nombre reservado con UNIVERSIDAD LA REPUBLICA

9 Santiago, dieciséis de junio de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en estos autos rol N°9449-2017, comparece don Marco Jiménez Barra, abogado, en representación de doña nombre reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Universidad de La República, representada legalmente por su Rector don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en atención al acto arbitrario e ilegal que ha incurrido este plantel al haber reprobado de la asignatura de práctica profesional de la carrera de enfermería a la alumna sseñora nombre reservado al octavo día desde su inicio, sin evaluación previa, ni razón alguna.

Agrega que la señora nombre reservado es estudiante del último año de enfermería de dicha Universidad, y el día 3 de enero de 2017 inicio la primera de sus prácticas profesionales, la cual se extendería hasta el 10 de marzo de 2017 aproximadamente, siendo los requisitos para acceder a ella, haber aprobado un examen teórico y pagar por adelantado las dos prácticas que debía desarrollar este año, siendo requisito la aprobación de la primera práctica para realizar la segunda.

Dicha primera práctica se debía realizar en forma íntegra en el Consultorio Garín de la comuna de Quinta Normal, siendo la encargada de supervisarla la enfermera nombre reservado, siendo destinada la sra. nombre reservado a la sección curaciones de pie diabético. Indica que desde el primer día la enfermera inició un trato vejatorio en contra de la estudiante diciéndole que su trabajo no era bueno, que no tenía manejo del instrumental médico, que no era buena estudiante, todo esto frente al resto de sus compañeros, del personal del consultorio y de los pacientes, y que desde el segundo día de práctica la sra. nombre reservado comenzó con amenazas que reprobaría la práctica.

Agrega que su defendida era la única alumna que no tenía experiencia en recintos de salud, por lo que esperaba un mayor apoyo de los docentes que la supervisaban, como asimismo que la capacitaran en forma debida.

Indica que al tercer día la alumna queda sujeta a la supervisión de una auxiliar del Hospital, quien evidentemente está más preocupada de sus quehaceres diarios que de enseñar, oportunidad en que la sra. nombre reservado, volvió a repetir que reprobaría la práctica, señalando además que no le tenía paciencia, que estaba aburrida de ella y que la iba a reprobar sin más trámite, por lo que la presión que comenzó a sufrir su defendida fue inmensa, en especial porque no tenía rapidez y maestría en el trabajo que le exigía la enfermera supervisora, sin reparar esta que la práctica es precisamente para que los alumnos adquieran destrezas que no tiene, con la debida capacitación y asesoría de los docentes de la Universidad.

Los siguientes días de práctica su representada fue criticada abiertamente frente al resto de sus compañeros, denostándola en su desempeño por desconocer el uso del instrumental médico, por no conocer protocolo de asepsia y por diversas materias que según la sra. nombre reservado, la alumna debiera saber, llegando incluso la enfermera supervisora a gritar a la alumna frente a los pacientes, sin tener en cuenta que esta es la primera práctica que realizaba en un recinto médico complejo.

Refiere que durante esos días la alumna debió atender a personas con enfermedades infecciosas de gravedad, que requieren de una experiencia previa y una orientación por parte de los docentes para que el alumno aprenda, no teniendo acompañamiento de ninguna persona que la capacitara para afrontar diversas situaciones que ocurrían durante su práctica, enterándose después que había atendido a personas con enfermedades contagiosas, sin haber recibido enseñanza de cómo trabajar en esos casos.

Continúa señalando que el día jueves 12 de enero, su representada fue reprobada de la práctica sin más trámite. Ese día se hizo una reunión entre ella, el supervisor de práctica sr. nombre reservado y la enfermera nombre reservado, manifestando ésta última que la alumna debía ser reprobada inmediatamente porque no tenía la experiencia que ella esperaba, que no era rápida, que era tímida, que no le gusta su personalidad, y que no tenía más paciencia con ella. Frente a ello su representaba recurrió a la Universidad, explicando que en los siete días de práctica no se hizo una evaluación y no se le entregó ninguna pauta de evaluación que justificara su reprobación, siendo reprobada sin tener una nota, respondiendo la Universidad que ya estaba reprobada y que no se le devolvería el dinero pagado, y que no había nada más que hacer al respecto, agregando que tenía una sola oportunidad más para aprobar el curso, si no sería expulsada de la carrera.

Refiere que el reglamento de la carrera no establece la posibilidad de reprobar a un alumno antes del término del período lectivo y establece con claridad los mecanismos de evaluación de cada asignatura, por lo que el actuar en este caso no se ajusta al propio reglamento que la Universidad ha dado, por lo que estamos frente a un acto ilegal y arbitrario, ya que la reprobación no estuvo sujeta a ninguna evaluación objetiva.

Señala que lo sufrido por su representada significa una vulneración de la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, porque su representada sufrió un sistemático hostigamiento, amenazas, humillación frente a otras personas, por no tener la destreza que la docente esperaba, siendo que la función de esta era acompañarla y capacitarla, justificando aquella la reprobación mediante un trato vejatorio. Agrega que esto ha causado gran sufrimiento a su defendida porque la reprobación de la práctica le significa alargar por más tiempo su egreso y titulación, además que frente a su pares se le ha presentado como una persona incapaz, lenta, tímida, mala estudiante, entre otras cosas, lo que constituye un atentado a su honra y fama, derecho consagrado en el artículo 19 N°4 de dicho cuerpo legal.

Indica que también se vulneró la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución, en atención a que su representada pagó por adelantado la práctica profesional y no pudo realizarla, cobrando la Universidad por un servicio que no otorgó o que renuncia a otorgar por las dificultades que esto genera.

Adiciona que la reprobación de la alumna es ilegal porque la forma en que se hace es ajena al espíritu del reglamento de estudios, que establece pautas de evaluación de la asignatura, conculcándose la garantía referida porque el alumno, al ingresar a la universidad, tiene derecho a la permanencia, movilidad y promoción conforme a la orgánica interna del plantel educacional, para realizar los estudios conducentes a un grado académico o aun título profesional de nivel universitario y estos bienes incorporales, que constituyen derechos, tiene la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución, porque sobre ellos exige una especie de propiedad, de la que se le ha privado a la alumna, ya que se le expulsó de la práctica, poniendo en riesgo su futura titulación, siendo el recurso de protección el medio eficaz para amparar un derecho conculcado como el presente.

Fundando su recurso acompaña los siguientes documentos:

1.- Contrato de prestación de servicios entre la recurente y la recurrida de fecha 29 de diciembre de 2016.

2.- Boleta de ventas y servicios N°74176, extendida por la Universidad con la misma fecha, que da cuenta del pago del curso de internado.

3.- Malla Curricular de la carrera de Enfermería y salud Pública de la Universidad de La República.

4.- Ficha de pauta de evaluación del curso de internado de la Universidad de la República.

2°) Que don nombre reservado, rector de la Universidad de la República, informa el recurso solicitando su rechazo, con costas, señalando que doña nombre reservado es alumna de esa casa de estudios de la carrera de enfermería y efectivamente el día 3 de enero de 2017 inicio su proceso de pasantía clínica, requisito para poder optar al Grado Académico de Enfermera Universitaria, ya que había cumplido con los pre requisitos, agregando que la alumna aprobó el área extra hospitalaria con nota 4.

Señala que a los pocos días de haber iniciado el proceso de práctica en el “Consultorio Garín” del CESFAM de Quinta Normal, la supervisora intrahospitalaria doña nombre reservado informa del mal desempeño de la recurrente al encargado de campos clínicos de la Universidad don nombre reservado, a quien le solicita se adopten las medidas que fueren procedentes, porque se avizoraba que no podría continuar la práctica. El mayor problema se suscita cuando la supervisora detecta que la recurrente no contaba con los conocimientos suficientes y necesarios para realizar esas actividades, cuestión no menor porque su falta de preparación pone en riesgo el funcionamiento de dicho centro de atención primaria de salud, y a fin de evitar un mal mayor, es la propia funcionaria del CESFAM quien decide apartar a la alumna del internado, informando de aquello al Coordinador de Práctica, lo que ocurre el 9 de enero de 2017.

Tomando conocimiento la Universidad procede a citar a la recurrente para iniciar un plan de reforzamiento, en el que ella estuvo de acuerdo, e incluso conversó con la propia encargada del recinto hospitalario, para que una vez terminado dicho plan volviera al mismo establecimiento a hacer su práctica, lo que no ocurrió porque derivó la actora en este proceso.

Indica que no ha vulnerado la normativa de la Universidad porque desde el inicio de la práctica profesional se le informa a los alumnos que deben cumplir las indicaciones de los supervisores y que serán ellos los que evalúen su desempeño, como lo establece la cláusula tercera del convenio de colaboración docente asistencial y prácticas profesionales, suscrito entre la Corporación de Desarrollo Comunal de Quinta Normal y su representada. Según lo que informa la supervisora son esas instrucciones que la estudiante no cumplió por falta de conocimientos, efectuando el sr. nombre reservado su evaluación de práctica, la que da cuenta de la deficiencias de conocimientos teóricos de la alumna, lo que llama la atención porque recién había egresado, aun cuando fue sólo con promedio 4.0.

Adiciona que la negativa del CESFAM a seguir con la práctica de la recurrente no dependía de su parte, la que de inmediato adoptó las medidas aconsejables para que superara los inconvenientes que se había detectado y por ello se le propuso un reforzamiento en sus conocimientos, por lo que el recurso debió entablarse contra el CESFAM y la supervisora de práctica a la que le atribuye los infortunios sufridos.

Refiere carta de la supervisora, que da cuenta de la interrupción de la práctica, manifestando la necesidad que la alumna adquiera conocimientos para realizar procedimientos propios de su quehacer de enfermería, ya que le falta conocimiento, habilidades y destrezas para el desempeño de su rol de interna de enfermería lo que coloca en riesgo la buena evolución de esta acciones, indicando como ejemplo mal manejo de técnica aséptica, que no logra diferenciar la pinza anatómica y pinza quirúrgica y falta de lenguaje técnico, agregando que junto al profesor supervisor del campo clínico, se da la opción a la alumna para ayudarla y una vez que se sienta reúne los conocimientos, pueda volver a continuar su internado.

Agrega que la recurrente pretende que se le permita continuar de inmediato la práctica profesional, en circunstancias que, por lo dicho, ello es absolutamente inviable mientras no se someta a un programa o plan de capacitación, que no sólo refuerce sus conocimientos teóricos, si no que la deje en condiciones de poder realizar adecuadamente esa práctica profesional, y es lógico que el CESFAM haya procedido como lo hizo porque está en riesgo la integridad física de los pacientes.

Comenta que la señora nombre reservado tiene la segunda oportunidad de realizar la práctica, pero si no se prepara adecuadamente es probable que obtenga el mismo resultado, lo que no es responsabilidad de la Universidad, si no de su impericia y su falta de voluntad en admitir que necesita una mayor preparación, no sólo para realizar la práctica con éxito, sino que también para titularse de enfermera.

Refiere que la Universidad no discrimina, que su obligación es la de dar máxima credibilidad al Centro de salud en donde se realizaba la práctica, la supervisora quizás por sus años de experiencia rápidamente pudo advertir que la alumna no podía continuar mientras no mejorara sus conocimientos y habilidades, y la Universidad tuvo que admitir esa decisión, y ofrecerle a la recurrente lo ya indicado, siendo relevante que muchas veces alumnos tiene problemas con la aplicación práctica de conocimientos, siendo relevante que en esta materia no puede desatenderse la ley que regula los derechos de los pacientes. Indica que la Universidad de la República no regala títulos.

Manifiesta que respecto de las acciones personales que se cuestionan de la supervisora, no puede informar porque no le constan, pero que en todo caso duda que una persona de su experiencia sólo por dañar haya adoptado medida tan severa.

Dice en relación a la que la Universidad haya cobrado por un servicio que no prestó, que la universidad si tuvo a disposición el campo clínico, que el costo es el mismo se aprueba o repruebe la práctica, y que en todo caso aún puede realizar la práctica, poniendo la Universidad a disposición de la alumna tutorías para mejorar sus conocimientos. Señala que el único derecho indubitado es el de realizar la práctica en un centro de salud qu la ULARE debe indicar, y que su parte se hizo cargo de ello, siendo la recurrente la que ha fracasado en llevar adelante la práctica, siendo claro que la universidad no se ha negado a capacitarla.

Para fundar su informe acompaña:

1.- Copia del “Convenio de colaboración Docente Asistencial y de Prácticas Profesionales”, suscrito el 10 de diciembre de 2013 entre la ULARE y la Corporación de Desarrollo Comunal de Quinta Normal.

2.- Copia de “pauta de Evaluación Internado Atención Abierta o Cerrada”, de la recurrente.

3.- Copia de la carta suscrita por doña nombre reservado, de fecha 23 de marzo de 2017, enviada a la Jefa de carrera de Enferemría de la ULARE.

3°) Que, entrando al análisis del recurso, cabe señalar lo que reiteradamente se ha precisado en otros recurso del mismo tipo, en orden a que para el estudio del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

5º) Que en el caso sublite, con los documentos acompañados puede tenerse por establecido lo siguiente: a) Que la recurrente, alumna de la carrea de Enfermería de la Universidad de la República, aprobó los cursos necesarios para poder iniciar su práctica profesional, inscribiéndose en ella y pagando la matricula respectiva; b) Que la Universidad de la República asignó a dicha alumna al Consultorio “Garín” del CESFAM de Quinta Normal, institución con la que tiene convenio para realizar prácticas profesionales; c) Que la recurrente inició su práctica profesional el día e3 de enero de 2017, siendo asignado como supervisora intrahospitalaria doña nombre reservado, y siendo el encargado de campos clínicos de la Universidad don nombre reservado, nexo de la Universidad con la supervisora; d) Que con fecha 12 de enero de 2017, la supervisora intra hospitalaria comunica al encargado Clínico la suspensión de la práctica mientras no adquiera los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la práctica profesional, fundado en los hechos que comunica dicha supervisora, emitiendo el encargado de Campos Clínicos de la Universidad la evaluación reprobatoria; e) Por último, puede tenerse por establecido que la recurrente tiene la oportunidad de reanudar su práctica una vez superado los problemas de conocimientos, y que la Universidad a ofrecido a la alumna las tutorías necesarias al efecto.

6°) Que, así establecidos los hechos, esta no corte no aprecia la existencia de un derecho indubitado, que hubiese sido afectado por acto ilegal y/o arbitrario de la recurrente.

En efecto el derecho que tiene la recurrente, y sobre el cual no hay dudas es a hacer la práctica profesional en algún Centro de salud, al aprobar las asignaturas pre requisito, derecho que no se ha conculcado desde que la Universidad de La República ha asignado campo clínico para realizarla, en virtud de los convenios de colaboración previamente suscrito con el CESFAM de Quinta Normal, pudiendo en consecuencia la alumna iniciar dicha práctica profesional.

Por el contrario no es un derecho indubitado el poder continuar su práctica una vez reprobada, porque realizándose ésta en un centro de salud, que atiende personas, lógica y necesariamente la permanencia en ella queda supeditada a cumplir los estándares exigidos, entre los que sin dudas están los conocimientos y habilidades para el desarrollo de la función del practicante, los que precisamente son los cuestionados por la supervisora de práctica y el encargado de campos clínicos, no habiéndose acreditado que la alumna posea dichos conocimientos y habilidades en términos tales que esta Corte pudiese ordenar el continuar con la práctica, siendo claro por lo demás que para acreditar hechos como los indicados (la idoneidad de los conocimientos y habilidades de la alumna), está no es la vía, en tanto este procedimiento es cautelar, y en ningún caso de declaración de derechos.

Que al no existir un derecho indubitado afectado, malamente puede sostenerse afectación a alguna garantía, por lo que debe, en consecuencia, rechazarse el recurso.

7°) Que, sin perjuicio que basta lo anterior para rechazar el recurso, cabe tener presente que del relato de hechos efectuados, que no se aprecia tampoco la existencia de algún acto de la recurrida que lesione garantía constitucional de la actora, desde que dicha entidad demandada cumplió con aquello a que pudiere estar obligada por el contrato de educación, desde que, tiene convenio con centro de salud para realizar práctica profesional, que en virtud de aquel se aceptó en ella a la alumna y se dio inicio a su práctica, y que, una vez establecida por la institución externa la falta de conocimientos y habilidades, estuvo y está llana a realizar las acciones necesarias para colaborar con la recurrente en la obtención de dichas herramientas, para los efectos de poder sortear adecuadamente las exigencia de esta instancia de apresto a la vida laboral, en la cual precisamente se deben certificar la obtención de las competencias mínimas para ejercer la profesión en cuestión.

Que, por último, las acciones vejatorias invocada (que por lo demás no están probadas), tampoco se le imputan a la recurrida ni algún funcionario de su dependencia, por lo que malamente podría fundar una acción a su respecto.

8°) Por todo lo anterior, el recurso en examen no puede prosperar y debe desestimarse.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema, sobre tramitación de acciones como la de autos, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don Marco Jiménez Barra, en representación de nombre reservado, en contra de la Universidad de la República.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro (S) Juan Opazo Lagos.

No firma el Abogado Integrante señor Sebastián Hamel Rivas no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse ausente.

Protección Rol N°9449-2017.- Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes e integrada por el Ministro (S) señor Juan Opazo Lagos y por el Abogado Integrante señor Sebastián Hamel Rivas.