nombre reservado con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiuno.

A los escritos folios Nº 19, 20 y 21: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Lorena Gaete López, abogada, en favor de don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, Región de la Araucanía, en contra de Contraloría General de la República, por haber incurrido ésta en un acto ilegal y arbitrario mediante la dictación de la Resolución Nº 6.867 de 06 de octubre de 2020, notificada con la misma fecha, que rechazó su reclamo de ilegalidad respecto de la Resolución Afecta N° 05 de 22 de abril de 2019, que materializó la aplicación de medida disciplinaria en el sumario administrativo de marras, lo que conculca sus garantías fundamentales de los números 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se deje sin efecto el acto de Contraloría y como consecuencia todas las actuaciones del Servicio Médico Legal, esto es, la Resolución Afecta N° 5/2019, Resolución Exenta N° 550/2019 y Resolución Exenta N° 781, hasta la presentación del recurso de reposición y jerárquico, debiendo este último pronunciarse respecto de los recursos presentados reincorporándolo a la Institución y pagándole todas las remuneraciones que correspondan desde su separación hasta la fecha actual, debiendo invalidar la destitución de la contrata, con expresa condenación en costas.

Fundando su recurso, indica que comenzó a prestar funciones en el Servicio Médico Legal de Angol, el 01 de agosto del año 2006, en calidad de contrata, la que fue renovada constantemente, siendo la última de ellas la emitida por resolución exenta TRA N° 466/2018 desde el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, y que siempre fue calificado dentro de la Lista N° 1 de distinción.

Afirma que a través de Resolución Exenta N° 352 de 12 de febrero 2018, se ordenó instruir investigación sumaria para establecer responsabilidades públicas que pudiesen corresponder a uno o más funcionarios del Servicio Médico Legal, por la entrega de cadáver a persona distinta a la señalada en orden de prelación de acuerdo al Código Penal, y que tras ello se instruyó sumario administrativo en su contra mediante Resolución Exenta N° 1220 de 07 de mayo de 2018, a cargo doña nombre reservado, quien formuló cargos por “no dar cumplimiento a la obligación funcionaria, establecida conforme lo dispuesto en el D.F.L. N° 29 sobre Estatuto Administrativo en sus artículo 61 letras b), c), g)”, respecto del que su parte evacuó descargos y pidió la apertura de término probatorio, ofreciendo medios de pruebas relacionados con la investigación.

Detalla que el 25 de febrero del año 2019, por Resolución Exenta N° 550 del Servicio Médico Legal, se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, lo que le fue notificado el 29 de marzo de 2019, decisión en contra de la cual, dentro de plazo legal, el 5 de abril de 2019 interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio para ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fundado en el artículo 141 del Estatuto Administrativo Ley Nº 18.834, a través de correo electrónico enviado a la casilla electrónica del Director Nacional don Jorge Rubio Kinast, cual es, correo reservado.

Pese a ello, refiere que el Servicio de que se trata señaló en Resolución Afecta N° 5 de 22 de abril de 2019, que materializó la aplicación de medida disciplinaria, que la decisión se encontraba ejecutoriada, pues al 22 de marzo de 2019 no se habían presentado recursos, certificando ello con una fecha anterior a la notificación de las Resoluciones Exentas N° 550/2019 y 781/2019 y sin tener a la vista los recursos que se presentaron. Precisa que de dicha decisión Contraloría General de la República tomó razón el 27 de mayo de 2019, lo que le fue notificado el 25 de junio de 2019.

Detalla que por Memorándum N° 033 de junio de 2019 el Director Nacional indicó que no había recibido su recurso por ningún medio y que la instancia procesal para ello había precluido, pues éste debía presentarse ante la Dirección Nacional, para que la apelación la resuelva el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Refiere que atendido ello, presentó un reclamo administrativo por ilegalidad de la Resolución Afecta Nº 5 ante Contraloría General de la República al amparo del artículo N° 160 del Estatuto Administrativo, pidiendo que la misma fuera dejada sin efecto legal, en razón de que el Servicio Médico Legal en forma caprichosa y arbitraria no se pronunció respecto de sus recursos, el que fue rechazado por Resolución N° 6.867 de 6 de octubre de 2020, la que tras referirse a la tramitación del sumario administrativo, funda su decisión en que si bien se aplica supletoriamente el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 19.880, siendo procedente la interposición de los medios de impugnación por vía electrónica, no obstante, para que sea admisible esa modalidad de tramitación es necesario que el recurso sea dirigido, dentro del plazo legal, a una casilla institucional destinada a la recepción oficial de las presentaciones o reclamaciones que formulan los interesados, sin que resulte idóneo el correo individual de alguna autoridad o funcionario del servicio, por lo que concluye que no advierte la existencia de algún vicio susceptible de afectar la validez del procedimiento sumarial sustanciado por ese servicio.

En primer lugar, señala que la Ley N° 19.880 se aplica supletoriamente a los procedimientos disciplinarios por ser procedimientos especiales que no tiene regulación específica. Añade que por aplicación de los artículos 5° y 19 de la citada ley resulta procedente que el presente proceso se desarrolle por medios electrónicos, en conformidad a los principios de economía procedimental y de no formalización, más cuando en el caso el proceso sumarial se llevó a cabo mediante tramitación electrónica, vía correo electrónico.

Esgrime que atendido ello y conforme lo dispone el artículo 160 de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo y 156 de la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Municipal, el reclamo se puede realizar por escrito o a través de técnicas y medios electrónicos conforme al artículo 1 citado, más cuando es la propia Contraloría quien recibe las reclamaciones mediante la utilización de medios electrónicos, por lo que no debería haber problema que se haga ello en otro procedimiento especial de impugnación.

En segundo lugar, alega que no existe normativa legal que exija que para que sea admisible la tramitación de un recurso de impugnación deba existir una casilla institucional destinada especialmente a las presentaciones o reclamaciones, lo que además sería contrario a la esencia de los artículos 10 de la Ley N° 18.575 y 141 de la Ley N° 18.834, que disponen que los actos administrativos son impugnables mediante los recursos que establezca la ley y que siempre se puede interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente.

Añade que tampoco se desprende dicha exigencia del artículo 59 de la ley N° 19.880, ya que sólo prescribe que el recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto.

Esgrime que de lo referido se colige que presentó en tiempo y forma y mediante medios electrónico autorizado el recurso de reposición y apelación, por medio de casilla electrónica del Director del Servicio Médico Legal, según lo prescriben los artículos 10 de la Ley N° 18.575 y 141 de la Ley Nº 18.834.

En tercer lugar, sostiene que la recurrida en su Resolución reprochada, al establecer en forma subjetiva y caprichosa otros requisitos adicionales atenta contra su labor de ente de control, de fiscalizar y resolver los asuntos referidos a derechos de los funcionarios de las instituciones públicas, conforme lo disponen los artículos 1, 10, 16, 17 y 21 de la Ley N° 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General.

En cuanto a sus garantías fundamentales, sostiene que se vulnera su derecho de igualdad ante la ley, ya que ha sido objeto de un trato desigual carente de justificación racional, basado en diferencias arbitrarias y en ausencia de proporcionalidad, pues el acto reprochado establece requisitos adicionales a los establecidos en la Ley 19.880.

Agrega que se conculca la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, dado que la resolución impugnada le impide la debida defensa y el debido proceso, ya que pese a que reconoce que su parte presentó los recursos referidos en la casilla electrónica del Director Nacional de Servicio Médico Legal de la época. Adiciona que se vulnera su libertad de trabajo y su protección, ya que la resolución de la recurrida lo privó de ejercer su cargo administrativo durante todo ese tiempo. Finalmente, afirma que se conculca su derecho de propiedad, ya que su parte ingresó voluntariamente a la administración, cumpliendo con todos los requisitos de ingreso, por lo que esta calidad de funcionario público a contrata ha sido incorporada a su patrimonio, no pudiendo privarlo de esa condición sino por los propios medios que indica la ley, lo que no ocurre en el caso SEGUNDO: Que comparece Contraloría General de la República, quien informando al tenor del recurso, solicita el rechazo del mismo.

En primer lugar, alega que el recurrente pretende que se declare su absolución en el procedimiento disciplinario lo que excede de la naturaleza de la presente acción, la que no constituye una instancia de declaración de derechos sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Hace presente que el proceso disciplinario fue incoado atendida la gravedad del hecho acaecido en el Servicio Médico Legal, consistente en la entrega de un cadáver a una persona no establecida en la orden de entrega de la Fiscalía de Angol N° 553/2018, de 23 de enero de 2018, lo que incrementó el pesar y aflicción de quienes legítimamente debieron haber retirado al fallecido.

En segundo lugar, alega la falta de legitimación pasiva pues si bien el recurso de autos se interpone formalmente contra el Oficio N° 6.867, de lo requerido por el actor se advierte que pretende finalmente dejar sin efecto todas las actuaciones originales del Servicio Médico Legal hasta la presentación del recurso de reposición y jerárquico y que se invalide la medida disciplinaria de destitución que le fue impuesta, decisión que sólo puede ser adoptada por el referido servicio que lo sancionó.

Agrega que la improcedencia de la impugnación se evidencia, además, en que si bien la acción está dirigida contra el Oficio N° 6.867, éste incide indirectamente en el trámite de toma de razón realizado por Órgano de Fiscalización el 27 de mayo de 2019, respecto de la Resolución N° 5, resolución cuya invalidación también se pretende.

En tercer lugar, alega la imposibilidad de cumplir con lo solicitado mediante el recurso de protección por el mismo motivo antes indicado, pues en caso de acogerse la presente acción cautelar, dejándose sin efecto el Oficio N° 6.867, ello no tendría la consecuencia de dejar sin efecto la medida disciplinaria de destitución impuesta por el Servicio Médico Legal, y menos disponer su reincorporación al servicio, pagándole las remuneraciones que habría dejado de percibir, cita jurisprudencia.

Como cuarta cuestión, esgrime que la acción de protección es improcedente contra un sumario administrativo, no siendo el medio idóneo para impugnar procedimientos reglados que se instruyen en ejercicio de la potestad disciplinaria de la que están dotadas las respectivas autoridades, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del inculpado.

Afirma que el recurrente pretende que esta Corte resuelva acerca de la procedencia de dejar sin efecto una medida expulsiva tras la conclusión del sumario incoado por el Servicio de que se trata, sanción que su parte determinó ajustada a derecho mediante el Oficio N° 6.867, sin advertirse la existencia de algún vicio susceptible de afectar la validez del procedimiento sumarial sustanciado por dicho servicio; lo que excede de la naturaleza cautelar de la presente acción.

En quinto termino, esgrime que obró en el marco de sus atribuciones al resolver el reclamo de ilegalidad en virtud de lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; artículos 1°, 5°, 6° y 9° de la Ley N° 10.336; y artículo 160 de la ley N° 18.834, ejerciendo el control de legalidad de los actos de la Administración y efectuando un análisis razonado del sumario administrativo, de las alegaciones del actor y de las actuaciones practicadas por dicho servicio, de conformidad a la normativa vigente sobre la materia.

Sostiene que el hecho de que el actor no comparta la decisión de su parte no transforma el acto en arbitrario ni ilegal, cita jurisprudencia al efecto.

En sexto lugar, respecto de la procedencia de deducir medios de impugnación a través de vía electrónica, argumenta que el inciso primero del artículo 1º de la ley N° 19.880 prescribe que dicha ley establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, agregando que en los procedimientos especiales se aplicará con carácter de supletorio.

Refiere que si bien la ley N° 18.834 no contempla expresamente la posibilidad de que los medios de impugnación puedan ser interpuestos a través de vía electrónica, ello resultaría procedente por aplicación de los artículos 5° y 19 de la ley N° 19.880, lo que concuerda además con los principios de economía procedimental y de no formalización. Empero, detalla que tal como se expresó en el oficio recurrido, para que sea admisible esa modalidad de tramitación es necesario que el recurso sea dirigido, dentro del plazo legal, a la casilla institucional destinada a la recepción oficial de las presentaciones o reclamaciones que formulan los interesados, lo que no se verificó en la especie, sin que resultara idóneo para aquello el envío del escrito de impugnación al correo individual de alguna autoridad o funcionario del servicio que no está previsto como conducto regular para tales efectos.

Afirma que su parte no ha cuestionado la posibilidad de deducir medios de impugnación a través de la vía electrónica, sino el hecho de que el recurso interpuesto haya sido dirigido a una casilla de correo electrónico individual de quien ejercía el cargo de Director Nacional del Servicio Médico Legal, y no a la casilla institucional habilitada para tales efectos, lo que tiene importancia para efectos del principio de certeza y seguridad jurídica, pues de permitirse su interposición a través de cualquier medio electrónico que estime el requirente y no a través de los implementados para tal efecto se generaría la incertidumbre respecto de su interposición y tramitación, afectando finalmente con ello al principio conclusivo de los procedimientos administrativos.

Aclara que si bien la ley N° 19.880 faculta a la autoridad administrativa para utilizar medios electrónicos en la sustanciación de sus procedimientos, no le impone una obligación en tal sentido.

Refiere que el Servicio Médico Legal, en el marco de la reclamación de ilegalidad deducida informó de la existencia de una casilla de correo electrónico asociada al cargo de Director Nacional del servicio, la que corresponde a correo reservado, en la cual no se habría recepcionado recurso alguno, y que difiere de aquella señalada por el actor, lo que es relevante toda vez que fue el Director Nacional subrogante del Servicio Médico Legal, quien en el ejercicio de dicho cargo dejó constancia en el expediente sumarial el 22 de abril de 2019 que a esa fecha no había sido recepcionado recurso alguno en contra de las resoluciones N°s 550 y 781, ambas de 2019, ya sea por medio electrónico o físico, habiéndose vencido los plazos legales para dichos efectos; dictando la resolución de término N° 5 de 2019.

Precisa que si bien la resolución N° 5, de 2019, expresa la constancia de ejecutoria fue realizada el 22 de marzo de 2019, lo cierto es que se corroboró que ello ocurrió el 22 de abril de 2019 –tal como fuera indicado en su informe por el Servicio Médico Legal.

Sostiene que además no consta que el recurrente haya solicitado información sobre el medio habilitado para la tramitación electrónica del recurso en cuestión, como tampoco que haya procedido a verificar, con posterioridad a su remisión, la recepción del correo electrónico.

En cuanto a las garantías fundamentales, indica que el actor no proporciona elementos de juicio destinados a demostrar cómo el oficio N° 6.867, pudo vulnerar su derecho de igualdad y no ha acreditado la existencia de alguna diferencia arbitraria que lesione su derecho. Afirma que el derecho de defensa y debido proceso del actor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental no se encuentra amparado por la presente vía.

Finalmente indica que no conculcó la libertad de trabajo ni derecho de propiedad del actor, pues la medida disciplinaria de destitución que fue impuesta al actor ya se encontraba firme y ejecutoriada al momento de deducir su reclamación y por no existir un derecho de propiedad sobre la función pública.

TERCERO: Que comparece don nombre reservado, Director Nacional, en representación del Servicio Médico Legal, quien informando al tenor del recurso solicita el rechazo del recurso.

En primer lugar, alega que se debe tener presente la presunción de legalidad dispuesta en el artículo 3º de la ley Nº 19.880, siendo carga de la actora demostrar que el actuar es ilegal o arbitrario.

En segundo lugar, refiere que el artículo 19 de la ley Nº 19.880, señala las instituciones públicas pueden utilizar los medios electrónicos con los particulares cuando se haya consentido expresamente en dicha forma de comunicación, lo que es aplicable por el artículo 1 de la citada ley, que establece su aplicación supletoria, y el artículo 53 del Reglamento de la Ley 19.799. No obstante, afirma que respecto de los trámites electrónicos, el propio Organismo Contralor ha entendido que ella no procede pura y simplemente, pues en la Ley N° 20.766 establece que la toma de razón y el registro electrónicos deben ajustarse a la normativa técnica establecida en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

Señala que el artículo 141 del Estatuto Administrativo dispone que contra la resolución que aplica una medida disciplinaria procede el recurso de reposición y el de apelación en subsidio y que debe ser interpuesto ante la autoridad que lo hubiere dictado y por los canales oficiales que tiene su servicio, esto es, mediante la oficina de partes de la institución o directamente en la secretaría u oficina del Director Nacional del Servicio Médico Legal, situación que es de conocimiento público y notorio.

Refiere que ello se refrenda en que dos instituciones, su parte y Contraloría General revisaron y confirmaron todos los hechos que sirvieron de base para la decisión del asunto, última entidad que es el ente encargado de revisar la legalidad de los actos de los diversos Servicios Públicos.

Esgrime que además ello ha sido señalado por el Órgano Contralor, en ejercicio de su potestad de aclarar las normas relativas al Estatuto Administrativo, conforme lo prescriben los artículos 1 y 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de Contraloría, siendo dicha interpretación obligatoria para su parte, quien ha señalado que la tramitación electrónica de la Ley Nº 19799 queda excluida la aplicación de los procedimientos disciplinarios, instruyendo que los expedientes deben constar en soporte físico.

En tercer lugar, indica que por Resolución Exenta N° 1220 de 07 de mayo de 2018, se elevó el proceso a sumario administrativo, en el cual se le formularon cargos por haber entregado al fallecido que individualiza a persona no consignada en el orden de prelación establecido en artículo 108 del Código Procesal Penal, el que finalizó por la Resolución Exenta N° 550 de 25 de febrero de 2019, rectificada a través de la Resolución Exenta N° 781 de 20 de marzo de 2019, ambas notificadas personalmente al funcionario el 29 de ese mes y año, aplicando la medida disciplinaría de destitución.

Añade que atendido lo preceptuado en la Resolución N°06 de 29 de marzo de 2019, que Fija Normas de Exención del Trámite de Toma de Razón, enviaron las mismas al trámite de toma de razón, donde se determinó el 27 de mayo de 2019 que la medida disciplinaria de destitución aplicada se encuentra conforme a derecho, respetando el debido proceso.

Sostiene que cumplió con la garantía de imparcialidad tanto del Órgano instructor como del Órgano sancionador, derecho de presunción de inocencia y su derecho a ser oído, y que el procedimiento fue revisado formal y materialmente por el órgano constitucional que ejerce el deber de revisar la legalidad de las actuaciones del Estado, como lo es la Contraloría General de la República.

Finalmente respecto de las garantías fundamentales, señala que no las ha conculcado pues la sanción se elaboró fundada y razonadamente brindando un trato legal e igualitario de acuerdo con los antecedentes procesales y pues la continuidad de un funcionario público está supeditada a que no incurra en las prohibiciones indicadas en el artículo 84 del Estatuto Administrativo, y el recurrente tiene la posibilidad material y legal de trabajar en otro lugar del sector privado y escogerlo libremente.

CUARTO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, en el presente caso, se ha recurrido en contra de la Contraloría General de la República, por haber dictado dicha entidad de control la Resolución Nº 6.867 de 06 de octubre de 2020, notificada con la misma fecha, que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el actor en contra de la Resolución Afecta N° 05 de 22 de abril de 2019 dictada por el Servicio Médico Legal, que materializó la aplicación de la medida disciplinaria de destitución dispuesta en contra del actor.

Se debe precisar que el recurso sólo aparece dirigido en contra de la Contraloría General de la República, sindicando como acto ilegal solo la resolución antes referida, pese a que el actor pida que se dejen sin efecto además de ésta todas las actuaciones del Servicio Médico Legal, esto es, la Resolución Afecta N° 5/2019, Resolución Exenta N° 550/2019 y Resolución Exenta N° 781, hasta la presentación del recurso de reposición y jerárquico, y que se haya pedido informe al Servicio Médico Legal.

SEXTO: Que así las cosas, en cuanto a la alegación planteada por Contraloría recurrida de falta de legitimación pasiva, la misma será desestimada, pues lo cierto es que el recurso se endereza en contra de una resolución emanada de la entidad de control, siendo una cuestión distinta es la pertinencia de lo pedido por el actor, lo que se analizará en los considerandos que siguen.

SÉPTIMO: Que al respecto se debe precisar el artículo 160 de la Ley N° 18.834 dispone que “los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el presente Estatuto. Para este efecto, los funcionarios tendrán un plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama. Tratándose de beneficios o derechos relacionados con remuneraciones, asignaciones o viáticos el plazo para reclamar será de sesenta días”. Añade su inciso final que “La Contraloría General de la República deberá resolver el reclamo, previo informe del jefe superior, Secretario Regional Ministerial o Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según el caso. El informe deberá ser emitido dentro de los diez días hábiles siguientes a la solicitud que le formule la Contraloría. Vencido este plazo, con o sin el informe, la Contraloría procederá a resolver el reclamo, para lo cual dispondrá de veinte días hábiles”.

Por su parte la Ley Nº 10.336, Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República dispone en su artículo 7º que el Contralor tendrá las atribuciones y deberes que respecto de él o de la Contraloría señalen esta ley y demás disposiciones vigentes o que se dicten y que dispondrá por medio de resoluciones acerca de los asuntos que son de su incumbencia y que él determine en forma definitiva.

OCTAVO: Que de lo anterior se advierte que no es posible reprochar ilegalidad alguna en el actuar de la Contraloría General de la República, pues no se ha demostrado la forma como la Resolución impugnada, que resolvió un reclamo formulado por el propio actor al amparo del artículo 160 de la Ley N° 18.834, podría adolecer de ello, ya que la recurrida se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas por la Constitución Política de la República y las leyes, conforme lo prescriben los artículos 1°, 6° y siguientes de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, confieren a ésta la facultad de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración.

Así las cosas, el actuar de la recurrida tiene su sustento en el artículo 160 de la Ley N° 18.834, que consagra respecto de los funcionarios, el derecho a reclamar ante dicha entidad cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el Estatuto referido, de lo que se concluye que ésta ha obrado a solicitud de la propia recurrente para que se pronuncie justamente de lo alegado por esta vía, a saber, sobre sí su recurso de reposición y apelación en subsidio se interpuso dentro de plazo y por los medios adecuados, respecto de lo cual dicha entidad efectuó un análisis razonado, de conformidad a la normativa vigente sobre la materia, con estricto apego al ordenamiento jurídico.

NOVENO: Que tampoco es posible advertir una arbitrariedad, ya que la decisión se expidió como resultado de la presentación del actor y no obedeció a una conducta antojadiza, sino que fue el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, a la debida ponderación de los mismos y a la interpretación de la normativa vigente, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte del ente de control, en que estima que el medio por el cual el actor interpuso su recurso no era el idóneo, sin que ello se pueda calificar de ilegal y arbitrario por el sólo hecho de que el actor no comparta dicho razonamiento.

DÉCIMO: Que, por otra parte, esta Corte ha tenido ocasión de señalar reiteradamente que el recurso de protección es una acción cautelar de urgencia o emergencia, esto es, que busca remediar situaciones vulneradoras de alguna garantía constitucional protegida, producida como consecuencia de alguna actuación ilegal o arbitraria, y no constituye un medio de impugnación general, esto es, que no puede ser utilizado para intentar revertir decisiones que las autoridades administrativas e incluso jurisdiccionales, han adoptado en el marco de sus legítimas atribuciones, con pleno apego a la ley, y que en algunos casos como el presente, constituyen el resultado de procedimientos regulados en la ley, y que tienen su propio sistema recursivo, lo que justamente se busca por la presente vía, motivo por el cual el recurso debe ser desestimado.

UNDÉCIMO: Que en cuanto a las peticiones concretas señaladas en el libelo, esta Corte no advierte el modo cómo podría, en la eventualidad que dejara sin efecto dicho oficio, hacer lugar a lo que ha pedido, ya que se busca dejar sin efecto la sanción de destitución impuesta por Resolución Exenta N° 550/2019, rectificada por la Resolución Exenta N° 781, y la Resolución Nº 5 de 2019, mediante la cual se materializó la medida disciplinaria; pues éstas no fueron objeto del reproche del actor y no se condicen con el acto respecto del cual se reclamó ni con los argumentos invocados en el presente arbitrio, en el que sólo se cuestiona que se presentó correctamente un medio de impugnación, más cuando las primeras se han dictado como consecuencia de un procedimiento administrativo que se encuentra tramitado completamente.

DUODÉCIMO: Que, en resumen, puede decirse que el recurso de autos no puede prosperar, por no haberse demostrado la existencia de una actuación ilegal o arbitraria, con ocasión de la dictación del oficio reprochado por parte de la Contraloría General de la República, al haberse emitido a petición del propio recurrente, quien optó por hacer uso de la herramienta jurídica que le otorga el artículo 160 del Estatuto Administrativo, obteniendo un pronunciamiento que simplemente no le satisfizo, el que además se emitió por la recurrida en uso de sus facultades constitucionales y legales y, además, por no constituir la acción de protección la vía idónea para revertir el resultado del señalado oficio, por las razones previamente expuestas.

DÉCIMO TERCERO: Que por lo antes referido, corresponde rechazar la acción de protección interpuesta, sin que sea necesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen amagadas.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, la acción de protección deducida por don nombre reservado, en contra de Contraloría General de la República.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

N°Protección-94240-2020.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro (S) señor Jose H. Marinello Federici, el Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Patricio Ignacio Carvajal Ramirez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.