BATCAM GROUP S.P.A. con ADM. DE FONDOS DE CESANTIA CHILE II S.A.

Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado don Freddy Delgado Cadin, en representación de don nombre reservado representante legal de la EMPRESA BATCAM GROUP SPA, interponiendo recurso de protección en contra de 1) la DIRECCIÓN DEL TRABAJO ORIENTE, 2) ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A., 3) ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A., 4) ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. y de 5) ADMINISTRADORA DE FONDOS CESANTÍA, por el acto arbitrario e ilegal consistente en "limitar la realización y ejecución de una actividad o prestación de servicios en Materias Inherentes a la Seguridad Privada, como empresa de RRHH, en la materia", vulnerándose de tal forma las garantías constitucionales previstas en los numerales 3, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental..

Luego, precisa, que el acto ilegal o arbitrario, consiste en que las Administradoras citadas no han aclarado en el Boletín Laboral y Comercial (F30), el pago de una deuda que mantenía con las mismas y, en el caso de la Dirección Provincial del Trabajo, por no pronunciarse de una multa impuesta en el año 2017 y que se encuentra prescrita, no obstante que en reiteradas ocasiones se los ha solicitado.

Explica que lo anterior provoca que no se le autorice por la Prefectura de Carabineros OS-10 a funcionar como empresa en Materias Inherentes en Seguridad Privada, al registrar deudas previsionales, entidades que se justifican en la pandemia y teletrabajo, aludiendo a desfases de hasta seis meses para lograr regularizar los Informes F30, coartándole de tal forma, el derecho a trabajar y poder otorgar trabajo.

Solicita se ordene a las recurridas aclarar el formulario F 30, dentro del plazo de cinco días, declarando que toda deuda que mantiene la Empresa Batcam SpA,, se encuentran pagadas y debidamente declaradas.

SEGUNDO: Que el abogado, don José Luis Maldonado Vásquez, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Previamente hace presente que el recurrente no señala ni acredita fecha en que tomó conocimiento del presunto acto u omisión ilegal o arbitrario que pretende impugnar por medio de la presente acción constitucional y, menos acompaña antecedente alguno que dé cuenta de la fecha de la resolución y de su toma de conocimiento.

En razón de lo anterior, alega la extemporaneidad del recurso, ya que según se desprende del propio recurso, se trata de obligaciones del año 2017.

En cuanto al fondo del recurso, señala que la acción ha perdido oportunidad, debido que a la fecha el recurrente no registra publicaciones por parte de AFP Capital en el Boletín Laboral y Previsional, puesto que el 13 de octubre de 2020, procedió al envío para aclaración de las cotizaciones previsionales impagas de diversos meses del año 2017, solucionadas en distintas fechas por el actor. Añade, que informó a la Dirección del Trabajo para la eliminación del registro.

TERCERO: Que informando, la abogada, doña Jimena Holtheuer Vergara, por la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

En primer término alega la extemporaneidad de la acción cautelar, en tanto no se ha señalado la oportunidad en que le habría solicitado aclaración, ni tampoco cuando, ni en qué forma, se habría negado a ello, existiendo sólo claridad de la incorporación de la recurrente en el Boletín de infractores laborales en el mes de mayo de 2017, al iniciarse las causas de cobranza laboral en contra de la actora, lo que es de público conocimiento.

Luego indica, que la recurrente no ha acreditado ser titular de un derecho indubitado, ni cumplir con los requisitos de emergencia o urgencia para asegurar el respeto y vigencia de los derechos constitucionales que señala amagados.

En cuanto al fondo del recurso, precisa, que la recurrente, mantiene vigentes deudas impagas de cotizaciones previsionales declaradas y no pagadas, en los meses de noviembre y diciembre de 2016, en la actualidad en cobranza judicial, en la causa P-30096-2017 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional; el periodo octubre de 2017, fue pagando el 18 de noviembre de 2020, informándolo.

Concluye, que no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario en la información proporcionada a la Dirección del Trabajo, no existiendo ninguna vulneración de derechos o garantías constitucionales.

CUARTO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., evacuando el informe, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, puesto que no existe un derecho indubitado, sino un derecho controvertido, que no puede solucionarse por esta vía.

Expresa que de la revisión de su base de datos, se constató que la recurrente registra deuda previsional por cotizaciones desde agosto de 2016 a diciembre de 2018, respecto de una serie de afiliados, por una deuda total de $6.963.433, y que, en cumplimiento de la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia se solicitó a la Dirección del Trabajo la incorporación en los registros de empleadores morosos.

Se remite a normativa en relación a los derechos de los trabajadores y, las consecuentes obligaciones de los empleadores, la afiliación al sistema de pensiones, la obligación de declarar y pagar las cotizaciones previsionales, las penas en que se incurre por su incumplimiento y otras.

Finalmente sostiene que el presente recurso es improcedente, al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, ni perturbación ni amenaza a ninguna de las garantías constitucionales de la recurrente.

QUINTO: Que informando la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., refiere no haber incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, sino que ha obrado de acuerdo con la normativa vigente, cumpliendo con las disposiciones de carácter obligatorio establecidas en el Compendio, dictado por la Superintendencia de Pensiones, para fines normativos del sistema de seguro de desempleo.

Afirma que en sus registros consta que la recurrente presentó 52 planillas de Declaración y No pago de cotizaciones previsionales de sus trabajadores, correspondientes a los períodos de abril, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2016, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2017, desde agosto hasta diciembre de 2018 y enero de 2019, por un valor nominal de $937.784, valor actualizado al 31 de diciembre de 2020 asciende a $2.540.238, más las costas procesales y personales de la cobranza judicial.

Precisa que por lo anterior se iniciaron acciones judiciales en contra de la recurrente, las cuales se encuentran actualmente en tramitación, no encontrándose prescritas las acciones al momento de iniciar el respectivo cobro.

En cuanto a la supuesta acción ilegal y arbitraria de las instituciones y empresas acreedoras, consistentes en limitar la realización ejecución de una actividad o prestación de servicios, no es efectivo, solo se ha limitado a cumplir la obligación que le impone la ley, informando a la Dirección del Trabajo para incluir los antecedentes pertinentes en el Boletín de deudores morosos.

SEXTO: Que la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, al informar el recurso, solicita su rechazo, con costas.

Previamente alega la caducidad en el plazo de interposición de la acción de protección, conforme lo establece el artículo 1° del Auto Acordado de Tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, puesto que aun cuando el recurso no indica cuando habría ocurrido el supuesto acto u omisión ilegitimo o arbitrario, lo que ya es suficiente, se da el hecho que la fecha en que se impuso la multa fue en el año 2017, o a lo menos a la fecha del Ord. 617, de 11 de junio de 2019, que resolvió el recurso administrativo interpuesto por la actora, lo que excede el plazo de 30 días corridos que establece el Auto Acordado.

En cuanto al fondo del recurso, señala, que si bien no se indica por la recurrente la multa a la cual se hace referencia, revisados los registros se identificó la multa 7576/17/24, cursada el 12 de julio de 2017, en contra de la cual se interpuso recurso de reconsideración administrativa el 14 de enero de 2019, solicitando la sustitución de la multa por capacitación, de acuerdo al artículo 506 TER del Código del Trabajo, el que fue rechazado por ORD. 617 de 11 de junio de 2019, concluyendo el procedimiento administrativo y cargándose a la Tesorería General de la República, debiendo pagar. Agrega que en la actualización del Formulario F-30, que corresponde al certificado de antecedentes laborales y previsionales, se actualiza de forma automática.

En cuanto a la alegación de la recurrente, de una supuesta caducidad de la responsabilidad por infracciones administrativas, precisa que en relación a la facultad sancionadora del estado y los plazos de prescripción, la potestad sancionadora administrativa no se identifica con la justicia penal, sino que al derecho administrativo, y en los casos no regulados se debe acudir al derecho común, concluyéndose que el plazo de prescripción es de cinco años, por lo que debe descartarse la supuesta prescripción de la multa.

Agrega que la prescripción, como beneficio, debe decretarse por medio de una sentencia firme, en un procedimiento establecido expresamente por la ley, el cual no es el objetivo del procedimiento de una acción de Protección.

Finalmente, señala que este tipo de materias no son de las que se deban analizar en este tipo de procedimiento cautelar.

SÉPTIMO: Que ahora bien, la empresa recurrente, al interponer el presente recurso, debió someterse al procedimiento que establece al efecto el Auto Acordado de la Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, que dispone en su numeral 1°, que debe serlo dentro del plazo fatal de 30 días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

En el caso, ocurre, tal como se ha expresado por las recurridas, que se ha procedido a formular esta acción cautelar, sin manifestar, ni aportar la recurrente, antecedente alguno en orden a cuando habría tomado conocimiento del acto u omisión que denuncia como ilegal o arbitrario, obviando toda referencia de los actos en cuestión, lo que lleva desde ya a su rechazo.

OCTAVO: Que a lo anterior cabe agregar que el recurso resulta extemporáneo, al tenor de lo informado por las recurridas, quienes haciendo una revisión de sus registros y, conforme a la documentación acompañada, es posible establecer que a la fecha de su presentación en esta Corte, 05 de noviembre de 2020, ya había transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos que establece el Auto Acordado de la Corte Suprema para su interposición, atendido que la deuda previsional de la empresa, informada por las Administradoras a la Dirección del Trabajo, corresponden a cotizaciones previsionales del año 2016 y/o 2017, la que se mantiene vigente, a excepción de la deuda con la Administradora de Pensiones Capital S.A., respecto de la cual la empresa cumplió con su pago en el mes de octubre de 2020, perdiendo el recurso oportunidad a su respecto.

NOVENO: Que por otra parte, la alegación de la recurrente, respecto de una supuesta caducidad y prescripción de la responsabilidad por infracciones administrativas de la multa que registra en la Dirección Regional del Trabajo, se debe decir, que se trata de una materia no susceptible de ser analizada en este tipo de procedimiento cautelar y sumarísimo, sino que corresponde a materias que deben ser conocidas por los tribunales ordinarios.

DÉCIMO: Que sin perjuicio de lo ya razonado, cabe señalar, que constituye una obligación para las Administradoras de Fondos de Pensiones, informar a la Dirección del Trabajo, los empleadores que no han cumplido con el entero de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, lo que trae como consecuencia su inclusión en el Boletín Comercial de Infractores.

El plazo de los empleadores para acreditar los pagos en las cuentas de capitalización individual de los afiliados, es hasta el décimo día hábil del mes siguiente al pago o entero, conforme se establece en el D.L. N° 3.500 de 1980, artículo 23°, normativa que además, en su artículo 19, dispone la obligación de las Administradoras a seguir las acciones tendientes al cobro.

UNDÉCIMO: Que por último, se debe tener presente, que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II, Titulo X, dictado por la Superintendencia de Pensiones, atiende, entre otros, a la información que se debe proporcionar por las Administradoras de Fondos de Pensiones a la Dirección del Trabajo, de los empleadores morosos, para efectos del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral. Es así como determina que se debe enviar bimestralmente, en los meses enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año, el día 30 o hábil siguiente si este fuere sábado o domingo o festivo, información relativa a empleadores con cotizaciones declaradas y no pagadas.

En el caso de la Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A, debe ajustar su actuar a la Ley N° 19.728, imponiéndole en su artículo 19, la obligación a despachar la nómina de empleadores morosos, a la Dirección del Trabajo y a los registros de antecedentes comerciales y financieros.

DUODÉCIMO: Que, en definitiva, de lo que se ha razonado, no puede sino concluirse que en el caso sub lite, el recurso resulta extemporáneo y, tampoco se ha establecido por la recurrente que posea un derecho indubitado que la habilite para reclamar por el presente medio, pues, se requiere de una declaración previa que no procede hacer en este procedimiento, circunstancias que lleva al rechazo de la presente acción de protección.

Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre el Recurso de Protección, se rechaza el de la especie, interpuesto por la empresa Batcam Group SpA en contra de las Administradoras, Capital S.A., Habitat S.A., Provida S.A., Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A. y la Dirección del Trabajo Oriente, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la ministro Señora Elsa Barrientos Guerrero.

Protección N° 94.447-2020.- Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por los ministros señor Omar Astudillo Contreras y señora Elsa Barrientos Guerrero. No firma el ministro señor Astudillo, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso administrativo.