nombre reservado con nombre reservado

Santiago, ocho de enero de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero:Que a fojas 16 comparece doña nombre reservado, ex funcionaria de Carabineros, recurriendo de protección en contra del Director de la Escuela de Formación de Carabineros don nombre reservado y del General Director de Carabineros don nombre reservado, por los actos que estima arbitrarios e ilegales desarrollados por el primero de los recurridos al disponer su suspensión del curso de formación de Carabineros de Orden y Seguridad, por resolución Nº 454 de 15 de octubre último, con lo cual se vulneran, según alega, las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, detalla la resolución antedicha, la cual se fundamenta en la necesidad imperativa de proteger la vida del que está por nacer por estar la alumna recurrente embarazada y –por tanto– no se encuentra en condiciones de responder a las exigencias físicas del proceso de formación, disponiendo que la medida se mantendrá vigente hasta el 22 de julio de 2007, fecha en la que quedará eliminada definitivamente si no presenta solicitud de reincorporación. Hace presente la actora que la medida se dispone cuando restan solo 2 meses para terminar su proceso formativo y que tenía sólo 12 semanas de embarazo.

Sostiene que los alumnos de las escuelas de Carabineros son militares, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 6 del Código de Justicia Militar, y luego cita los artículos 194 y 195 del Código del Trabajo para concluir que se la discrimina al no aplicarse a su respecto el descanso pre-natal a partir de la semana 34 de gestación, exagerándose las exigencias físicas del programa de formación y concluyendo que –de aceptarse la argumentación de la recurrida– debería considerarse incompatible la totalidad del embarazo con la prestación de servicios en Carabineros de Chile, lo cual no es efectivo, pues en dichos casos se disponen formas alternativas de cumplimiento que no afectan el desarrollo del nonato, instrucciones que se contienen en la Orden General 2324 y que se podrían aplicar en su caso.

Por otro lado, hace presente que para expulsarla del curso de formación se debió contar con una resolución judicial previa (desafuero), conforme lo disponen los artículos 201 en relación con el 174 del Código del Trabajo, todo ello por encontrarse contratada provisoriamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros (Nº 8).

Finalmente, indica que no se han respetado las normas del debido proceso en la dictación de la resolución recurrida pues no tuvo derecho a los recursos de reposición y jerárquico, y que la responsabilidad que le cabe al General Director de Carabineros es únicamente por la verticalidad del mando.

Segundo: Que a fojas 65 informa el Director de la Escuela de Formación de Carabineros, quien desmiente que el acto recurrido sea una sanción pues no se elimina a la actora sino que se le dan facilidades académicas y administrativas para reiniciar su proceso formativo y concluirlo sin interrupciones.

Explica que la medida tiene un carácter protector y guarda plena concordancia con el dictamen Nº 71871 de la Contraloría General de la República que indica que la actividad formativa que realizan las Escuelas Matrices de las FF.AA. no debe afectar la vida ni la integridad física de los alumnos o del que está por nacer. Bajo ese prisma, se consideró que una serie de cursos, tales como: acondicionamiento físico, práctica de tiro, defensa personal, técnicas y tácticas operativas o instrucción a pie, no podían ser cumplidas por la actora sin grave riesgo para su salud y el del nasciturus.

Entre las normas jurídicas que cita, destaca el propio artículo 72 del Reglamento Nº 8 que condiciona la contratación provisoria a la aprobación del curso de formación. Luego indica que los carabineros alumnos no integran la planta institucional, citando para ello los artículos 2 y 103 del DFL Nº 2 / 1968, lo cual le permite concluir que éstos no se asemejan al personal institucional, lo cual impide un quiebre de la igualdad ante la ley.

En cuanto al derecho de propiedad, indica que la actora tiene una mera expectativa sobre su contratación, por lo cual no tiene los derechos de protección a la maternidad y –en caso de adaptar su proceso formativo a su condición de gravidez– se establecería un trato desigual respecto de los demás alumnos.

Finalmente, resalta las diferencias del caso de autos a otros casos en apariencia similares y concluye solicitando el rechazo íntegro del recurso.

Tercero: Que a fojas 75 informa el General Director de Carabineros, quien –en lo fundamental– comparte las alegaciones de la Escuela de Formación, agregando que carece de legitimación pasiva pues el acto recurrido se encuentra suscrito por otra autoridad institucional y el recurso no indica mínimamente la forma en que habría tenido conocimiento o injerencia real en el mismo. También aclara que la actora no fue expulsada sino suspendida, explicando lo que ello implica y las razones de protección a la maternidad que inspiraron tal medida.

Como argumento de derecho se sostiene en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 18961 en relación con el artículo 60 del mismo cuerpo legal para concluir que los alumnos carabineros no pertenecen a la planta institucional y –en tal medida– no les son extensivas las instrucciones contenidas en la Orden General 2324, que se alega de contrario como inaplicada en el caso de la recurrente. En consecuencia, la naturaleza jurídica del vínculo de los alumnos carabineros y la institución es eminentemente transitorio, teniendo como única expectativa ser nombrados en el cargo, negando que sean funcionarios públicos y/o se les aplique el Código del Trabajo.

Por otro lado, indica que es inaceptable –pues eso sí constituiría un acto discriminatorio– permitirle terminar su instrucción sin haber hecho todos y cada uno de los cursos, como parece insinuar la actora al sostener la aplicabilidad en su caso de la Orden General 2324.

Respecto del acto mismo, relacionándolo con el hecho que la actora no dispusiera de recursos de reposición y jerárquico respecto de la medida, indica que éste se sostiene en el cumplimiento del mandato constitucional de protección del derecho a la vida del que está por nacer, habiendo actuado por sobre los intereses particulares de la recurrente, todo ello de conformidad con las normas internacionales, constitucionales y legales que indica, solicitando el rechazo del recurso deducido.

Cuarto: Que el recurso de protección que contempla nuestra Constitución Política se instituyó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional que se indican en el artículo 20 de la Carta Fundamental, cuando por un acto u omisión ilegal o arbitrario resulten vulnerados, situación en la cual esta Corte deberá adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

De lo anterior se desprende que es requisito de procedencia de esta acción cautelar la existencia de un acto ilegal, es decir, contrario a la ley según el concepto de ésta contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que afecte alguna de las garantías constitucionalmente protegidas.

Quinto: Que en el presente caso la recurrente alega como acto ilegal o arbitrario la decisión del Director de la Escuela de Formación de Carabineros contenida en Resolución N° 454 de 15 de Octubre de 2015 que suspende a la actora del curso de formación de Carabineros, del cual formaba parte en calidad de alumna. En dicho acto se le dan pautas para su posterior reincorporación, se le priva de sus derechos, beneficios y obligaciones como alumna, se le ordena devolver las especies de cargo fiscal que haya recibido y se ordena liquidar los excedentes de su cuenta de remuneraciones.

La ilegalidad de esta resolución la funda la recurrente en la vulneración del artículo 6 inciso 2° del Código de Justicia Militar y artículos 194 y 195 del Código del Trabajo; invoca, asimismo, los artículos 201 en relación al 174 del Código recién citado.

Sexto: Que la recurrente no formula en su recurso petición alguna a esta Corte en cuanto a medidas que pudiesen adoptarse ante la suspensión que le afecta. En esta situación, teniendo presente que esta acción cautelar está destinada a restablecer el imperio del derecho cuando éste resulta vulnerado, ha de entenderse que su pretensión es que se deje sin efecto la Resolución N°454 que dispuso la suspensión de su calidad de alumna de la Escuela de Carabineros, ordenándose su reincorporación.

Séptimo: Que según los dichos de la propia recurrente, al momento de disponerse su suspensión restaban dos meses para el término del curso de formación. Dicho término se producía el 30 de Diciembre de 2015.

Por otra parte, en virtud de la orden de no innovar decretada por esta Corte, por Resolución Exenta N° 519 de 3 de Diciembre pasado el Director de la Escuela de Formación de Carabineros dispuso paralizar los efectos de la Resolución Exenta N° 454 objeto de este recurso y ordena medidas de resguardo para la salud de la alumna y del que está por nacer, así como hacerle devolución de las especies fiscales que le había requerido restituir y reincorporar los haberes correspondientes desde el mes de Noviembre. Es decir, se restablece su condición de alumna, adoptándose las medidas necesarias para proteger su estado de embarazo.

Octavo: Que habiendo finalizado el curso de formación con fecha 30 de Diciembre pasado, curso al cual la actora fue reincorporada con todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de tal, ya no existen medidas que esta Corte pueda disponer, pues toda pretensión de la recurrente ha quedado satisfecha. Esta conclusión conduce al rechazo del presente recurso por haber perdido oportunidad.

Noveno: Que la conclusión anterior permite omitir todo análisis sobre la ilegalidad o arbitrariedad de la suspensión dispuesta respecto de la recurrente como alumna de la Escuela de Carabineros, toda vez que ello significaría formular una simple declaración de derechos que resulta contraria a la finalidad del recurso de protección. Asimismo, se omitirá el análisis de las garantías constitucionales que se alegan vulneradas, por innecesario.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 n° 2 y 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la ministro señora Aguayo.

N° 94.752-2015.

No firma el abogado integrante señor Merino, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Pilar Aguayo Pino, Ministra (S) señora Carla Troncoso Bustamante y el Abogado Integrante señor Luis Merino Soto.

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