nombre reservado con SERVICIOS E INVERSIONES FASTCO S.P.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

A los escritos folios 29, 30, 31 y 32: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 33, a sus antecedentes.

Visto y considerando.

Primero: Que nombre reservado interpuso recurso de protección en favor de nombre reservado en contra de Banco Itaú Corpbanca S.A. y en contra de Servicios e Inversiones Fastco SpA, del giro de cobranzas extrajudiciales, por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en cobranza extrajudicial de una deuda inexistente.

Expuso que cerca de 2014 la afectada realizó apertura de productos bancarios en Banco Corpbanca, contemplando cuenta corriente y tarjeta de crédito, de los cuales hizo uso hasta el año 2018, cuando decidió cerrar los productos, haciendo pago de lo que correspondía hasta ese momento.

Por su edad, no le tomó más preocupación al asunto hasta que comenzó a recibir llamadas de la empresa de cobranza FASTCO señalando que, por encargo de nombre reservado, la llamaban para hacer el cobro de más de 2 millones de pesos, lo que negó por no existir saldo pendiente.

Esta situación persistió con llamadas a su teléfono celular e, inclusive, un ejecutivo de cobranza señaló que concurriría a su lugar de trabajo, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Hizo presente que fue tanto el nivel de insistencia que, en el mes de mayo de 2022, recibió una llamada de un supuesto cobrador señalando que adeudo a Itaú más de dos millones de pesos y, que, para terminar con el asunto, transfirió cerca de quinientos mil pesos. Lo anterior, después de averiguaciones, por la insistente cobranza de FASTCO, le señalaron que fue una estafa telefónica.

Con fecha 14 de junio de 2022 se le informa que mantiene una deuda en mora con Itaú no cesando la recurrida en su cobro.

Afirma que no mantiene deudas publicadas en DICOM y al tratar de obtener información, al llamar telefónicamente a nombre reservado, es derivada a FASTCO y cuando los contacta le señalan que no tienen registro de su persona.

Alega que lo descrito constituye un acción completamente arbitraria e ilegal, toda vez que, sin forma de juicio, las recurridas pretenden el cobro de una deuda que no ha sido declarada judicialmente como tal y deja misivas con amenazas de un juicio inexistente. Tampoco existe constancia en los registros comerciales de morosidad dando cuenta de la existencia de algún pagaré u otro instrumento mercantil.

En concreto, indica que los actos ilegales se configuran en razón de que se le atribuye una supuesta acreencia, imputando mora e realizando cobro extrajudicial de la misma, en circunstancias que ello no consta siquiera en los registros comerciales de DICOM, cuestión que, de existir, debiese encontrarse publicada; se infringe el artículo 37 inciso 5° de la Ley 19.496, el cual señala “las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparentan ser escritos judiciales, comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad, visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean las que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y en general, conductas que afecten la privacidad del hogar y la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del mismo”. Igualmente, la recurrida y la empresa de cobranza no pueden seguir manteniendo esta situación, toda vez que, si la cuenta fue cerrada el año 2018, debe requerir la intervención de un tribunal, acreditando su acreencia y ejercer las acciones que en derecho correspondan.

En razón de lo expuesto, sostiene que se vulnera su garantía constitucional del inciso 1° del numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en razón de la afectación a su integridad psíquica que, para dar por terminada esta situación, aun cuando no adeuda absolutamente nada, realizó transferencias a terceros que se irrogaron la calidad de actuar en representación de nombre reservado, lo que se agrava con los mensajes de texto a su teléfono celular y llamadas de la empresa de cobranza FASTCO.

En el mismo sentido, invoca su garantía del artículo 19 N°4 de la Constitución Política, por cuanto se le está imputando la calidad de deudora en circunstancias que no mantiene ningún producto bancario con el banco recurrido.

Igualmente, la recurrente, como consecuencia de los insistentes llamados, realizó transferencias a terceros que se irrogaban la calidad de actuar en representación de nombre reservado, de lo que colige que estaban en posesión de sus datos, número de teléfono y datos de la morosidad.

Conforme lo expuesto, pide se ponga término a los actos ilegales y arbitrarios señalados; el cese inmediato de cobranzas extrajudiciales, llamadas y mensajes de texto enviadas a la recurrente; el cese toda acción de cobranza extrajudicial de la supuesta deuda e instar al inicio de las acciones que en derecho correspondan; y la condena en costas a las recurridas.

Segundo: Que nombre reservado y Clemente Castillo Lezaeta, abogados, en representación de Itaú Corpbanca S.A. evacuaron el informe requerido y pidieron el rechazo, con costas, del recurso de protección por carecer de todo fundamento plausible.

Expusieron que, en primer lugar, al contrario de lo que expuso la recurrente, sí mantiene una deuda vigente en favor de nombre reservado, la que se encuentra contenida en un pagaré, cuya acción ejecutiva se encuentra vigente; y que su cuenta corriente de la cual emana la deuda objeto de autos, fue cerrada en 2018 como expuso en su acción, sino que fue cerrada recién en 2022.

Precisaron que nombre reservado tiene derecho a intentar el cobro extrajudicial de la deuda contenida en el pagaré, de conformidad a la Ley de Protección del Consumidor, y que la acción de protección intenta alegar la inexistencia o ineficacia de una obligación que consta en un título ejecutivo, cuya acción se encuentra vigente, no siendo esta la vía para pretender dicha declaración.

En concreto, explicaron que el recurso se basa en dos hechos que no son ciertos. En primer lugar, la actora tiene una deuda vigente con nombre reservado. En segundo lugar, los productos bancarios de la señora nombre reservado fueron cerrados a principios de 2022.

En efecto, con fecha 20 de mayo de 2022, suscribió ante la Notaría don nombre reservado, un pagaré a la orden de nombre reservado por la suma de $2.000.000, el que se funda en el “Contrato Plan de Productos y Servicios Financieros Personas Naturales” de 10 de abril del 2014, y que a la fecha del informe, el pagaré no ha sido pagado y su no pago otorga el derecho a nombre reservado de cobrar compulsivamente la deuda en juicio ejecutivo.

Por otro lado, arguye que la acción de protección debe ser rechazada, ya que nombre reservado no ha realizado acto arbitrario o ilegal alguno, la acción de protección no cumple ninguno de los requisitos legales para ser acogida, la acción de protección no es la vía para alegar la inexistencia o ineficacia de obligaciones que existen y se encuentran incumplidas y no es la vía idónea para impedir que un acreedor ejerza los derechos que le concede la ley y la Constitución de la República.

En definitiva, el actuar de nombre reservado no nace de un mero capricho o es irracional o injustificado, sino que se encuentra justificado y amparado por el ejercicio de un derecho legítimo de intentar el cumplimiento extrajudicial de la deuda contenida en el pagaré.

En el mismo sentido, refiere que la señora nombre reservado mantiene una deuda vigente con nombre reservado contenida en el Pagaré, que no ha sido emplazada de una acción de cobranza judicial por la misma deuda ni se ha iniciado en su contra procedimiento concursal de liquidación o reorganización, de conformidad a la Ley 20.720, por lo que no existe ningún derecho de la actora a tutelar mediante esta acción cautelar.

En definitiva, la acción de protección interpuesta debe ser rechazada, ya que por medio de su interposición pretende que esta Ilustrísima Corte conozca y falle una acción que está destinada a conocerse en un juicio de lato conocimiento propia de un procedimiento ordinario y ante un tribunal distinto que esta Corte.

Así, habiendo nombre reservado ejercido la cobranza extrajudicial de la deuda mantenida porque la recurrente no ha pagado lo que debe y previas citas jurisprudenciales, existiendo la deuda a pesar que su acción ejecutiva se encuentre prescrita, pide el rechazo de la acción, con costas.

Tercero: Que Tomás Antonio Aylwin Arregui, abogado, de Servicios Fast Collecting Chile Limitada, pidió el rechazo del recurso de protección deducido, en cuanto lo señalado por la recurrente es falso, toda vez que según lo informado por Banco nombre reservado la recurrente aún mantiene una deuda vigente con ellos, como también es falso que había terminado vínculos con el Banco el año 2018.

Refiere que su representada cumplió solamente con su trabajo de gestionar las labores de cobranza respecto a la deuda que tiene ésta con el Banco nombre reservado.

Así, arguye que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que afecte los derechos del recurrente y que pueda ser protegido por la acción de protección incoada.

Lo anterior, ya que con fecha 15 de septiembre de 2021, su representada ha procedido a bloquear y eliminar al recurrente de la base de datos y registros de cobranzas pertenecientes a Servicios Fast Collecting Chile Limitada, y, en consecuencia, la recurrente ya no figura en los registros de cobranza extrajudicial de su representada.

Adicionalmente, tal como consta en los hechos relatados, todas las gestiones de cobranza desarrolladas por su representada se enmarcaron dentro de lo preceptuado en la Ley N° 21.320 en conformidad a la Ley N° 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, y de las normas dispuestas en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

Habiendo el recurso perdido oportunidad, pide se rechazado, con costas.

Cuarto: Que la recurrente ha invocado como conculcadas las garantías previstas en los N° 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto, se pretende un cobro extrajudicial de una deuda inexistente que se traduce en llamadas telefónicas y hostigamiento incluso en su lugar de trabajo.

Quinto: Que, de las capturas de mensajería acompañados al recurso se puede apreciar que tienen una finalidad meramente informativa, por lo que no puede constituir una afectación o conculcación a las garantías constitucionales invocadas, desde que no se han acreditado infracciones a la regulación que la Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos del consumidor, que establece en cuanto a la forma y época en que se pueden requerir los pagos a los deudores y proceder al cobro extrajudicial de las acreencias.

Sexto: Que, conforme lo expresado, no evidenciándose en el actuar de las recurridas arbitrariedad o ilegalidad alguna, no resulta posible estimar conculcadas las garantías invocadas en el libelo pretensor, por lo que el recurso interpuesto, será desestimado, según se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Banco nombre reservado y Servicios Fast Collecting Chile Limitada.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-95375-2022.

En Santiago, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.