Protección contra referida institución

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

A los folios 17 y 18, a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 25 de marzo de 2026, comparece Felipe Ignacio Hazbun Marín, abogado, en representación de nombre reservado, educadora de párvulos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), interponiendo recurso de protección en contra de la referida institución, representada legalmente por su Vicepresidenta Ejecutiva, por haber dictado y notificado la Resolución Exenta NUM000 de 16 de febrero de 2026, mediante la cual se le impone la sanción disciplinaria de destitución.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, pues a su parecer, el procedimiento sumarial se sustanció excediendo los marcos legales y omitiendo considerar sus argumentos de defensa y pruebas aportadas, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la recurrente, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto el acto impugnado, se disponga su inmediata reincorporación y el pago de las remuneraciones no percibidas durante el periodo de separación del cargo.

Expone que se desempeña como profesional en función pedagógica en el Jardín Infantil Pequeñas Raíces de Conchalí, con una trayectoria de catorce años caracterizada por una conducta funcionaria irreprochable.

Relata que el origen de la sanción radica en un sumario administrativo instruido por Resolución Exenta NUM001 de 2 de junio de 2025, motivado por un viaje al extranjero realizado entre el 15 y el 21 de julio de 2023, mientras se encontraba bajo licencia médica por reposo domiciliario.

Al respecto, arguye que la adquisición de los pasajes fue previa a la alteración del calendario de vacaciones de invierno decretada por la autoridad ministerial y que debido a su situación de salud y los altos costos de reprogramación, optó por mantener el viaje, reconociendo el error procedimental mas no una falta a la probidad administrativa, toda vez que no existió ánimo de defraudar al servicio ni se produjo detrimento en las funciones institucionales.

Sostiene que el acto administrativo sancionatorio carece de una motivación racional y proporcional, infringiendo los principios consagrados en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental y en la Ley N° 18.575.

Argumenta que la carga de la prueba en el proceso punitivo administrativo recae en el ente instructor, quien no habría logrado acreditar la mala fe o el uso malicioso de la licencia médica, transformando la destitución en una medida desproporcionada que contraviene el principio de tipicidad y objetividad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la recurrida, dejándose sin efecto la sanción de destitución, ordenándose su reincorporación al cargo que servía y el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas durante el tiempo que permaneció alejada de sus funciones, con costas.

SEGUNDO: Que, nombre reservado y nombre reservado

Castillo, abogados, en representación de la Junta Nacional De Jardines Infantiles (JUNJI), evacúan el informe ordenado, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto, con expresa condena en costas. Fundamentan su pretensión de rechazo, en primer término, en la improcedencia de la acción por falta de afinamiento del procedimiento y ausencia de un acto terminal, toda vez que la resolución sancionatoria se encuentra pendiente del trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, según lo exige el numeral 18.7 de la Resolución N° 36 de 2024 de dicho órgano contralor, careciendo el acto administrativo de plena eficacia jurídica y firmeza, lo que torna la acción en prematura al no existir una afectación actual y definitiva.

En cuanto al fondo, sostienen la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en el actuar institucional, por cuanto la sanción de destitución impuesta mediante la Resolución Exenta NUM000 de 16 de febrero de 2026, es el resultado de un sumario administrativo sustanciado con estricto apego a las normas de la Ley N° 18.834, respetando los principios de bilateralidad y debido proceso.

Explican que la medida disciplinaria se funda en una infracción grave al principio de probidad administrativa consagrado en la Ley N° 18.575, al haberse acreditado objetivamente mediante certificado de movimientos migratorios de la Policía de Investigaciones de Chile que la recurrente realizó un viaje a Brasil entre los días 15 y 21 de julio de 2023, periodo en el cual debía cumplir reposo domiciliario absoluto en Chile por licencia médica tipo 1, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 55 letra a) del D.S. N° 3 del Ministerio de Salud.

Arguyen que la sanción es proporcional a la gravedad de la falta, y que la hoja de vida de la funcionaria no constituye una eximente ante vulneraciones al deber de probidad. Respecto de las garantías constitucionales invocadas, descartan la vulneración del artículo 19 N° 1, 2, 16 y 24 de la Carta Fundamental, señalando que la sanción emana de un acto voluntario de la actora y que, tratándose de un empleo a contrata, no existe un derecho de propiedad sobre el cargo. TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el acto impugnado corresponde a la resolución administrativa que impuso la sanción disciplinaria de destitución aplicada en su contra, por estimarse configurada una infracción grave al principio de probidad administrativa.

Dicha decisión fue adoptada en el marco de un procedimiento disciplinario legalmente instruido, en el que se investigó el viaje efectuado por la recurrente al extranjero durante la vigencia de una licencia médica que prescribía reposo domiciliario total, esto es, entre el 15 y el 21 de julio de 2023.

QUINTO: Que, de los antecedentes acompañados, consta que la decisión de destituir a la recurrente fue el corolario de un sumario administrativo válidamente tramitado por entidad pública recurrida, instruido en cumplimiento de lo mandatado por la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades.

SEXTO: Que, en este escenario, debe recordarse la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en orden a que el recurso de protección no constituye una instancia de revisión del mérito de lo resuelto en sede administrativa disciplinaria, ni constituye una vía de lato conocimiento apta para debatir la proporcionalidad de las sanciones funcionarias o la ponderación de atenuantes, cuestiones que son de competencia exclusiva del órgano en cuestión.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la proporcionalidad de la sanción, la autoridad recurrida fundó su decisión en la gravedad que atribuyó a la conducta investigada, en el carácter de jefatura que desempeñaba la recurrente, en la naturaleza del beneficio de licencia médica y en el estándar de probidad exigible a los funcionarios públicos, explicando las razones por las cuales estimó procedente la medida de destitución.

De este modo, aun cuando la recurrente sostenga una interpretación distinta acerca de la entidad de los hechos y de la sanción aplicable, no se aprecia que la resolución impugnada carezca de fundamento racional o que constituya una decisión puramente caprichosa.

OCTAVO: Que, de esta manera, al haber dispuesto el recurrido la medida disciplinaria impugnada, en el marco de un sumario administrativo legalmente tramitado e iniciado como consecuencia de una instrucción emanada de la Contraloría General de la República; en el que concluyó la procedencia de la sanción impuesta por estimar que los hechos que tuvo por establecidos -pormenorizadamente descritos en la resolución sumarial de término-, importan una infracción grave al principio de probidad administrativa y un incumplimiento de deberes funcionarios del afectado en los términos previstos en el artículo 125 de la ley N° 18834, según latamente explica, asimismo, dicho acto resolutivo; se impone concluir que el actuar de la autoridad se ajustó a la ley y cumple, además, con las exigencias de motivación de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, no pudiendo ser calificado, por ende, como ilegal y/o arbitrario; conclusión que, desde luego, fuerza a rechazar la acción constitucional incoada, atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N° Protección-9545-2026.