nombre reservado con A.F.P. PLANVITAL S.A.

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, el abogado don Julio Azara Hernández, por 15 minutos; y contra el mismo, el abogado don Sebastián Molleda Katalinic, por 5 minutos. Santiago, 26 de febrero de 2021.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.

Proveyendo a los escritos folios 12, 13, 14 y 15: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Juan Pablo Collao Arenas, abogado, a nombre de doña nombre reservado, contadora, venezolana, domiciliada en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. con domicilio en domicilio reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de la recurrente, garantizados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política.

Pide se ordene a la recurrida a hacer devolución de los fondos previsionales de la actora y que mantiene en su poder, conforme al valor de la cuota al día de su pago efectivo, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que, el 31 de agosto de 2020, la recurrente presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, en virtud de la Ley N°18.156, por las cotizaciones enteradas a su nombre por su empleador Inversiones Andes Rac SpA y con el objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, se acompañaron, entre otros, los siguientes documentos: 1. Cédula de identidad; 2. Título profesional; 3. Certificado de cotizaciones venezolano; 4. Rechazo AFP Planvital 1 de fecha 07 de Septiembre de 2020; 5. Rechazo AFP Planvital 2 de fecha 09 de Octubre de 2020; 6. Contrato de trabajo; 7. Anexo de Contrato; 8. Requerimiento ante la Superintendencia de Pensiones.

Precisa que, ingresada la solicitud, la Administradora rechazó la petición, toda vez que, de acuerdo con los antecedentes presentados no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Nº18.156 y en la normativa del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, como se observa en la carta que adjunta y que reprocha que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encuentra legalizada a través de la certificación de Apostilla o en su defecto, con el timbre del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se agregó que la declaración jurada es insuficiente para tener por establecido que la recurrente se encuentra cubierta en Venezuela en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Por último, se le reprochó que el anexo de contrato contenía cláusulas contradictorias que impedían determinar su voluntad en mantener su afiliación en su país de origen Agrega que, el 1 de octubre de 2020, la recurrente, presentó una nueva solicitud de devolución de fondos previsionales, acompañando un anexo de contrato debidamente suscrito con su empleadora, manifestando en forma clara su voluntad de mantener la afiliación en el sistema de previsión y seguridad de su país de origen.

Para dar cumplimiento a la exigencia de un documento que acredite que cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, se acompañó “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de 4 de agosto de 2020, se solicitó que la documentación estuviere legalizada a través de la certificación de apostilla o en su defecto con el timbre del Ministerios de Relaciones de Chile, consignado la recurrente dicho documento, con el timbre del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de 22 de septiembre de 2020, en cumplimiento de lo solicitado.

Resalta que, el 9 de octubre de 2020, la recurrida AFP Planvital resuelve, nuevamente rechazar la solicitud de devolución de dineros cotizados, fundado en que en la constancia emitida se señalan de forma genérica, las coberturas de seguridad social que otorga dicho instituto, situación que no permitiría determinar que la afiliada se encuentre cubierta por las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Expone que, no es efectivo que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” establezca de forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga dicho instituto, ya que la misma señala que la ciudadana Gradiska Pugllisi Cabrera, en su calidad de Consejera en Comisión/Encargada de la Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Santiago, y en representación oficial del referido país del Gobierno Nacional y sus Instituciones, conforme a la Ley del Seguro Social venezolana, certificó que “el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) de Venezuela, es una Institución Pública, cuya razón de ser es brindar protección de la Seguridad Social a todos sus beneficiarios en las contingencias de Maternidad, Vejez, Sobrevivencia, Accidentes, Invalidez, Muerte, Retiro y Cesantía o Paro Forzoso y Enfermedad, y en este último comprende prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral”.

Concluye que, el nuevo rechazo presentado por la recurrida, deviene en un acto arbitrario e ilegal, ya que exige una información que resulta redundante y que está claramente individualizada, con datos personales, tales como, nombre completo, cédula de identidad y profesión, incumpliendo así, con la ley 18.156, ya que esta señala que se debe cumplir con los siguientes requisitos:

a. Que detenten la calidad de técnicos a lo menos.

b. Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte c. Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener su afiliación referida.

Afirma que, el 14 de octubre de 2020, la recurrente se dirigió nuevamente a la sucursal de la recurrida ubicada en Padre Mariano 41, Providencia, para imponerse de una explicación sobre el nuevo rechazo informado y consultar acerca de que otro documento se requiere, para que su solicitud sea aceptada. Sin embargo, no le permitieron ninguna comunicación directa, sólo introducir un reclamo, por lo que la ejecutiva que la atendió, una vez que revisó los antecedentes, procedió a iniciar el requerimiento N° 41639.

Agrega que, el 20 de octubre pasado, la recurrente recibe un correo electrónico, dando respuesta al reclamo N° 41639, señalándole que debe cumplir con el informe de Fiscalía, evidenciando el incumplimiento de la normativa aplicable y la nula disposición de cumplir con el deber de informar y fundamentar la razón del rechazo.

Añade que, el 14 de octubre de 2020, la recurrente envió reclamo vía web, a la Superintendencia de pensiones y el 27 de octubre último, recibió un correo electrónico con la respuesta de la Superintendencia de pensiones, donde da instrucciones claras y precisas a la recurrida, de atender y resolver a la mayor brevedad las consultas y/o reclamos de sus afiliados. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido comunicación alguna de la recurrida, habiendo cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos para su procedencia.

Expresa que, para efectos previsionales, los trabajadores técnicos extranjeros y sus empleadores se rigen por lo dispuesto en la Ley N°18.156, modificada por la Ley N°18.726, que establece la exención de la obligación de dar cumplimiento a las leyes de previsión que rigen para los trabajadores en general, respecto de las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, citando los artículos 1 y 7 de dicha norma.

Adiciona que, la Superintendencia de Pensiones, mediante Circular N°533 impartió instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, con respecto a la “Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales”, estableciendo que podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.

El régimen de previsión o seguridad social a que esté afiliado el técnico extranjero fuera de Chile puede revestir cualquiera naturaleza jurídica, toda vez que la ley no ha hecho distinciones al respecto, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Resalta que, la recurrente dio estricto cumplimiento al requisito establecido en el literal a), no siendo efectivo lo alegado por la recurrida para rechazar su solicitud, siendo que la Constancia emitida el 4 de agosto de 2020 por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, permite determinar claramente que la afiliada se encuentre cubierta por las prestaciones de “enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

En relación con el requisito del literal b) se acreditó, mediante contrato de trabajo y anexo suscritos entre la recurrente y su empleador, estableciéndose en la cláusula segunda su voluntad de mantener su afiliación al sistema previsional de su país de origen, conforme al artículo 1° de la Ley N°18.156. De igual forma acreditó su calidad de “personal técnico extranjero” con la presentación de su título profesional como Licenciada en Contaduría Pública otorgado por la Universidad Central de Venezuela, el que además se encuentra legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Hace presente que, no existe normativa alguna que altere los requisitos señalados en Ley N°18.156, o que establezca requisitos adicionales. De hecho, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Pensiones reitera lo señalado por el referido Compendio de Nomas en sus numerales 1 y 2.

De lo anterior se desprende, que cumplidos como han sido todos los requisitos legales para que proceda la devolución de los fondos previsionales de la recurrente, el rechazo por parte de la recurrida a esta solicitud notificado mediante comunicación de fecha 09 de Octubre del año 2020 se torna ilegal y arbitrario, materializándose de esta manera la vulneración a las garantías contenidas en el artículo 19 Nº 2 y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Estima conculcada la garantía de igualdad ante la ley, ya que a la recurrente se le está dando un trato desigual, al exigirle información adicional a la legalmente establecida, desestimando uno de los antecedentes aportados por estimarse que no contiene la información que permita determinar las prestaciones que cubren a la afiliada.

En cuanto al derecho de propiedad, expresa que, la decisión de rechazo de la recurrida, con respecto a la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente, constituye un acto ilegal y arbitrario que la priva arbitrariamente de su dominio respecto de dichos fondos que le deben ser restituidos, provocándole una disminución concreta y efectiva a su patrimonio, al denegarle su devolución.

Entendiendo que la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de la recurrente determina de forma clara y específica las coberturas de seguridad social que otorga dicho instituto, esto es “Maternidad, Vejez, Sobrevivencia, Accidentes, Invalidez, Muerte, Retiro y Cesantía o Paro Forzoso y Enfermedad, y en este último comprende prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral”, se satisfacen las exigencias legales de la ley 18.156, aunado al anexo del contrato de trabajo del cual se desprende la voluntad de la trabajadora de mantener sus aportes previsionales en su país de origen.

Segundo: Que, con el objeto de acreditar su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Cédula de identidad; 2. Título profesional; 3. Certificado de cotizaciones venezolano; 4. Rechazo AFP Planvital de 7 de septiembre de 2020; 5. Rechazo AFP Planvital de 09 de Octubre de 2020; 6. Contrato de trabajo; 7. Anexo de Contrato; 8. Requerimiento ante la Superintendencia de Pensiones.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don Eder Juica Silva, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que, la Superintendencia de Pensiones a través de su Compendio de Normas ha establecido un procedimiento claro y uniforme sobre la materia cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, el que señala que los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la Ley N°18.156 deberán suscribir en la correspondiente Administradora de Fondos de Pensiones, un formulario denominado “Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156”.

Agrega que, el referido procedimiento señala que, para la suscripción de dicho formulario, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación que acredite que cumple con los requisitos exigidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio, solicitud en qué participa tanto el afiliado y la AFP respectiva, la que tiene el deber de resolver esa solicitud ya sea aprobándola o rechazándola mediante resolución.

Indica que, la Ley N°18.156, ha establecido un beneficio consistente en la exención tanto para las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero como para dicho personal, de la obligación de efectuar cotizaciones de previsión en Chile, en sus artículos 1º y 7º.

Refiere que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en sus letras a) y b) señala los requisitos que deben concurrir para que opere esta exención, y su artículo 7° contempla la situación de trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, señalando que éstos podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que hubieren dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado texto legal.

Explica que, la exención establecida, altera la regla general del sistema previsional chileno, en cuanto a la obligatoriedad de efectuar cotizaciones de todos los trabajadores dependientes, ya que, las cotizaciones obligatorias para seguridad social tienen por objeto solucionar potenciales estados de necesidad, con el fin superior de evitar al Estado tener que hacerse cargo de aquellas personas que pudiendo haber aportado para su vejez, no lo hicieron por falta de previsión. Así, las disposiciones de la Ley Nº18.156, en su carácter excepcional, deben interpretarse restrictivamente.

Hace presente que, las disposiciones legales citadas establecen que, para que proceda la devolución de fondos previsionales a los técnicos extranjeros, es necesario que se reúnan los siguientes requisitos copulativos, a saber:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

c) Que detenten la calidad de “técnicos”, a lo menos.

Expone que, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones complementa el requisito de la letra a) de la Ley N°18.156 disponiendo que, su cumplimiento debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Destaca que, el N°3 del artículo 94 del Decreto Ley N°3.500, de 1980, establece dentro de las funciones generales que le corresponden a la SP: “Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras, las sociedades filiales a que se refiere el inciso duodécimo del artículo 23 sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales, y dictar normas generales para su aplicación.”

Concluye que, tanto las normas generales impartidas por la Superintendencia de Pensiones, como su jurisprudencia administrativa es vinculante y de cumplimiento obligatorio para la recurrida. Por ello, mediante Oficio Ordinario N°24472 de 26 de octubre de 2015, la SP señaló que, las coberturas (enfermedad, invalidez, vejez y muerte) deberán acreditarse en la forma que lo exige la ley, es decir, de tal forma que sea extensiva para todos los riesgos señalados y mientras el trabajador haya prestado servicios en Chile, no pudiendo las Administradoras de Fondos de Pensiones otorgar el beneficio invocado, si es que el afiliado no logra acreditar tal circunstancia.

Resalta que, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Reservado N°13661 de 18 de junio de 2019, señaló que, las Administradoras deben validar que las coberturas del sistema previsional del país de origen que presenten los técnicos extranjeros al momento de solicitar devolución de retiros de cotizaciones previsionales en atención a la norma que rige la materia, correspondan al periodo mientras el trabajador haya prestado servicios en Chile, no pudiendo las Administradoras de Fondos de Pensiones otorgar el beneficio, si es que el afiliado no lo logra acreditar dicha circunstancia.

Afirma que, la recurrente acompañó entre otros antecedentes, una constancia electrónica de cotizaciones de 4 de agosto de 2020, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que dispone: “La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso”. Posteriormente, cuando la recurrente efectuó su segunda solicitud, esto es, el 1 de octubre de 2020, acompañó una constancia de afiliación, en que la funcionaria consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela certificó la firma de la afiliada según su declaración y al igual que en la referida Constancia, señaló las coberturas que otorga dicho instituto de manera genérica.

Aprecia que, de la lectura de dichos documentos, estos solo señalan de forma genérica las prestaciones que otorga el sistema previsional de Venezuela, no siendo específicos en el hecho que la afiliada haya contado efectivamente con las prestaciones exigidas durante el periodo que prestó servicios en Chile.

Conforme a lo anterior, refiere que se le solicitó a la recurrente aportar un documento emitido por la autoridad competente, que señale específicamente que ella contó con las prestaciones exigidas por Ley durante el periodo que prestó sus servicios en Chile. Sin embargo, a la fecha, AFP PlanVital no cuenta con documento alguno que acredite tal circunstancia, no siendo posible acceder a la devolución de fondos previsionales.

Expone que ignorar el cumplimiento de los requisitos señalados, no solo se traduciría en un grave incumplimiento normativo, sino que, expone a la AFP a fiscalizaciones y eventuales sanciones por parte de su regulador.

Sostiene que existen diversos mecanismos habilitados para que la recurrente comunique la situación planteada en estos autos y busque su solución, no siendo el ejercicio de la acción constitucional de protección no es el adecuado ni proporcional para conocer sobre este asunto.

Entiende que, no ha existido ningún acto u omisión arbitraria e ilegal que pueda estimarse haya irrogado responsabilidad por parte de la recurrida, ni tampoco se trata de un acto u omisión ilegal como pretende hacer valer equívocamente la recurrente, puesto que su actuar se rige estrictamente por lo dispuesto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la Ley N°18.156 y demás normas aplicables.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone que “las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Séptimo: Que, a su vez el artículo 7° de la misma ley señala que “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Octavo: Que, la parte recurrente acreditó mediante los documentos presentados en esta acción, que se encuentra trabajando para la empresa Inversiones Andes RAC SpA y que en el anexo de dicho contrato de trabajo, se expresó, explícitamente, la voluntad de mantener su afiliación al referido régimen de prestación o seguridad social, sin perjuicio de que en caso que el trabajador registra cotizaciones en una administradora de Fondos de Pensiones, pueda solicitar la devolución de los fondos provisionales que hubiere depositado, de conformidad a lo previsto en el artículo 7° de citada Ley N° 18.156.

Sin embargo, el literal a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 exige que la recurrente acredite se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Para intentar satisfacer este requisito, la recurrente únicamente acompañó una declaración jurada emanada de ella misma, en la que declara que pertenece al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde antes de comenzar a trabajar en este país. Sin embargo, dicha declaración jurada, no obstante haber sido otorgada ante la ministro de fe del Consulado de Venezuela en Chile, no tiene la entidad suficiente para acreditar y justificar, fehacientemente, que la recurrente cumple con este requisito.

Para satisfacer dicha exigencia, al igual que se requiere en Chile, es necesario acompañar un certificado de afiliación emitido por el organismo de seguridad social del país de origen del extranjero, por cuanto una declaración jurada no puede ser considerado como un medio de prueba, desde que emana de la misma parte y no de quien debe dar fe de tales circunstancias.

Si bien en el recurso se señaló que en la etapa administrativa que se acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, lo cierto es que dicho documento no fue incorporado en esta acción cautelar y conforme al artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, la presente sentencia sólo puede pronunciarse conforme al mérito del proceso y no puede extenderse a puntos que no hayan sido sometidos expresamente a juicio por las partes.

En este sentido, esta Corte comparte el análisis realizado por la recurrida y descarta cualquier arbitrariedad o ilegalidad en su actuar, desde que no se ha justificado, fehacientemente, los presupuestos de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, lo que nada obsta a que la recurrente obtenga dicho documento y reinicie los trámites de devolución de sus aportes previsionales en Chile.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en los artículos 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección del año 2015, se rechaza, sin costas, el recurso de protección, deducido por don Juan Pablo Collao Arenas, a nombre de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., sin perjuicio de la facultad de volver a solicitar la devolución de sus fondos previsionales ante la entidad correspondiente, acompañando el certificado de afiliación correspondiente emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de Venezuela, con las formalidades legales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-94.729-2020.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega, e integrada por las Ministras (S) señora Lidia Poza Matus y señora Ana Maria Osorio Astorga. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.