FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES NO DOCENTES DE LA EDUCACIÓN con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Santiago Santiago, cinco de mayo de dos mil veintiuno.

A los escritos folios 12 y 13: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece doña Diana Moreno Orellana, abogada, quien interpone recurso de protección en representación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores No Docentes de la Educación, representada legalmente por don nombre reservado, y en contra de la Contraloría General de la República, representada legalmente por el señor Contralor General de la República don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en dictar pronunciamiento acerca de la reconsideración del oficio N° E45624 / 2020 correspondiente a la referencia N° W18928, de 2020, de fecha 23 de octubre de 2020, notificado con fecha 26 de octubre de 2020, vulnerando de este modo las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad de la recurrente, que la Constitución Política de la República le asegura.

Funda el recurso exponiendo que la Federación recurrente, con cobertura nacional, es integrada por una pluralidad de organizaciones sindicales, entre las que se encuentra al Sindicato de Trabajadores Administrativos, Paradocentes y Auxiliares de los Establecimientos Educaciones de la empresa Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul, a la que representa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 220 del Código del Trabajo.

Agrega que con fecha 08 de noviembre de 2016 se firmó contrato colectivo de trabajo entre la Corporación de Desarrollo Social de Macul y el Sindicato antes referido, y dos anexos de fecha 15 de mayo de 2018 y 13 de diciembre de 2018. En este último instrumento se estableció que a contar del 1° de marzo de 2019 se pagaría a los miembros del Sindicato el pago de “bienios” o asignación por experiencia. Según el anexo, se procedería al pago de una Asignación Mensual de Experiencia denominada “Bienios”, porcentaje que se calculara solo sobre el sueldo base del trabajador(a) y se pagara a partir del cumplimiento del tercer Bienio, a todos aquellos Asistentes de la Educación que se encuentren trabajando en los establecimientos educacionales dependientes y administrados por la Corporación de Desarrollo Social de Macul y que además cumplan con el requisito de ser socios del “Sindicato de Trabajadores Asistentes de la Educación”, siendo parte integrante de los contratos individuales, por aplicación del artículo 325 del Código del Trabajo Añade que con fecha 24 de noviembre de 2017 entró en vigencia la Ley 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, en la que se establece que la Corporación de desarrollo social de Macul, pasaría a formar parte del Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral. Además, refiere que conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 19.464 y 3 de la Ley N° 20.109, los asistentes de la educación pública son funcionarios de la Administración, sin perjuicio de ser regulados en forma supletoria por el Código del Trabajo.

En cuanto a la asignación de bienios, refiere que habría dejado de ser pagada por el Servicio Local desde mayo de 2020, y que estaría pagando una asignación inferior, contemplada en el artículo 48 de la Ley N° 21.109. Todo considerando que entre los meses de marzo de 2019 y mayo de 2020 se había pagado conforme al contrato colectivo. Adjunta a su presentación tabla en que consta nómina de 21 trabajadores a quienes se les habría pagado la asignación. Sobre el particular, expresa que el artículo 3 transitorio de la Ley N° 21.109 dispone que “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3 de la presente ley, los asistentes de la educación que sean traspasados a un servicio local no perderán sus derechos adquiridos y tendrán derecho a conservar las cláusulas del instrumento colectivo al que se encuentren afectos, según lo dispuesto en el artículo 325 del Código del Trabajo.”. De este modo, no se estarían aplicando las normas legales pertinentes, que identifica con el artículo tercero transitorio de la Ley N° 21.109, normas supletorias del Código del Trabajo y el artículo cuadragésimo tercero transitorio de la Ley N° 21.040.

Producto de lo anteriormente reseñado, la recurrente solicitó pronunciamiento en derecho a la Contraloría General de la República, ingresado con fecha 10 de agosto de 2020, bajo el Nº E24256 / 2020 referencia N° W018928/20. Previo examen de los antecedentes expuestos a la recurrida, se solicitó oficio por parte del órgano fiscalizador al Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral, el que informó que “Por su parte, la Dirección de Educación Pública señaló, en síntesis, que a partir de la fecha del traspaso del servicio educacional, a los miembros del individualizado sindicato sólo les corresponde percibir la asignación de experiencia del artículo 48 de la ley Nº 21.109, pero que, en atención a que el monto del beneficio estipulado en el convenio colectivo es superior al determinado por el legislador, no reconocerlo podría significar una disminución de las remuneraciones de los recurrentes con ocasión del traspaso, en contravención a la protección establecida en el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley Nº 21.040, por lo que correspondería pagar la diferencia, ya sea mediante planilla suplementaria o a través del establecimiento de un haber motivado en este último precepto legal”.

En el acto impugnado, la recurrida expuso lo siguiente: “Sobre el particular, y tal como lo señaló el oficio impugnado, los dictámenes Nºs. 2.927, y 3.280, ambos de 2020, resultan aplicables a la situación descrita en la petición de la recurrente, por cuanto ellos expresaron, en síntesis, que las disposiciones de la ley N° 21.109 revisten un carácter imperativo, afectando íntegramente todas aquellas situaciones comprendidas en el ámbito de su vigencia, pudiendo otorgarse únicamente los beneficios expresamente consagrados en ese texto legal, entre ellos, la asignación de experiencia regulada en su artículo 48.

En efecto, el artículo décimo transitorio de ese cuerpo legal, dispuso que, a partir de la fecha del traspaso del servicio educacional al respectivo Servicio Local, los asistentes de la educación que sean traspasados a este, y que se desempeñaban a esa fecha en establecimientos municipales regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, tendrán derecho a la asignación de experiencia que prevé el citado artículo 48.

Agrega la mencionada disposición que, para estos efectos, se computarán los años de servicio como asistente de la educación que tenía con el sostenedor, previo al referido traspaso. Precisado lo anterior, cabe anotar que los mencionados pronunciamientos concluyeron que no existió infracción a la norma de protección establecida en el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040 -invocada también por la recurrente en favor de los asistentes de la educación que gozaban de la aludida asignación antes de la dictación de la ley N° 21.109-, por cuanto esta última incorporó dicho emolumento de manera permanente, lo que demuestra que la finalidad CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO UNIDAD JURÍDICA garantista que la individualizada norma transitoria contempla se encuentra expresamente resguardada.

Siendo así, y respecto de las eventuales diferencias de remuneraciones que pudieren verificarse entre el monto de la asignación de experiencia pactada y el de aquella regulada en la ley N° 21.109, es importante indicar que, a contar de la vigencia de ese último cuerpo legal, no resulta procedente compensar esa circunstancia, como tampoco el entero del emolumento de mayor valor ni acudir al mecanismo de la planilla suplementaria, ya que no existe un precepto legal que así lo autorice.

A mayor abundamiento, es del caso agregar que la norma de protección a la que se hizo mención, impide que en virtud del referido traspaso se produzca una disminución de la remuneración del respectivo servidor, garantía que dice relación con el monto total de la misma y no de cada uno de sus componentes, como lo sería el comparar aisladamente la asignación de experiencia prevista en el artículo 48 de la ley N° 21.109, con aquella que habrían estado recibiendo los asistentes con anterioridad al traspaso.

Por consiguiente, se desestima la solicitud de reconsideración presentada, ya que la recurrente no acompaña nuevos antecedentes que modifiquen lo expresado en el oficio Nº E24256, de 2020, de esta procedencia, a través del cual se le remitió copia de los dictámenes precitados”

Considera que el acto es ilegal y arbitrario, pues ha dejado sin aplicación las normas que, considera, llevan a concluir que resulta procedente la pretensión de los trabajadores afectados. De este modo, señala que dicha circunstancia configura una discriminación arbitraria, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley de los trabajadores afectados por la modificación legal. Respecto del derecho de propiedad, argumenta y detalla el impacto patrimonial de la aplicación de las normas conforme señala la recurrida, respecto de los trabajadores afectados.

Como petición concreta, solicita acoger el recurso y ordenar a la recurrida que mande al Servicio de Educación Local Pública Gabriela Mistral realizar el pago retroactivo de la asignación por bienios correspondiente a los trabajadores no docentes afiliados al sindicato de no docentes de la Corporación de desarrollo social de Macul según el contrato colectivo y se mantenga su remuneración en el monto que les corresponde conforme a derecho, con costas.

Segundo: Que la recurrida evacuó informe con fecha 21 de diciembre de 2020, por presentación de doña nombre reservado, quien alegó la extemporaneidad del recurso, pues si bien la acción se dirige formalmente en contra del oficio N° E45624, de 23 de octubre de 2020, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, lo cierto es que de los fundamentos que se exponen en el recurso, se desprende que la presunta vulneración de garantías se habría configurado por el oficio N° E24256, de 3 de agosto de 2020, de este origen, mediante el cual se remitieron copias de los dictámenes N°s 2.927, de 4 de febrero de 2020, y 3.280, de 5 de febrero de 2020, ambos de esta Entidad Fiscalizadora, pues el oficio N° E45624, de 2020, impugnado en autos, se limitó a ratificar el criterio contenido en los dictámenes N°s 2.927 y 3.280, ambos de 2020, remitidos a través del oficio Nº E24256, de 3 de agosto de 2020, atendido a que no se acompañaron nuevos antecedentes que permitieran modificar lo resuelto. De esta manera, considerando que el presente recurso fue interpuesto con fecha 17 de noviembre de 2020, y que el antedicho oficio Nº E24256, de 2020, fue notificado a la recurrente el 4 de agosto de 2020, no puede sino concluirse que el presente recurso resulta extemporáneo conforme al plazo previsto en el Auto Acordado de la Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Luego, alegó que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, pues lo pretendido por la recurrente es obtener el pago retroactivo del bienio establecido en un anexo de contrato colectivo pactado con la mencionada Corporación, esto es, una acción de cobro de pesos, materia que excede los márgenes de la naturaleza cautelar del recurso de protección. Además, hace presente que dicha pretensión es absolutamente improcedente, toda vez que, de accederse a ella, se afectaría derechos de un tercero que no es parte en este recurso, considerando que el Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral no ha sido emplazado en estos autos, infringiéndose gravemente con ello su derecho a defensa, circunstancia que constituye razón más que suficiente para rechazar la acción cautelar que se informa.

En cuanto a la legalidad del acto, afirma que fue emitido a solicitud de la propia recurrente, que en ejercicio de las competencias que le han sido asignadas a esa entidad de control en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política; 1°, 5°, 6°, 9°, 10 y 16 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General; resoluciones N°s 1.002, de 2011, que establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales y 102, de 2016, que crea las Contralorías Regionales Metropolitanas de Santiago y fija sus organizaciones internas; además de la orden de servicio N° 1, de 2017, de este Órgano de Fiscalización, que establece las coberturas de las Contralorías Regionales Metropolitanas de Santiago y de los Departamentos de Nivel Central. Por consiguiente, la actuación contra la cual se recurre no constituye una acción u omisión arbitraria, toda vez que no obedeció́ a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de la recurrida, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada por la propia actora, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legitima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho.

En cuanto al fondo, argumenta que la Ley Nº 21.109 constituye un estatuto de Derecho Público, cuyas normas rigen in actum y revisten un carácter imperativo razón por la cual desde la fecha de su publicación solo pueden otorgarse los beneficios que en ella expresamente se consagran, tal como precisaran los citados dictámenes N°s 2.927, y 3.280, ambos de 2020. Por consiguiente, a contar del 1º de enero 2020 -data del traspaso del servicio educacional al Servicio Local de Educación de Gabriela Mistral-, a los asistentes de la educación que se desempeñaban en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul les resultan aplicables las disposiciones de la ley Nº 21.109, entre ellas, la asignación prevista en el citado artículo 48.

Refiere el inciso primero del artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley Nº 21.040 -sobre Protección de derechos del personal-, dispone que el traspaso de que se trata en ningún caso podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones, pérdida del empleo o término de la relación laboral del personal traspasado. Asimismo, no podrá significar disminución de remuneraciones, ni modificación de los derechos estatutarios o previsionales de dicho personal. Tampoco podrá importar cambio de residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando sus servicios, salvo con su consentimiento expreso. En este contexto, afirma que el pronunciamiento impugnado precisó que la precitada norma protectora impide que en virtud del referido traspaso se produzca una disminución de la remuneración del respectivo servidor, garantía que dice relación con el monto total de la misma y no de cada uno de sus componentes. Luego, corresponde al Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral determinar las remuneraciones que percibían cada uno de los funcionarios individualizados por la actora durante su desempeño en la Corporación de Desarrollo Social de Macul, y garantizar que, a contar del anotado traspaso, el total de remuneraciones de dichos servidores no se viera disminuido.

Finalmente, controvierte la vulneración de garantías invocada, pues sido estrictamente respetado por este Órgano Fiscalizador, toda vez que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa existente en la materia, en los mismos términos que respecto de otros funcionarios de Servicios Locales de Educación Pública que se han encontrado en similar situación, tal como consta en los dictámenes que cita, y en cuanto al derecho de propiedad hace presente que el total de remuneraciones de los asistentes de la educación individualizados y que fueron traspasados al Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral, no ha podido verse afectado con el actuar de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, por cuanto en caso alguno ha desconocido, al emitir el pronunciamiento impugnado, la norma protectora prevista en el artículo cuadragésimo segundo transitorio de la ley N° 21.040.

Por estas razones, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

Cuarto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que el acto que el sindicato recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en el oficio Nº E45624, de 23 de octubre de 2020, de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, que desestimó la solicitud de reconsideración del oficio Nº E24256, de 3 de agosto de 2020, de dicha Sede Regional, que a su vez remitió a la recurrente copia de los dictámenes N°s 2.927 y 3.280, ambos de 2020, de esa Entidad Fiscalizadora, consistente en jurisprudencia administrativa en virtud de la cual establece el reemplazo del pago de bienios a los miembros del sindicato recurrente por la asignación de experiencia prevista en el artículo 48 de la ley Nº 21.109, cuyo monto sería inferior al primer emolumento.

Sexto: Que corresponde resolver en primer término la alegación de extemporaneidad planteada por la parte recurrida.

Al efecto, cabe señalar que el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, dispone en su numeral primero que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”.

Sobre el particular cabe señalar, que:

a) El 28 de julio de 2020, doña Diana Moreno Orellana, en representación del señor nombre reservado, representante legal de la FENASICOM, efectuó una presentación ante la Contraloría, solicitando un pronunciamiento sobre el pago de bienios que tendrían derecho a percibir los asistentes de la educación no docentes que formaban parte del Sindicato de Trabajadores Asistentes de la Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul, en virtud del anexo de contrato colectivo firmado el 13 de diciembre de 2018 con la Corporación de Desarrollo Social de Macul.

b) La Contraloría, dando respuesta a esa solicitud dictó el oficio Nº E24256, de 3 de agosto de 2020, el cual remitió a la recurrente copia de los dictámenes Números 2.927 y 3.280, ambos de 2020, de esta Entidad Fiscalizadora, consistente en jurisprudencia administrativa que se refiere a la materia aludida en su petición.

c) El 10 de agosto de 2020, la actora solicitó la reconsideración del citado oficio Nº E24256, de 2020, petición que, previo informe de la Dirección de Educación Pública y del Servicio Local de Educación Gabriela Mistral fue desestimada por el oficio Nº E45624, de 23 de octubre de 2020, notificado a la parte recurrente el día 26 de octubre de 2020.

d) La acción de protección se presentó el 17 de noviembre de 2020.

De acuerdo a los antecedentes fácticos expuestos, debe desestimarse la alegación de extemporaneidad, pues la reconsideración que se hizo a la primera respuesta que dio la Contraloría General de la República, se sustentó en nuevos antecedentes hechos valer por el Sindicato recurrente, lo que obligó al ente de control a pronunciarse sobre esos nuevos antecedentes pidiendo incluso un informe al Servicio Local de Educación y aunque fueron desestimados, hubo un pronunciamiento que es posible impugnar por medio de la acción de .

Dentro del escenario descrito al haberse recurrido el día 17 de noviembre de 2020 respecto del oficio de respuesta que se notificó el día 26 de octubre, ha de concluirse que la acción se presentó oportunamente, por lo que la alegación de extemporaneidad no puede prosperar.

Séptimo: Que en cuanto al tema de fondo, cabe señalar que la discusión que se plantea en autos consiste en determinar si se ajusta a derecho la decisión de la Contraloría General de la República de establecer la improcedencia del pago a los actores de una asignación de bienios dispuesta en un contrato colectivo y en cambio, reemplazar su pago por la asignación de experiencia prevista en el artículo 48 de la ley Nº 21.109.

Octavo: Que como reiteradamente se ha señalado, la acción de protección constitucional está destinada a dar cautela a aquellos derechos ciertos e indubitados, sin que pueda constituirse ésta en una instancia declaratoria de derechos, máxime cuando su establecimiento o reconocimiento pasa por la necesidad de ponderar pruebas en un procedimiento que necesariamente se advierte contencioso, que es precisamente lo que sucede en este caso, En efecto, los actores no solo pretenden el pago de una bonificación pactada en un contrato colectivo de trabajo sino también que el Servicio de Educación Local Pública Gabriela Mistral realice el pago retroactivo de la asignación por bienios correspondiente a los trabajadores no docentes afiliados al sindicato de la Corporación de Desarrollo Social de Macul, manteniendo su remuneración en el monto que ellos estiman corresponderles, lo que excede con creces los fines de este recurso, más aún cuando la parte recurrida no ha sido la Corporación de Desarrollo Social aludida.

Noveno: Que además, el ente contralor se ha limitado a dar estricta aplicación a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 21.109. Al respecto dicho cuerpo legal establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, que precisamente regula el estatuto funcionario de estos asistentes que se desempeñen en establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública según reza su artículo primero. Dicha preceptiva además, dispone expresamente en su artículo 48 lo siguiente:

“Los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales dependientes de un Servicio Local de Educación Pública, y se encuentren regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, tendrán derecho a una asignación de experiencia, por cada dos años de servicio en un mismo servicio local de educación, y se devengará automáticamente desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se hubiere cumplido el bienio respectivo.

El monto de la asignación de experiencia se determinará calculando un 2% sobre la remuneración que se indica en el inciso siguiente, por períodos de dos años, con un límite de treinta años.

La remuneración que se utilizará como base de cálculo del porcentaje señalado en el inciso anterior será la remuneración bruta mensual mínima establecida en el inciso segundo del artículo 43 para cada una de las categorías, según corresponda. En el caso de los asistentes de la educación pertenecientes a la categoría del artículo 6, dicho porcentaje se calculará sobre 3,5 veces del sueldo base del grado 23 del estamento de profesionales de la Escala Única Sueldo del decreto ley N° 249, de 1974.

También tendrán derecho a la asignación de experiencia los asistentes de la educación de los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980. En este caso, los años de servicio se computarán en el mismo establecimiento.

En los casos de mejoramiento de las remuneraciones de los trabajadores a que se refiere este artículo, distintos del reajuste general de remuneraciones que se otorguen a los trabajadores del sector público, los bienios se comenzarán a computar nuevamente desde la fecha de dicho mejoramiento.

Los trabajadores a que se refiere el inciso anterior tendrán derecho, en todo caso, a una remuneración no inferior a aquella que tenían producto de la suma entre aquella remuneración bruta previa al incremento y la asignación de experiencia que estuvieren percibiendo. Para este efecto, se les reconocerá en su nueva remuneración aquella asignación de experiencia que les asegura dicha renta.

Si la nueva remuneración, producto de la mejora antes señalada, fuere equivalente o superior a la remuneración que asegura el inciso anterior, se percibirá esta, sin asignación de experiencia.

La asignación de experiencia será imponible, tributable y no constituirá base de cálculo de ninguna otra remuneración.”.

De esta forma, al reconocerse en el oficio que motiva la presente acción, la procedencia de esta asignación de experiencia, no puede aquello tildarse de ilegal y arbitrario, pues se limita a la aplicación de un texto legal vigente, lo que difiere de la circunstancia que alegan los actores que producto del reemplazo del antiguo bono pactado por esta asignación les implique una disminución de remuneraciones pues ello es un asunto evidentemente controvertido y que de ser así debe ser resuelto por el Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral.

Décimo: Que de esta forma, la acción intentada deberá desestimarse, por no ser la vía para resolver la cuestión planteada por los actores sin que sea necesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales por inoficioso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza sin costas la acción de protección presentada por doña Diana Moreno Orellana, en representación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores No Docentes de la Educación, en contra de la Contraloría General de la República, representada por el señor Contralor General de la República don nombre reservado.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol N° 95369-2020