Protección contra COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGION METROPOLITANA

Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós.

A los folios N° 28 y 30: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece don Raúl Donoso Gómez, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, trabajadora dependiente y jubilada, domiciliada en domicilio reservado; quien interpone recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGION METROPOLITANA (LME), en adelante “Compin”, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.; y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en adelante “Suseso”, representada por el Superintendente Claudio Lautaro Reyes Barrientos, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso señalando que las recurridas han incurrido en el acto ilegal y arbitrario de rechazar el pago de las licencias médicas que detalla en su presentación, sin tener un fundamento médico o de cualquier otro tipo que justifique el rechazo y desvirtué lo señalado en los informes médicos que acompaña. Invoca que dicho actuar ha privado, perturbado y amenazado su derecho a la integridad física y psíquica, y su derecho de propiedad, establecidos en los numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en concreto: (a) que se acoja el recurso de protección, por ser la actuación de las recurridas arbitraria e ilegal y que vulnera, perturba y amenaza su derecho a la integridad física y psíquica así como su derecho de propiedad; (b) que, en consecuencia, se aprueban y ordena el pago, por quien corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas N° NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007; y (c) que se condene en costas a las recurridas.

Expone que la recurrente es una mujer de 63 años que, a pesar de estar jubilada, sigue trabajando como vendedora cajera en una tienda comercial Hites, razón por la cual mantiene contacto directo con el público que concurre al lugar.

Indica que desde el 30 de marzo ha debido someterse a tratamientos médicos de los cuales derivan sus licencias médicas. Señala sufrir de hipertensión e hipertiroidismo, y que por la situación de pandemia y su trabajo ha generado un cuadro clínico de nerviosismo, labilidad, irritabilidad, insomnio, sueño no reparador, episodios panicosos y conductas de aislamiento. Refiere que ello estaría relacionado al temor de contagiar a su cónyuge de 74 años y a su hijo de 28, con quienes vive.

Expresa que el diagnóstico es síndrome ansioso.

Señala contar con tres informes del médico geriatra nombre reservado

Contreras, y tres informes del psicólogo clínico-comunitario Wilson nombre reservado.

Relata que las primeras cuatro licencias médicas que presentó, todas por 14 días, fueron aceptadas (NUM008, NUM009, NUM010 y NUM011), finalizando la última el 24 de mayo de 2020, pero que las siguientes ocho habrían sido rechazadas por el motivo de reposo injustificado o carencia de antecedentes médicos que respalden los diagnósticos. Señala que en los rechazos no se entrega ningún fundamento médico de la decisión, y que desvirtúe el reposo indicado por el médico tratante, haciendo caso omiso a los informes médicos del caso.

Narra que ha tenido un largo historial de problemas con la sucursal del Compin de Rancagua, pues no le entregaban información sobre el rechazo de las licencias o le decían que estaba todo bien y que solo faltaba que enviara por correo los informes médicos. La tramitación de las licencias se realizó en las oficinas de Compin de Santiago, y no en Rancagua, lo que provocaba que fuera muy difícil obtener información.

Recién a fines de agosto de 2020 se pudo enterar que las licencias médicas habían sido rechazadas.

Señala que con fecha 8 de septiembre de 2020 apeló de los rechazos a la Suseso por 8 licencias médicas que detalla en su presentación, y se le notificó por correo el 9 de octubre de 2020 que se confirmaba el rechazo de la licencia médica N° NUM000, sin existir pronunciamiento sobre las otras siete licencias. El único fundamento para esta decisión habría sido que “los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de capacidad temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado”.

Argumenta que el actuar de las recurridas es arbitrario, porque para el rechazo de las licencias solo utilizan fundamentos de carácter genérico, sin entrar al fondo de la situación de salud de la recurrente, lo que sería contrario al artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1987.

Alega, también, que para justificar el rechazo las recurridas no ordenaron realizar una evaluación médica accesoria, entrevistas con un médico designado por Compín o alguna otra medida de las señaladas en el artículo 21 del mismo reglamento.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1.- Comprobante de Licencias Médicas N° NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007. 2.- Resolución exenta N° NUM012 de fecha 9 de octubre de 2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, por la que se confirmó en definitiva el rechazo de las licencias médicas N° NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007. 3.- Informes médicos suscritos por Médico Cirujano-Geriatra nombre reservado. 4.- Informes Psicológicos de Sicólogo Clínico-Comunitario Wilson nombre reservado. 5.- Correos electrónicos de la recurrente con Compín Santiago. 6.- Copia Solicitud de Apelación de Licencias Médicas Electrónicas ante la Suseso.

Segundo: Que, informando, comparece don Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de SUSESO, y plantea, en primer lugar, que la acción constitucional de protección ha sido interpuesta extemporáneamente, pues de los recursos de reclamación y reposición que la recurrente interpuso contra los rechazos de las licencias médicas, se debe entender que la recurrente tomó conocimiento de esta situación con fecha 8 de septiembre de 2020, por lo que el recurso de protección interpuesto con fecha 5 de noviembre de 2020 está fuera de plazo.

Argumenta que el recurso de protección no es un mecanismo subsidiario a los procedimientos administrativos que permiten reclamar del no pago de las licencias, sino una acción que se puede intentar de manera independiente, en atención a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, solicita el rechazo del recurso de protección, con costas, por haber sido interpuesto de manera extemporánea.

En subsidio, en cuanto al fondo de lo discutido, refiere que el actuar de su representada se circunscribió a cumplir una de sus principales funciones, cual es resolver las reclamaciones, apelaciones y denuncias que hacen los usuarios del sistema de seguridad en materias de su competencia. De esta forma, afirma su actuar conforme al DFL N° 1 de 2005, que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de entre otros cuerpos legales, la Ley N° 18.469 y el D.S. N° 3, de 1984, ambos del Ministerio de Salud. Alega que mediante la resolución de fecha 9 de octubre de 2020, se habría limitado a resolver la reclamación interpuesta con fecha 8 de septiembre de 2020 en contra de la COMPIN de la Región Metropolitana respecto de una de las licencias médicas en cuestión.

Aduce que no informó las razones clínicas para prorrogar el reposo laboral, que ya fue bastante prolongado, supuestamente de más de mil días por la misma patología.

En cuanto al derecho, expone latamente en qué consiste el derecho a licencia médica, cómo se lleva a cabo el procedimiento para aceptar licencias médicas y las facultades que la SUSESO tiene en la materia.

Luego argumenta que como la recurrente no es titular del derecho a licencia médica, por cuanto no cumple con los requisitos legales para que aquel nazca a la vida del derecho y tenga efectos, no existe en el presente caso un derecho preexistente e indubitado cuyo ejercicio resulte legítimo, por lo que no existiría vulneración alguna a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente.

Desde otro punto de vista, argumenta que las licencias médicas y el acceso al subsidio que por ellas se puede generar están insertos en el contexto del derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, que no recibe amparo del recurso de protección según el artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

Solicita, en definitiva, el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional intentada, y acompaña a su informe todos los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de la Sra.

nombre reservado

nombre reservado: Que, informando, comparece doña nombre reservado

nombre reservado, Presidenta de la COMPIN, y confirma que el rechazo de las licencias médicas en cuestión fue por el motivo de que el reposo no se encontraba justificado.

En concreto, expone que el motivo para el rechazo de la primera licencia, y que se ha mantenido para el rechazo de todas las subsiguientes licencias, es del siguiente tenor: “paciente presenta imc no concluyente, no hace mención a los solicitado, es emitido por médico general por un periodo mayor al permitido, además no presenta derivación a médico psiquiatra, ni señala intervenciones en la espera psicológica y psicosocial, el tratamiento no está conforme al tiempo requerido con este reposo, no se ve escalada farmacológica si no que mantiene el mismo tratamiento a lo largo del tiempo aun a sabiendas de la no evolución satisfactoria”.

Enfatiza que la recurrente no ha acompañado antecedentes que justifiquen el reposo más allá de las primeras cuatro licencias aceptadas.

Cuando se le solicitaron nuevos antecedentes, no los adjuntó a sus solicitudes.

En cuanto al derecho, cita las facultades legales que tiene COMPIN para aceptar o rechazar una licencia médica, y los requisitos con los que se debe cumplir para ello en el caso de una enfermedad mental, para concluir que no se cumple con ellos en esta causa, por lo que en definitiva solicita tener por evacuado su informe.

Cuarto: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Quinto: Que, en lo concerniente a la extemporaneidad, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la presente acción deberá interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos desde el hecho que lo motiva, o desde que se tuvo conocimiento del mismo.

Basta para desestimar la extemporaneidad reclamada, considerar que el acto denunciado corresponde a la Resolución Exenta N° NUM012 de fecha 9 de octubre de 2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, por la que se confirmó en definitiva el rechazo de las licencias médicas N° NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, que confirma el rechazo de las licencias médicas individualizadas, emitida por la SUSESO, y la acción constitucional fue interpuesta el 5 de noviembre de 2020, razón por la que el presente arbitrio aparece presentado dentro del plazo que contempla el Auto Acordado que rige la materia.

En cuanto al fondo:

Sexto: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que se rechaza la alegación en este sentido.

Séptimo: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así como la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes del caso por parte de profesionales médicos del Departamento de Contencioso, resolvió, mediante Resolución Exenta N° NUM012 de fecha 9 de octubre de 2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, confirmar el rechazo de las licencias médicas N° NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, bajo el siguiente tenor: “CONSIDERANDO:

Que, ha recurrido con fecha 08 de septiembre de 2020 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN NUM013, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de la licencia médica N° NUM000, extendida por un total de 14 días a contar del 25 de mayo de 2020, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° NUM000, no se encontraba justificado.

Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado.

RESUELVO: Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° NUM000, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Octavo: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Noveno: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Al efecto, el DS N° 7 de 2013, del Minsal, respecto a las patologías mentales, en su artículo 4° número II establece, en relación al reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos: “Siempre es otorgada por médico psiquiatra cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal. Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. Refractariedad o resistencia al tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos periodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días. El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquíatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días cuando existen circunstancias ocasionales que impiden un acceso a psiquíatra más frecuente). Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual). Teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud en su sitio.”

Décimo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.” “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico- social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

Undécimo: Que la parte recurrida, ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado.

Duodécimo: Que, en relación a los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

Decimotercero: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, consistente en la resolución que rechaza las licencias ya indicadas, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, solo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

Decimocuarto: En efecto, este actuar vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, dado que tal rechazo implica la imposibilidad de recibir el subsidio que correspondía por el tiempo no trabajado, lo que obviamente afecta su patrimonio.

Decimoquinto: Que con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que: “Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

Decimosexto: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales del recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se acoge, el recurso de protección interpuesto a favor de doña nombre reservado contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° NUM012 de fecha 9 de octubre de 2020 de la SUSESO, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual de la actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas , que resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas Nºs NUM000, NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007. y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de la que ha sido objeto del presente libelo.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección N° 94529-2020.-