nombre reservado con GENDARMERIA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Fabián Morales Arancibia, abogado en representación de nombre reservado y nombre reservado, ambos privados de libertad en la Unidad Especial de Alta Seguridad, ubicada en Manuel Montt Nº 1902, Santiago, e interpone recurso de protección en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud y en contra de Gendarmería de Chile, por la omisión arbitraria consistente en el establecimiento de protocolos que permitan de manera gradual, ejercer el derecho a visitas familiares y venusterios, que les asisten por encontrarse privados de libertad, vulnerando con ello las garantías constitucionales de los números 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 15 de mayo de 2020, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud decretó cuarentena total en la ciudad de Santiago, a raíz de la situación sanitaria de pandemia que comenzó a experimentar el país.

Como consecuencia de lo anterior, se ordenó regular, entre otras materias, las visitas familiares y venusterios para las personas privadas de libertad. Para ello se desarrolló el plan “Justicia te cuida”, el cual restringe las visitas a centros penitenciarios.

A su vez Gendarmería, el 23 de marzo de 2020, implementó el “Plan de acción integral por Contingencia COVID-19”, reduciendo la frecuencia de las visitas a una vez por semana, limitando el ingreso a dos personas por interno, manteniendo el horario de 09:30 a 16:30 horas, prohibiendo el ingreso de embarazadas, lactantes y personas de la tercera edad. Posteriormente, se suspendieron las visitas, habilitándose el contacto telefónico o por video llamada, desde las unidades penales.

Los recurrentes, sostienen, que a la fecha -de interposición del recurso-, la suspensión de las visitas de familiares y venusterios se mantiene, sin que las autoridades hayan desarrollado algún plan para permitir el retorno progresivo del régimen de visitas a los centros penales, pese, a que en junio de 2020, la autoridad sanitaria implementó el plan “Paso a Paso”, el que considera una flexibilización de las medidas sanitarias, lo cual, a su vez, permitiría retomar en parte las visitas de familiares de los internos en las cárceles del país.

Sin embargo, las medidas de desconfinamiento anunciadas, no consideraron la situación de las visitas a centros penales.

En el caso particular de los recurrentes, quienes se encuentran en la Unidad Especial de Alta Seguridad, señalan que durante ocho meses no han podido recibir a sus familiares, con el evidente perjuicio emocional que ello significa.

Agregan, que en la Unidad no hay internos contagiados con el virus, y las condiciones de infraestructura permitirían el ingreso de familiares y cónyuges, de forma gradual, tomando las medidas sanitarias que se requiera.

Refiere, que el espacio destinado a las visitas es un salón de 7x10 metros aproximadamente, lo que permitiría cumplir con el aforo y distanciamiento exigido, lo mismo ocurriría con el espacio destinado a las visitas conyugales.

Para reforzar lo anterior, señala, que la actividad en la Unidad Penal se ha mantenido constante, con el ingreso y salida de funcionarios, profesores, psicólogos y abogados, todos quienes ingresan tomando las respectivas medidas sanitarias que se han dispuesto, lo que permite plantear que el ingreso gradual de familiares, con las medidas sanitarias correspondientes, no alteraría la situación del penal y permitiría terminar con el aislamiento que afecta a los internos.

Respecto del acto administrativo recurrido, indica que se impugna, -en particular-, la Resolución Exenta Nº 881 de 22 de octubre de 2020, del Ministerio de Salud, la cual, establece medidas sanitarias para la situación sanitaria, implementando el régimen denominado como “Plan Paso a Paso”, omitiéndose en dicha resolución las medidas destinadas a retomar el régimen de visitas y venusterios, para los internos de cárceles.

Argumenta, que la omisión es arbitraria puesto que excluye a un segmento de la población de las medidas de desconfinamiento, sin que exista una justificación razonable para tal exclusión, más aun, considerando que la resolución impugnada establece protocolos para ingresar a distintos sitios incluyendo lugares de recreación.

Señala, que quienes se encuentran bajo tutela punitiva del Estado, igualmente tienen derecho a recibir un trato acorde a la dignidad humana, siendo el Estado el garante de este derecho; en este sentido, el derecho de recibir visitas es esencial para quienes se encuentran bajo dicha tutela.

Resulta evidente, -estima-, la vulneración del derecho a la integridad física y psíquica, al mantener a los internos aislados, impidiendo las visitas.

Concluye, solicitando, que se ordene a los recurridos reglamentar el ingreso de visitas de familiares de los recurrentes a la Unidad Especial de Alta Seguridad, considerando que el centro cuenta con la infraestructura, para, al menos, asegurar un régimen restringido de visitas, esto es, una vez a la semana, intercaladas entre visitas regulares y venusterio, reduciendo el horario y limitando el ingreso a dos personas por interno.

Segundo: Que evacuando el informe solicitado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se refiere a las medidas adoptadas para afrontar la pandemia en los establecimientos penitenciarios. Al respecto, señala, que Gendarmería, adoptó un plan de acción integral para la contingencia sanitaria, mediante Oficio del 23 de marzo de 2020.

Dicho plan, estableció, medidas en torno a cinco ejes: fortalecimiento operativo, acceso a la salud, abastecimiento y logística, coordinación interinstitucional y acceso a la información.

En cuanto al primer eje, y en lo relativo a la materia del recurso, se dispuso un procedimiento para casos sospechosos o confirmados del virus, se restringió el contacto con personas externas a los centros penitenciarios y posteriormente, se suspendió el régimen de visitas, habilitando el contacto telefónico y por video llamadas, para los internos y sus familias, para lo cual, Gendarmería reguló a través del Oficio Nº 196 del 30 de abril de 2020, el ingreso de teléfonos móviles a los recintos penales. Agrega, que en el caso de internos con familiares en condición de salud grave, se realizaron coordinaciones con asistentes sociales para priorizar los contactos.

Sobre la resolución impugnada, señala que dicha Resolución Exenta Nº 881, contempla, especialmente a la población privada de libertad, como un grupo especialmente vulnerable, indicando en el punto 16 que se “instruya a Gendarmería de Chile tomar las medidas sanitarias que sean necesarias para evitar el contagio de la población penal”.

Arguye, que la suspensión de las visitas a centros penitenciarios no es una decisión arbitraria, sino que tiene por objeto proteger a la población penal, evitando o reduciendo al mínimo la cantidad de contagios. Menciona que el contagio al interior de centros penales es especialmente riesgoso considerando las características de los centros penitenciarios.

Por otro lado, se ha compensado la suspensión de visitas permitiendo el contacto telefónico y por video llamadas.

Respecto a la posibilidad de reanudar el régimen de visitas, indica que el Comité Técnico de Salud se encuentra explorando, a la fecha, la posibilidad de reanudar las visitas presenciales para lo cual se está trabajando en un protocolo que debe ser validado por la autoridad sanitaria.

Fundado en lo expuesto precedentemente solicita el rechazo del recurso por cuanto estima que, no existe una omisión arbitraria atribuible al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tercero: Que, el Ministerio de Salud al evacuar su informe, en primer término, aduce, que el recurso de protección no es el medio idóneo para adoptar políticas públicas de salud.

A este respecto, señala, que la potestad de dictar políticas públicas corresponde a quienes ejercen la administración del Estado, no pudiendo traspasar, por medio del recurso de protección, tal potestad a los tribunales de justicia.

Indica, que este planteamiento ha sido reconocido en jurisprudencia de esta propia Corte, así como, por la de Valparaíso.

Por otro lado, sostiene, que las medidas sanitarias tienen un contenido eminentemente técnico y es por ello, que su desarrollo e implementación corresponde a la autoridad sanitaria; adicionalmente, considera que la gestión de la emergencia sanitaria es una cuestión dinámica, por lo que, el ejercicio de la acción constitucional como su resolución, debe considerar esta característica.

A continuación, enumera y detalla latamente las 122 resoluciones dictadas por la autoridad sanitaria en relación con la gestión de la pandemia.

En lo referente a la Resolución Exenta Nº 881-2020 del MINSAL, éste dispone distintas medidas para prevenir el contagio de COVID-19, entre ellas, se encuentra el uso de mascarillas, establecimiento de cordones y aduanas sanitarias, la suspensión de visitas a poblaciones vulnerables y la cuarentena. Si bien, estas medidas, afectan de diversa manera a las personas, se trata de formas racionales que consideran distintos factores, como la densidad de pacientes, la incidencia y localización de contagios, la ponderación sanitaria, entre otros. En particular, -relata-, el establecimiento de cuarentena no es una medida arbitraria, sino, que en su establecimiento toma en consideración la evidencia científica y es una medida de ultima ratio. Agrega, además, que todas estas medidas son esencialmente dinámicas.

En relación con la materia del recurso, señala que en el Ordinario N° 1395, de 11 de noviembre de 2020, del Director Nacional Gendarmería de Chile, se indica que dentro del contexto de la Pandemia por COVID-19, se han abordado por la institución de Gendarmería, los diferentes casos de las unidades penales del país, de forma oportuna, comenzando con la elaboración de Protocolos Sanitarios Penitenciarios, dirigidos a las personas privadas de libertad, así como al personal de Gendarmería de Chile.

Menciona, que la restricción de las visitas familiares, a centros penitenciarios, ha permitido mantener controlado el contagio al interior de los mismos, sin embargo, a la fecha del mencionado Ordinario, se encuentra en proceso de análisis el restablecimiento de las visitas a internos y se trabaja un protocolo, en la Mesa Técnica COVID-19, el MINSAL, SEREMI de Salud Metropolitano, el Colegio Médico, el Departamento de Infectología de la Universidad de Chile y el Departamento de Salud y Subdirección Operativa de Gendarmería.

Este trabajo conjunto, tiene por objeto elaborar un plan que permita regresar gradualmente las visitas a los internos evitando contagios, indica que en último término será el Ministerio de Salud el que autorice el restablecimiento de las visitas.

A continuación, detalla cuales son las medidas sanitarias, que se pretende implementar, para reanudar la asistencia de personas externas a los centros penitenciarios y las medidas de prevención adoptadas.

Sobre las garantías constitucionales que se alegan vulneradas, rechaza tal alegación, puesto que, las medidas restrictivas se han tomado en beneficio y resguardo de la salud de todas las personas, considerando especialmente la situación de vulnerabilidad de los internos en las cárceles.

Por otro lado, las restricciones se han impuesto de forma general, en todos los centros penitenciarios, por lo tanto, no se trata de providencias que afecten únicamente a los recurrentes, sino, que aplican al total de la población penal.

En consideración a todo lo anterior, sostiene que el recurso carece de objeto, debido a que Gendarmería de Chile, ha mantenido sus protocolos en concordancia con lo ordenado por la Autoridad Sanitaria, para la atención y contención de personas que se encuentran contagiadas, ha adoptado las medidas necesarias para prevenir el contagio masivo dentro de los establecimientos penitenciarios, entre ellas, la suspensión de las visitas, como medida necesaria para resguardar la salud de las personas privadas de libertad.

Sostiene, también, que el recurso carece de oportunidad porque el Comité Técnico de Salud elaboró el referido protocolo para la eventual pertinencia de la reanudación de las visitas presenciales, el que consta del Ordinario A1/ 5255, de 9 de diciembre de 2020 del Minsal, por el que fue revisado el “Protocolo Inicial para la Reanudación de Visitas Presenciales y Otras Actividades en los Establecimientos Penitenciarios en Pandemia COVID-19”, resolviendo su aprobación y permitiendo su aplicación, en los establecimientos que correspondiere. Sin perjuicio de lo anterior, y en concordancia con las restricciones establecidas en la Resolución Exenta N° 591/2020 del Ministerio de Salud, las visitas aludidas en el protocolo quedarán restringidas durante los sábados, domingos y festivos, para todas aquellas regiones o comunas que se encuentren en Paso 2 de Transición. A su vez, dichas visitas quedarán restringidas durante los días de semana incluidos los fines de semana y festivos para todas aquellas regiones o comunas que se encuentren en Paso 1, esto es, en Cuarentena.

Cuarto: Que Gendarmería de Chile, informa, detallando en primer término, los datos estadísticos de los recurrentes consistentes en las diferentes penas a las que se encuentran condenados.

En relación con las medidas de adoptadas para enfrentar la pandemia, indica que se desarrolló el “Plan de acción integral por contingencia COVID-19”, dentro del cual, uno de sus ejes, es el referido al fortalecimiento operativo, el que dispuso la restricción de ingreso de los familiares de los internos a los centros penitenciarios, posteriormente, se suspendió derechamente la visita de familiares y cónyuges y se estableció como medida paliativa, el contacto por medio de teléfonos celulares.

Junto con lo anterior, se ordenó el establecimiento de áreas destinadas especialmente para recibir a internos contagiados y aquellos que tuvieran contacto estrecho con éstos, así como un protocolo de recepción de encomiendas, el que incluye la desinfección de los productos que ingresan al interior de los penales.

Puntualiza, que todas las medidas implementadas por Gendarmería, han sido necesarias para evitar la propagación del virus al interior de las cárceles.

Sobre la suspensión temporal de las visitas, refiere que mediante providencia de 26 de marzo de 2020, se instruyó a los Alcaides del CDP Santiago Sur, CDP Santiago 1 y Unidad Especial de Alta Seguridad, decretar la suspensión total y temporal de las visitas, esto, como correlato de la cuarentena en las comunas donde se encuentran ubicados los establecimientos mencionados. La medida comenzó a regir el 27 de marzo de 2020.

Como contrapartida a la limitación de visitas, se habilitaron cuatro teléfonos celulares para que los internos se contactaran con sus familias. También, se organizó un sistema de facilitadores de comunicación entre los mismos reclusos y un canal de comunicación vía whatsapp, para entregar información a sus familiares.

Agrega, que no obstante, las medidas restrictivas, igualmente, se ha dado prioridad a los internos que tuvieran familiares enfermos. En este contexto, el 28 de agosto de 2020, se autorizó la visita familiar presencial al recurrente nombre reservado, quien pudo recibir a su madre y hermano, en atención al reciente fallecimiento de su padre.

Sobre la reanudación de visitas, refiere que considerando la evolución de la emergencia sanitaria, el 14 de diciembre de 2020, entró en vigencia el “Protocolo inicial para la reanudación de visitas presenciales y otras actividades en los Establecimientos Penitenciarios en Pandemia COVID-19”, en particular, en el punto 9 del documento, se señalan los lineamientos para el ingreso de visitas, con todo, estas reglas se mantendrán vigentes hasta nueva instrucción y según sea la evolución de la situación sanitaria.

Sigue relatando, que no obstante lo anterior, las visitas serán evaluadas caso a caso, siendo el MINSAL quien las autorice en definitiva, siendo este mismo órgano, quien ha dispuesto que se retomen en comunas en fase 2 o transición, manteniéndose suspendidas en comunas en cuarentena o fase 1.

A continuación, detalla las recomendaciones sanitarias que se utilizarán al restablecer el ingreso de personas externas a los penales y las medidas de prevención.

Sobre el caso de la Unidad Especial de Alta Seguridad, la Providencia Nº 487 del Alcaide de la Unidad, determinó que se permitirá el ingreso de una sola persona por interno, con una duración de la visita de dos horas, en jornada a.m. o p.m., según corresponda a la sección y la calendarización de éstas, estipulando que en Alta Seguridad, comenzarán en la semana del 14 al 18 de diciembre de 2020.

En definitiva, asevera, que el ingreso de visitas, ya se ha restablecido y se encuentra debidamente garantizado, correspondiendo el lunes 14 de diciembre de 2020, a la sección 3H Norte, en jornada a.m., y en jornada p.m. el 17 de diciembre de 2020, para la sección 3J. En particular, menciona, que ambos recurrentes ya han hecho efectivo el derecho a visita en el horario señalado para su sección.

En cuanto al restablecimiento de los venusterios, estima, que el hecho que se mantengan suspendidos es concordante con las recomendaciones sanitarias.

A pesar del restablecimiento del régimen de visitas, Gendarmería adelanta que es posible que nuevamente se suspenda el ingreso de familiares, considerando la precaria situación epidemiológica del país. Indica, que si este fuera el caso, es necesario considerar que el trabajo de Gendarmería, siempre ha estado destinado a resguardar la salud de los internos, siguiendo las directrices de salud que entregan las autoridades.

Hace presente, que todas las medidas que Gendarmería ha tomado se enmarcan en el marco jurídico vigente y son completamente lícitas y legitimas.

En base a lo precedentemente expuesto, estima, no haber incurrido en ninguna omisión arbitraria, así como tampoco en vulneración de garantías constitucionales que justifiquen acoger el presente recurso.

Quinto: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Asimismo, se ha sostenido por la jurisprudencia, que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Sexto: Que se ha recurrido por los actores por la omisión ilegal y arbitraria, de parte de los recurridos, constituida por la falta de implementación de protocolos que permitan la reanudación gradual de las visitas que se realizan en los establecimientos penitenciarios, los que se encontrarían suspendidos, desde hace ocho meses, a la fecha de interposición del arbitrio, -11 noviembre 2020-, en atención a la emergencia sanitaria.

Séptimo: Que es de público conocimiento la situación de emergencia sanitaria que vive el país, -y el mundo-, debido a la pandemia de Covid-19, lo que ha llevado a la autoridad administrativa del Estado, a través de sus instituciones y organismos, entre los que se encuentran los Ministerios, y en especial el de Salud, a quienes por llamado de la ley les ha sido asignado el establecer las políticas sanitarias para el debido resguardo de la salud, y la vida de los habitantes del país.

Es así, que a fin de establecer los debidos resguardos en orden al bien común de toda la población del país, mediante el Decreto N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile, el que se ha venido prorrogando y se encuentra vigente actualmente por Decreto Supremo N° 646 de 2020, de la cartera del Interior, permitiendo la adopción de una serie de medidas preventivas, de mayor o menor intensidad, -dependiendo del nivel de contagio-, que se vienen ejecutando desde enero de 2020, a través de los organismos competentes, y en especial por las autoridades sanitarias, a fin de asegurar a todas las personas el derecho a la vida y la protección de la salud, Al efecto, dentro de una serie de medidas tomadas por la Administración del Estado, ha sido a través del Decreto N° 4 de 2020, y sus modificaciones, del Ministerio de Salud, de 5 de febrero de 2020, que se declaró “Alerta Sanitaria”, en todo el territorio del país, por el lapso de un año, -prorrogado-, otorgándose facultades excepcionales a las autoridades sanitarias, ante el brote de la pandemia, a fin de establecer y ejecutar todas las medidas conducentes, a través de sus servicios, para el control y prevención sanitario. Entre las que se cuentan el aislamiento social, con el establecimientos de las cuarentenas, toque de queda, cordones sanitarios, aduanas sanitarias, prohibición de determinados establecimientos, determinación de aforos para reuniones, uso de mascarilla, suspensión de visitas a personas vulnerables. Todas estas, medidas que dependen de la curva variable del nivel de contagio, y por lo tanto, de aplicación variable en su mayor o menor intensidad.

Asimismo, por imperativo legal, previsto en el D.F.L. N° 1 de 2005 de Salud, corresponde al Ministerio de esta repartición, ejercer la rectoría del sector, a través de la formulación, control y evaluación de planes y programas generales en materia de salud, definiendo objetivos sanitarios nacionales, coordinando vía sectorial e intersectorial el logro de éstos, dirigiendo y orientando todas las actividades del Estado relativas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas, dictando normas generales sobre materias técnicas, administrativas, financieras, velando por el debido cumplimiento de éstas, a través de las correspondientes medidas de fiscalización, y efectuando la vigilancia y evaluación de la situación de salud de la población.

A su vez, el Decreto N° 136 de 2005, sobre Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, establece expresamente en su artículo 9: “El Ministerio de Salud deberá efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población. En el ejercicio de esta función deberá estudiar, analizar y mantener actualizada la información sobre la materia, sus determinantes y tendencias; mantener un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, investigar los brotes de enfermedades y coordinar la aplicación de medidas de control. Además, en casos de amenaza de alguna epidemia o de aumento notable de alguna enfermedad o de emergencias que impliquen grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes, podrá adoptar medidas, disponer alertas y declarar emergencias sanitarias para su enfrentamiento, pudiendo, de acuerdo con las normas del Código Sanitario, dictarse un decreto supremo bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", destinado a dar facultades extraordinarias a las autoridades sanitarias señaladas en el artículo 5° de ese código o a los jefes superiores de los Servicios de Salud para evitar la propagación del mal y enfrentar la emergencia. Asimismo, le corresponderá efectuar los estudios y tomar las previsiones para el enfrentamiento de condiciones emergentes que afecten la salud del conjunto de la población o de ciertos grupos de personas, llevar a cabo si correspondiere las campañas sanitarias que se requieran para controlar riesgos y elaborar todos los planes y programas que aparezcan necesarios de estos datos.

En uso de estas facultades, es que el Ministerio de Salud, por medio de la Resolución Exenta N° 591 de 2020, sobre “Medidas de protección para poblaciones vulnerables”, instruyó a Gendarmería de Chile, tomara las medidas sanitarias que fueren necesarias para evitar el contagio de la población penal, mientras persistan las condiciones de emergencia epidemiológica.

Octavo: Que en este contexto, es que el Ministerio de Justicia, y Gendarmería de Chile, han abordado la contingencia sanitaria en los recintos carcelarios del país, elaborando Protocolos Sanitarios Penitenciarios, aplicables tanto a la población penal, como al personal de Gendarmería. Uno, entre otros procedimientos, que se instruyeron para dar una debida protección, fue la restricción de las visitas presenciales de familiares a los internos, -como se ha hecho también respecto de la población del país en general-, tratándose de personas vulnerables, como lo es la población penal, dado su situación carcelaria, con la finalidad de reducir la probabilidad y propagación de contagio, de acuerdo a las instrucciones emitidas por el Minsal, las que como ya se dijo, son de aplicación variable, conforme a la curva de contagio, y al plan de desconfinamiento del Ministerio de Salud, según el cual se van adecuando los planes.

Es así, que por medio del Oficio Circular N° 434, del Director Nacional de Gendarmería, de 10 de diciembre de 2020, -posterior a la presentación del presente recurso-, entró en aplicación el “Protocolo Inicial para la Reanudación de Visitas Presenciales y Otras Actividades en los Establecimientos Penitenciarios en Pandemia Covid-19”, en el que se establecen las normas para el ingreso de visitas a la población penal, las que rigen de acuerdo las instrucciones de la autoridad sanitaria, según el grado de contagio que exista en la localidad en que se encuentren estos recintos carcelarios, conforme a la fase dispuesta en el Plan Paso a Paso, debiendo ser aplicadas por cada Director Regional de Gendarmería, los que deberán autorizar el restablecimiento de las visitas en las localidades o comunas en Fase 2 o superior, guardando las demás normas preventivas del protocolo sanitario.

De esta manera, aquellos que se ubiquen en comunas que se encuentren en Fase de transición (2), podrán acceder a visitas de lunes a viernes, prohibiéndose la entrada de menores de 14 años; y respecto de los ubicados en comunas en Fase de Preparación (3), o superior, no estarán afectos a restricción, manteniéndose solo la excepción para los menores de 14 años.

En la Unidad Especial de Alta Seguridad, lugar en que se encuentran recluidos los protegidos, se asignaron reglas especiales, durante el mes de diciembre de 2020, como el ingreso de una visita por interno, con duración de dos horas, para cada sección, por semana.

Al respecto, en su informe Gendarmería, da cuenta que tanto nombre reservado como Aliste, ya hicieron uso de este derecho.

Noveno: Que para la procedencia del recurso de protección se requiere que se haya cometido un acto o se haya incurrido en una omisión, que sean ilegales o arbitrarios, lo que en la especie no ocurre, toda vez, que como se ha relacionado anteriormente, la omisión que se reprocha lo ha sido en el contexto de una política sanitaria debido al estado de emergencia nacional y mundial por la pandemia del virus Covid 19, y el alto contagio, la gravedad y mortalidad, que éste ha alcanzado, haciendo necesario el despliegue de una serie de medidas restrictivas, tanto de desplazamiento como de reunión, entre otras, a fin de resguardar la vida y la salud de la población en general, y más aún respecto de aquellos grupos de mayor vulnerabilidad, entre los que se encuentra la población penal. La que en la actualidad ha sido objeto de la aplicación de un protocolo de reanudación de las visitas, como ya se ha dicho, de acuerdo a las instrucciones de la autoridad sanitaria, conforme a la fase del Plan Paso a Paso, de la comuna en que se encuentre la unidad penitenciaria, habiendo hecho uso de estos beneficios de visitas los recurrentes.

Décimo: Que en consecuencia, las medidas restrictivas tomadas por los recurridos, lo han sido en un contexto de calamidad pública, de acuerdo a políticas públicas, estructuradas según una valoración técnica, de la situación epidemiológica, con la finalidad de resguardar el bien común de todos los habitantes de la República, protegiendo en lo especial su vida y salud. Medidas que en todo caso, se están aplicando con mayor o menor rigor de acuerdo al comportamiento dinámico que presenta la expansión del virus pandémico, restableciendo los beneficios como lo son las visitas de familiares.

Por lo que, no es posible, que como resultado de aquello se haya originado un menoscabo a los derechos de los recurrentes, a través de una omisión caprichosa, antojadiza, o contraria a las leyes, sino, que por el contrario, los recurridos se encontraban legalmente facultados para tomar las medidas necesarias para proteger y resguardar bienes superiores como lo son la vida y salud, de toda la población penal, como lo han hecho, razón por la que su actuar no puede ser tildado de ilegal o arbitrario.

Undécimo: Que por consiguiente, la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible a los recurridos resulta suficiente para desestimar el recurso, resultando innecesario pronunciarse sobre la vulneración de garantías constitucionales como se ha denunciado.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, y Gendarmería de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Duran, quién no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse con feriado legal.

Ingreso Corte N° 94979 - 2020 Protección.