nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN - DIRECCIÓN NACIONAL

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintidós.

Proveyendo el escrito folio 11: téngase presente.

Visto:

Primero: Que, comparece doña María Ried Valdebenito, abogada, en representación de nombre reservado, trabajadora, con domicilio en domicilio reservado; e interpone acción de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, representado legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la resolución de 6 de julio de 2022 del Subdepartamento de Filiación Penal del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual rechaza la solicitud de eliminación de anotaciones en su extracto de filiación y antecedentes penales.

Expone que la recurrente mantiene dos anotaciones en su extracto de filiación y anotaciones penales, a saber, (1) condena de 2 años de pena remitida y multa de 40 UTM en causa RIT 108.672-1997 del 1° Juzgado del Crimen de San Miguel; y (2) condena de multa por infracción al artículo 50 de la ley 20.000 seguido ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago en causa RIT 3416-2010. Atendido lo anterior es que el 30 de junio de 2020 solicitó la eliminación de dichas anotaciones en su extracto de filiación y antecedentes penales, sin embargo el 6 de julio de 2022 el Subdepartamento de Filiación Penal del Servicio de Registro Civil e Identificación resuelve administrativamente rechazar la solicitud fundando su resolución de la siguiente materia “En causa 108672-1997 del Juzgado 1° Civil de San Miguel .- Usted ya cuenta con beneficio de omisión en certificados para ingreso a la administración Pública, Fines Particulares y Fines Especiales de acuerdo al artículo 38 inciso 1ro de la Ley 18.216, sobre Penas Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad. En virtud de lo dispuesto en el art. 210 de la Ley 18.290 (Ley de Tránsito) y siguientes, no procede omitir anotaciones penales en certificados para obtención o renovación de licencia de conducir. En causa 3416-2010 del Juzgado 15° de Garantía de Santiago.- Usted ya cuenta con beneficio de omisión en certificados para Fines Particulares y Fines especiales de acuerdo al artículo 21 de Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada”.

Indica que la resolución señalada incurre en dos errores, el primero de ellos es que respecto a la segunda anotación el organismo recurrido procedió a realizar la anotación prontuarial de una sola falta, que no se encuentra comprendida dentro del citado artículo 3° del Decreto ley 645 del Ministerio de Justicia, pues la falta a la que fue condenada la recurrente es aquella consagrada en el art. 50 de ley 20.000, y no a alguna de aquellas faltas que taxativamente regula el D.L. N°645. El segundo error en el cual se incurre consiste en una violación al artículo 3 del D.S. N°64 del Ministerio de Justicia pues la anotación prontuarial con que se procedió a abrir un prontuario a la recurrida ha violado tanto lo dispuesto en artículo 3° del DL 645, por tratarse de una falta que no se encuentra consagrada como aquellas que dispone taxativamente la normativa; y además, ha violado lo dispuesto en el artículo 3° del DS N°64, por tratarse de una sola falta y no la tercera, como lo presupuestó la citada disposición legal.

Señala que en la primera anotación la recurrida debió proceder, en aplicación de lo dispuesto en la letra g) del artículo 8° del Decreto Supremo 64, a su eliminación y también a la ordenada por el tribunal, fundada en la eliminación del artículo 38 inciso 3° de la ley 18.216. Agrega que transcurrido más de 5 años desde el cumplimiento de la condena por simple delito, se debió proceder, por mandato de la normativa citada, a la eliminación definitiva de dicha anotación del extracto de filiación y antecedentes penales de la recurrente afectada.

Alega que el sólo hecho de registrar posteriormente una pena asociada a un simple delito, no puede hacer revivir una anotación por una multa que sólo corresponde inscribir en el prontuario penal cuando los infractores hayan sido condenados por tercera vez o cuando se trate de las faltas a que se refieren los artículos 494 N°19, 494 bis y 495 N°21 del Código Penal, lo que en la especie no ocurre. A lo anterior agrega que al momento de proceder a registrar la pena asociada al simple delito, habían transcurrido más de dos años desde la pena por la falta, por lo que no procede tener presente este antecedente, y que el organismo recurrido no consideró, para los efectos de acoger la eliminación de ella, fundado en la letra e) del artículo 8° del DS N°64; con ello hacer revivir una pena fenecida para luego proceder, en ese escenario, a abrir prontuario con una sola falta que, además no se trataba de aquellas que la norma autorizaba para su registro.

Finalmente denuncia como vulnerada la igualdad ante la ley (art. 19 N°2) toda vez que otros individuos que sean condenados por esa misma falta no se les registrará en su extracto de filiación, por impedirlo así la ley. Concluye que la recurrente solo debería contar con una sola anotación en su extracto que corresponde a un simple delito respecto del cual, por cumplir con los requisitos legales, se deberá proceder a su eliminación, en aplicación de lo dispuesto en la letra g) del artículo 8° del Decreto Supremo 64, conforme fundó su solicitud de eliminación y también de acuerdo al artículo 38 inciso 3 de la ley 18216, y que fuera así ordenado por el Tribunal a quo. En el mismo orden de ideas alega como vulnerada el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; y la libertad de trabajo y su protección.

Solicita se proceda a acoger en todas sus partes la solicitud N°1282 de 30 de junio de 2022, ordenando a la recurrida que proceda a eliminar por aplicación de la letra e) y g) ambas del artículo 8° del Decreto Supremo 64, y demás disposiciones legales aplicables en la especie, del Registro General De Condenas y extracto de filiación y antecedentes penales de la afectada, sus anotaciones prontuariales señaladas en el recurso.

Segundo: Que evacúa informe la recurrida Servicio de Registro Civil e Identificación.

Indica que la recurrente registra 2 anotaciones penales (1) Causa Rol 108.672-1997 del 1° Juzgado Civil de San Miguel por el delito de tráfico de estupefacientes, donde fue condenada a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo más multa de 40 UTM e inhabilitación absoluta para profesionales titulares mientras dure la condena; sin embargo fue rebajada a 2 años de presidio menor en su grado medio con pena remitida, dicha pena se encuentra cumplida y eximida del pago de la multa y, además, goza del beneficio de omisión de acuerdo al artículo 38 de la ley 18.216; y (2) Causa RIT 3416-2010, RUC 1.000.432.212-1 del 15° Juzgado de Garantía de Santiago por el delito del artículo 50 de la ley 20.000; por sentencia de 3 de junio de 2010 es condenada a multa de 1 UTM, la cual fue pagada y goza de beneficio de omisión conforme al artículo 21 de la ley 19.628.

Agrega que a la fecha la recurrente no registra órdenes vigentes en base de catastro de aprehensiones y de prófugos de la justicia.

Señala que atendido lo dispuesto en el artículo 3 del D.L. N°645 de 1925 del Ministerio de Justicia y el artículo 3 del D.S. N°64 del Ministerio de Justicia, procede tener ocultas, sin ser registradas en el prontuario penal, los delitos de faltas, salvo las expresamente indicadas en el D.L. N645, por tanto, existiendo tres conductas tipificadas como faltas se genera la apertura del prontuario penal, reflejándose en el prontuario penal respectivo; agrega que cuando se condena a una persona por simple delito se genera la apertura del prontuario penal por si, una vez comunicada al Registro General de Condenas.

Expresa que las faltas de los artículos 494 N°19, 494 bis y 495 N°21 del Código Penal, las cuales abren prontuario penal por si solas, por lo que no existe duplicidad de anotaciones registradas. Hace presente que no procede la eliminación de las anotaciones registradas por cuando uno de los requisitos del D.S. N°64 exige que debe existir una sola anotación en el prontuario penal.

En el caso de la recurrente, para efectos de eliminar sus anotaciones prontuariales podrá acogerse al D.L. N°409 de 1932, para cuyo fin deberá concurrir previamente a Gendarmería de Chile correspondiente a su domicilio.

Hace presente que el Servicio se encuentra imposibilitado de acceder al beneficio de eliminación de antecedentes solicitado, ya que las causales de eliminación se encuentran expresamente indicadas en los artículos 8 y 9 del DS N°64 de 1960 del Ministerio de Justicia. Agrega que el Servicio no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, ya que su decisión se fundamenta en preceptos e instituciones legales.

Tercero: Que, como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la negativa del Registro Civil de eliminar los antecedentes prontuariales de la actora.

Quinto: Que para resolver la cuestión planteada por la recurrente, conviene precisar que son dos las anotaciones que esta registra en su prontuario, a saber: la primera, en la causa rol N° 108.672-1997 del 1° Juzgado Civil de San Miguel, en la que fue condenada como autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes el 6 de agosto de 2002 a la pena de cinco años y un día presidio mayor en su grado mínimo, mas accesorias legales, rebajada a 2 años de presidio menor en grado medio por resolución de 11 de agosto de 2010 y, la segunda, en la causa rol N° 3416-2010 del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, en la que fue a una multa de 1 UTM el 3 de junio de 2010 por la falta del artículo 50 de la Ley N° 20.000, la que se encuentra cumplida.

Sexto: Que en el escenario antes descrito, cabe señalar que respecto de las faltas el Decreto Ley N° 645 sobre Registro General de Condenas, de 28 de octubre de 1925, dispone en el artículo 3° lo siguiente: “En el prontuario respectivo se inscribirán todas las sentencias condenatorias definitivas y ejecutoriadas por delitos y simples delitos, así como por las faltas a que se refieren los artículos 494, N° 19, 494 bis y 495, N° 21, del Código Penal. Se inscribirá también la forma como fue cumplida la pena o las causas por que no se cumplió en todo o en parte.”.

Sobre el particular, y teniendo presente la norma previamente descrita y tratándose la falta por la que se condenó a la recurrente de aquella prevista en el artículo 494 N° 5 del Código Penal, cabe concluir que el Registro Civil no debió registrar en el prontuario la aludida falta por no tratarse de aquellas que la norma expresamente dispone.

Que tampoco correspondía el registro considerando lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Ley N° 64 del año 1960 que reglamenta la eliminación de prontuarios penales, pues conforme al inciso segundo de dicha disposición “A los infractores de faltas se les filiará y abrirá prontuario cuando hayan sido condenados por tercera vez.”.

Es decir, tratándose de las faltas especiales a que alude el Decreto Ley 645 ellas deben registrase de inmediato y, en todo caso debe procederse al registro de faltas cuando se trate de la tercera, no encontrándose por tanto la recurrente en ninguna de esta hipótesis, por lo que resulta contrario a derecho que en el prontuario de la recurrente se considere la falta por la que fue condenada.

Séptimo: Que en cuanto al delito que también aparece registrado en el prontuario, a saber una condena por tráfico ilícito, cabe señalar que la letra g) del artículo 8 del Decreto Ley N° 64 ya mencionado, indica, que: Se eliminará una anotación prontuarial: g) “Cuando se trate de personas sancionadas por cuasi-delito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes.”

Octavo: Que de acuerdo a lo expuesto, corresponde acoger la presente acción constitucional pues la autoridad recurrida ha incurrido en una conducta ilegal que atenta contra el derecho de igualdad ante la ley de la actora consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Carta Política, pues se le da un trato desigual frente a las demás personas que cumpliendo los requisitos legales acceden a un beneficio o derecho consagrado por la ley el que es desconocido a la recurrente.

Noveno: Que no corresponde aplicar el mecanismo dispuesto en el Decreto Ley N° 409 como lo sugiere el Registro Civil por no ser necesario, al verificarse los requisitos legales para la eliminación administrativa.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile y, en consecuencia, se ordena a este último eliminar, dentro de quinto día, las anotaciones que se registran en el prontuario de la recurrente en la causa rol N° 108.672-1997 del 1° Juzgado Civil de San Miguel y en la causa rol N°3416-2010 del 15° Juzgado de Garantía de Santiago.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-94703-2022.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señor Juan Manuel Muñoz Pardo, señora Paola Danai Hasbun Mancilla y el Abogado Integrante señor Rodrigo Antonio Montt Swett.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.