Protección contra Universidad Tecnológica De Chile INACAP

C.A. de Santiago Santiago, once de marzo de dos mil veintidós.

Proveyendo los escritos folios 28 y 29: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Paula Zuleta Rodríguez, abogada, en representación de LINKAPSIS GEODESIA E INGENIERÍA SpA., ambos con domicilio en domicilio reservado; e interpone acción de protección en contra de (I) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP, representada por su rector nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; (II) nombre reservado, docente, con domicilio en domicilio reservado; y (III) nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado; por haber incurrido en acciones ilegales o arbitrarias que implican una privación, perturbación o amenaza (afectación) al derecho constitucional contemplado en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 9 de noviembre de 2020 fue alertada por algunos de sus clientes que en los sitios web http://www.studocu.com y https://www.coursehero.com (a los que se puede acceder buscando el nombre de la empresa en el motor de búsquedas Google), aparece publicado un documento denominado “Informe final asesoría a empresa Linkapsis SpA. Unidad 4”. En la bajada se describe lo siguiente: “Asignatura: Taller integrado de empresas III. Sección: 951-8. Nombre del docente: nombre reservado. Nombre de los integrantes del grupo: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado”, todo contenido en un documento que contiene el nombre y logo de INACAP.

En la introducción se señala que el informe presenta un diagnóstico empresarial de la empresa Linkapsis SpA, mediante la realización de un análisis estratégico de la sociedad, identificando sus principales problemáticas.

Desde ya aclara que dicho trabajo se presenta como el resultado de una asesoría, en circunstancias que dicha parte jamás ha encomendado la supuesta asesoría y, es más, ni siquiera conoce a las personas que suscriben dicho informe, ni al docente a cargo del mismo.

En la página 7 del referido informe, se señala que la obtención de la información financiera de la empresa se logró mediante una entrevista con el contador de la empresa, identificado como nombre reservado, a partir de la cual se consiguió el balance general y estado de resultado de la empresa. Es dable señalar que dicho contador prestó servicios profesionales externos para esta parte en el pasado, y que en la actualidad ya no cumple tal labor, toda vez que sus servicios no satisfacían los requerimientos de la empresa.

Luego, en las páginas 13 y 14, se contiene un análisis de ingresos, costos, gastos e indicadores financieros de la empresa.

A partir de la página 15, se realiza una identificación de las principales deficiencias que tendría la empresa.

Finalmente, como apéndice (páginas 58 y 59), se contiene un estado financiero y estado de resultado del año 2017, con información pormenorizada de los activos, montos por concepto de ventas, gastos y utilidades.

Corresponde hacer presente que la empresa no ha encomendado la realización de este informe y no ha consentido la divulgación de la información en él contenida.

Agrega que se comunicó con INACAP solicitando dar de baja el material, sin embargo no se ha entregado respuesta a la solicitud.

Alega como garantía constitucional conculcada la consagrada en el N°4 del artículo 19 de la Carta Fundamental y argumenta que si bien la protección a la vida privada fue concebida, en un principio, para las personas humanas, en el estado actual de las relaciones sociales resulta difícilmente sostenible que no puede extender su protección a las personas jurídicas, quienes hoy en día ejercen una función social preponderante, requiriendo para su existencia y consecución de sus fines específicos un ámbito en el cual desarrollar su vida, excluyéndola de intromisiones e injerencias de terceros. Agrega que en el caso de las personas jurídicas, el derecho a la vida privada se traduce en que ellas tienen derecho a la reserva o secreto de sus asuntos, así como también a que no se enlode o mancille su crédito o prestigio en la sociedad. De conformidad con lo expuesto, el actuar de las accionados, carece de legalidad y de racionalidad, constituyendo una privación o perturbación ilegítima y arbitraria al derecho a la protección de la vida privada, toda vez que los accionados han invadido los espacios reservados al funcionamiento y desarrollo de la personalidad de la recurrente, violando con ello la garantía de reserva y la exclusión de terceros sobre dicha información sensible y confidencial, conculcando el derecho invocado. En el caso de los recurridos nombre reservado e INACAP, su actuar arbitraria se configura toda vez que no ejercieron la debida vigilancia respecto del proceder de sus alumnos; y respecto al recurrido nombre reservado, ha incurrido en un actuar ilegal y arbitraria, en tanto ha infringido la ética y secreto profesional de su profesión de contador, pues debió prescindir de la información financiera de la empresa una vez que dejó de prestar servicios a la misma y abstenerse de divulgar dicha información para fines ajenos para los que fue requerido.

En razón de lo expuesto solicita se acoja el recurso, ordenando a los recurridos nombre reservado e INACAP a dar de baja de manera definitiva y en el más breve plazo posible, el informe de sus plataformas materiales y/o digitales, a gestionar que terceros que cuenten con dicho material publicado lo retiren de sus plataformas e instruir un sumario interno para establecer las responsabilidades a que haya lugar; y respecto del recurrido nombre reservado, ordenar se abstenga de utilizar información confidencial de la empresa y eliminar y/o destruir cualquier información que conserve de la empresa, volviendo las cosas al estado anterior a que el mentado informe fue elaborado y publicado ilegítimamente, con expresa condena en costas.

Segundo: Que evacúa informe la recurrida Universidad Tecnológica de Chile INACAP, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término alega la improcedencia del recurso, ello atendido que INACAP no ha incurrido en actos arbitrarios y/o ilegales, así como tampoco ha infringido la garantía constitucional del numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República invocado por el recurrente. En segundo lugar alega que el recurso ha perdido oportunidad, ya que a la fecha de su presentación, contrariamente a lo que sostiene la actora, no está publicado el Informe en ninguno de los sitios web indicados en el recurso, sitios que, por cierto, no son de propiedad ni responsabilidad de INACAP, tal como se le indicó a LINKAPSIS vía correo electrónico. Adicionalmente, el INFORME tampoco se encuentra publicado a través de los motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo, etc), y que este hecho pone en evidencia la falta de oportunidad del recurso impetrado, y hace evidente que, en el caso concreto, no es necesaria una tutela urgente de garantías fundamentales.

Señala que contrario a lo que se expone en la acción de protección, no es efectivo que INACAP no haya dado respuesta a los requerimientos de LINKAPSIS. En efecto, la abogada del recurrente se dirigió por primera vez mediante correo electrónico de 9 de noviembre de 2020, al cual se dio respuesta el 13 y 20 de noviembre.

En el mismo orden de ideas dispone que a la fecha de esta presentación, contrariamente a lo que sostiene la actora, no está publicado el informe en ninguno de los sitios web indicados en el recurso, sitios que, por cierto, no son de propiedad ni responsabilidad de INACAP, tal como se le indicó a LINKAPSIS vía correo electrónico. Adicionalmente, el INFORME tampoco se encuentra publicado a través de los motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo, etc). Este hecho pone en evidencia la falta de oportunidad del recurso impetrado, y hace evidente que, en el caso concreto, no es necesaria una tutela urgente de garantías fundamentales.

De igual modo señala que no es efectivo que los alumnos hayan utilizado información sensible de LINKAPSIS, sino que, muy por el contrario, se trata, en su mayoría, de información disponible en plataformas públicas, tales como www.mercadopublico.cl, el propio sitio web de la empresa www.linkapsis.com, la página web del Servicio de Impuestos internos www.sii.cl, entre otros. Los demás antecedentes utilizados por los alumnos, fueron obtenidos a través del contador recurrido.

Alega falta de legitimación pasiva, ello ya que INACAP no tiene ninguna relación, injerencia ni control, legal o fáctico, sobre los contenidos de www.studocu.com y www.coursehero.com. En efecto, los informes o tesis de los alumnos de INACAP son almacenados en un repositorio privado de la Institución, como un respaldo de la situación académica de los alumnos, pero bajo ningún respecto estos son publicados ni divulgados.

Señala que el recurso de protección no es la vía para declarar derechos, sino de protección de aquellos que son preexistentes e indubitados, siendo necesario que no haya controversia a su respecto, para que se pueda conceder tutela constitucional urgente. Agrega que la propia recurrente reconoce que el asunto debe ser conocido por otros tribunales, ello ya que en el cuarto otrosí de su presentación hace reserva de acciones civiles y penales.

De modo subsidiario alega la extemporaneidad del recurso, ello atendido que el recurrente solo se limita a señalar que tomó conocimiento de los hechos que denuncia el 9 de noviembre de 2020, auto generándose un plazo para recurrir, respecto de una situación que aconteció el año 2018.

Tercero: Que evacúa informe el recurrido nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término señala que el presente recurso carece de oportunidad ya que la petición que se hace respecto al recurrido que informa dice relación con que se le ordene abstenerse de utilizar información confidencial de la empresa y eliminar y/o destruir cualquier información que conserve de la empresa, ya se encuentra total y completamente solucionada, pues éste entregó toda la documentación que poseía de la empresa Linkapsis Geodesia e Ingeniería SpA, al momento que dejo de prestarle servicios, así como también todas las claves de acceso al Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República, que es donde consta la información contable y financiera de la empresa.

Posteriormente efectúa una serie de aclaraciones respecto de los hechos descritos en el recurso, en este sentido señala que a partir del año 2016 nombre reservado, una de las alumnas que realizó el informe, realizó su practica profesional de Contador General y el año 2017 fue asignada como analista contable de la recurrente, otorgándole un poder especial ante notario, el cual es tan amplio que le permite ingresar al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la Republica, dar termino de giro, entre otras cosas, pudiendo acceder a la información con lo que ella mensualmente confeccionaba los registros y documentos necesarios para Linkapsis. Agrega que efectivamente le otorgó asesoramiento en una actividad de INACAP, pero ello ya que ella ya tenía acceso a la información atendido el poder que se le había otorgado.

Señala que lo pretendido por la recurrente es buscar una declaración de la Corte tendiente a acreditar circunstancias que deben ser resueltas en un juicio de lato conocimiento. Tan evidente es lo anterior, que la recurrente ha persistido en dar curso a esta acción constitucional, en circunstancias que ya no le aqueja ninguna clase de agravio y que el recurso ha perdido su oportunidad para presentarlo correctamente.

Finalmente niega la existencia de un actuar arbitrario o ilegal de su parte y tampoco reconoce la vulneración de garantía constitucional alguna.

Cuarto: Que, mediante resolución de 16 de febrero de 2022, se ordena prescindir del informe del recurrido nombre reservado.

Quinto: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad efectuada por la recurrida INACAP, lo cierto es que el plazo de 30 días establecido en el Autoacordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección debe ser contabilizado desde la época en que la recurrente toma conocimiento de los hechos alegados como arbitrarios y/o ilegales, es decir, desde el 9 de noviembre de 2020 y atendido que el presente recurso fue interpuesto el 16 de noviembre de 2020, corresponde rechazar la alegación de extemporaneidad.

Sexto: Que es menester recordar que como reiteradamente se ha expresado, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Séptimo: Que como lo ha resuelto en forma reiterada la Excelentísima Corte Suprema de Justicia (entre otros procesos los roles 1.319-2010 y 17.027-2013), el recurso de cautela de derechos constitucionales constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa. En efecto, los hechos que sirven de justificación al recurso se producen en el marco de discrepancias surgidas con motivo de la confección y publicación del informe efectuado por alumnos de INACAP y publicado en distintas páginas web, cuestión que sobrepasa los márgenes del procedimiento del recurso de protección, el que no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de derechos.

Octavo: En el caso sub lite, no se ha establecido que el recurrente posea un derecho indubitado o indiscutido que lo habilite para reclamar por la presente vía, pues, como se ha dicho, requiere de una declaración de derechos, lo que no procede hacer en este procedimiento.

En este mismo sentido ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema en el recurso de protección Rol 11.735-2014, señalando: "Que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado. En efecto, el recurrente sostiene que la decisión adoptada, que se le ha informado mediante Directiva de Notificación de 21 de abril último, suscrita por la Jefa de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, por la cual se le notifica la decisión de poner término a su nombramiento a contar del primero de mayo de dos mil catorce, conculca gravemente sus derechos constitucionales reconocidos en los numerales 24 y 20 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Tal circunstancia ha sido controvertida por la recurrida, quien afirma, entre otras cosas, que el recurrente no tiene la calidad de funcionario público, sino que su vínculo con la recurrida se basó en una contratación a honorarios con el Gobierno Regional de Arica y Parinacota mediante un contrato de prestación de servicios, de manera que la norma que regula las relaciones entre el recurrente y la recurrida no es el Estatuto Administrativo, sino el contrato celebrado entre las partes." (considerando 2º).

"Que de lo expresado puede concluirse que la materia planteada no es susceptible de ser solucionada por la presente vía, pues la situación jurídica y de hecho presentada por el recurrente ha sido contradicha, y una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso como se ha expresado precedentemente." (considerando 3º)”.

Noveno: Que a mayor abundamiento el presente arbitrio ha perdido oportunidad, ya que en atención a lo señalado por las recurridas comparecientes, el Informe que se impugna en la protección no se encuentra publicado actualmente en ninguno de los sitios web indicados en el recurso, y tampoco se encuentra publicado a través de los motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo, etc).

Décimo: Que sobre la base de lo razonado, se puede concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el recurrente.

Undécimo: Que atendido lo reflexionado en los motivos precedentes, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como vulneradas y, por lo mismo, a la ponderación de los documentos acompañados por la recurrente y recurrida en su recurso, en su informe y en presentaciones posteriores.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el interpuesto en representación de Linkapsis Geodesia e Ingeniería SpA en contra de Universidad Tecnológica De Chile INACAP, nombre reservado, y nombre reservado

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad archívese.

N° Protección N°95.285 -2020.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la Ministra señora Jenny Book Reyes.