Protección contra Municipalidad de Santiago

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de abril de dos mil veinticuatro.

Proveyendo a los escritos folios 20 y 21: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece Marcelo Brunet Bruce, abogado, quien interpone acción constitucional de protección, en favor de don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Santiago, representada por su alcaldesa Irací Luiza Hassler Jacob; por haber dictado el Decreto Exento Sección Tercera N° 3304, de fecha 29 de diciembre de 2023, que declara vacante su cargo en la Subdirección de Rentas y Finanzas, notificado con fecha 29 de enero del presente año.

Expone que el recurrente es funcionario en calidad de planta desde el 10 de febrero de 2014, en el cargo de inspector municipal escalafón administrativo, calidad jurídica contrata grado 14, de profesión psicólogo clínico y además terapeuta en adicciones, iniciando funciones como inspector general, para luego ser solicitado para trabajar en el equipo directo de la alcaldía, siendo designado como supervisor del sector Meiggs por el director nombre reservado.

Agrega que posteriormente lo ascendieron a coordinador de factibilidad de la subdirección de vía pública, con un equipo de 6 personas a su cargo, desarrollando un excelente trabajo que lo llevó a obtener una nota de mérito.

Indica que atendida la pandemia que afectó a Chile y al resto del mundo, el recurrente desempeñó sus funciones vía telemática, además de estar al cuidado directo de su madre que padecía Alzheimer y cáncer en aquel entonces, y de su hermana, que sufre de diabetes descompensada, nunca descuidando sus obligaciones como funcionario. Que atendidas estas circunstancias, cambió su domicilio en la ciudad de San Antonio, distante a 114 kilómetros de la municipalidad, por lo que debe viajar diariamente para cumplir con su horario de llegada, independiente de las dificultades que tuviera en la noche con sus padres.

En atención a aquello, este ritmo de vida le provocó una depresión reactiva e insomnio, por lo que su neurólogo le prescribió medicamentos para ordenar sus ciclos de sueño, situación que por respeto a su privacidad, no dio a conocer en el municipio.

Refiere que, en razón de esto, el recurrente fue trasladado de funciones, solicitando audiencia con la alcaldesa, siendo atendido por un asesor, arribando a DIDECO, donde constató que no existía un plan de trabajo para él, ya que en primera instancia estaría encargado de la oficina de migrantes, pero después su función era trabajar con ellos en atención directa, en un edificio que se encontraba inhabilitado, según la Dirección de Obras Municipales y el Ministerio de Salud.

Lo anterior, lo hizo presente al director, pero nunca recibió respuestas, por lo que el hecho de plantear esta situación, motivó que el director informara que no necesitaban personas en el proyecto, siendo desvinculado.

Señala que, sin formalidades, ni documentos fundantes, se le informó que el municipio declaraba vacante su cargo, enviándole una notificación por carta certificada, dando a entender que el COMPIN había declarado la irrecuperabilidad del recurrente.

Refiere que el funcionario no solo estaba de alta médica esos días, sino que la propia COMPIN señaló que su enfermedad era recuperable, por lo que el funcionario nombre reservado, no solo dicta un acto administrativo fundado en antecedentes contradictorios, sino que pretende por medio de una declaración ideológicamente falsa, fundar una vacancia en forma ilegal.

Refiere que se ha conculcado, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, pues la injusta desvinculación ha importado un tormento injustificado que solo se explica por el capricho en el actuar de la alcaldesa. Se vulnera también, la igualdad ante la ley, pues en situaciones similares, se ha dado un trato distinto a su parte y finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, garantizado en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución, ha sido transgredido así como su posibilidad de que se transgreda el goce pacífico y tranquilo de la continuidad de la calidad de funcionario a la que tiene derecho.

Expone que, en relación a la ilegalidad y arbitrariedad del acto, carece de motivación suficiente de conformidad al artículo 11 de la ley 19.880, pues la resolución cuestionada omite precisar las razones fácticas que conducen a prescindir de los servicios del actor, sin que la expresión “por razones de buen servicio” sea suficiente para poner fin a una relación por más de diez años. Además, contrario a lo señalado por la recurrida, la COMPIN declaró que la salud del funcionario era recuperable, lo que indica que la municipalidad no habría leído el informe que invoca, considerando además, que al momento de su desvinculación, había sido dado de alta por su médico tratante, agregando que al declararse la salud recuperable, no tiene aplicación el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Refiere que también es ilegal y arbitrario, al no existir una etapa previa a la dictación del acto terminal, en la que el funcionario pudiera haber sido oído y ejercer su defensa.

Por lo expuesto, solicita se acoja la presente acción, y se adopten todas las medidas que SS estime pertinentes para revertir la injustificada vacancia del cargo del recurrente, proponiendo que se deje sin efecto la resolución de vacancia del cargo del actor y se ordene su reincorporación en los cargos y grados que ostentaba a la fecha de su término ilegal de relación administrativa, dentro de tercero día de que quede ejecutoriada esta sentencia, disponiendo asimismo, el pago de las remuneraciones correspondientes al período que medie entre la interposición de este recurso y la fecha del fallo, con costas.

Informó Julia Panez Pérez, abogada, en representación de la Municipalidad de Santiago, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

En primer lugar, señala que el recurrente nunca se desempeñó en la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio, pues si bien, se hizo una solicitud de traslado, esta no fue aceptada, por lo que al momento de la declaración de vacancia de su cargo se desempeñaba como Planta Administrativo grado 13, en la Subdirección de Rentas y Finanzas.

Expone que el recurrente desde el 24 de agosto de 2021 al 16 de septiembre de 2023, presentó licencias médicas por un total de 192 días, siendo esta la razón por la que mediante ORD. N° 215, del 2 de octubre de 2023, el Director de Gestión de personas, solicitó al presidente de la Subcomisión de Medicina Preventiva Poniente, citar al actor a una evaluación médica, con el objeto de establecer si tenía salud compatible para el ejercicio del cargo, según lo señalado en los artículos 147 letra a) y 148 de la ley 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. Agrega que, desde su ingreso al servicio municipal, ha presentado un total de 564 días de licencia médica.

Continúa exponiendo que, con fecha 27 de diciembre de 2023, la COMPIN emitió la Resolución Folio 17020757, por la cual determinó que la salud del recurrente era recuperable, por lo que el 29 del mismo mes y año, se dicta Decreto Exento Sección 3ra. N° 3304, que declaró vacante el cargo servido por el recurrente.

Indica que dicha resolución expone los fundamentos de hecho y de derecho que fundan la decisión alcaldicia, señalando expresamente que se tuvo en consideración, la resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que informó sobre el estado recuperable de la salud del actor, y la presentación de licencias médicas en forma continua y discontinua, por 207 días.

Asimismo, expone que en el decreto recurrido se tuvo presente para resolver, lo dispuesto en el artículo 147 letra a) de la Ley 18.883, y que la vacancia se declara de acuerdo a lo establecido en el artículo 148 del mismo cuerpo legal [“El Alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho 4 uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”].

Por tanto, continúa, el decreto contó con la información necesaria para que el recurrente comprendiera la decisión de la autoridad recurrida y los fundamentos de la misma.

Indica que el actor en ninguna parte de su libelo contradice el haber hecho uso de licencia médica por un período superior a 6 meses en los últimos dos años, sino que solo se limita a explicar las razones, existiendo un reconocimiento tácito de la veracidad de la causal objetiva aplicada a la declaración de la vacancia del cargo.

Señala que es necesario hacer una distinción entre el concepto de “salud irrecuperable” y “salud incompatible”, pues el artículo 147 letra a) señala que es causal de declaración de vacancia del cargo, salud irrecuperable o incompatible. Que respecto a la primera, no rige la norma de los 180 días de licencia médica durante los últimos dos años para la declaración de vacancia, pues la declaración de irrecuperabilidad de los funcionarios afiliados a una AFP, será resuelta por la Comisión Médica competente, siendo aplicable el DL 3500 y el artículo 149 de la Ley 18.883, que señala que el funcionario debe retirarse en el plazo de seis meses, desde la declaración de irrecuperabilidad, condición que da lugar, además a la pensión de invalidez.

En cambio, en el caso de salud incompatible, es aquella que responde a una enfermedad o condición de salud común recuperable, por lo que, para declarar la vacancia del cargo, se aplica lo previsto en las normas de la Ley 18.883 ya referidas, siendo el legislador quien frente al funcionario que se encuentra sin desempeñar efectivamente sus funciones por causa justificada, otorga potestad discrecional al empleador en orden a declarar o no vacante su cargo.

Sostiene que no existe vulneración de derechos fundamentales, pues la decisión fue adoptada mediante acto administrativo, de conformidad al principio de legalidad y por autoridad con investidura previa y regular.

Respecto a las garantías vulneradas, consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2 y 24 de nuestra Constitución, en cuanto a la primera, no se contraviene el derecho a la vida e integridad física y psíquica, por hacer uso de una facultad discrecional por parte de la autoridad. Tampoco en cuanto a la igualdad ante la ley, toda vez que se siguió un procedimiento establecido en la norma, el cual es el mismo en todos los casos de funcionarios en igual situación que el recurrente. Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, indica que la Excelentísima Corte Suprema ha negado la existencia de un “derecho de propiedad sobre el cargo”.

Por lo expuesto, solicita se rechace la presente acción constitucional, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

1°.- Que es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

2°.- Que, es menester precisar que el artículo 148 de la ley 18.883, preceptúa “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Por su parte, la letra a) del artículo 47 de la misma legislación preceptúa La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: “a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo…”.

3°.- Que no resulta ser un hecho discutido que la recurrente efectivamente se encuentra en la hipótesis de haber hecho uso de licencias por un periodo continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y esto “sin mediar declaración de salud irrecuperable”, lo que -en principio- habilitaría al Alcalde a ejercer la facultad referida de declarar la incompatibilidad de la salud con el cargo; sin embargo, el actor reprocha la falta de motivación del acto y postula que el alcalde se encuentra imposibilitado de tal actuar con la declaración de salud “recuperable”.

4°. Que -al respecto- cabe señalar que los cuerpos legales citados distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable de aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, pues la primera solo puede fundamentarse en un antecedente médico que, eventualmente, habilitaría al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez, lo que condice con el hecho que exista normativa expresamente referida al caso de la declaración de irrecuperabilidad que otorga beneficios en cuanto a plazo y remuneraciones. En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempaño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios, pues esta se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable.

De este modo, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como es el caso de accidentes del trabajo y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca la funcionaria, y a pesar de ser recuperable, su condición médica puede resultar incompatible con el desempeño de la función pública, lo que debe evaluar cada jefe de servicio al momento de ejercer la facultad, debiendo emitir un acto administrativo motivado, del cual responde política y administrativamente y que -por cierto- tampoco escapa del control judicial posterior.

5°.- Que en consecuencia, el Decreto Exento Sección 3era. N° 3304 de 29 de diciembre de 2023, por medio del cual la Municipalidad de Santiago declaró la salud incompatible del recurrente, dictado por autoridad competente, en un caso previsto por la ley, además de encontrarse debidamente fundado, en atención a que requirió informe a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la que luego de evaluar a la recurrente determinó la condición de recuperabilidad de su salud, permite concluir que no adolece de la ilegalidad denunciada por el actor.

6°.- Que asimismo, no es cierta la ausencia de motivación que se esgrime por el recurrente, desde que el aludido acto se encuentra fundado en la normativa que le sirve de basamento y que no es otra que los citados artículos 147 letra a) y 148, agregando como sustrato fáctico la resolución de Evaluación Folio N° 17020757, de fecha 27 de diciembre de 2023 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que informó sobre la evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esa Comisión, señalan que el estado de salud del señor nombre reservado, es recuperable, y que en atención a las licencias médicas en forma continua y discontinuas que suman 207 días, su salud es incompatible con el cargo. Luego, no es cierta la ausencia de motivación, por un lado así como tampoco el desconocimiento del tenor del acto recurrido, desde que no parece atendible que el recurrente haya accedido al sobre contenedor de la misma y no al aludido decreto, más cuando en el propio recurso se hace mención a la misma.

7°.- Que por otro lado, tampoco se divisa la arbitrariedad que se reclama, no solo porque el acto aparece debidamente motivado, según se dijo, sino porque además no puede perderse de vista que el asunto debe resolverse bajo el prisma del principio de servicialidad que rige los actos de la administración del Estado, mediante el cual es también deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, de manera que dicho cargo sea proveído en forma y oportunamente.

8°.- Que como corolario de lo que se viene razonando, solo resta concluir que la recurrida ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acción u omisión arbitraria o ilegal de parte de ésta que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de la recurrente respecto de las garantías incoadas, razones por las que el arbitrio constitucional será desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 949-2024.