subsidio, alega la improcedencia del recurso, en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, en particular porque el acto impugnado, esto es el oficio 1.322 no es ilegal ni arbitrario, al haber sido dictado por el Inspector Provincial del Trabajo en uso de sus atribuciones legales, siendo además razonado y fundado. Por último, también en subsidio, alega que el rechazo de la reconsideración se debe a que fue presentado fuera de plazo, lo que se corrobora con la Circular 73 de 2010 de la dirección del Trabajo y del dictamen 64.985 de 2009 de la Contraloría General de la República. Pide el rechazo del recurso, con costas.

3°) Que, para que pueda acogerse el recurso de protección, debe existir un acto u omisión arbitrario o ilegal y que signifique privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte precisamente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho.

4°) Que en cuanto a la primera alegación de la recurrida, esto es que no es objeto del presente recurso pronunciarse sobre una materia que está entregado a otros medios procesales, como es la reclamación de la multa en sede jurisdiccional, conforme al artículo 20 del texto constitucional, queda claramente establecido que cualquier persona puede hacer uso de esta vía cautelar, sin perjuicio de otros medios que le franquee la ley, cuando por actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Carta Fundamental.

5°) Que, en la especie, lo que reclama la entidad recurrente es que se le haya denegado el derecho a reclamar de una multa, mediante un acto ilegal y arbitrario, que le infringe una lesión a sus derechos fundamentales.

En efecto, el Ordinario 1.322 de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia deniega la reconsideración de multa ante la Dirección del Trabajo que ha interpuesto la recurrente porque estima que el plazo para deducir esa vía administrativa es de días corridos.

Sin embargo, tratándose en la especie de un recurso presentado en la etapa administrativa, y al no existir norma expresa en el referido artículo 512 del Código del Trabajo el plazo de treinta días debe ajustarse a la normativa general en esta materia, que está contenida en la Ley sobre Procedimientos Administrativos.

6°) En tal virtud, el artículo 25 de este texto legal establece que el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo es de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles para este efecto los sábados, domingos y festivos.

Por lo tanto, al haberse notificado la resolución que le impuso ambas multas a la recurrida el día 21 de agosto de 2015, el plazo de treinta días hábiles para interponer la reconsideración ante la autoridad administrativa expiraba el día 5 de octubre, fecha que es precisamente la que aparece estampada en el cargo del documento de fojas 4, que corresponde al formulario de la reconsideración.

7°) De consiguiente, la actuación de la recurrida, al declarar inadmisible la reconsideración, mediante el Ord. 1.322, es ilegal, toda vez que la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia se ha negado a tramitar un recurso contemplado en la ley, presentado dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que ante una clara interpretación en el sentido que ya se ha razonado, da al recurrente un trato discriminatorio y arbitrario.

Por los fundamentos referidos, y lo previsto en los artículos 19 N° 2 y 20 del Constitución Política de la República y Auto Acordado de la E. Corte Suprema, de 24 de junio de 1992, se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 16, por la Asociación Chilena de Seguridad, y se deja sin efecto el Oficio Ordinario N° 1.322 de 8 de octubre de 2015, de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración, presentado por la recurrente el día 5 de octubre de 2015, contra la Resolución de Multa N° 8050/15/40, de esa repartición.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro (S) señor Tomás Gray.

Nº Protección 95.648-2015.

No firma el Abogado Integrante señor Morales, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Tomás Gray Gariazzo y por el Abogado Integrante señor Eduardo Morales Robles.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a once de diciembre de dos mil quince, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.