nombre reservado con MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Santiago, quince de mayo de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que a fojas 6 don nombre reservado, arquitecto, domiciliado en domicilio reservado, debidamente representado, dedujo recurso de protección en contra del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, representado por don nombre reservado, ingeniero civil, todos domiciliados en domicilio reservado, aduciendo haber sufrido vulneración de los derechos garantizados en los números 2, 16, 17 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política con motivo de los hechos que relata.

El recurrente refiere haberse desempeñado a honorarios para el servicio recurrido desde marzo de 2011 como profesional de Gestión de Calidad de Obras, pasando en julio de 2012 a trabajar a contrata como Analista de Desarrollo Urbano e Infraestructura, llevando a cabo exitosamente las diversas labores y proyectos que describe, sin haber tenido problemas con sus compañeros ni jefes, manteniendo una hoja de vida intachable como funcionario público. Dice que el fundamento que le dan al momento de ser despedido es que no son necesarios sus servicios, lo que es falso tanto por su desempeño anterior como porque el cargo a contrata nace en el momento que se requieren los servicios y existen fondos necesarios; por ello –dice- carece de fundamento la forma de término de su contrato, porque el presupuesto se aprobó con un año de anticipación, de modo que hay fondos hasta fin de año y el cargo que desempeñaba no ha sido eliminado ni suprimido, sino que es suplido por otro compañero. Por tal motivo, estima que su despido es un acto arbitrario e ilegal que le priva de su derecho de contrata que tiene hasta el 31 de diciembre y además es caprichoso por no tener fundamento legal, no tener motivo real, causa o causa legal para ser desvinculado de la institución.

Agrega que conforme al oficio circular N° 44, firmado entre la ministra del Trabajo y el Ministro de Hacienda, la no renovación de una contrata debe hacerse por motivos fundados y bajo criterios objetivos; esos mismos motivos fundados son lo que se tuvo en cuenta para renovar su contrata, por lo que carece de sentido que se le ponga término en forma anticipada por el motivo expresado. Igual criterio fue reiterado por las mismas autoridades el año 2013, generando el oficio circular N° 31 de 29 de noviembre de 2013.

Cita a continuación u fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Sostiene que la notificación verbal de su despido con fecha 26 de febrero de 2014 ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, particularmente su inciso segundo, en atención a la arbitrariedad del acto al no expresarse sus fundamentos, además de ilegal por constituir una desviación de poder que lo hace ilegal. Vulnera también lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 18.575 y 16 de la ley 18.880 al no ajustarse a la transparencia requerida en la función pública, establecida precisamente para evitar la arbitrariedad. Desarrolla a continuación los criterios que ha de tenerse en cuenta para la resolución del asunto, básicamente el espíritu de la norma, las características de contrato de trabajo que tiende a la estabilidad en el empleo y la buena fé contractual. Agrega como garantía también vulnerada la establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, fundándose en el artículo 583 del Código Civil, por existir una especie de dominio del recurrente sobre el bien incorporal a ejercer la función para la cual ha sido contratado y obtener la retribución pactada.

Pide ser reintegrado de inmediato a sus funciones, el pago de los meses no trabajados y de las costas de la causa;

2°) Que a fs. 47 informa la recurrida solicitando el rechazo del recurso, con costas, por existir indeterminación respecto de los actos supuestamente ilegales y arbitrarios; porque ninguna de las actuaciones relativas a la contratación del actor, particularmente la resolución exenta mediante la cual se aprobó la última prórroga a su contrata, han sido ilegales ni arbitrarias en términos de vulenrar los derechos y garantías amparados por el recurso que se invoca; porque el cese en el cargo del actor se produjo como consecuencia de la concurrencia de la causal legal de vencimiento del plazo por el que fue contratado, y porque la jurisprudencia invocada no es aplicable en la especie.

3°) Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien lo ejecuta o deja de ejecutar;

4°) Que del tenor del recurso no se advierte cuál es el acto específico en contra del cual se recurre, puesto que se alude a un supuesto despido, a la notificación verbal del mismo, a la terminación anticipada de la contrata, etc. sin precisar mayores antecedentes al respecto, aunque se puede inferir que la afección se produce por el término de la contrata en virtud de la cual el actor prestaba servicios profesionales para la recurrida.

Sin embargo dicha situación, que el actor estima atentatoria contra sus derechos fundamentales garantizados en la Constitución, no ha tenido el carácter ilegal ni arbitrario que éste pretende asignarle, pues dicho término estaba previsto en la propia resolución exenta N° 35 de 17 de enero de 2014, suscrita por orden del Ministro por la Jefa de la División Administrativa del Departamento de Recursos Humanos de la Seremi de Arica Parinacota, acompañada en copia por la recurrida a fs. 38, que dispuso la prórroga del contrato del actor “a contar del 1 de enero de 2014 y hasta las fechas que se indica, y/o mientras sean necesarios sus servicios durante dicho lapso”, consignando para el caso específico del actor “Hasta el 28 de febrero de 2014”, dictada en uso de atribuciones que el actor no ha cuestionado.

Consecuente con ello, la terminación de los servicios del actor para la recurrida no se ha producido por despido ni por otro acto –que como ya se dijo no está identificado en el recurso- sino por el término del plazo para el cual fue contratado. A mayor abundamiento, es preciso destacar que la misma resolución se refiere a la falta de necesidad de los servicios como causa eventual de término, pero consignando expresamente que el contrato regirá mientras ellos sean necesarios “durante dicho lapso”, lo que reafirma el límite temporal de su vigencia.

El recurrente afirma que sus servicios siguen siendo necesarios y que están previstos los fondos para retribuirlos, pero lo cierto es que la discusión sobre la necesidad de continuar o no los servicios carece de relevancia frente al cumplimiento del plazo, aunque sí la habría tenido en caso de pretender terminar la contrata antes de dicho término;

5°) Que, la alegada infracción a la circular N° 44 del Sr. Ministro de Hacienda no torna en ilegal la terminación de la contrata del actor, puesto que carece de fuerza legal obligatoria y sólo podría eventualmente dar lugar a responsabilidades administrativas, en caso de comprobarse su desacato;

6°) Que no siendo ilegal ni arbitrario el acto reclamado, deberá rechazarse el presente recurso, sin que resulte necesario referirse a cada una de las garantías constitucionales cuyo ejercicio legítimo se dice perturbado o amenazado.

Y VISTOS, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra suplente Sra. Ana Cienfuegos Barros.

No firma el ministro señor Villarroel, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.

Rol N° 9414-2014.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Patricio Villarroel Valdivia e integrada por las ministros señora María Soledad Melo Labra y señora Ana Cienfuegos Barros.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a quince de mayo de dos mil catorce, autoriza la resolución que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.