nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Alejandra Silva Aguilera, abogada, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección a favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, chilena, casada, asistente social, de su mismo domicilio, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, representada legalmente por nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber seguido un sumario administrativo en su contra con una serie de incidentes, que culminó con la aplicación de la medida disciplinaria de separación.

Expone los antecedentes funcionarios de la recurrente, quien se desempeñó como asistente social durante 17 años en el Programa PAS-MENIF del SENAME, formado dentro de la Policía de Investigaciones, y vagamente relata los hechos que dieron origen a la denuncia de un presunto delito de abuso sexual en perjuicio de un niño atendido por este programa, que se sustentó en la supuesta adulteración de una ficha presentada ante tribunales de familia.

Refiere que no obstante haber presentado su renuncia a la institución por razones médicas, fue objeto del sumario que ahora cuestiona, detallando las falencias del mismo, en particular, que fue anulado en cuatro oportunidades y se extendió por tres años, cuestionando además una falta de proporcionalidad, dado que su jefe directo impetró por los mismos hechos una causa de tutela laboral que concluyó con un acuerdo a su favor de $22.000.000.-, pagados por el Consejo de Defensa del Estado.

Acusa que los hechos no fueron debidamente investigados, que no se consideró como atenuante sus calificaciones durante todos los años que trabajó para la institución recurrida y narra en extenso la historia del sumario en comento.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, sostiene que el actuar de la recurrida afecta aquellas consagradas en el artículo 19 N° 2, 3, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo antes expuesto, solicita se acoja el presente recurso y se ordene dejar sin efecto el sumario administrativo N° 650-2016, así como la sanción aplicada, con costas.

Segundo: Que evacuando su informe la recurrida, sostiene en primer término la improcedencia del recurso, por razones de forma, ya que no es esta una nueva instancia administrativa.

Luego, en cuanto al fondo, detalla los siguientes hechos:

a) El 30 de julio de 2014, mediante la Resolución N° 321, de la Jefatura del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, se contrató a contar del 1 de agosto de 2014, a la señora nombre reservado, RUN N° RUT reservado, quien posee el título de Asistente Social para desempeñarse en el Instituto de Criminología, cumpliendo una jornada laboral de 44 horas semanales, asignándosele para este efecto la asimilación al grado 9, del cargo de PROFESIONAL, de la Planta de Apoyo Científico Técnico de la Institución.

b) El 02 de noviembre de 2016 mediante la Orden (R) N° 650, del Instituto de Criminología, se ordenó instruir Sumario Administrativo, a fin de establecer en forma clara y fehaciente, las causas y circunstancias que originó la alteración de la “Ficha de Ingreso” de programa suscrito por la Policía de Investigaciones de Chile con el Servicio Nacional de Menores (SENAME), Programa PAS-MENINF, para la atención reparatoria de menores infractores de Ley, del Departamento de Imputados, Testigos y Justicia Juvenil, dependiente del Instituto de Criminología, en relación con la atención recibida por el menor de iniciales D.I.N.G., de 13 años de edad, en la cual se habría alterado la respectiva ficha de atención clínica, enmendando el registro de la develación de un hecho de agresión sexual del cual el menor habría sido víctima, donde la profesional a honorarios nombre reservado, se percata que la ficha clínica habría sido intervenida, alterando los datos del caso, cambiando líneas de escrito con corrector, arrancando sesiones, alterando el genograma, la grave inobservancia que se había cometido, en la omisión de poner en conocimiento los hechos con caracteres de delito al Ministerio Público, en su oportuno momento y de acuerdo lo establecido en los respectivos plazos legales, entre otros; debiéndose determinar si en los hechos investigados le afecta responsabilidad administrativa a algún funcionario institucional.

c) Es preciso señalar que en el Sumario Administrativo N° 650-2016 se pudo establecer lo siguiente:

- El 17 de agosto de 2.015, la Profesional A/C nombre reservado atendió al menor de iniciales D.I.N.G. y confeccionó, de puño y letra, su ficha de ingreso al programa PAS-MENINF, donde consignó que existía la posibilidad, que el conviviente de la madre de Diego abusara sexualmente del menor, puesto que asumía su cuidado durante gran parte del día.

- El 26 de marzo de 2016 ó 26 de mayo de 2016 -cuya fecha no aparece claramente indicada a fojas 14-, la encartada atendió nuevamente a D.I.N.G. y registró “Diego víctima de A.S. por parte de Ricardo”, que significa abuso sexual, lo que se condice con el genograma original de la carpeta de D.I.N.G., confeccionado por la Asistente Social a Honorarios, nombre reservado, rolante a fojas 12.

- Luego, el 14 de junio de 2016, el caso fue reasignado a la Profesional a Honorarios nombre reservado, funcionaria que tuvo que asistir, el día 13 de julio de 2016 y con escasos antecedentes, a una audiencia de revisión de medidas de protección, programada por el Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de Santiago, con el objeto de explicar el Informe de Situación Actual del Diagnóstico y Pronóstico respecto del menor D.I.N.G., el cual no se había remitido en esa fecha a los tribunales. En la referida audiencia, la Profesional a Honorarios nombre reservado dio a conocer al tribunal los hechos relatados por Diego, relacionados con el delito del que habría sido víctima, lo que motivó que se remitieran los antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

- Con posterioridad a esa audiencia, el Profesional a Honorarios nombre reservado ordenó a la Profesional A/C nombre reservado -quien aceptó y ejecutó la orden, sin representarla de acuerdo con la normativa institucional vigente-, ocultar con corrector líquido la frase “haya abusado de Diego” y escribir en su lugar “haya agredido físicamente a Diego”. Después de esta alteración, la Profesional a Honorarios nombre reservado revisó la carpeta de D.I.N.G. y, con el objeto de actualizar sus antecedentes, modificó el genograma original.

- En efecto, la encartada manifestó, en la citada encuesta sumarial, que modificar las fichas de los menores era una práctica habitual dentro de los profesionales del Instituto de Criminología, situación que fue negada por la mayoría de las personas que prestaron declaración ante la Fiscalía en Comisión. A mayor abundamiento, la Profesional a Honorarios nombre reservado se percató que se habían eliminado sesiones de la carpeta original de D.I.N.G.

- El 17 de septiembre de 2019, se notificó a la abogada Alejandra SILVA AGUILERA de la Resolución Ex. (R) N° 141, de 23 de agosto de 2019, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile que resuelve el Sumario Administrativo N° 650-2016, el cual señala en su numeral 3° “CONFÍRMESE la medida disciplinaria de “SEPARACIÓN” aplicada a la ex Profesional (A/C) nombre reservado, C.I. RUT reservado, quien perteneciera al Instituto de Criminología, por haberse acreditado su responsabilidad administrativa al haber aceptado sin ningún reproche verbal o escrito, que su coordinador directo del Programa PAS-MENINF, el ex Profesional a Honorarios nombre reservado, le instruyera modificar la ficha del menor usuario del programa, identificado con las iniciales D.I.N.G., en el sentido de adulterar mediante el uso de corrector líquido y posteriormente llenara de puño u letra, una frase en la ficha del menor, que en primera instancia consignaba “haya abusado de Diego” la que fue enmendada por “haya agredido físicamente a Diego”, “tal como se acreditó en la pieza sumarial, dando origen a una denuncia ante el Ministerio Público, hechos que se ejecutaron luego de la revisión de una medida de protección en el Tribunal de Familia respectivo donde la Jueza de la República, que presidía dicha audiencia, tomara conocimiento verbal por parte de la Profesional a Contrata nombre reservado, del Programa PAS-MENINF; de supuesto Abuso Sexual del menor D.I.N.G.,” conforme se registraba en ese entonces en su respectiva ficha clínica. Faltas contempladas en el reglamento de Disciplina Institucional, Título II, “DE LAS FALTAS”, artículos 6°, N° 1, “Relativas a la Integridad Moral del Funcionario o al Prestigio de la Institución”, letra c) “permitir que se tergiversen los hechos o se ejecuten actos de avenimientos que perjudiquen el cumplimiento de las órdenes de los Tribunales de Justicia” y N° 3 “Contra el Buen Servicio”, letra a) “No cumplir con el debido interés y resolución de los deberes funcionarios”. Lo anterior, al no haber representado una orden que era ilegal o antirreglamentaria, como lo prescribe el artículo 4° del Reglamento de Disciplina Institucional y la Circular N° 1, de 20.FEB.008, de la Dirección General. Existiendo vulneración grave al principio de probidad administrativa, establecida en los artículos 52 y 62 N° 8 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado toda vez que la modificación y/o adulteración produjo un grave entorpecimiento en el actuar de la Policía de Investigaciones de Chile, considerando asimismo, que estos hechos están siendo investigados por el Ministerio Público y por el Departamento V “Asuntos Internos”, ocasionando que el prestigio del Instituto de Criminología y por ende el de la Institución se viera menoscabado. Asimismo, por haber quedado acreditado de acuerdo a su propia declaración, que durante los meses de marzo a mayo de 2016, de su puño y letra, confeccionó una evaluación en la cual señaló “Diego víctima de A.S, por parte de Ricardo” (padrastro del menor de iniciales D.I.N.G), infiriéndose que al tomar conocimiento de un hecho constitutivo de delito, no se dio cumplimiento a las disposiciones superiores, que guardan relación con resolución Exenta N° 22 de 26.ENE.016, que aprueba y regulariza Convenio entre el Servicio Nacional de Menores y la Policía de Investigaciones de Chile, respecto del proyecto denominado “PAS-MENINF” a ejecutarse en la Región Metropolitana, siendo el objetivo general del proyecto “asegurar la interrupción de conductas abusivas de carácter sexual y que presenten adolescentes protectores y la resignificación de las experiencias de graves vulneración de derechos vivenciales”.

La referida Resolución Exenta, en su Título VI, “de las Principales Obligaciones atendido. Falta contemplada en el título II, “DE LAS FALTAS”, artículos 6°, N° 3 “Contra el Buen Servicio”, letra a) “No cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios”, del Reglamento de Disciplina del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, y lo establecido en la Circular N° 1 de 20.FEB.008, de la Dirección General, existiendo, además una vulneración grave al principio de probidad administrativa, en razón a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado.

Finalmente por haber quedado acreditado a través de su propia declaración que la evaluación que efectuó, se encuentra desaparecida de la ficha clínica original del menor, aduciendo que sólo se trataba de un borrador y no representaba mayor importancia en los antecedentes, agregados además, que enmendar o modificar las fichas del programa PAS-MENINF, era una práctica habitual o recurrente dentro del equipo de trabajo, en circunstancias que según consta en la pieza sumarial, la profesional a contrata nombre reservado, del programa PAS-MENINF, ratificó que las enmendaduras no son práctica habituales según se verificó en otras carpetas y sólo la del menor D.I.N.G. presenta enmendaduras y falta de información del caso. Además, quedó establecido, de acuerdo a las declaraciones de la Profesional (A/C) nombre reservado, la Técnico (A/C) nombre reservado y la ex profesional a Honorarios nombre reservado, un desinterés y escasa proactividad en ejecutar los objetivos del programa PAS-MENINF, por parte de la ex Profesional (A/C) nombre reservado. Falta contemplada en el Título II “DE LAS FALTAS” artículo 6°, N° 3, “Contra el Buen Servicio”, letra a) “No cumplir con el debido interés y resolución de los deberes funcionarios, del reglamento de Disciplina del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Sin perjuicio de haberse vulnerado gravemente el Principio de Probidad Administrativa, contemplada en el artículo 52 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado y el artículo 61, letra g) de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.”

- En cuanto a la actual tramitación de citado sumario N° 650-2016, cabe señalar que, mediante Oficio (R) N° 4772, de 6 de noviembre de 2019, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas dirigido a la Contraloría General de la República, se remitió a ese órgano contralor la Resolución (R) N° 650-2016/56-2019 y dos tomos que constituyen la pieza sumarial, a objeto de que se proceda con el trámite de toma de razón.

d) Corresponde señalar que, doña nombre reservado el 8 de mayo de 2017, presentó su renuncia voluntaria, la cual fue aceptada el 25 de mayo de 2017, por el señor Director General.

En relación a la supuesta falta de debido proceso en la tramitación de Sumario Administrativo N° 650-2016, señala que el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra plasmado en el Decreto N° 1 de 1982, que contempla en todo su procedimiento las normas del debido proceso, en el caso en particular es del caso hacer presente que a lo largo de la sustanciación del expediente sumarial la ex Profesional A/C nombre reservado, prestó declaración voluntaria, sin embargo, no solicitó la apertura del término probatorio en la oportunidad procesal respectiva, esto es, en la etapa de descargos. Sin perjuicio de lo anterior, y en relación a las diligencias solicitadas en su oportunidad, es menester que se tenga presente, que la Contraloría General de la República ha señalado en sus Dictámenes Nros. 9.044, de 2018; 85.153, de 2015 y 16.994, de 2014, que el investigador no está obligado a dar lugar a todas y cada una de ellas, sino únicamente en la medida que éstas resulten útiles, pertinentes y plausibles para esclarecer los hechos, lo que no aconteció en la especie, asimismo, puede rechazar las que no aporten mayores antecedentes a la investigación, tal como fue realizado por la Fiscalía en Comisión. Luego, y contrario a lo manifestado por la letrada, la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, prescribe en su artículo 53, -a propósito de la invalidación de los actos administrativos-, que la misma autoridad, que dictó un acto administrativo, -en este caso, la Directora del Instituto de Criminología-, podrá invalidarlo, cuando existan errores de derecho y que además, produce efectos retroactivos. En ese contexto, en la primera reapertura se retrocedió a la etapa de cierre de sumario y formulación de cargos, y posteriormente, en la segunda, el proceso se retrotrajo a la fase de dictamen, todo de acuerdo a los oficios emitidos por la Jefatura Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile, con la finalidad de cumplir a cabalidad con el debido proceso.

En cuanto a que el documento alterado, cabe señalar que si bien la ficha clínica no está regulada en su normativa interna, sí es parte del procedimiento exigido por el Servicio Nacional de Menores, en el contexto del convenio suscrito por ambos organismos, con el objeto de llevar el control de la atención realizada a los niños, niñas y adolescentes, documento que la reclamante no puede soslayar, toda vez que, dicho acuerdo, tiene el valor de ley para las instituciones participantes, en razón a las reglas generales que regulan estas materias.

Respecto a la situación del señor nombre reservado, no es posible compararla con la de la encartada, en tanto que tienen calidades contractuales distintas, debiendo ser claros y precisos, en señalar, que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 3° del Código Civil, las resoluciones judiciales tienen un efecto relativo, esto significa, que sólo serán obligatorias respecto del caso concreto en el cual fueron pronunciadas, no pudiendo ser, por tanto, la resolución dictada por el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, bajo el RIT T-142-2017, de 24de abril de 2017, que aprueba la transacción realizada a favor del señor nombre reservado, extensiva a la señora nombre reservado.

En virtud al principio de proporcionalidad invocado por la letrada, es posible mencionar que la sanción impuesta a la ex Profesional A/C nombre reservado, es proporcional a la falta cometida, reiterando que la Contraloría General de la República ha manifestado en diversos dictámenes que si los hechos constitutivos de la infracción vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, la autoridad respectiva queda en el imperativo de disponer la destitución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 125 de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que prescribe que la única sanción aplicable que trae aparejada la vulneración grave al principio de probidad administrativa, es la destitución, no existiendo cabida, por tanto, para considerar circunstancia modificatoria de responsabilidad alguna, debiendo agregar, que la Contraloría General de la República expresó, sobre la responsabilidad funcionaria, que: “(…) si los hechos constitutivos de la infracción vulneran gravemente el principio de probidad, la autoridad administrativa queda en el imperativo de disponer la destitución, sin que pueda ejercer las atribuciones privativas que le permiten determinar el castigo que, a su juicio, merecería el comportamiento anómalo observado por la sumariada, ni menos ponderar circunstancias que eventualmente podrían aminorar su responsabilidad funcionaria (aplica Dictamen 38.647, de 22 de agosto de 2005)”, reiterando en el Dictamen N° 49.465, de 19 de octubre de 2006, lo siguiente: “Precisado lo anterior y teniendo en cuenta que ha quedado fehacientemente acreditada la efectiva responsabilidad de la inculpada en las actuaciones anómalas que le fueran imputadas, esta Entidad Fiscalizadora debe concluir que la medida disciplinaria correctiva dispuesta en la especie, no se condice con la entidad de aquellas, las que configuran una grave falta al principio de probidad administrativa, que amerita ser sancionada con la destitución de su cargo”.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, además, la garantía del debido proceso, alegada por la recurrente como conculcada, está protegida solo en cuanto al inciso cuarto del numeral tercero del artículo 19 de nuestra carta fundamental, esto es, que “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señala la ley y que se hallare establecido con anterioridad a la perpetración del hecho”, por lo que el recurso no puede prosperar en esta arista. Igualmente, del propio recurso se desprende que en el sumario administrativo de que se trata, la recurrente contó con la asesoría letrada necesaria, quien ejerció todos los derechos y recurso procedentes, y que concluyó en la sanción disciplinaria de separación de funciones.

En cuanto a la igualdad ante la ley, lo cierto es que don nombre reservado, con cuya situación se contrasta la recurrida, tiene una calidad de contratación –a honorarios- totalmente diversa a la de la recurrente, por lo que sus situaciones no pueden compararse ni asimilarse, como se desliza que se ha pretendido en el recurso de marras.

En cuanto al derecho a la salud, el artículo 20 de la Constitución Política del Estado solo hace procedente esta acción cautelar respecto al inciso final del numeral 9 del citado artículo 19, que señala que “cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”, por lo que el recurso tampoco puede prosperar en este ángulo.

En cuanto al derecho de propiedad sobre su cargo, en que también funda su recurso, lo cierto es que la “propiedad sobre el cargo” no se divisa de modo alguno conculcada, desde que la desvinculación de la recurrente se produjo luego de un largo sumario administrativo, en el que se ha establecido su responsabilidad administrativa que hace procedente la medida que por dicho sumario se adoptó por la recurrida.

Quinto: A mayor abundamiento, la propia recurrida ha señalado que presentó su renuncia voluntaria a la institución el 8 de mayo de 2017, la que fue aceptada por la recurrida el 25 del mismo mes y año, y que en mérito de dicha renuncia, la medida sancionatoria no se hará efectiva. En tal escenario, no existe medida cautelar alguna que esta Corte pueda adoptar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra (S) señora Blanca Rojas Arancibia.

Protección N° 94.060-2019 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez e integrada por la Ministra (S) señora Paulina Gallardo García y por la Ministra (S) señora Blanca Rojas Arancibia