Protección contra Junta Nacional de Jardines Infantiles

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Felipe Escandón, en representación de nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la resolución administrativa que dispuso su destitución, acto que a su entender vulnera de manera directa y actual sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 Nº 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeñó como funcionario público en la JUNJI, con una trayectoria calificada en Lista Nº 1 de Distinción, sin registrar medidas disciplinarias ni anotaciones de demérito previas. Señala que se le instruyó un sumario administrativo imputándole haber incurrido en falta grave a la probidad administrativa por haber realizado un viaje al extranjero durante el periodo de vigencia de una licencia médica, asociada a salud mental y que ordenaba reposo.

Sostiene la ilegalidad del acto por infracción al principio de tipicidad y legalidad, argumentando que el eventual incumplimiento de un reposo médico constituye una infracción de naturaleza sanitaria y previsional regulada por el Decreto Supremo Nº 3 de 1984 del Ministerio de Salud, la que no constituye una infracción funcionaria que habilite el ejercicio de la potestad disciplinaria del órgano en el que se desempeña. Por ello, al aplicar una sanción por este órgano de la Administración, se construye una norma que no existe dentro del ámbito de las competencias legales de quien la aplica, vulnerando con ello el principio de juridicidad.

Asimismo, alega la arbitrariedad de la sanción por falta de proporcionalidad, pues aun aceptando que la conducta fuere una infracción administrativa, la sanción aplicada es manifiestamente desproporcionada, dejando de ponderar su conducta previa intachable, la ausencia de dolo o intención defraudatoria, la naturaleza de la licencia médica, asociada a salud mental y que existen otras sanciones disciplinarias menos gravosas.

Invoca también la existencia de una infracción al principio de certeza jurídica y de irretroactividad pro administrado, dado que las pautas sobre la compatibilidad de desplazamientos en licencias de salud mental fueron aclaradas con posterioridad por el Dictamen Nº NUM000 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Agrega que con ello, se han vulnerado garantías constitucionales, contenidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus Nº 2 de igualdad ante la ley y 24, en su dimensión de propiedad sobre derechos incorporales.

Solicita, en definitiva, se deje sin efecto la resolución de destitución, ordenándose su reincorporación a sus funciones y el pago de todas sus remuneraciones dejadas de percibir.

Segundo: Que evacuando el informe requerido el abogado Nicolás Alejandro Verdugo Valdés, en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

En lo que atañe a los hechos, precisa que en contra del recurrente se tramitaron de manera paralela dos procedimientos disciplinarios. El primero, ordenado por Resolución Exenta Nº NUM001 de 17 de septiembre de 2024, con el fin de investigar denuncias de connotación sexual y relevancia en el ámbito laboral, por hechos ocurridos en marzo de ese mismo año, el cual culminó con la aplicación de la medida disciplinaria de destitución aprobada por Resolución Exenta RA N° NUM002, registrada por la Contraloría General de la República el 2 de septiembre del año 2025 y notificada de forma personal al recurrente el 1 de octubre de 2025, fecha en que se produjo el cese del cargo siendo el último día que el recurrente desarrollo sus funciones en la Dirección Nacional de la JUNJI.

En cuanto al segundo procedimiento -que da origen al acto impugnado en este recurso-, iniciado por Resolución Exenta Nº NUM003 de 25 de junio de 2025, se instruyó sumario tras recibirse una carta reservada del Departamento de COMPIN Nacional por salidas del país de funcionarios con licencia médica. En dicha indagatoria se acreditó que el actor, encontrándose con la licencia médica folio N° NUM004, extendida por el médico tratante desde el 27 de enero del 2025, por 21 días, realizó un viaje por tierra de Santiago a Arica, para luego cruzar la frontera hacia Tacna, Perú, el día 29 de enero del mismo año, retornando el mismo día.

Explica que mediante Resolución Afecta N°NUM005, de 19 de noviembre de 2025, se tiene por afinado el Sumario Administrativo y se aplica al exfuncionario nombre reservado la medida disciplinaria de destitución, conforme lo dispuesto en el artículo 121 letra d) y 125 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo del año 2004 del Ministerio de Hacienda.

Precisa que la continuación de este segundo sumario, con el afectado ya en calidad de exfuncionario, se realizó solo para los efectos previstos en el artículo 147 del Estatuto Administrativo, esto es, para dejar debido registro de la sanción en su hoja de vida.

Plantea la improcedencia de la acción de protección, alegando, en primer término, su extemporaneidad, toda vez que el acto administrativo que dispuso la medida disciplinaria de destitución en contra del actor y que en definitiva tuvo en los hechos como consecuencia la cesación del cargo a contrata del exfuncionario, fue la Resolución Exenta RA N° NUM002, que determinó además la responsabilidad administrativa de don nombre reservado en los hechos investigados a través del sumario administrativo ordenado a instruir mediante Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 17 de septiembre de 2024, notificada personalmente al recurrente con fecha 1 de octubre de 2025, fecha en que deja de prestar funciones por aplicación efectiva de aquella medida, por lo que la acción constitucional habría sido presentada fuera de plazo, ya que como se ha dicho, la notificación de 26 de febrero, se vincula a otro sumario, el que concluyó cuando ya había cesado su cargo.

Sin perjuicio de la extemporaneidad alegada, sostiene la improcedencia del recurso de protección, estimando que esta vía constitucional no es la idónea para revisar el mérito, las probanzas o la proporcionalidad de las sanciones aplicadas en un sumario administrativo regular, habiendo el recurrente omitido interponer en tiempo y forma los recursos administrativos correspondientes de reposición y apelación establecidos en el artículo 141 del Estatuto Administrativo, o la reclamación ante la Contraloría General de la República contemplada en el artículo 160 del mismo cuerpo legal.

Descarta enseguida, la existencia de ilegalidad o arbitrariedad e indica que la conducta de utilizar un reposo médico para realizar actividades ajenas a su finalidad -como viajes recreativos o de interés particular- vulnera gravemente el principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 8° de la Carta Fundamental y en la Ley N° 18.575. Cita la jurisprudencia de la Corte Suprema que califica de falta grave a la probidad este tipo de conductas, justificando la destitución.

Finalmente, niega la vulneración de las garantías del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución, argumentando que no hay propiedad sobre el empleo público y que se respetó rigurosamente el debido proceso del sumariado.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida debe considerarse que el arbitrio constitucional designa como pretendidamente ilegal y arbitrario el acto administrativo notificado el 23 de febrero de 2026, apreciándose de los antecedentes acompañados que aquél corresponde a Resolución Afecta N°NUM005, de 19 de noviembre de 2025, que tiene por afinado el proceso disciplinario seguido contra el recurrente a fin de determinar la eventual responsabilidad administrativa por falta grave a la probidad al salir del país en período de licencia médica para recuperación de la salud, imponiéndole, en definitiva, la medida disciplinaria de destitución.

Aun aplicado el efecto asignado a esta situación por el inciso final del artículo 147 del Estatuto Administrativo, es decir, si pierde la calidad de funcionario en el transcurso de un sumario administrativo, no es un impedimento para comprobar su responsabilidad en los hechos investigados, por lo que, en consecuencia, se le puede aplicar alguna sanción sólo con el objeto de anotarse en su hoja de vida, lo que trae aparejado que éste pueda ejercer también los medios de impugnación que la ley le permita.

De esta manera, es posible que el sancionado, ejerza las acciones administrativas en contra de la decisión sancionatoria del primer sumario y , luego, ya estando separado de funciones, pueda ejercer también los recursos en contra de la segunda sanción, dado que no se encuentran resueltos todos los recursos presentados, y existe una segunda sanción, sobre la cual puede ejercer acciones, puesto que podrá quedar registrada en su hoja de vida funcionaria.

Así, en contra de la decisión sancionatoria notificada en febrero del presente año, se puede ejercer sur impugnada, por esta u otra vía, dado que de ser sancionado, implica una eventual futura anotación en su hoja de vida, consideraciones que conducen a desestimar la alegación de improcedencia de la acción constitucional.

Quinto: Que, en lo que atañe a la alegación de la recurrida, en orden a que el control que se ejerce por la presente vía cautelar no se encuentra destinado a evaluar aspectos de mérito o conveniencia de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, resulta efectivo, pero no obsta a la revisión de la legalidad de aquel proceso, como en este caso se ha solicitado.

Sexto: Que en cuanto al fondo de las alegaciones de la recurrente consta en el expediente administrativo que la sanción de destitución tuvo como antecedente basal la instrucción de un sumario, originado por una comunicación de la COMPIN Nacional a la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

En ella, se le informó que tras haberse requerido a la Policía de Investigaciones de Chile información sobre la entrada y salida del país de funcionarios de aquel organismo, el recurrente registraba una salida y entrada del país mientras se encontraban con reposo médico, solicitando realizar las investigaciones administrativas respectivas, en atención a los antecedentes remitidos y su gravedad.

Séptimo: Que en el desarrollo del sumario administrativo se designó el fiscal investigador; se envió pliego de preguntas al inculpado, las que fueron respondidas por éste; se formularon cargos; se notificó al recurrente; los cargos formulados fueron redactados de manera objetiva y clara, sin reclamos del afectado; solicitó copia de expediente disciplinario y requirió ampliación de plazo para su defensa, formuló descargos y alegaciones a su respecto.

Se le informó que se indagaba una infracción a las obligaciones funcionarias contenidas en el artículo 61 letras b), c), g) del Estatuto Administrativo. Asimismo, se dictó la resolución que aprueba el proceso disciplinario y aplicó la destitución, pudiendo ejercer en su contra los recursos franqueados por el artículo 141 del mismo estatuto.

Se aprecia, en consecuencia, que no existe afectación de derechos en la sustanciación del sumario, pues el ahora recurrente contó con amplias oportunidades procesales de defensade sus derechos.

Octavo: Que resta indicar que el principio de probidad administrativa, definido en la Ley N° 19.575 consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

De acuerdo a ello, la falta cometida y ya descrita se puede encuadrar en la definición legal señalada, por lo cual se descarta la existencia de arbitrariedad en su determinación.

Noveno: Que, conforme lo antes razonado, solo cabe colegir que la medida de destitución impuesta al recurrente no puede calificarse como ilegal ni arbitraria, aserto que conduce necesariamente al rechazo del presente recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Regístrese y archívese.

Redacción del abogado integrante señor Luna.

N° Protección-9443-2026.