Protección contra Ilustre Municipalidad de Santiago

Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Comparece la abogada Laura Elizabeth Jofré Cartes, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, por haber dictado los Decretos Sección NUM000 N° NUM001, de 17 de octubre de 2025, que le impone la destitución, y N° NUM002, de 12 de enero de 2026, que rechaza la reposición interpuesta y confirma la sanción disciplinaria.

Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, ya que sanciona como infracción grave a la probidad una conducta que ninguna norma describe como tal, sobre cargos erróneos (no corregidos) y motivada en jurisprudencia de un tribunal incompetente, que dispone la no renovación de su contrata que encontrándose pendiente el recurso de reposición.

Alega la vulneración de la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, de libertad de trabajo y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el artículo 19, numerales 2, 3, 16 y 24.

Solicita que se ordene dejar sin efecto ambos decretos, su reincorporación, el pago de las remuneraciones impagas y el alzamiento de la inhabilitación legal o; en subsidio, retrotraer el sumario o someterlo a toma de razón.

Expone que sirve a la recurrida desde agosto de 2019 y en modalidad “a contrata”, desde el 1° de agosto de 2023, sin sanciones previas y con anotación de mérito en el año 2024. Señala que el 24 de octubre de 2024 solicitó feriado legal entre el 11 y el 19 de noviembre del mismo año, el que fue autorizado antes de padecer una enfermedad, por la cual se le concedieron licencias médicas por los días 4 a 6 y, en continuidad, la N°NUM003 por los días 7 y 8, todos de noviembre del año 2024.

Precisa que el viernes 8 de noviembre, último día de vigencia de la referida licencia, abordó el vuelo LATAM NUM004, a las 22:40 horas, esto es, seis horas y diez minutos después del término de su jornada; siendo el 9 sábado, sin jornada que cumplir y sin licencia médica; y desde el lunes 11 regía el feriado autorizado, de modo que el viaje estaba planeado con anterioridad a la enfermedad.

Añade que la recurrida le instruyó sumario y formuló cargos por incumplimiento de reposo los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2024, con un número de licencia errado que la Vista Fiscal estimó que no era un error esencial y propuso la destitución; siendo ésta notificada el 4 de noviembre de 2025, habiendo deducido recurso de reposición el 12 de ese mismo mes; y que, pese a ello, el Decreto N° NUM005, de 26 de noviembre de 2025, comunicó el cese de su contrata al 31 de diciembre de 2025, sin hacer mención al sumario. Finalmente el recurso de reposición fue rechazado el 21 de febrero de 2026.

Postula que el artículo 62 de la Ley N°18.575 no contempla el incumplimiento del reposo entre las conductas que contravienen la probidad, al tiempo que el uso indebido de la licencia exige que conserve función activa, la que se extingue al término de la jornada del último día.

Alega que ninguna norma prohíbe iniciar un viaje internacional después de la jornada, construyéndose la infracción por analogía extensiva; además de que el error de los cargos rompe la congruencia y afecta su defensa. Así, concluye que no se cumple con la motivación exigida por el artículo 41 de la Ley N°19.880 y que la no renovación de su contrata priva de efectividad al recurso de reposición que se encontraba pendiente.

Estima vulnerado el artículo 19 N° 3, por la falta de proceso previo legalmente tramitado y la atipicidad; el N° 2, por sancionar sin norma que la describa; el N° 16, por la inhabilitación quinquenal que acarrea la destitución; y el N° 24, porque la priva de remuneraciones y derechos previsionales.

SEGUNDO: Que la Ilustre Municipalidad de Santiago expuso que la recurrente prestaba servicios desde agosto de 2019, inicialmente a honorarios, y, a contar del 1° de agosto de 2023, “a contrata” como sectorialista en la Secretaría Comunal de Planificación.

Reconoció que el 24 de octubre de 2024 la actora solicitó feriado legal entre el 11 y el 19 de noviembre, el que fue autorizado con anterioridad a la presentación de licencias por los días 4 a 6 y 7 a 8 de noviembre de 2024; y que el viernes 8, último día de vigencia de la licencia, abordó un vuelo internacional a las 22:40 horas, esto es, finalizada su jornada, que concluía ese día a las 16:30 horas.

Añade que el sumario se ordenó por Decreto Sección NUM000 N° NUM006, que los cargos consignan- efectivamente- un número de licencia distinto al registrado; y que la Vista Fiscal reconoció que la licencia no comprende el día 9 de noviembre, manteniendo la validez del procedimiento y proponiendo la destitución de la funcionaria.

Precisa que la contrata de la recurrente tenía vigencia máxima hasta el 31 de diciembre de 2025 y su no renovación se dispuso por Decreto Sección NUM000 N° NUM005, de 26 de noviembre de 2025, fundado en la ausencia de confianza legítima y en que sus servicios no resultaban necesarios. Detalla que la recurrente tomó conocimiento de la no renovación de su contratación el 27 de noviembre de 2025 y la Dirección de Gestión de Personas informó que la finalización de la contrata era independiente del procedimiento disciplinario.

Niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario y alega que no existen derechos indubitados y preexistentes, pues la situación invocada se controvirtió en un sumario cuyo objeto fue establecer infracciones al deber funcionario, no siendo ésta la vía idónea para declarar derechos ni resolver controversias de lato conocimiento.

Sostiene que el recurso pretende someter a esta sede el mérito del procedimiento disciplinario, la calificación de la conducta y la proporcionalidad de la sanción, materias excluidas del control de la presente acción.

Añade que el procedimiento se ajustó a la legalidad y le permitió formular descargos y deducir los recursos pertinentes; los actos emanan de autoridad competente y se fundan en antecedentes objetivos.

Descarta la confianza legítima, ya que su procedencia en materia de contratas exige renovaciones sucesivas y una vinculación continua de al menos cinco años, estándar que la recurrente no alcanza.

Concluye que las peticiones exceden la naturaleza cautelar de la acción, pues persiguen efectos declarativos.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que en este caso, la ilegalidad y arbitrariedad, a juicio de la recurrente, se consolida en el Decreto Sección NUM000 N° NUM001, de 17 de octubre de 2025, que aplica a la recurrente la medida disciplinaria de destitución por infracción grave al principio de probidad administrativa, y en el Decreto Sección NUM000 N° NUM002, de 12 de enero de 2026, que rechaza la reposición y confirma esa sanción.

QUINTO: Que, del tenor de las alegaciones vertidas por la recurrente, fluye que sus reproches a la actuación de la recurrida consisten en situaciones verificadas durante la tramitación de un sumario administrativo y respecto del mérito de la decisión final del mismo que le aplicó la medida disciplinaria de destitución.

SEXTO: Que es conveniente señalar que el control jurisdiccional que se ejerce por la presente vía cautelar no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, no resulta pertinente pretender que, por esta vía, la Corte se transforme en una instancia para conocer el mérito de la decisión a la que en definitiva se arriba, sobre la base de los hechos establecidos por el funcionario a cargo de aquella investigación, del dictamen evacuado al término de esta, como el de la medida terminal adoptada.

Todo ello, por cierto, no obsta a que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración pública abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de sus actuaciones, pero ello no puede importar que por esta vía cautelar de urgencia se supervisen materias relativas al mérito de las decisiones adoptadas en el marco y en el ejercicio de las facultades de la recurrida, puesto que ello requiere un examen de lato conocimiento que escapa al estrecho marco de la presente acción constitucional.

SEPTIMO: Que los principales hechos que motivaron el sumario que terminó con la destitución de la actora no se encuentran controvertidos, por cuanto las partes reconocen los días que ésta estuvo con licencia médica y que la última (N°NUM003) comprendía únicamente los días 7 y 8 de noviembre de 2024, lo que evidencia un error en la formulación de cargos. Tampoco se discute que la jornada de la recurrente concluía el referido viernes 8 a las 16:30 horas; y el vuelo que abordó la funcionaria salió a las 22:40 horas del mismo día, esto es, seis horas y diez minutos después de concluida su jornada laboral, siendo el sábado 9 un día sin licencia vigente ni jornada que cumplir, y teniendo certeza que desde el lunes 11 iniciaba el feriado legal que previamente (a las licencias) había sido autorizado.

OCTAVO: Que, por lo señalado, el análisis de la recurrida, para hacer efectiva la responsabilidad administrativa, debía atender y establecer las especiales circunstancias del caso, pues no todos los casos son iguales y el objetivo de realizar un sumario es, precisamente, determinar la conducta específica y su gravedad. En este sentido, no se puede suponer la mala fe y concluir que la licencia no correspondía a un evento médico que habilitaba a dispensarla de su jornada de trabajo por los días que fue expedida. Además, la resolución que impuso la sanción debía explicar cómo los específicos hechos acreditados no logran eximirla del reproche y se configuran como una infracción grave al principio de probidad administrativa, en circunstancias que no se pudo ver afectado el servicio con su salida del país varias horas después de concluida su jornada semanal, en las últimas horas de la vigencia de su licencia médica y ad portas de su feriado previamente concedido.

No obstante; del examen de las resoluciones impugnadas se advierte que se asume, sin un fundamento claro y objetivo, que la salida del país en los últimos 80 minutos de vigencia de un permiso médico constituye una grave falta de probidad, pese a que existe claridad en que por el horario del vuelo y el feriado concedido con anterioridad, no era necesaria la licencia médica poder ejecutar el viaje, al tiempo que la exigüidad del lapso infractor y la no afectación del servicio relativizan la gravedad automática atribuida al incumplimiento del reposo, sin que la autoridad se haya hecho cargo de estas circunstancias.

De otro lado, el procedimiento adolece de un vicio relevante, ya que los cargos formulados el 8 de septiembre de 2025 imputan un incumplimiento de reposo los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2024, en circunstancias de que la licencia no comprende este último día, error que es reconocido en la Vista Fiscal de 3 de octubre de 2025, sin retrotraer el procedimiento ni corregir la imputación. De este modo, la sanción se impone sobre un presupuesto fáctico parcialmente inexacto, lo que quebranta la congruencia entre cargo y sanción y afecta el derecho a defensa que asegura el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, desde que confunde detalles relevantes de la imputación, pudiendo haberse corregido.

NOVENO: Que, las situaciones descritas se yerguen como un vicio de forma, desde que lo mínimo que se espera de un órgano que aplica una sanción es que sea coherente y se haga cargo de la entidad de la conducta en el caso concreto, sin presumir una conducta impropia como haber hecho uso de una licencia para fines personales. Al respecto, la Ley Nº19.880, al regular el principio de imparcialidad, establece en el inciso final del artículo 11 que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.” A partir de esto, se estima que los actos administrativos siempre deben motivarse, lo que implica señalar las causas y fundamentos que provocan la decisión. Pero la motivación no puede consistir en una mera remisión a los actos del proceso y referirse de forma implícita a los argumentos de cierta jurisprudencia, sino que tiene una exigencia mayor, máxime cuando se aplica una sanción tan grave como es la destitución.

DECIMO: Que, en el presente caso, la resolución que aplica la sanción se sustenta en aspectos puramente formales y carece de una fundamentación suficiente que demuestre la necesidad de imponer la destitución como única consecuencia posible. En particular, no se efectúa un análisis concreto sobre la falta de incidencia del viaje en relación con su jornada laboral, ni la proximidad de su feriado, ni la exigüidad de la duración de la conducta reprochada. Tampoco se desarrolla la proporcionalidad de la sanción en relación con la conducta acreditada ni se ponderan eventuales circunstancias atenuantes, como la conducta anterior de la funcionaria.

En consecuencia, la actuación de la recurrida deviene en arbitraria e ilegal, al prescindir de una debida motivación que justifique la aplicación de la medida más severa del régimen disciplinario.

UNDECIMO: Que, en cualquier caso, es importante considerar que el artículo 125, inciso segundo, del Estatuto Administrativo dispone: “La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos…”. Del tenor de la norma se colige que no basta con acreditar una vulneración al principio de probidad administrativa para justificar la destitución, sino que esta debe ser grave, es decir, de gran entidad o importancia.

Esto implica que, antes de adoptar la decisión, el órgano sancionador debe realizar una evaluación integral de los antecedentes y ponderar, en el caso concreto, las circunstancias y consecuencias de la conducta reprochada, reflejando dicho análisis en la resolución para evitar que esta resulte arbitraria.

En ese sentido, no se trata de una aplicación automática de la destitución una vez constatado el incumplimiento por parte del funcionario, sino que, además se debe explicitar la gravedad de la infracción al principio de probidad y examinar las circunstancias agravantes y atenuantes de responsabilidad, lo que en las resoluciones impugnadas no se realizó.

Por otra parte, la norma establece los casos en los que la destitución procede, lo que implica que su aplicación debe ser restrictiva, dado que se trata de la sanción más severa del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración. En consecuencia, resulta errónea aquella interpretación que considera que existe el deber legal de aplicar esta drástica medida, sin posibilidad de evaluar circunstancias que pudieran reducir la responsabilidad y sancionar con una medida más benigna.

DUODÉCIMO: Que, como consecuencia de la ilegalidad y arbitrariedad constatadas, se advierte que la recurrida ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley de la parte recurrente, garantizado en el artículo 19, numeral 2, de la Constitución. En este sentido, y conforme a lo señalado en los considerandos precedentes, se observa que la actora ha sido objeto de una diferenciación indebida, apartándose del proceso normal de análisis, al imponérsele la sanción de destitución sin una fundamentación suficiente que justificara su proporcionalidad y razonabilidad. Esta omisión contraviene el deber de motivación reforzada exigido para la aplicación de la sanción más grave del régimen disciplinario, desvirtuando así la finalidad del procedimiento administrativo sancionador y vulnerando la garantía de igualdad ante la ley.

DECIMO TERCERO: Que, con todo, lo resuelto no puede alcanzar al Decreto Sección NUM000 N° NUM005, de 26 de noviembre de 2025, ya que dicho acto es formalmente independiente del resultado procedimiento disciplinario y no trasunta en ser un acto impugnado directamente según el tenor del recurso. Por lo demás, la medida de la no renovación se aplicó a un grupo de personas (42), entre ellas la recurrente y la circunstancia de que estuviese pendiente un recurso de reposición en el sumario no altera la modalidad de contratación y el plazo máximo fijado. Por consiguiente, el término de la contrata ha surtido plenos efectos, sin que existan razones jurídicas para prolongar su designación más allá del 31 de diciembre de 2025.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve: 1.- Acoger, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y, en consecuencia, se dejan sin efecto los Decretos Sección NUM000 N° NUM001, de 17 de octubre de 2025, que aplica a la recurrente la medida disciplinaria de destitución por infracción grave al principio de probidad administrativa, y N°NUM002, de 12 de enero de 2026, que rechaza la reposición y confirma esa sanción. 2.- Dejar sin efecto las resoluciones referidas. 3.- Ordenar que el funcionario competente y no inhabilitado que corresponda emita una nueva resolución de término del sumario, debidamente fundada, en cumplimiento de las exigencias legales y de motivación del acto administrativo indicadas en los fundamentos de esta sentencia, dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación de la presente sentencia.

No se ordena la reincorporación de la recurrente por haber cesado su designación a contrata el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Sección NUM000 N°NUM005, de 26 de noviembre de 2025.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción a cargo de la ministra (s) señora Paola Díaz Urtubia.

N° Protección-9429-2026.