nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de febrero de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece el abogado Cristian Felipe Castillo Aqueveque, chileno, abogado, soltero, run RUT reservado, en representación de nombre reservado, run RUT reservado, chileno, soltero, conductor, ambos con domicilio, para estos efectos en domicilio reservado; e interpone acción de protección en contra de Caja Compensación de Asignación Familiar La Araucana, rut RUT reservado, cuyo representante legal es su Gerente General don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de retener las remuneraciones de su representado, perturbando con ello las Garantías Constitucionales del Articulo 19 N° 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que sea acogido y se ordene en definitiva restablecer el imperio del derecho, dando la debida protección al recurrente.

Como fundamento de hecho de su acción, indica que el recurrente trabaja en Transportes Transiberica Limitada, empresa del giro de su denominación, rut RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en adelante “el empleador”.

Explica que en su liquidación de sueldo del mes de agosto de 2019, aparece un descuento por una suma total de setenta y siete mil setecientos treinta y un pesos ($77.731), según detalle de descuentos en liquidación de sueldo emitido por su empleador, que se acompaña.

Efectuadas las consultas a su empleador, recibió como respuesta que el descuento fue por instrucciones por parte de la “Caja La Araucana”, la que le indicaba por medio de una “nómina mensual de retenciones” a qué trabajadores debían efectuárseles descuentos por préstamos a Cajas de Compensación.

Añade que don nombre reservado efectivamente solicitó un crédito a la recurrida “Caja La Araucana”, siendo colocado a su disposición el día 24 de julio de 2008.

De esta forma, en el mes de diciembre de 2011, cuando correspondía el pago de la cuota número 38 el señor nombre reservado por razones personales y laborales, no dio cumplimiento a la correspondiente obligación.

Que, así las cosas, fue grande la sorpresa de don nombre reservado cuando aparece en su liquidación de remuneraciones actual un descuento por una deuda que dejó de pagar el año 2011 y que casi 8 años después se retiene de su remuneración el monto señalado, mediante un cobro extrajudicial por la recurrida a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa.

Agrega que la Caja de Compensación La Araucana se encuentra realizando dichos descuentos, fundándose en la facultad que le otorga el artículo 22 de la Ley N° 18.833, sobre Nuevo Estatuto de Las Cajas de Compensación y Asignación Familiar, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una caja de compensación, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadoras afiliada, retenido y remesado a la caja acreedora y se regirá por las misma normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales”.

A su juicio la recurrida excedió sus atribuciones cometiendo un acto arbitrario e ilegal, toda vez que no puede solicitar la retención a la entidad empleadora, transformando una obligación en imprescriptible, lo que en su concepto infringe las garantías de igualdad ante la ley, derecho de propiedad, y de libertad contractual en lo relativo al derecho a la libertad de trabajo, establecidas en el artículo 19 numerales 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Finaliza solicitando el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas ilegal y arbitrariamente de las remuneraciones del recurrente, por un monto que a la fecha asciende a $77.731, al que habrán de sumarse los montos descontados durante la secuela de la presente acción constitucional, y se condene en costas a la recurrida por cometer este acto ilegal y arbitrario.

A objeto de fundar su petición cita jurisprudencia en apoyo de su tesis y acompañó liquidación de sueldo emitido en el mes de agosto del año 2019, certificado de deuda y carga financiera.

Evacuó informe la abogada Yasna Vukic Zalaquett, en representación de la recurrida Caja de Compensación La Araucana y solicitó que sea rechazado el recurso, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

Indica que en su condición de afiliado, al señor nombre reservado se le otorgó en el mes de julio de 2008 el crédito social folio N°002-001714798, por la suma de $2.800.000 pesos, pagadero en 60 cuotas mensuales, cada una de $77.761 pesos. Crédito respecto del que pagó 37 cuotas mediante descuentos en su liquidación de remuneración por su empleador Prosegur Limitada RUT N°RUT reservado, correspondiendo la última cuota al mes de octubre de 2012, no recibiendo más pagos por dicho concepto a pesar de remitirse las respectivas planillas de descuento a su empleador y tampoco concurriendo el recurrente a esta entidad para efecto de solucionar la obligación contraída.

En consecuencia, y en virtud de lo expuesto La Araucana C.C.A.F., remesó en el mes de septiembre de 2019 a su representada la suma de $77.731 pesos, no recibiendo más pagos por dicho concepto. Adeudando a la fecha 22 cuotas.

Luego de hacer una referencia histórica de dichas entidades de previsión social, refiere que en la actualidad éstas se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”, que se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Por su parte, las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales.

Precisa que en el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, las que se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. Por lo que dichos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Reconoce que en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero; sin embargo, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado y al no tener fines de lucro sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales, ya que el régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley.

Agrega que dada la naturaleza de entidad de previsión social de dichas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Entiende que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino que deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga.

Indica que su representada no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, ya referido, y mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración, concluyendo que así las cosas el descuento efectuado no puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

No obstante lo informado precedentemente y sin reconocer la extinción de la deuda informada, ni los fundamentos que esgrime el recurrente, señala que se han dispuesto las gestiones tendientes a hacer cesar los descuentos al recurrente y asimismo, se restituirá al deudor la suma de $77.371 pesos correspondiente a lo descontado en el mes de agosto de 2019.

Pide tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de lo expuesto rechazar por falta de oportunidad la acción de protección interpuesta por en favor de don nombre reservado, solicitando que no sea condenada en costas atendido que no ha mediado oposición de su parte.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Que, como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

2°) El acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en el descuento que se le hizo en el mes de agosto de 2019 por $77.731 del total de sus remuneraciones en favor de Caja Compensación La Araucana, sin que cuente con una autorización de su parte o un mandato que le permita comunicar a su empleador la facultad de efectuar el referido descuento.

3°) De los antecedentes proporcionados por la recurrida y por la Caja de Compensación La Araucana, consta que el actor obtuvo un crédito de esta última en el año 2008 del cual sólo pagó 37 cuotas de un total de sesenta, efectuándose un descuento por dicho crédito en el mes de agosto de 2019.

4°) La circunstancia fáctica antes descrita, ha sido reconocida por la recurrida Caja La Araucana, amparándose en el carácter social del crédito y en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

5°) Sobre el asunto planteado, el actuar de la recurrida resulta arbitrario, pues al amparo del artículo 22 de la Ley N° 18.833 permitió que Caja La Araucana reviviera una facultad que le permite cobrar en forma oportuna los créditos sociales, pero ocho años después de la mora, sin que se realizara en dicho lapso alguna gestión tendiente al cobro de la deuda. En estas circunstancias el proceder descrito aparece antojadizo y conculca el derecho de propiedad de la actora sobre sus remuneraciones amparado por el Constituyente en el artículo 19 N° 24 de la Carta Política, de manera que corresponde adoptar las medidas conducentes a restaurar el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección en contra de Caja de Compensación La Araucana debiendo abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado al recurrente vía descuentos de sus remuneraciones, como asimismo deberá reembolsarse los montos indebidamente descontados en el mes de agosto de 2019, sin perjuicio de su derecho a perseguir su cobro por la vía jurisdiccional correspondiente.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-95418-2019.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por los Ministros señora Adelita Ines Ravanales Arriagada, señora nombre reservado.Rosa Kittsteiner Gentile y el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernandez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecinueve de febrero de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.