Protección contra Ley N° 20

nombre reservado, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.

A los folios 16 y 17: A todo, téngase presente.

VISTOS:

Comparece Miguel Ángel Camposano Peña, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado), y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Funda su pretensión, en el los actos que califica como arbitrarios e ilegales, consistentes en las Resoluciones de la SUSESO Nº R-01-UME-29429-2020, Nº R-01-UME-45857-2020, R-01-UME-4728-2020 y Nº R-01-UME-54878-202 que confirmaron el rechazo que nombre reservado efectuó de las licencias médicas Nº RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y la RUT reservado, siendo, que durante la presente tramitación en esta Corte incorporó la N° RUT reservado, rechazo emanado de Res. Ex. R-01-UME-54878-2020.

Señala, a modo de contextualización, que las mencionadas licencias médicas fueron a raíz de un cuadro clínico de trastorno de adaptación y depresión mayor, fundados en el fallecimiento del padre de la recurrente en dos mil diecisiete, diferencias irreconciliables con una amiga y complicaciones severas en el embarazo de su hijo, detallando la existencia de un prolapso total importante, el término de relación sentimental con el padre de su hijo, un embarazo de alto riesgo y posteriores enfermedades del niño; agregando que su depresión sólo pudo ser tratada farmacológicamente, una vez concluido el periodo de amamantamiento, hecho que correspondió a su vez a un estrés por su situación familiar.

De esta forma, profesionales de la salud emitieron las licencias médicas de autos, las cuales fueron rechazadas en su totalidad por nombre reservado, y luego confirmada la decisión por la SUSESO, mediante las resoluciones recurridas.

Sin embargo, refiere que dichos actos carecen de la debida fundamentación, porque se basaron en informes médicos no protocolizados, sin plan de tratamiento ni detalles de psicoterapia. Y que los mismos yerran al indicar que no existe información para establecer la incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, posterior al Permiso Postnatal Parental, el cual alcanza ciento cincuenta días por la misma patología.

Asevera que las decisiones impugnadas atentan contra sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto le impiden percibir lo que le corresponde por seguridad social, dejándola en absoluto desamparo y afectando su integridad psíquica, además, de que carecen de la razonabilidad y fundamentación necesaria, volviéndolas arbitrarias, e ilegales por cuanto van en contra de la Ley N° 20.585 Sobre Otorgamiento y Uso de Licencia Médica, en su artículo 1, 3 y 4, ya que dejan de lado la efectiva verificación de su estado de salud, lo que implica una discriminación en su contra.

En mérito de lo expuesto, solicita se restablezca el imperio del derecho, y se ordene a las recurridas el reembolso de dinero por las licencias médicas rechazadas.

La Sala Tramitadora declaró admisible el presente recurso solo en lo que respecta a las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado y en ampliación, a la N° RUT reservado.

A su tiempo, Francisco Ortega Bello, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, informa el recurso, solicitando en primer lugar que sea declarado improcedente, por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, el cual no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, al no estar incluido en el catálogo taxativo del artículo 20 del mismo cuerpo legal. Agrega que la acción de protección es un procedimiento de urgencia y excepcional, por lo mismo, su aplicación debe ser estrictamente a las materias para las cuales ha sido dispuesto, debiendo entonces tener aplicación restringida.

En subsidio, y respecto al fondo del asunto, refiere que en nuestro sistema de seguridad social, las incapacidades laborales temporales tienen el beneficio de licencia médica, regulado en el DFL N° 1/2005, que en su artículo 149 otorga el derecho a percibir un subsidio de enfermedad. Y que el DS N°3/1984 en el artículo 1 menciona como condición de dichas licencias un impedimento de salud temporal del trabajador, existiendo posibilidad real y cierta de recuperación de su capacidad de trabajo y reincorporación al mismo.

Luego, hace un análisis pormenorizado algunas de las licencias rechazadas tanto por nombre reservado, como por la SUSESO indicando:

a) De la licencia médica N° RUT reservado que dio origen a la Resolución Exenta N° R-01-UME-45857-2020, de veintidós de mayo de dos mil veinte: se realizó un estudio de la Superintendencia de los antecedentes, que arribó a la conclusión de la falta de justificación del reposo solicitado. Ello condicionado a la existencia previa de ciento cincuenta días de aprobación por el mismo diagnóstico, el cual fue posterior al permiso postnatal parental, entendiendo con ello que el tiempo era suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo al antecedente de informe médico expedido por un profesional tratante no protocolizado, ni ampliamente fundado, sin especialidad necesaria ni plan de tratamiento o derivación efectiva.

b) De la licencia médica N° RUT reservado: menciona los mismos fundamentos que fueron plasmados en su decisión por Resolución Exenta N° R-01-UME-47128-2020, de veintiséis de mayo de dos mil veinte, agregando que no habían antecedentes médicos actualizados, ni informe médico que lo justificara, al ser atemporal, vago e inconsistente, permitiendo sólo aclarar someramente la complejidad del cuadro inicial, pero no especificar el impacto funcional de los síntomas, su evolución ni necesidad del tratamiento farmacológico y/o psicoterapéutico, considerando que el periodo de ciento cincuenta días ya aprobado era suficiente para su estabilización.

Adicionalmente, el informe médico aportado de fecha quince de abril del presente año determinó que la discapacidad medida por la EEAG era de 70-60 puntos (escala de evaluación de la actividad global), que lo califica como “leve a moderado, con alguna dificultad social o laboral, pero puede funcionar relativamente bien”, destacando que el médico tratante de la recurrente y emisor de las licencias no posee la especialidad de psiquiatría, yendo en contra lo dispuesto en el DS N° 7 sobre Guías Clínicas Referenciales.

c) De la licencia médica N° RUT reservado, en ampliación de informe señaló que esta fue rechazada por Resolución Exenta N° R-01-UME-54878-2020, de dieciocho de junio de dos mil veinte, menciona que la información aportada fue insuficiente para justificar el reposo, no aporta informe amplio y fundado de psiquiatría, plan terapéutico, evolución del cuadro clínico y fecha probable de alta médica. No Acredita GES, sin derivación a especialista, sin copia de carnet de control, ni acredita psicoterapia.

Por lo anterior, señala que las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente justificadas, al no haber aportado antecedente médico que respaldara la necesidad de reposo para la actora, y por lo mismo, la decisión adoptada plasma el deber de la SUSESO en supervigilar y asegurar el otorgamiento, uso correcto de las licencias médicas y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de la institución previsional de salud, descantando totalmente arbitrariedad e ilegalidad, así como la ausencia de garantías constitucionales vulneradas, razón por la cual solicita el rechazo de la acción de protección, con costas.

Asimismo consta informe de veintisiete de julio de dos mil veinte, comparece doña nombre reservado, Presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, informando el recurso, y solicitando su total rechazo.

Señala que nombre reservado, decidió rechazan las licencias de la recurrente, puesto que conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 21 del DS N°3/1984 y el DS N°7/2013, el reposo no se encontraba justificado. Ello basado en que el informe médico aportado no permitió establecer la incapacidad laboral más allá del período autorizado de ciento cincuenta días, que consideraron como suficientes para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral.

Indica que por tanto se ajustaron a la normativa y a los criterios médicos de general aplicación en el caso, amparados en su facultad legal que les permite aprobar o rechazar licencias, mediante un carácter técnico y objetivo que fue empleado en este caso en particular.

Refiere que el rechazo se encuentra justificado toda vez que la recurrente lisa y llanamente no cumple con los criterios indicados en la normativa, y sus licencias fueron expedidas por un médico general, y no por uno con especialidad de psiquiatría, totalmente necesaria en este caso. De esta forma niega todo acto ilegal o arbitrario de su parte y solicita el rechazo de la acción de protección.

En cuanto a la documentación acompañada por la recurrente, esta fue:

1.- Resolución exenta Nº R-01-UME-29429-2020 2.- Resolución exenta Nº R-01-UME-45857-2020 3.- Resolución Exenta Nº R-01-UME-47128-2020 4.- Resolución exenta Nº R-01-DASU-02099-2020 5.- Certificado de defunción del padre de mi representada, emitido por el Registro Civil e Identificación.

6.- Informe Alta hospitalización de nombre reservado, hijo de mi representada.

7.- Presupuesto actual de histerectomia total que mi representada debe realizar y está pendiente, el cual no se pudo realizar por la contingencia.

8.- Receta Médica de Diciembre, que prescribe producto natural por encontrarse lactando.

9.- Receta Médica Marzo y abril que confirman que en esa fecha recién comenzó con tratamiento farmacológico.

10.- Interconsulta de médico tratante a Salud Mental (a la fecha aun esperando se le dé una hora).

11.- Informe emitido por Siquiatra doña nombre reservado

12.- Informe emitido por psicóloga nombre reservado.

En tanto que, la recurrida SUSESO adjuntó copia del expediente administrativo, relativo al caso de la Sra. nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

2º.- Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

3º.- Que, los actos recurridos son aquellos dictados por la Comisión de Medicina preventiva e invalidez (nombre reservado), Región Metropolitana, y la Superintendencia de Seguridad Social “SUSESO”, al confirmar la segunda los rechazos de la primera, respecto de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado y N° RUT reservado, que dieron origen a las resoluciones exentas N° R-01-UME-45857-2020, de veintidós de mayo de dos mil veinte; la N° R-01-UME-47128-2020, de veintiséis de mayo de dos mil veinte, y la N° R-01-UME-54878-2020, de dieciocho de junio de dos mil veinte, respectivamente, reclamando en síntesis, que estas carecen de fundamentos, lesionando las garantías constitucionales de los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

4°.- Que, el artículo 1º del Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

5°.- Que, en el presente caso, es posible advertir que el recurrente dirige su libelo en contra de la decisión de la SUSESO referida a los rechazos de las tres licencias médicas materia de autos que es de 9 de octubre de 2020, época a partir de la cual comienza a correr el plazo señalado precedentemente, siendo que el presente recurso de protección se presentó el 5 de noviembre del mismo año, de lo que es posible inferir que la presente acción cautelar está dentro de plazo.

6°.- Que, despejada la alegación formal precedente, cabe señalar de manera preliminar que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

7°.- Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación y contradicción de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas 8°.- Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo que se acompaña a este informe, es posible advertir que quien primero revisó los antecedentes adjuntados a las licencias médicas que se reclaman fue la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien rechazó las Nº RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado extendidas por un total de 90 días, a contar del 10-04-2020, puesto que conforme a lo dispuesto en los artículos 16° y 21° del D.S. N°3/1984 y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7/2013, el reposo no se encontraba justificada.

9°.- Que, para la decisión anterior, dicho ente administrativo se basó en que el propio informe médico aportado por la recurrente, cuyo mérito no permitió establecer una incapacidad laboral más allá del período de reposo autorizado, que corresponde a más de 150 días por el mismo diagnóstico y posterior al Permiso Postnatal Parental, por lo que estos días se consideran suficientes para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista (informe de médico tratante no protocolizado, ni fundado, ni de la especialidad, sin plan de tratamiento o derivación efectiva). Es por esto, es que no se permite establecer la existencia de incapacidad laboral temporal.

10°.- Que, como se advierte, el rechazo impugnado de las singularizadas licencias médicas se encuentra fundando en que no cumplen con los criterios normativos del Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativos a Licencias Médicas, Decreto N° 7/2013, de 18 de julio del mismo año, puesto que no adjunta antecedentes médicos que justifiquen la prolongación del reposo por el diagnostico enunciado, se acompaña informe médico insatisfactorio, el cual no hace referencia a la evolución del cuadro tratado, a la escala de gravedad, fecha probable de alta médica, recuperabilidad, derivación a un especialista, ni a un plan terapéutico. Tampoco se objetiviza el rol clínico del reposo.

A todo lo cual, cabe agregar que, los reposos laborales de más de 60 días prorrogables hasta 180 días, necesariamente deben ser otorgados por un médico psiquiatra, circunstancia que en este caso en particular no se cumple, toda vez que, los profesionales que han emitido las licencias médicas de la recurrente son médicos generales.

11°.- Que, a su tiempo, la SUSESO, revisando esas decisiones, partiendo por la licencia médica N° RUT reservado, y de acuerdo a los expresado en el sumario administrativo que se acompaña, ella estaba extendida por un total de 30 días, a contar del 14 de marzo de 2020, por reposo no justificado, concluyendo de igual forma que el reposo prescrito por las licencias médicas señaladas, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que, el reposo ya autorizado de 150 días por el mismo diagnóstico y posterior al Permiso Postnatal Parental, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista, emanado del médico tratante, que no es de la especialidad, sin plan de tratamiento o derivación efectiva). En el caso de la licencia médica N° RUT reservado, también extendida por un total de 30 días, a contar del 13 de abril de 2020, por reposo no justificado, negativa que fue ratificada, fundada en que el informe médico adjuntado por la recurrente no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 150 días por la misma patología, siendo que de la cartola médica de la paciente se registra “(09/04/2020) … LME 6572 sin antec médicos actualizados, sin informe médico ni pronostico que justifique reposo gado. Se rechaza…” “(20/04/2020) … LM 8741 reposo injustificado, sin informe protocolizado, sin exámenes o terapias pendientes que permitan prolongar reposo, no se objetiviza rol terapéutico, se rechaza. Puede apelar con antecedentes. Art 4 DS 7 y Art 16 DS 3/1984…”

Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, informaron, en la Ficha Médica del expediente administrativo: “…nombre reservado. RUT:RUT reservado. FONASA. 39 años, nutricionista. Reclamo ingresado el 16 de mayo del 2020 por rechazo de licencia por reposo injustificado. Folio de licencia Nº: RUT reservado extendida por un total de 30 días a partir del 14-3-2020. Emitida por Dr. nombre reservado, alto emisor, médico general, modalidad libre elección, con diagnóstico de F43.2. 6 presentaciones previas a la SUSESO. Acumula un total de 330 días de reposo por causa psiquiátrica, continuados de reposos maternales. 150 días ya autorizados. 4 LMs previas a la reclamada ya están rechazadas. 1 LM posterior también está rechazada. Cuento con los siguientes antecedentes relevantes para el caso: -Certificado de defunción del padre (probablemente) el 31-8-2017. -Receta de Clonazepam y de Melipass. -certificado de derivación programa de salud mental en enero del 2020. Con indicación de Alprazolam.

-Certificado de psicóloga mayormente ilegible. -Certificado de hospitalización en octubre del 2019 para observación por golpe de hijo por accidente. -Certificado del mismo hijo donde consta alergia alimentaria. -Informe de médico tratante fechado el 15-4-2020, con diagnósticos de trastorno de adaptación, stress familiar, baja de peso, problemas relativos al ambiente familiar y social. EEAG: 60-70. Informe atemporal, vago, circunstancial y con prosa rebuscada como es habitual en este emisor. consta consulta luego de accidente casero de hijo de 9 meses (pero no se ha reintegrado a sus labores desde los reposos maternales). Con síntomas ansiosos inespecíficos. Con evolución favorable, derivada a psicoterapia y con indicación de Melipass. Ante los antecedentes entregados que son vagos e inconsistentes, los cuales sólo permiten aclarar someramente la complejidad del cuadro inicial de la reclamante (estresores y síntomas sin mayor descripción, escala de gravedad o temporalidad), pero no especifican el impacto funcional de los síntomas, su evolución o tan siquiera la necesidad de tratamiento farmacológico y/o psicoterapéutico específico, el reposo reclamado impresiona no justificado por ser reposo prolongado y sin claro fin terapéutico. Los 150 días de reposos ya aprobados posteriores al PPP, impresionan suficientes para la estabilización de un cuadro con componente reactivo y fóbico y que no ha requerido de evidente ajuste de tratamiento farmacológico y/o psicoterapéutico…”

El informe médico aportado de fecha 15 de abril de 2020, determinó que la discapacidad medida por la EEAG era de 70-60 puntos (escala de evaluación de la actividad global). Así las cosas, el citado D.S. N° 7, que establece las guías clínicas referenciales, establece que el puntaje mínimo para la justificación de reposo médico por patologías mentales, como es el caso, debe ser menor a 50 puntos.

12°.- Que, por otra parte, es importante destacar que el médico tratante de la Sra. nombre reservado, nombre reservado, RUT N° RUT reservado, quien ha emitido las licencias reclamadas, no posee la especialidad de psiquiatría, que corresponde al diagnóstico por las cuales fueron emitidas, según consta del certificado emitido por la Superintendencia de Salud.

Lo anterior, adquiere relevancia respecto de los requisitos para la emisión de licencias médicas de patologías mentales, de continuación, establecido en el citado D.S. N° 7, sobre Guías Clínicas Referenciales, puesto que, deben ser otorgadas por médico psiquiatra o médico tratante no psiquiatra, con consultoría por psiquiatra, situaciones que no se advierten en el caso en cuestión.

En este sentido, las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente justificadas, debido a que el antecedente médico aportado no logró respaldar la necesidad del reposo otorgado a la recurrente. Siendo que el puntaje en relación a la Escala Evaluación de la Actividad Global, en sus siglas EEAG, es de 60-70 puntos, ni tampoco se tuvieron como referencias las Guías Clínicas del Ministerio de Salud, todos los anteriores, requisitos establecidos para la evaluación del reposo laboral de 15 a 30 días, prorrogable hasta 60 días, estipulados en el citado D.S. N° 7.

13°.- Que, por último, en lo que toca a la tercera licencia médica reclamada, la N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días, a contar del 13 de mayo de 2020, por reposo no justificado, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica señalada, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que, los antecedentes aportados, siendo uno de ellos el informe del médico tratante de mayo del 2020, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de 150 días de reposo ya autorizado. En su cartola médica se consigna “(14/05/2020) … lm 13602 Se rechaza por falta de antecedentes médicos actualizados y suficientes que justifiquen la prolongación del reposo…”

Por su parte, los facultativos de esta Superintendencia, informaron, en la Ficha Médica del expediente administrativo: “…Paciente de 40 años con 150 días autorizados. Reclama por LM otorgada por Médico alto emisor. Dg IMT de mayo del 2020 del Dr nombre reservado: T. de adaptación. Insuficiente para justificar reposo, describe clínica y cambios en terapias.

Trabajadora no aporta informe amplio y fundado de psiquiatría, plan terapéutico, evolución del cuadro clínico y fecha probable de alta médica. No Acredita GES, sin derivación a especialista, sin copia de carnet de control, no acredita psicoterapia.

Reposo prolongado, no justificado, no cumple rol terapéutico, recuperable Tiene licencia anterior rechazada por SUSESO (otro FUI). Rechazo…”

El informe médico aportado de fecha 25 de mayo de 2020, determinó que la discapacidad medida por la EEAG era de 70-60 puntos (escala de evaluación de la actividad global). El D.S. N° 7, que establece las guías clínicas referenciales, establece que el puntaje mínimo para la justificación de reposo médico por patologías mentales, como es el caso, debe ser menor a 50 puntos.

Reiterándose los señalado por el médico tratante de la Sra. nombre reservado, don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, quien ha emitido las licencias reclamadas, quien no posee la especialidad de psiquiatría, que corresponde al diagnóstico por las cuales fueron emitidas, según consta del certificado emitido por la Superintendencia de Salud.

Siendo que, respecto de los requisitos para la emisión de licencias médicas de patologías mentales, de continuación, establecido en el citado D.S. N° 7, sobre Guías Clínicas Referenciales, puesto que, deben ser otorgadas por médico psiquiatra o médico tratante no psiquiatra, con consultoría por psiquiatra.

Tampoco logró respaldar la necesidad del reposo otorgado a la recurrente. En efecto, el Puntaje en relación a la Escala Evaluación de la Actividad Global, en sus siglas EEAG, es de 60-70 puntos, ni tampoco se tuvieron como referencias las Guías Clínicas del Ministerio de Salud, todos los anteriores, requisitos establecidos para la evaluación del reposo laboral de 15 a 30 días, prorrogable hasta 60 días, estipulados en el citado D.S. N° 7.

14º.- Que, el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

15º.- Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (nombre reservado), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las nombre reservado deben resolver, como en el caso de la recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las nombre reservado emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la nombre reservado que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las nombre reservado, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

16º.- Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

17º.- Que, en consecuencia, tanto la actividad realizada por la Superintendencia de Seguridad Social SUSESO, como la desplegada por parte de la Comisión Preventiva de Invalidez nombre reservado Metropolitano, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

18°.- Que, la recurrente ha alegado la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 19 N° s. 1 y 2 de la Constitución Política de la República, siendo que no se ha establecido ninguna afectación a su integridad física ni síquica, al contrario, se trata de situaciones que por su particularidad deben ser analizadas caso a caso, dependiendo de la evolución clínica de las dolencias que registre un paciente determinado, su gravedad y recuperabilidad, así como determinar si se trata de una incapacidad temporal o definitiva; tampoco se aprecia de qué manera se afectaría a su derecho a la igualdad ante la ley, ya que no aparece con toda la nitidez que requería la acción cautelar intentada, pues se vincula con una especie de derecho a todo evento a que le sean cursadas las licencias médicas que presente, siendo que como ya se dijo, el marco reglamentario y legal determina controles administrativos de procedencia, por lo que en realidad se estaba en presencia de una mera expectativa, siendo que el presente arbitrio está establecido para amparar situaciones fácticas o jurídicas indubitadas.

19°.- Que, en ese mismo sentido, según lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una acción destinada a adoptar una medida para que cese una actuación arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentarse, siendo que, en el caso propuesto, el acto recurrido consistente en la negativa fundamentada a cursar cuatro licencias médicas por parte de la autoridad administrativa determinada legalmente para ello y con plena competencia, no es posible advertir arbitrariedad en su proceder.

20°.- Que, a mayor abundamiento, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente y que conforme a lo razonado precedentemente no puede prosperar y deberá ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social “SUSESO” y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez “nombre reservado”, Región Metropolitana.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.

Protección Ingreso Corte N° 94.529-2020.