COMERCIAL MEICYS S.A. con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

Santiago, veinte de abril de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Daniel Oksenberg González, abogado, en representación de COMERCIAL MEICYS S.A., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduce acción de protección constitucional en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, representada por nombre reservado y de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por nombre reservado, por haber incurrido en el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en pedir la publicación en el boletín comercial de dos multas que no se encontraban firmes, afectando las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°2 y N°4 de la Carta Fundamental, solicitando se acoja la presente acción, dejando sin efecto el tratamiento de los datos referidos a las multas N° 3991/2019/731 y 3991/2019/7312, aplicadas mediante la Resolución N°128 dictada por la Inspección Comunal Santiago Norte, particularmente, en lo referente a la publicación efectuada a través de la empresa Dicom Equifax, con costas.

Expresa que, en agosto de 2020, su representada tomó conocimiento de la existencia de las multas antes anotadas, las que supuestamente fueron notificadas por la Inspección del Trabajo Santiago Norte, como aparece del correo electrónico de 7 de agosto de 2020, emitido por correo reservado. Sin embargo, jamás recibió alguna misiva a través de Correos de Chile, por lo que, las certificaciones y notificaciones se encuentran viciadas, teniendo, además, en consideración que el domicilio en el que debían entregarse las comunicaciones se encontraba cerrado por la pandemia “Covid-19”.

En ese contexto, su parte ante la Dirección del Trabajo solicitó se declarara la nulidad de la aludida notificación, petición que fue desestimada, afectando la eficacia del acto administrativo y la posibilidad de poder acceder al procedimiento administrativo de cobro de multa que existe en contra de su mandante.

Luego, la Dirección del Trabajo, no obstante encontrarse pendiente la resolución sobre la incidencia de nulidad, en lo que aduce es el acto ilegal y arbitrario, procedió a informar como morosas las multas en comento, de lo que tomó conocimiento el 15 de octubre de 2020 al solicitar un informe laboral previsional a Equifax.

Así las cosas, afirma que las recurridas en forma indebida instruyeron la publicación de las multas, transgrediendo los artículos 17 y 20 de la Ley Nº 19.628.

En cuanto a las garantías constitucionales que acusa afectadas, sostiene que lo ha sido la igualdad ante la ley, desde que a pesar de existir disposiciones expresas que prohíben el tratamiento de los datos personales en las condiciones descritas, la recurrida ha hecho caso omiso de lo anterior, brindando un trato diferente del que deben gozar los particulares que se encuentren en la misma posición objetiva, al tenor de las referidas disposiciones legales.

Enseguida, estima vulnerado el derecho fundamental contenido en el numeral 4º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto a la protección de los datos personales que es una derivación del derecho a la intimidad.

Culmina su presentación, solicitando se acoja la presente acción, disponiendo las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, especialmente, ordenar que se elimine del boletín comercial la información relativa a las referidas multas.

Junto al recurso, acompaña los documentos que denomina informe Equifax de 15 de octubre de 2020, certificado emitido por el Edificio, solicitud de declaración de nulidad ante la Dirección del Trabajo, resolución que rechaza este último.

Segundo: Que, esta Corte, solicitó informe a EQUIFAX, la que en cumplimiento de lo ordenado, por medio de su representante nombre reservado, en primer lugar, explica que su representada presta servicios de información comercial a entidades del sector público y privado, conforme a información aportada -entre otros- por la base de datos denominada “Bolab”, la que por encargo de la Dirección del Trabajo, Equifax procesa y transmite en línea a través del “Boletín Laboral y Previsional” con información sobre multas y cotizaciones adeudadas a Entidades Previsionales, recopilada por dicho organismo bajo su exclusiva responsabilidad, de acuerdo al contrato celebrado entre las partes el 19 de febrero de 2019.

En síntesis, esgrime que la información publicada es responsabilidad del aportante y según lo previsto en el artículo 2º letra f) de la Ley Nº 19.628, no es aplicable a personas jurídicas, sino que solamente a personas naturales, no pudiendo ser eliminadas por cuanto no han sido solucionadas.

Junto al informe, allega los instrumentos que denomina copias de contrato celebrado entre la Dirección del Trabajo y Servicios Equifax Chile Ltda. e informe “Bolab”.

Tercero: Que, la abogada Mariela Hardy Traverso, en representación de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, al evacuar el informe requerido, contextualiza los hechos, agregando que el 27 de diciembre de 2019 fueron cursadas las multas signadas con el Nº 3991/19/73-1 y 2, correspondientes a la fiscalización Nº1307/2018/508, decisión en contra de la cual la recurrente interpuso un recurso de reconsideración el 10 de febrero de 2020, tomando conocimiento de las multas y activación del procedimiento administrativo. Luego, conforme a la Resolución Nº 128 de 16 de junio de 2020 el Inspector Comunal del Trabajo Santiago Norte, resolvió rechazar la reconsideración y ese mismo día fue depositado en Correos de Chile la copia del acto, bajo el registro de seguimiento Nº 1180689563399.

En ese escenario, la actora con fecha 22 de septiembre del año pasado, dedujo lo que denomina “recurso de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento”, fundada en una supuesta falta de notificación personal de la Resolución Nº 128, toda vez que, el edificio donde funciona la empresa se encontraba cerrado desde marzo de esa anualidad por la pandemia.

Refiere que el arbitrio antes señalado, corrió igual suerte que la reconsideración, siendo desestimado mediante Resolución Nº 56 de 23 de octubre de 2020 por el Inspector Comunal del Trabajo Santiago Norte, en la que se invocó lo establecido en el artículo 508 del Código del Trabajo, en orden a que “la notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva”. Añadiendo que no es efectivo la no existencia de recursos administrativos que regulen la nulidad por falta de emplazamiento por falta de notificación válida. Al efecto, el artículo 60 de la Ley Nº 19.880, que “Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado”, señala en lo pertinente que “En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante el superior jerárquico, si lo hubiere, o en su defecto, ante la autoridad que lo hubiere dictado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento”.

Destaca que no es efectivo que la protegida se encontrare impedida de defenderse respecto de las multas cursadas en la instancia administrativa que existe para tal efecto, por cuanto, incluso pudo entablar los recursos que franquea el legislador, resultando insuficientes las argumentaciones vertidas por la recurrente, de modo que se mantuvo el monto de ambas sanciones en la suma de 193 Unidades Tributarias Mensuales.

Con relación a la alegación sobre la falta de notificación de las multas, reitera que fue comprobado en el sistema informático que la resolución de multa fue depositada en la oficina de Correos de Chile el 31 de enero de 2020 y notificada el 10 de febrero de ese año, dando cumplimiento al artículo 508 del Código del ramo y el manual de fiscalización, lo que refrenda mediante reseña al Ordinario Nº 1039 de 3 de marzo de 2015.

Al igual que Equifax, manifiesta que de acuerdo a las letras f) y ñ) del artículo 2º de la Ley Nº 19.628, aparece evidente que no fueron consideradas las personas jurídicas.

En cuanto a las garantías constitucionales que la contraria estima afectadas, sostiene que no se produce tal transgresión, desde que en caso alguno su representada ha brindado un trato diferente, sino que únicamente ha sido aplicada la normativa que corresponde.

De igual modo, no avizora vulneración a la protección de datos personales, dado que se siguió el procedimiento de rigor, resultando procedente continuar con el cobro de las multas efectuando el trámite ante la Tesorería General de la República.

Aparejó copias de la Resolución que impuso las multas, informe de exposición N°1307/2018/508, comprobante guía de despacho de correspondencia de Correos de Chile y Resolución Nº 128 de 16 de junio de 2020 del Inspector Comunal del Trabajo Santiago Norte.

Cuarto: Que, evacua informe por la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el abogado Pablo Guzmán Navarro, quien señala sobre el asunto de autos, lo siguiente: primero, alega la falta de legitimación pasiva de su mandante, atendido que conforme el artículo 30 del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado, dispone que “La función recaudadora de todos los ingresos del sector público será efectuada por el Servicio de Tesorerías, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los servicios...”.

A su turno, el artículo 35 de dicho Decreto Ley expresa que “El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del sector público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos servicios.

Para tal efecto, aplicará cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos.”.

Alega que los hechos fundantes de la acción de protección, escapan a la competencia propia del Servicio de Tesorerías y a los fines propios del recurso, destinado a ser un instrumento de emergencia, cautelar.

Manifiesta que habiéndose registrado en el sistema de “Cuenta Única Tributaria” de la recurrente una deuda exigible y líquida proveniente de los formularios antes indicados, el Servicio de Tesorerías en cumplimiento de sus atribuciones procedió a generar los respectivos expedientes de cobro, a saber N° 17188-2020, del 15 de septiembre de 2020 y N° 17272, del 16 de octubre, cada uno por los folios respectivamente señalados, de modo que no divisa de qué manera el Servicio de Tesorerías puedo ser titular pasivo del presente recurso de protección, ya que el acto u omisión recurrido evidentemente no emana del Servicio de Tesorerías sino de la Dirección del Trabajo.

Quinto: Que, se trajeron los autos en relación.

Sexto: Que, esta Corte decretó como medida para mejor resolver, se revisara el sistema informático de seguimiento de causas de los Juzgados de Letras del Trabajo, la efectividad de haberse presentado reclamación judicial de nulidad de la notificación por parte de la recurrente.

El 12 de marzo de 2021, se certificó por la Relatora señora Isabel Eyzaguirre lo siguiente: en el RIT I-272-2020, ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, caratulados “Comercial Meicys S.A. con Inspección Comunal Santiago Norte”, con fecha 18 de noviembre del año pasado, la sociedad Comercial Meicys S.A., presentó una reclamación judicial en procedimiento monitorio en contra de la Resolución N° 56 del 23 de octubre de 2020, mediante la cual, fue rechazada su alegación de nulidad de la notificación de la Resolución N° 128 respecto de las multas N 3991/2019/73-1 y N 3991/2019/73-2; encontrándose actualmente en estado de celebrarse la audiencia de juicio el 26 de marzo de 2021.

Séptimo: Que, el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Así́, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Octavo: Que, acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido por la publicación en el boletín comercial de dos multas cursadas por la Inspección del Trabajo que, en concepto de la recurrente no se encontraban firmes, han sido publicadas antes de resolverse un recurso de nulidad por parte de la Dirección del Trabajo, además de no haber sido notificadas las sanciones con la ritualidad que prevé el Código del Trabajo mediante carta certificada, ya que el lugar donde funciona la empresa se encontraba cerrado por la situación de pandemia que aqueja al país.

Noveno: Que, atendido lo certificado en el motivo sexto precedente, resulta ser un hecho no controvertido por las partes que la recurrente ha interpuesto una reclamación judicial de multa, con fecha 18 de noviembre de 2020, ante el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, por los hechos que ahora se denuncian en el presente arbitrio en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte.

Décimo: Que, en consecuencia, los hechos materia de la presente acción constitucional están siendo conocidos por un Tribunal de la República, a raíz de la reclamación interpuesta, la que se encuentra actualmente en tramitación, por lo que la situación denunciada está sometida al imperio del derecho.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, SE RECHAZA, SIN COSTAS, el recurso de protección interpuesto por Daniel Oksenberg González en representación de COMERCIAL MEICYS S.A., en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO y de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

Rol N° 94.130-2020. Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada, además, por la Ministro (S) señora Ana María Osorio Astorga y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida. No firma la ministro (S) señora Osorio, quien concurrió a la vista de la causas y al acuerdo; por haber cesado sus funciones en esta Corte.

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