nombre reservado con AFP HABITAT S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 30 de abril de 2025, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de AFP Habitat S.A., representada por su gerente general nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de extranjera al amparo de la Ley N° 18.156, vulnerando con ello los derechos constitucionales garantizados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente efectuó la solicitud a través de la plataforma de la administradora, acompañando la documentación requerida, pero mediante correo electrónico de 23 de abril de 2025 la AFP comunicó el rechazo, alegando que el certificado consular de afiliación al IVSS se encontraba vencido y que no era válido un documento sin apostillar ni declaraciones juradas del propio interesado.

Expone que la exigencia de legalización consular resulta imposible de cumplir, debido a la ausencia de representación diplomática de Venezuela en Chile, lo que constituye un caso fortuito, y que la recurrente acompañó certificación electrónica verificable en el portal oficial del IVSS junto con declaración jurada notarial en Chile.

Añade que otra AFP (Cuprum) ha aceptado documentos de idénticas características para autorizar retiros, por lo que el rechazo de Habitat constituye una aplicación desigual y arbitraria de la normativa. Precisa que la Ley N° 18.156 solo exige que el trabajador extranjero esté afiliado a un sistema de previsión en su país, condición que se cumple con los antecedentes aportados, de modo que la negativa vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Valparaíso y Concepción que, en casos análogos, han reconocido la suficiencia de la documentación presentada y han calificado como ilegal la negativa de las AFP a restituir los fondos.

Indica que la conducta recurrida obedece a un formalismo carente de fundamento legal, con lo cual se priva ilegítimamente a la recurrente de disponer de sus ahorros previsionales.

Concluye solicitando se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el rechazo efectuado por la recurrida y se ordene reconocer como válidos los documentos acompañados, disponiendo que la AFP emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho en un plazo no superior a cinco días, restableciendo el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, con fecha 04 de junio de 2025, comparece Nicole Jedinger Canales, abogada, en representación de AFP Hábitat S.A., evacuando el informe requerido, solicitando su rechazo.

Señala que la acción constitucional es improcedente, por cuanto no existe privación, amenaza ni perturbación arbitraria o ilegal de garantías constitucionales, sino la aplicación estricta de la normativa vigente en materia previsional.

Precisa que el recurso de protección no procede para discutir derechos controvertidos ni para sustituir la vía de conocimiento ordinario, destacando que la recurrente no acreditó el cumplimiento de requisitos objetivos establecidos en la Ley N° 18.156, y que la titularidad de los fondos nunca ha sido desconocida.

En cuanto a los hechos, relata que la recurrente solicitó -el 10 de abril de 2025- la devolución de fondos previsionales, en calidad de técnico extranjero, acompañando cédula de identidad, título profesional apostillado, contrato de trabajo y constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, esta última sin apostilla ni firma responsable, además de una declaración jurada notarial.

El 23 de abril del actual la AFP rechazó la solicitud, en virtud de que la documentación no acreditaba de manera fehaciente la afiliación ni la cobertura previsional en Venezuela, en especial, porque la constancia del IVSS no estaba debidamente apostillada, conforme lo exige la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que la Ley N° 18.156 y su normativa complementaria tienen carácter excepcional y deben interpretarse restrictivamente, requiriéndose que el trabajador extranjero acredite su afiliación a un régimen previsional fuera de Chile mediante certificación oficial debidamente legalizada o apostillada, y que contenga prestaciones en enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Añade que no corresponde a las AFP realizar verificaciones en páginas web extranjeras ni suplir las deficiencias documentales del solicitante.

Agrega que la circunstancia política de Venezuela o el cierre de su embajada en Chile no exime a la recurrente de cumplir con las exigencias legales vigentes.

Sostiene que no hay vulneración al derecho de igualdad ante la ley, pues se han exigido a la recurrente los mismos requisitos que a cualquier extranjero. Tampoco existe afectación del derecho de propiedad, ya que los fondos previsionales permanecen en su cuenta individual y podrá disponer de ellos al momento de pensionarse conforme al D.L. 3.500, sin que se le haya privado de su dominio.

En resumen, que la negativa solo importa el rechazo a un beneficio excepcional, sin desconocer la propiedad de los fondos.

Finalmente, cita jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones que han rechazado recursos similares, declarando que la exigencia de documentos apostillados no constituye acto arbitrario ni ilegal.

Pide el rechazo íntegro del recurso, con condena en costas.

TERCERO: Que, la acción de protección de garantías constitucionales, procede ante una actuación arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe un derecho protegido por la Carta Fundamental. De esta forma, resulta indispensable no sólo la existencia de un derecho cierto y determinado por parte de quien ejerce la acción cautelar, sino que también, un actuar arbitrario del recurrido que amague y vulnere tal derecho, pues de no existir este perjuicio o amenaza, no se configuran los presupuestos que ameritan la adopción de medidas urgentes de cautela, que es el objetivo de esta vía excepcional.

CUARTO: Que la Ley N° 18.156, en su artículo 1°, dispone: “Los profesionales y técnicos extranjeros contratados en Chile podrán mantener su afiliación en los organismos de previsión a que estuvieren adscritos en su país de origen, siempre que dichos organismos otorguen cobertura de invalidez, vejez y muerte y de salud, y que así se estipule en el contrato de trabajo”. Por su parte, el artículo 7° de la misma norma, establece que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”.

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, en uso de sus facultades normativas, precisó los medios de acreditación exigibles, lo que hizo mediante la Circular N° 553, de 12 de febrero de 1988, la que en su número 1.1. letra b) establece expresamente: “La afiliación al régimen de seguridad social extranjero deberá acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada”. Asimismo, en relación a la calidad de técnico, la misma circular señala en la letra a): “Deberá acreditarse con documentos que den cuenta de los estudios especializados o profesionales del interesado, debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores”. Estas mismas disposiciones han sido recogidas y sistematizadas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, reiterando la exigencia de que los documentos se presenten “debidamente legalizados”.

A su turno, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 345, establece la regla general respecto de los instrumentos públicos extranjeros, al señalar: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”, agregando luego los mecanismos específicos de legalización mediante agentes diplomáticos o consulares y certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, en consecuencia, tanto la normativa administrativa sectorial como la legislación procesal general son concordantes en exigir que los documentos emanados de autoridades extranjeras se presenten en Chile con las debidas formalidades de legalización, requisito sin el cual carecen de valor jurídico y no pueden ser admitidos como medios válidos de acreditación.

SEXTO: Que, en el caso sub-lite, la recurrente acompañó un certificado de afiliación que carece de la referida legalización, de manera que no cumple con las exigencias normativas impuestas por la autoridad. En tales condiciones, la decisión de la AFP recurrida de no reconocer dicho documento como válido no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino la aplicación estricta del marco normativo vigente.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, esta Corte ha procedido a verificar el código de autenticidad inserto en el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, acompañado por la recurrente en su libelo. Del resultado de dicha verificación consta que el certificado se encuentra actualmente vencido, lo que impide reconocerle valor probatorio suficiente para acreditar la cobertura previsional exigida por la Ley N° 18.156. En efecto, aun considerando el escenario excepcional derivado de la crisis diplomática entre Chile y Venezuela, que podría llevar eventualmente a flexibilizar las exigencias formales de legalización o apostilla, la circunstancia de que el documento carezca de vigencia resta toda posibilidad de tenerlo como válido. De este modo, ni siquiera en un contexto de especial comprensión frente a la imposibilidad material de cumplir con ciertos requisitos formales, el instrumento presentado puede considerarse idóneo para enervar la decisión de la Administradora recurrida, la cual, por ende, aparece ajustada a derecho.

OCTAVO: Que, en definitiva, no se configura en la especie vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas, por cuanto la conducta de la recurrida se ajusta plenamente a derecho, razón por la cual el presente recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de AFP Hábitat S.A.

Regístrese y archívese.

N° Protección- 9500-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, el Ministro (S) señor Nibaldo Bernardo Arévalo Macías y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

En Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.