nombre reservado con HOSPITAL CLINICO MUTUAL DE SEGURIDAD CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha dos de noviembre de dos mil veinte comparece don Mario Fernando Candia Falcón, abogado, quien interpone acción de protección en favor de doña nombre reservado, en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, por haber sido víctima de actos ilegales y arbitrarios cometidos por la recurrida, según lo demostraría la Resolución Nº 5700, de fecha 18 de Julio de 2019, la cual ha sido y sigue siendo una amenaza al legítimo ejercicio y derecho de las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 número 24, en relación al artículo 20, ambos de la Constitución Política de la República, solicitando que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al ofendido.

Funda su pretensión señalando que el día 05 de julio del año 2019, don nombre reservado (Q.E.P.D.), cónyuge de la recurrente, se dirigía a su casa junto a sus compañeros de trabajo, luego de cumplir funciones habituales para la empresa “Techint Ingeniería y Construcción”, empresa contratista que realizaba trabajos para la empresa mandante “Anglo American Sur S.A.”, específicamente en su operación Los Bronces en la Región Metropolitana. Indica que comenzaron el descenso desde la faena señalada en un bus placa patente HVZW-61, marca nombre reservado, el cual, al enfrentar una curva del camino Las Termas, en dirección a la comuna de Colina, aproximadamente a las 18:50 hrs., volcó para finalmente colisionar con vegetación emplazada en aquel terreno.

Expone que producto del volcamiento y los numerosos giros que el bus de transportes experimentó con el accidente, el Sr. nombre reservado sufrió lesiones gravísimas que provocaron su lamentable deceso en el lugar, declarándose dicho accidente como laboral de trayecto con fecha 18 de julio de 2019, mediante Resolución N° 3658383, emitida por la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales de la Mutual, otorgándose esa misma fecha, a través de Resolución N°5700, una pensión de carácter vitalicia a la recurrente.

Refiere que el cálculo para determinar el monto de la pensión por la Mutual debe realizarse según lo establecido por el artículo 26 de la Ley N° 16.744, esto es, mediante un promedio de las remuneraciones percibidas por el afiliado en los últimos seis meses inmediatamente anteriores al accidente o al diagnóstico médico, en caso de enfermedad profesional.

En relación con lo expuesto anteriormente, la empresa empleadora del trabajador fallecido informó, mediante certificado emitido por el Jefe de Recursos Humanos de dicha empresa, que el monto promedio de los últimos seis meses de remuneración del Sr. nombre reservado era de $1.036.573.

Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que la Mutual recurrida realizó un cálculo totalmente distinto, estableciendo, a su juicio arbitrariamente, un monto inferior al promedio de los últimos seis meses, fijándolo en la suma de $ 993.853 pesos, lo que constituiría una flagrante vulneración a los derechos de la recurrente, al carecer el actuar de la recurrida de la evidente fundamentación, siendo este abiertamente abusivo, arbitrario e ilegal.

Previa cita de las normas que considera conculcadas, solicita acoger el recurso, ordenando que se recalcule la pensión de viudez de la recurrente y se reintegren los saldos adeudados desde Julio de 2019 a la fecha, más los intereses correspondientes, con expresa condena en costas.

nombre reservado: Que comparece don Jorge Esteban Bello Acuña, abogado, en representación de la “Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción” (en adelante también la Mutual), quien solicita en primer término que se declare la extemporaneidad del recurso, en atención a que ha sido interpuesto una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos para hacer valer esta acción excepcional de rango constitucional. Lo anterior lo fundamenta en que el recurso fue interpuesto con fecha 2 de noviembre de 2020, en contra de la Resolución N°5700 de fecha 18 de julio de 2019, la que fue puesta en conocimiento de la recurrente con fecha 9 de agosto de 2019, transcurriendo a la fecha de interposición del recurso la cantidad de 366 días corridos.

Pide en subsidio que se declare la improcedencia de la acción interpuesta, por cuanto la decisión de calificar y recalificar un caso, así como determinar si procede o no un beneficio médico o económico, se encuentra regulado por la interpretación normativa que hace el fiscalizador de la Mutual de Seguridad. Agrega que conforme lo señala la jurisprudencia de la Superintendencia de Seguridad Social (en adelante también SUSESO) y el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en consideración a la Ley N°16.744 y sus reglamentos, se trata en este caso de una materia propia del Derecho a la Seguridad Social, garantía constitucional que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución, no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos. Sostiene, a mayor abundamiento, que lo que hace la recurrente es utilizar la acción constitucional de protección como una nueva vía, sin ejercer la acción administrativa que la propia Ley N°16.744 contempla en su artículo 77, dado que son los organismos técnicos los que han de resolver estas diferencias de cálculo.

Adicionalmente, y luego de exponer sobre la naturaleza de la institución y la normativa que rige su actuar, evacua informe indicando que el fundamento del recurso está referido precisamente a su obligación de volver a calcular la pensión de viudez que percibe, siempre que se acompañen nuevos antecedentes, lo que nunca ha ocurrido, debido a que la recurrente nunca se ha acercado a la Mutual a informar de nuevos antecedentes. Por ello -agrega-, y conforme se desprende del inciso 3° del artículo 26 de la Ley N°16.744, el presente recurso descansa en un presupuesto de hecho erróneo, teniendo un alcance que va más allá de las resoluciones que son objeto de impugnación. De acuerdo con la normativa vigente, por tanto, procede en este caso la interposición de un recurso de reclamación ante la SUSESO, en contra de la resolución de la Mutual, para efectos de hacer presente los reparos que haya podido tener la recurrente respecto del cálculo de su pensión de viudez.

Agrega que en el caso particular de la recurrente, para determinar el monto de la pensión asignada fueron consideradas las remuneraciones imponibles percibidas entre enero de 2019 y marzo a junio del mismo año, debiendo ser descontado, conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Ley N°3.501, el incremento establecido en el artículo 2° del mismo Decreto Ley. Para ello se las dividió por el factor 1,1757, para trabajadores afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), siendo dichas remuneraciones amplificadas conforme a lo dispuesto por el inciso 5° del artículo 26 de la Ley N° 16.744, esto es, sobre la base de la variación del sueldo vital, escala A del departamento de Santiago, hoy referido al ingreso mínimo para fines no remuneraciones, desde la fecha en que ellas fueron percibidas, hasta la data a partir de la cual se declaró el derecho a Pensión de Supervivencia. Todo este cálculo configuró el monto final de la pensión, establecida en la Resolución N°5700 de fecha 18 de julio de 2019, el cual obedece a una consideración jurídica fundada y no antojadiza o carente de motivación.

Por todo lo anterior, y luego de sostener que las garantías invocadas no resultan conculcadas, solicita el rechazo de la acción esgrimida.

Tercero: Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente precisar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal (esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil) o arbitrario (producto del mero capricho de quién incurre en él), que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar, además, que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deban concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, de manera tal que el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario sin perjuicio de que, eventualmente, pueda reunir ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

Cuarto: Que en lo que concierne a la alegación de la recurrida, consistente en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no contempla la materia de que trata el presente arbitrio tutelar dentro del catálogo de garantías que lo hacen procedente, debe aclararse que lo que se censura en este caso es el error de cálculo de la pensión vitalicia ya referida, lo que afectaría por tanto el derecho de propiedad de la recurrente, por el no pago de la suma que esta considera correcta. Por esta razón, al encontrarse comprendidas en este caso derechos fundamentales contemplados expresamente en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la alegación de improcedencia de la acción de protección también será rechazada.

Quinto: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, resulta necesario considerar que la recurrente acciona de protección en contra de la Resolución Nº 5700 de la Mutual recurrida, de fecha 18 de Julio de 2019, en la que consta el cálculo de la pensión vitalicia concedida a la recurrente, a consecuencia del fallecimiento de su cónyuge en el accidente laboral de trayecto que refiere. Según afirma la recurrida, la precitada Resolución se le habría notificado a la recurrente con fecha con fecha 9 de agosto de 2019, lo que no ha sido contradicho por esta, a lo que se suma que, según consta en autos, el primer pago de la referida pensión se verificó el 27 de agosto de 2019, lo que supone el cabal conocimiento de la Resolución que la concedió.

Por lo señalado, queda en evidencia que, al interponerse el recurso de autos, el 2 de noviembre de 2020, había transcurrido largamente el plazo de 30 días que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, que regula la materia, por lo que la alegación de extemporaneidad será acogida.

Sexto: Que a mayor abundamiento, la Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, fija en su artículo 2° las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, entre las cuales se cuentan: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia; “(…) c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Por su parte, el artículo 3° de la misma Ley dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro de su competencia”.

Finalmente, el artículo 12 inciso 5º de la Ley Nº 16.744 establece que “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y reglamentos orgánicos.”

Por lo anterior, es la SUSESO el órgano dotado legalmente de las facultades para pronunciarse sobre los reclamos presentados en contra de las Mutualidades, no constando en autos que la recurrente haya planteado efectivamente reclamación alguna en contra de la Resolución de la que ahora reniega. Por el contrario, y como ya se adelantó, a partir del mes de agosto de 2019 la recurrente ha venido percibiendo el pago de las pensiones mensuales, de manera que no puede pretender ahora, por esta vía de excepcional de protección, revivir un cauce procesal administrativo al que no recurrió oportunamente.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del abogado integrante Eduardo Jequier Lehuedé.

Protección Nº 94084-2021.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por el ministro señor Sergio Córdova Alarcón e integrada, además, por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y por el abogado integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé.

En Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.