Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Capital S

C.A. de Santiago Santiago, diez de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios 26 y 27: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, en favor de la sucesión hereditaria del causante don nombre reservado, conformada por sus hijos doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en no acceder a la entrega de la suma de $36.600.737 —equivalente a 57,72 unidades tributarias anuales— existente a la data del fallecimiento en una cuenta del causante denominada Depósito Convenido, estimando vulnerado el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la posesión efectiva del causante se tramitó, en carácter de testamentaria, ante el 9° Juzgado Civil de Santiago en la causa Rol V-331-2021, concediéndose por sentencia de 15 de febrero de 2022; que, pagado el impuesto a la herencia e inscritos los bienes, los herederos liquidaron la comunidad hereditaria y se repartieron el acervo líquido por terceras partes.

Refiere que, en febrero de 2025, tomó conocimiento —por una carta de la recurrida acompañada de un Certificado de Antecedentes Previsionales— de la existencia de un depósito a nombre del causante desde el año 2021, hasta entonces ignorado por los herederos y no colacionado en el inventario, por lo que solicitaron el desarchivo de la causa a fin de ampliar el inventario, lo que se decretó por resolución de 14 de marzo de 2025, pagándose el impuesto correspondiente el 27 de agosto de 2025.

Añade que, iniciadas las diligencias ante la recurrida para obtener el pago del Depósito Convenido —primero a través del heredero don nombre reservado, quien luego desistió del encargo, y después por el compareciente—, ingresó la solicitud y la documentación en diciembre de 2025, recibiendo recién el 26 de enero de 2026 una respuesta que le señalaba documentación faltante; que, a su juicio, solo restaban algunos de los documentos observados, pues los demás ya habían sido acompañados, careciendo de fundamento las observaciones relativas a la situación de madres de hijos de filiación no matrimonial —por ser los tres herederos de filiación matrimonial — y a la copia del testamento.

Sostiene que, no obstante haber concurrido nuevamente el 27 de febrero de 2026 a entregar la documentación requerida, el 20 de marzo de 2026 la recurrida le entregó una hoja simple reiterando los mismos documentos ya acompañados, retrotrayéndolo al inicio del trámite y sin extender constancia o comprobante de la documentación recibida, configurándose una dilación injustificada en el giro de los fondos que perturba su derecho de propiedad.

En definitiva, solicita que se ordene a la recurrida aprobar el trámite administrativo y pagar la referida suma, más los intereses hasta la fecha de pago, a la sucesión hereditaria a través del heredero peticionario que la representa, dentro de quinto día de ejecutoriada la sentencia, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece la abogada doña Paula Catalina Peña Vásquez, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Alega, en primer término, que la acción de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto, por cuanto el recurrente pretende que se apruebe por esta vía un trámite administrativo actualmente con reparos y en tramitación, y que se ordene el pago de una suma de dinero, siendo controvertida la suficiencia de los documentos aportados, todo lo cual excede el carácter cautelar de la acción y supone la ausencia de un derecho indubitado.

En segundo término, hace presente que el mandato judicial acompañado fue otorgado únicamente por uno de los herederos, don nombre reservado, y no por la totalidad de la comunidad hereditaria, de modo que la acción solo podría entenderse interpuesta por dicho heredero, más aun tratándose de una materia que puede afectar derechos de terceros.

En tercer término, expone que el recurrente ingresó tres requerimientos —el 2 de enero, el 22 de enero y el 27 de febrero de 2026—, formulándose en cada oportunidad observaciones por insuficiencia de antecedentes, y que, revisada la totalidad de la documentación, subsisten reparos fundados en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, entre ellos: la falta de solicitud de herencia debidamente firmada; el Anexo N°3 de doña nombre reservado sin certificación notarial; la necesidad de aclarar la situación de doña nombre reservado —cuyo matrimonio con el causante fue declarado nulo, por lo que podría calificar como beneficiaria de pensión de sobrevivencia, evento en que los saldos no procederían como herencia—; la falta de copia del testamento, del certificado del Servicio de Impuestos Internos de pago o exención del impuesto a la herencia posterior a la ampliación del inventario, del Anexo N°8 válidamente suscrito y de determinadas resoluciones judiciales; y la necesidad de aclarar quién cobra la herencia.

Concluye que los reparos y observaciones se efectuaron en estricto cumplimiento de la normativa legal y previsional vigente, no existiendo acción u omisión ilegal o arbitraria de su parte, por lo que solicita el rechazo de la acción, con costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, para resolver, cabe precisar que el acto que la recurrente reprocha a la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. consiste en no haber accedido al pago del Depósito Convenido existente en la cuenta del causante, manteniendo reparos y observaciones a la documentación acompañada para la tramitación de la herencia. A su turno, la recurrida ha sostenido que tales reparos se ajustan a la normativa que regula la materia y que, revisada la totalidad de los antecedentes, subsisten exigencias documentales pendientes de subsanación, controvirtiéndose de este modo la suficiencia de la documentación aportada por la recurrente.

QUINTO: Que la actuación de la recurrida encuentra sustento en la normativa que rige el pago de haberes por causa de muerte en el sistema de pensiones —en particular, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones—, conforme a la cual la administradora se encuentra facultada, y aun obligada, a verificar el cumplimiento de las exigencias documentales previas al pago, entre ellas la solicitud de herencia debidamente suscrita, los mandatos otorgados con las formalidades pertinentes, el certificado del Servicio de Impuestos Internos que acredite el pago o exención del impuesto a las asignaciones por causa de muerte y la determinación de los eventuales beneficiarios. En este contexto, la formulación de reparos y observaciones a los antecedentes presentados no se advierte como una conducta caprichosa o carente de fundamento, sino como el ejercicio de una potestad reglada dirigida a resguardar la correcta imputación y pago de los fondos, tanto más cuanto la propia recurrente reconoce que a la época de sus requerimientos existían documentos pendientes de acompañar.

SEXTO: Que, a lo anterior se agrega que la determinación acerca de si la documentación aportada resulta o no suficiente para tener por cumplidas las exigencias que inciden en la procedencia misma del pago a título de herencia constituyen materias controvertidas, cuyo esclarecimiento exige un examen y ponderación de antecedentes propio de un procedimiento de lato conocimiento, dotado de las etapas de discusión y prueba de que la acción de protección carece, atendida su naturaleza cautelar, sumaria y de urgencia.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado que la recurrida haya incurrido en un acto u omisión ilegal o arbitrario, y no apareciendo la existencia de un derecho indubitado en favor de la recurrente que reclame la tutela por esta vía, la acción constitucional intentada no podrá prosperar y será desestimada, sin que obste a que la recurrente haga valer sus pretensiones ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que correspondan.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida en favor de la sucesión hereditaria del causante don nombre reservado, conformada por sus hijos doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-9433-2026.