AUDITORIAS Y GESTION EDUCATIVAS LIMITADA con SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA

Santiago, catorce de enero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado, en representación de Agencia Técnica Educativa AUDIGEDUC Limitada, recurre de protección en contra de la Resolución Exenta N° 3477, de 10 de Julio del 2019, de la Subsecretaría de Educación, que rechazó la solicitud de invalidación de la Resolución Exenta N° 4158 de agosto de 2018, del mismo origen, que a su vez rechazó el recurso de reposición impetrado contra la Resolución Exenta N° 5451 de octubre de 2017 que aplicó la sanción de eliminación definitiva del Registro Público de personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que lo habilitaba para la realización de asesorías educativas en el marco de la Ley 20.284, sobre Subvención Escolar Preferencial.

Explica que el 16 de diciembre de 2013, AUDIGEDUC LIMITADA, fue valida por el Ministerio de Educación por cinco años renovables para realizar asesorías educativas en el marco de la Ley N° 20.248. En diciembre de 2014, fue contratada por la Municipalidad de La Pintana para asesorar los equipos técnicos y pedagógicos en los 12 establecimientos educacionales dependientes del Municipio en dicha comuna, siendo renovados sus servicios en los años 2015 y 2016.

Indica que la sanción aplicada se funda en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto Supremo N°235, de 2008, que reglamenta la Ley N° 20.248, en el cual se establece como causal de eliminación del registro, “la pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ingresar o permanecer en éste”, ello, a juicio de la recurrida, al no haber actualizado el Registro con los profesionales que prestaron servicios de asesoría técnica en la Ilustre Municipalidad de La Pintana el año 2015, lo que se estimó que constituye una infracción grave que permite aplicar lo estipulado en el artículo 30 de la Ley N° 20.248 y en el artículo 34 del Decreto Supremo N° 235, de 2008.

Señala que no ha incurrido en ninguna de las causales del artículo 37 del Decreto Supremo N°235. En el caso de la Resolución recurrida, la causal invocada estaría dada por la inobservancia del deber de actualizar periódicamente el registro de profesionales que prestarán asesorías educativas y se eleva a la categoría de requisito esencial cuyo incumplimiento llevaría aparejado la sanción máxima posible, esto es la eliminación del Registro Público. Discute que no existe norma legal ni reglamentaria que regule la periodicidad con que deben actualizarse los requisitos establecidos para las Agencias Técnicas Educativas.

Señala que las eventuales infracciones administrativas, fueron, además, cometidas involuntariamente y de buena fe por su parte y que intentó subsanarlas.

En ese sentido, explica que durante el año 2015 intentó acreditar a algunos profesionales de su equipo técnico en su ATE, sin que ello fuere posible ya que estos lo habían sido por parte de otra agencia, que no les había liberado las horas suficientes.

Luego, en junio de 2016, debía comenzar a ejecutar un nuevo contrato suscrito con la Municipalidad de La Pintana. Por ello, el 13 de mayo de 2016, solicitó directamente en la Plataforma habilitada por el Ministerio de Educación para tal efecto, la acreditación y registro de los profesionales que formarían parte de la asesoría contratada por la Municipalidad y tras diferentes consultas se le informó que su registro se encontraba bloqueado.

El 25 de octubre de 2017 concurrió a la División General de Educación del Ministerio de Educación a solicitar una explicación donde aprovecharon de notificarle la existencia de un procedimiento administrativo para determinar un posible incumplimiento de AUDIGEDUC a las obligaciones establecidas en la Ley 20.248 y los artículos 28 y siguientes del Decreto Supremo 235 del 2008, del Ministerio de Educación, todo lo cual se habría iniciado por el reclamo de una profesional registrada por su Agencia Técnica.

Afirma que nunca fue notificado de cargo alguno referido a la no actualización del registro y no se abrió un periodo de prueba respecto de los cargos imputados, por lo que no se cumplió un estándar mínimo del debido proceso.

El bloqueo que le impedía actualizar su registro ATE ocurrió recién con fecha 5 diciembre de 2017. Producto de lo anterior, finalmente se completó la actualización del registro ATE iniciada el 13 de mayo de 2016, que fue obstaculizado por funcionarios del propio Ministerio de Educación por vías de hecho y que antes había sido obstaculizado por las Agencias que mantenían inscritos a sus profesionales.

En ese sentido, razona que, no se puede pretender responsabilizar a AUDIGEDUC LIMITADA de una tardanza en actualizar su registro, ni en una omisión de mala fe, con miras a engañar a la fe pública.

En otra línea argumentativa, discute que la acción administrativa para perseguir eventuales infracciones administrativas se encontraba completamente prescrita al momento de iniciarse el procedimiento sancionatorio, toda vez que los hechos que originan el procedimiento sancionador ocurrieron el año 2015 y la sanción se aplica en el marco del procedimiento iniciado por Resolución Exenta N°5451, de 04 de octubre de 2017, casi tres años más tarde. Funda esta alegación en el artículo 94 del Código Penal. Alega atenuantes del artículo 11 número 6 y 7 del Código Penal.

Asimismo, la sanción carece de sustento toda vez que con fecha 13 de mayo de 2016, solicitó expresamente la ampliación y actualización de los profesionales que prestaban asesoría para AUDIGEDUC, trámite que no pudo ser concluido en un plazo prudente por demora imputable a la propia administración, lo que a su juicio configura la atenuante del artículo 11 número 7° del Código Penal.

Además, jamás había sido objeto de una sanción previamente por lo que también concurría la atenuante del numeral 6° del citado artículo 11 del Código Penal.

Ninguna de estas atenuantes fue tomada en consideración por la Resolución Exenta N° 3477, de 10 de Julio del 2019, que al confirmar la sanción, la priva del derecho a la vida, establecido en el artículo 19 N° 1; por cuanto la eliminación del Registro Público equivale a la muerte civil, viola el derecho consagrado en el artículo 19 N°3 en cuanto nadie puede ser juzgado por comisiones especiales y ha transgredido el proceso administrativo. Del mismo modo, afecta “el legítimo ejercicio del derecho a desarrollar cualquier actividad económica y propiedad consagrados en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política; por cuanto el propio ordenamiento jurídico le otorgó el derecho a formar parte del Registro Público de Agencias Técnicas Educativas por 5 años a contar del 16 de diciembre de 2013.

Por lo anterior, solicita que en definitiva, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 3477 de 10 de Julio del 2019 y consecuentemente la sanción administrativa aplicada por carecer de fundamento legal y falta de proporcionalidad entre sanción y la falta.

Acompaña:al recurso, Copia de la Resolución Exenta N° 3447, de 10 de julio de 2019, de la Subsecretaría de Educación y de la carpeta con procedimiento sancionatorio iniciado en 2018, y Certificado de registro de ATE AUDIGEDUC y profesionales acreditados.

Segundo: Que informando la recurrida señala que mediante Resolución Exenta Nº 442, de 26 de enero de 2018, se aprobó el procedimiento administrativo, ordenando eliminar definitivamente del Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo de la Ley N° 20.248, del Ministerio de Educación, a la ATE Auditorías y Gestión Educativas Limitada, en razón del literal a) del artículo 37 del Decreto Supremo N° 235, de 2008, del Ministerio de Educación, en relación con las obligaciones legales establecidas, tanto en el artículo 30 de la Ley N° 20.248, como en el artículo 34 del Reglamento.

La actora dedujo recurso de reposición en contra de la Resolución que la sancionó, el que fue rechazado mediante la Resolución Exenta N° 4158, de 9 de agosto de 2018. Finalmente, mediante Resolución Exenta N° 3477, de 10 de julio de 2019, de la Subsecretaría de Educación, se rechazó la solicitud de invalidación, fundada, en síntesis, en los siguientes argumentos:

i- Que, el acto administrativo cuya invalidación se solicita, es un acto que se encuentra fundado en los antecedentes agregados al procedimiento en comento, toda vez que, efectivamente consta que la ATE AUDIGEDUC, durante el año 2015, prestó servicios de apoyo técnico pedagógico a la Ilustre Municipalidad de La Pintana, con profesionales que no se encontraban incorporados en el Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo que mantiene este Ministerio, circunstancia que el propio solicitante reconoce, y que consta en diversos antecedentes del expediente, especialmente, en las Actas de Fiscalización elaboradas por la Superintendencia de Educación, que rolan de fs. 131 a 226 del procedimiento administrativo, lo cual configura de manera clara un incumplimiento de las exigencias legales para la permanencia en el Registro de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, entre los que se encuentra, la descripción de la formación y experiencia de los equipos de trabajo de la entidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.248, en relación con el artículo 37 del Reglamento.

ii- Que, no resulta atendible la alegación de la recurrente, respecto a haber solicitado la actualización de su equipo de profesionales en el Registro ATE, pero que dicho requerimiento no habría sido cursado por el Ministerio, por cuanto su solicitud de actualización fue realizada con fecha 13 de mayo de 2016. No obstante, los servicios realizados por los profesionales no validados, fueron prestados durante el año 2015, período que fue objetado por la Superintendencia de Educación.

iii- Por lo anterior, la Resolución Exenta impugnada se ajusta plenamente a la legislación que regula esta materia, no siendo posible, por ende, proceder a su invalidación, ya que el artículo 53 de la Ley N° 19.880, sólo contempla esta figura para actos contrarios a Derecho, lo que no ocurre en este caso y además, dicho acto administrativo fue dictado conforme a derecho, por autoridad competente dentro del ámbito de sus atribuciones, y de conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente, no advirtiéndose una vulneración a los derechos que señala conculcados el solicitante.

A continuación, desvirtúa las alegaciones efectuadas por la recurrente:

1- En cuanto a que, en el procedimiento administrativo, la recurrente no habría sido notificada de cargo alguno (sobre la no actualización del Registro Público), y que tampoco se habría verificado un período de prueba, señala que se desprende de los artículos 34 y 35,de la Ley N° 19.880, que el interesado tiene derecho a presentar los medios de prueba que estime atingentes a su defensa: no obstante, no se establece como requisito de la etapa de instrucción el abrir un término probatorio, pues dicha actuación sólo es procedente cuando a la Administración no le constaren los hechos, o la naturaleza del procedimiento lo exija.

Además, consta que el 25 de octubre de 2017 el representante de la recurrida fue debidamente notificado de la Resolución Exenta N°5451 de 2017 que expresa con precisión el motivo por el cual se da inicio al procedimiento, agregándose que el objeto de dicha investigación sería establecer la existencia o no de incumplimiento de las obligaciones con el Mineduc, y determinar la naturaleza del mismo, de conformidad a la normativa legal aplicable. Además, a fojas 336 del expediente, la recurrida formuló descargos. Luego, Con fecha 23 de febrero de 2018 presentó recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta que la sancionó: y finalmente, solicitó la invalidación administrativa.

2- Acerca de la alegación de pérdida de requisitos para ingresar o permanecer en el Registro, se remite a las razones dadas para rechazar la invalidación.

3- En cuanto a la ausencia de proporción entre la falta administrativa imputada, y la sanción aplicada en la especie, hace presente que la subvención escolar preferencial, es un aporte del Estado creado con el objeto de obtener un mejoramiento de la calidad de la educación en los establecimientos educacionales subvencionados, por lo que, tratándose de fondos públicos, éstos deben ser utilizados conforme a la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente. Por ende, el Registro Público de Personas y Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que administra este Ministerio, Constituye un instrumento de publicidad y transparencia, que permite a los sostenedores contratar los servicios idóneos para destinar adecuadamente los fondos SEP, al fin para el que fue creada esta subvención, cual es crucial para la correcta utilización de los recursos y su adecuada fiscalización.

Además, la proporcionalidad de la sanción aplicada se justifica plenamente, si se considera que el incumplimiento de la obligación de mantener actualizados los requisitos para integrar el Registro, es uno de carácter grave, contemplado en las causales de eliminación establecidas tanto en la Ley N° 20.248, como en el Decreto Supremo N° 235, de 2008.

4- En Cuanto a la supuesta prescripción de la acción sancionadora, expresa que la jurisprudencia judicial y administrativa de la Contraloría General de la República, es conteste al señalar que el plazo de prescripción aplicable a la acción sancionadora es de 5 años, contados, por regla, general desde la comisión de la infracción administrativa.

5- En cuanto a la alegación de no haber sido consideradas, por parte de la Administración, las atenuantes invocadas por la recurrente en consideración a que la actividad específica de la recurrente es prestar asesorías técnicas a establecimientos particulares subvencionados, es que no podía menos que conocer la obligación de actualización prescrita en la normativa legal, mediante la cual se busca proteger la fe pública envuelta en el Registro Público al que se ha hecho mención, al no informar oportunamente los antecedentes indicados.

Por último, asevera la inexistencia de actos que afecten los derechos y garantías constitucionales denunciados en el presente arbitrio, por lo que solicita rechazar la acción en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su informe: 1- Copia de Resolución Exenta NO 5451, de 4 de octubre de 201 7, de Subsecretaría de Educación, que aprueba inicio de procedimiento administrativo conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley NO 19.880, para los efectos de acreditar el incumplimiento de la normativa de las Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo de la Ley NO 20.248 y reguladas por el Decreto Supremo NO 235, de 2008, del Ministerio de Educación, respecto de la entidad "Auditorías y Gestión Educativas Limitada"; 2- Reportaje publicado por Ciper Chile, rolante a fojas 35 y siguientes del aludido procedimiento administrativo; 3- Notificación efectuada a la recurrente de la Resolución Exenta NO 5451 de 2017, de Educación, el 25 de octubre de 2017; 4- Formulación de descargos, de 9 de noviembre de 2017; 5- Presentación efectuada por la ATE AUDIGEDUC, de 29 de septiembre de 2017, ante la Sra. Ministra de Educación de la época; 6- Declaración del representante legal de AUDIGEDUC, en el aludido procedimiento administrativo, el 28 de noviembre de 2017; 7- Copia de Resolución Exenta NO 442, de 26 de enero de 2018, de la Subsecretaría de Educación, que aprueba el procedimiento administrativo al que se ha hecho mención; 8- Recurso de reposición presentado por la actora, de fecha 26 de febrero de 2018; 9- Presentación efectuada por la recurrente el 20 de abril de 2018, ante el Subsecretariode Educación; 10- Copia de Resolución Exenta NO 4158, de 9 de agosto de 2018, de la Subsecretaría de Educación, que resuelve recurso de reposición; y 11- Solicitud de invalidación presentada por la recurrente, de 11 de abril de 2019.

Tercero: Que en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamenta, debiendo interponer dicha acción en el plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Quinto: Que del análisis de los antecedentes y documentos acompañados por las partes, no se adquiere por esta Corte, la convicción de estar frente a un acto ilegal o arbitrario cometido por la recurrida.

En efecto, aparece de manifiesto que la actora reconoció que no cumplió la obligación de registro respecto de los profesionales que no estaban incorporados en el Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo que mantiene el Ministerio de Educación, circunstancia que fue reconocida por el actor y consta en diversos antecedentes del expediente administrativo, lo cual, como lo sostiene la recurrida, configura un incumplimiento de las exigencias legales para la permanencia en el Registro de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, entre los que se encuentra, la descripción de la formación y experiencia de los equipos de trabajo de la entidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.248, en relación con el artículo 37 del Reglamento.

Por otra parte, el procedimiento llevado a cabo, se ajustó a la normativa legal, formuló descargos, ofreció prueba, repuso de la decisión adoptada y finalmente solicitó la invalidación de la ultima decisión, que fue desechada.

Sexto: Que, en todo caso, como se adelantó, no existe acto ilegal o arbitrario de la recurrida, sino mas bien ésta ha obrado dentro de sus facultades, conforme a la normativa aplicable al efecto, encontrándose ajustada a ella, la decisión adoptada, que se impugna por esta vía.

Séptimo: Que, atendido lo señalado precedentemente, se hace innecesario el análisis de las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado, en representación de Agencia Técnica Educativa AUDIGEDUC Limitada, en contra de la Resolución Exenta N° 3477, de 10 de Julio del 2019, de la Subsecretaría de Educación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

Rol Nº94400-2019.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y por el Abogado Integrante señor nombre reservado.