Protección contra Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea

C.A. de Santiago Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintiséis.

Proveyendo al escrito folio 28: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Cristián Felipe Jara Brito, abogado, en representación de nombre reservado, educadora diferencial, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, por estimar ilegal y arbitraria la dictación del Decreto DAS N° NUM000, mediante el cual se puso término a su relación laboral como docente del Programa de Integración Escolar PIE del Colegio Lo Barnechea, Sede Intermedia, por infracción grave al principio de probidad administrativa, conforme al artículo 72 letra b) del Estatuto de los Profesionales de la Educación.

Expone que el 1 de marzo de 2024 inició el uso de la licencia médica folio N° NUM001, extendida retroactivamente por cuatro días y con reposo absoluto. Señala que había salido del país el 26 de febrero de 2024, encontrándose de vacaciones y sin licencia médica, y que su regreso, inicialmente previsto para el 29 de febrero, debió postergarse debido a un cambio intempestivo de vuelo que atribuye a una sobreventa de Copa Airlines. Afirma que avisó de esta situación a sus superiores, informando a la secretaria y a la jefa de UTP que el vuelo había sido reprogramado y que concurriría al médico al llegar a Chile, pues presentaba problemas de salud. Sostiene que, en definitiva, se ausentó dos días hábiles, por causas independientes de su voluntad y encontrándose enferma, concurriendo presencialmente a Clínica Dávila. Agrega que el Decreto DAS N° NUM000 aplicó la medida disciplinaria de término de su relación laboral y que fue notificada de éste el 23 de febrero de 2026.

Alega que la calificación de su conducta como falta de probidad es arbitraria, pues el acto no fundamentaría autónomamente la concurrencia de dicha causal ni existiría prueba directa de que durante los días de licencia hubiese desarrollado voluntariamente actividades turísticas, recreativas, físicas o laborales incompatibles con el reposo. Asimismo, controvierte la existencia de mala fe, sosteniendo que la sanción carece de adecuada tipicidad y culpabilidad.

Denuncia, además, falta de motivación suficiente del acto administrativo, en los términos del artículo 11 de la Ley N° 19.880, y vulneración de los principios de proporcionalidad e igualdad ante la ley. Sostiene que se le aplicó la sanción máxima por un hecho de menos de cuarenta y ocho horas de afectación al servicio, que califica como justificado e imprevisible, sin ponderar adecuadamente su irreprochable conducta anterior ni la inexistencia de antecedentes disciplinarios previos. Afirma que la medida le ocasiona perjuicios laborales, económicos, reputacionales, profesionales, psicológicos y emocionales, y que la autoridad debió considerar la proporcionalidad de la sanción y el tratamiento otorgado a situaciones semejantes.

Expresa que tales actuaciones vulneran las garantías de igualdad ante la ley e igual protección en el ejercicio de los derechos, integridad psíquica, honra, libertad de trabajo y su protección, debido proceso y derecho de propiedad, contempladas en el artículo 19 N°s 1, 2, 3, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República. En particular, sostiene que la desvinculación disciplinaria resulta desproporcionada, afecta su integridad psíquica y honra, le impide continuar ejerciendo su actividad docente y vulnera los derechos incorporales derivados de su carrera funcionaria.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el Decreto DAS N° NUM000, se lo deje sin efecto, se ordene su reincorporación al cargo docente con todos sus derechos y beneficios y el pago de las remuneraciones y demás prestaciones devengadas durante el período de separación.

SEGUNDO: Que, informa la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Señala que la recurrente se desempeñaba como docente del Programa de Integración Escolar PIE del Colegio Lo Barnechea, Sede Intermedia, en calidad de contrata transitoria, y que el año escolar 2024 comenzó el 1 de marzo.

Expone que el 26 de febrero de 2024, a las 01:43 horas, salió del país con destino a Punta Cana, República Dominicana, para asistir al matrimonio de unos amigos, y que regresó el 4 de marzo de 2024, a las 05:59 horas. Agrega que el mismo día de su retorno concurrió a Clínica Dávila, donde se le extendió una licencia médica por cuatro días, con inicio retroactivo al 1 de marzo y vencimiento el mismo 4 de marzo, que ordenaba reposo total en su domicilio de Ñuñoa.

Afirma que la recurrente disponía de días administrativos para fines personales, que no utilizó para justificar dichas inasistencias, y que el procedimiento disciplinario se inició luego que la Contraloría General de la República remitiera antecedentes de funcionarios que habrían salido del país encontrándose con licencia médica. Refiere que el sumario fue instruido por Decreto DAS N° NUM002, que la recurrente fue notificada y prestó declaración, que se formularon cargos y se recibieron sus descargos, y que la Fiscal propuso el término de la relación laboral, aun reconociendo la atenuante de irreprochable conducta anterior, por estimar que dicha consecuencia era obligatoria conforme al artículo 72 letra b) del Estatuto Docente.

Añade que la Dirección de Asesoría Jurídica informó que no advertía infracciones al debido proceso ni a la normativa aplicable y que, aceptada la propuesta por el Alcalde, se dictó el Decreto DAS N° NUM000, de 27 de octubre de 2025.

Sostiene que el procedimiento disciplinario se ajustó íntegramente al ordenamiento jurídico, que la investigada fue debidamente notificada, conoció los cargos formulados, dispuso de plazo para defenderse y obtuvo la prórroga que solicitó, siendo sus argumentos examinados por la Fiscal y posteriormente revisada la propuesta por la Dirección de Asesoría Jurídica.

En cuanto a los hechos, afirma que se encuentran plenamente acreditados mediante el Certificado de Viajes N° NUM003 de la PDI, el pasaporte y el itinerario de Copa Airlines, la licencia médica, la declaración de la propia recurrente, su hoja de vida y planilla de licencias y la resolución que fijó el calendario escolar. Señala que tales antecedentes demostrarían su salida del país el 26 de febrero, regreso el 4 de marzo, la obtención ese mismo día de una licencia con efecto retroactivo al 1 de marzo, su conocimiento y disponibilidad de días administrativos y la coincidencia de sus ausencias con el inicio del año escolar.

Califica jurídicamente dichos hechos como una infracción grave al principio de probidad administrativa, sosteniendo que la recurrente utilizó la licencia médica para justificar inasistencias laborales vinculadas a un viaje de esparcimiento para asistir al matrimonio de unos amigos, pese a disponer de días administrativos, anteponiendo con ello su interés particular al interés general. Añade que la licencia se obtuvo el día del regreso y con efecto retroactivo, y que la explicación relativa a la reprogramación del vuelo no desvirtuaría la infracción.

Expresa que el uso de una licencia médica para fines ajenos a la recuperación de la salud importa falta de veracidad y lealtad hacia el servicio y el sistema de seguridad social, y que la falta de coincidencia entre el reposo absoluto prescrito y el desplazamiento internacional configuraría mala fe. Agrega que emplear a sabiendas una licencia destinada a recuperar la salud para justificar la ausencia laboral permite, a su juicio, tener por establecido el dolo y la infracción grave a la probidad.

Sostiene, asimismo, que, una vez configurada una infracción grave a la probidad, el artículo 72 letra b) del Estatuto Docente contempla como única consecuencia legal el término de la relación laboral, sin facultad de la autoridad para sustituirla por una sanción menor, por lo que la atenuante de irreprochable conducta anterior no permitía modificar esa consecuencia.

Descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, afirmando que no existió trato discriminatorio; que no se acreditó afectación a la integridad psíquica; que el término de la relación laboral obedeció a una causal legal; que no existe derecho de propiedad sobre un empleo público extinguido mediante una sanción legalmente impuesta; que el procedimiento respetó el debido proceso; y que la afectación reputacional inherente a una sanción fundada no constituye vulneración a la honra. Agrega que el decreto se encuentra suficientemente motivado, pues contiene los antecedentes del expediente, los hechos acreditados, su calificación jurídica, la ponderación efectuada por la Fiscal y la revisión jurídica posterior.

Finalmente, controvierte específicamente que el cambio de vuelo excluya responsabilidad, que corresponda efectuar un juicio de proporcionalidad entre diversas sanciones y que no se haya acreditado el dolo, afirmando, en este último aspecto, que éste se desprendería de la reincorporación de la recurrente al día siguiente de finalizar su licencia, del uso de sus días administrativos, del propósito social del viaje y de las circunstancias en que obtuvo la licencia retroactiva.

Concluye que los hechos se encuentran acreditados, que la calificación de infracción grave a la probidad es correcta, que el término de la relación laboral era la única consecuencia legalmente procedente y que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, solicitando por ello el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, para resolver la controversia planteada, cabe tener presente que el artículo 8° de la Constitución Política de la República exige a las autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa en todas sus actuaciones, debiendo observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Se trata de un principio cardinal de la función pública que, a su turno, el artículo 72 letra b) del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, dispone que los profesionales de la educación dejarán de pertenecer a la dotación docente por falta de probidad o conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario instruido al efecto.

QUINTO: Que, en el caso de autos, los hechos que sirvieron de fundamento a la sanción se encuentran suficientemente acreditados en el procedimiento disciplinario, a saber: que la recurrente salió del país el 26 de febrero de 2024 con destino a Punta Cana, República Dominicana, tratándose de un reconocido destino turístico, para asistir al matrimonio de unos amigos; que regresó a Chile recién el 4 de marzo de 2024; que ese mismo día obtuvo una licencia médica con efecto retroactivo al 1 de marzo de 2024, fecha coincidente con el inicio del año escolar; y que, no obstante disponer de días administrativos para justificar su ausencia, optó por acogerse a un reposo médico obtenido con posterioridad al viaje y a su término.

Las referidas circunstancias, apreciadas en su conjunto y acorde las reglas de la sana crítica, permiten sostener razonablemente que la licencia médica no fue empleada con la finalidad de recuperación de salud que le es propia, sino para justificar inasistencias derivadas de un desplazamiento particular al extranjero, lo que configura una infracción grave al principio de probidad administrativa en los términos exigidos por el artículo 72, letra b), del Estatuto Docente, sin que la circunstancia de haber concurrido a un centro asistencial al regresar al país, ni la explicación relativa a un cambio de vuelo previo al inicio del reposo, sean suficientes para desvirtuar dicha calificación. La obtención de la licencia médica, precisamente obtenida por sus efectos retroactivos para cubrir ausencia previa a las labores de la servidora por los días en que ésta permanecía en un destino turístico en el extranjero por reprogramación de su vuelo de regreso, según hidalgamente ha reconocido en el libelo que origina esta causa, es el núcleo del reproche que ha sustentado certeramente el proceso disciplinario cuyo resultado cuestiona, tachándolo de desmotivado.

SEXTO: Que, asimismo, consta de los antecedentes acompañados que el procedimiento disciplinario fue instruido por Decreto DAS N° NUM002, en el cual la recurrente fue debida y oportunamente notificada, prestó declaración, se le formularon cargos, evacuó sus descargos dentro de plazo y con la prórroga que solicitó, y que la propuesta de la Fiscal instructora fue objeto de revisión por la Dirección de Asesoría Jurídica municipal, sin que se advirtiera infracción alguna al debido proceso ni a la normativa estatutaria aplicable, de manera que el Decreto DAS N° NUM000 fue dictado luego de una tramitación ajustada a derecho, en la que se ponderaron los argumentos de defensa de la actora, incluida la atenuante de irreprochable conducta anterior, la que, sin embargo, no altera la consecuencia jurídica prevista por el legislador para una infracción grave a la probidad.

SÉPTIMO: Que, en lo relativo a la pretendida falta de motivación y a la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, cabe consignar que el Decreto DAS N° NUM000 contiene los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento, la calificación jurídica de la conducta reprochada y la ponderación efectuada tanto por la Fiscal instructora como por la Dirección de Asesoría Jurídica, cumpliendo así con la exigencia de motivación del artículo 11 de la Ley N° 19.880. Por otra parte, el término de la relación laboral obedeció a la aplicación de una causal legal expresamente contemplada en el Estatuto Docente, por lo que no existe derecho de propiedad que ampare la permanencia en un cargo cuya extinción se encuentra legalmente justificada, ni se advierte una afectación a la integridad psíquica, a la honra o al debido proceso que no sea la que naturalmente deriva de la aplicación de una sanción fundada, ni tampoco un trato discriminatorio respecto de la actora.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, esta Corte no advierte que la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea haya incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad al dictar el Decreto DAS N° NUM000, desde que la medida disciplinaria de término de la relación laboral se fundó en hechos acreditados, fue precedida de un procedimiento administrativo tramitado con pleno respeto al derecho a defensa de la recurrente, y constituye la única consecuencia legalmente procedente ante la infracción grave al principio de probidad administrativa que se tuvo por establecida, por lo que el recurso de protección deducido no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea.

Se previene que el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo concurre al rechazo del recurso teniendo únicamente presente la falta de idoneidad de la vía intentada, toda vez que la acción de protección posee una naturaleza cautelar y no declarativa, existiendo un procedimiento jurisdiccional específico en el artículo 75 de la Ley N° 19.070 para impugnar la legalidad del término de la relación laboral docente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-9410-2026