Protección contra Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que el abogado Pablo Peñaloza Parra comparece en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, por la Resolución Exenta N°NUM000 de 25 de febrero de 2026, mediante la cual se rechazó su solicitud de otorgamiento de permiso de residencia temporal excepcional del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 , lo que estima vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que doña nombre reservado, escapando de la situación política y económica de su país de origen, ingresó al país eludiendo el control migratorio, efectuando su petición de regularización extraordinaria, sin embargo, fue rechazada mediante la resolución impugnada, estimando que no se configuraba un caso excepcional, calificado ni humanitario, por cuanto su requerimiento se fundamenta en situaciones fácticas de carácter genérico que no logran configurar una afectación en concreto lo suficientemente especial como para justificar su ingreso al país por un paso no habilitado.

Refiere que el Servicio Nacional de Migraciones al momento de realizar la evaluación de la solicitud del recurrente, señaló que no era suficiente la documentación aparejada para considerar que su situación no podría considerarse como calificada o humanitaria, por lo que estima debió ordenarle acompañar documentación adicional para desvirtuar la falsa convicción que tenía el servicio recurrido sobre ello, de conformidad al artículo 31 de la ley 19.880, sin embargo, en este caso no sucedió.

Refiere que el recurrente se encuentra casado con nombre reservado, de nacionalidad chilena, por lo que esta situación resulta particularmente lesiva considerando el arraigo familiar que mantiene en el país junto a su cónyuge, con quien ha desarrollado su proyecto de vida. En este contexto, la actuación de la autoridad administrativa importa una vulneración de garantías fundamentales consagradas en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, que reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y establece el deber del Estado de darle protección.

Asimismo, indica que el recurrente cuenta con un arraigo laboral efectivo en el país, mantiene una actividad remunerada estable, constituyendo la principal fuente de sustento económico y un medio de integración social en el territorio nacional. Además, el recurrente es padre de una niña, nombre reservado de 7 años lo que reviste especial relevancia al momento de ponderar los efectos del acto impugnado, pues la decisión recurrida no solo afecta directamente al recurrente, sino que repercute de manera inmediata en el bienestar de su hija.

Pide que se deje sin efecto la resolución impugnada por estimarla ilegal y arbitraria, disponiéndose un nuevo estudio documental con el fin de decidir conforme a derecho, la solicitud formulada. Segundo: Que informa por la Subsecretaría del Interior, el abogado Vicente Ferreti Villar, solicitando el rechazo íntegro de la acción.

Expone que la actual regulación se encuentra contenida en la Ley N° 21.325 sobre Migración y Extranjería y contempla únicamente dos hipótesis de regularización migratoria: una de carácter general, mediante mecanismos establecidos por la autoridad conforme a los artículos 69 inciso segundo y 155 N° 8 de dicha ley, y otra de carácter excepcional, prevista en el artículo 155 N° 9, para casos calificados o motivos humanitarios. Precisa que actualmente no existen procedimientos vigentes de regularización de carácter general, por lo que las solicitudes de personas que se encuentran en situación migratoria irregular sólo pueden ser conocidas bajo la hipótesis excepcional prevista en el artículo 155 N° 9. Agrega que la acción de protección no constituye la vía idónea para conocer de la controversia planteada, toda vez que la regularización migratoria corresponde a una materia de lato conocimiento administrativo y que la legislación contempla recursos administrativos específicos para impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad migratoria.

Sostiene que lo pretendido por la recurrente excede el ámbito cautelar y excepcional de la acción de protección, pues persigue que el tribunal revise el mérito de una decisión administrativa adoptada en ejercicio de facultades legales y discrecionales propias de la autoridad competente y la jurisprudencia ha rechazado reiteradamente acciones de similar naturaleza, por estimar que la resolución de estas materias requiere un análisis de fondo que excede el marco de la tutela cautelar propia del recurso de protección.

En cuanto al fondo, señala que la facultad de otorgar permisos de residencia temporal por casos calificados o motivos humanitarios es de carácter excepcional y discrecional, encontrándose reservada al Subsecretario del Interior.

Indica que el recurrente no fundamenta su solicitud de regularización migratoria en situaciones que constituyan, a su juicio, una afectación en concreto lo suficientemente especial para justificar su ingreso al país por paso no habilitado para tales efectos y, además, que se regularice su condición migratoria y se le otorgue un permiso de residencia temporal excepcional y, si bien señaló la existencia de arraigo familiar acreditado por el hecho de haber contraído matrimonio además de tener contrato laboral, aquello no constituye un caso calificado o humanitario.

Esgrime que a diferencia de lo señalado por el recurrente de la sola lectura de la resolución exenta se puede observar cómo la autoridad analizó todos y cada uno de los antecedentes aportados por el solicitante.

Agrega que el rechazo de la petición no obedece a que no se tuvieran por acreditadas las situaciones a las que hace referencia en su presentación, sino que, a pesar de haberlas tenido como efectivas, no fueron consideradas como un caso excepcional, calificado o humanitario.

Finalmente, afirma que en la especie no existe actuación ilegal ni arbitraria imputable a la autoridad, ni tampoco una privación, perturbación o amenaza de derechos fundamentales tutelables por la vía del artículo 20 de la Constitución, destacando que la concesión de permisos excepcionales constituye una facultad y no una obligación de la Administración, teniendo en consideración que la extranjera incurrió de manera voluntaria en una o más contravenciones a la normativa migratoria y, acoger pretensiones como la formulada implicaría alterar el principio de igualdad ante la ley respecto de otras personas extranjeras cuyas solicitudes han sido rechazadas bajo los mismos criterios.

Por tales razones, solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Tercero: Que informan por el Servicio Nacional de Migraciones los abogados Carolina Fernandoy Catalán y Natacha Arancibia Riquelme, solicitando el rechazo de la presente acción.

Explican que el recurrente no registra ingreso regular al país, por lo que se presume que lo efectuó por paso no habilitado. Luego, mediante parte policial de 10 de marzo de 2021, la Policía de Investigaciones de Chile, se denunció a la extranjera por estos hechos y, el 19 de febrero de 2025 efectuó la petición de regularizar su situación migratoria, sin embargo, aquella fue rechazada en virtud de la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

Indican que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para resolver la solicitud en cuestión, ni tampoco la que emitió el acto administrativo impugnado, siendo aquella la Subsecretaría del Interior, por lo que el recurso debe ser dirigido a la autoridad correspondiente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable, excluyéndose así la existencia de una actuación arbitraria e ilegal de la autoridad recurrida.

Sexto: Que se recurre en contra de Resolución Exenta N°NUM000 de 25 de febrero de 2026 emitida por la Subsecretaría del Interior Servicio Nacional de Migraciones, que rechazó la solicitud de permanencia temporal excepcional de la actora.

Séptimo: Que, la resolución recurrida expresó lo siguiente: “(…) 12°. Que, en vista de la imposibilidad de enmarcar el requerimiento de la parte solicitante en el contexto de un proceso de regularización migratoria de general aplicación, esta Subsecretaría ha procedido a analizar, la procedencia de aplicar, en el caso concreto, la facultad excepcional del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, la cual (…) es de carácter excepcional, de aplicación particular y que implica el análisis de antecedentes caso a caso. (…) 17° Que, en este contexto, corresponde señalar que la parte solicitante plantea, como argumentos para justificar su solicitud de residencia en Chile, la situación en la que se encontraría su país de origen, refiriéndose a las condiciones negativas que allí se verificarían en los ámbitos económico, social y político, lo cual habría motivado su migración hacia Chile, en búsqueda de nuevas oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. Asimismo, fundamenta su solicitud en el arraigo familiar que tendría en el país (…) 19° Que, así las cosas, y del análisis de los antecedentes asociados al requerimiento efectuado por la parte solicitante, es posible apreciar que, a pesar de existir medios legales para efectuar su ingreso en forma regular al territorio nacional, aquella no hizo uso de dichos medios. En efecto, no consta que la parte solicitante hubiese presentado una solicitud de residencia temporal desde el extranjero, previo a su ingreso irregular al país, sino que optó voluntariamente por infringir la normativa nacional, ingresando al país de manera irregular. 20° Que, por otra parte, esta autoridad considera que no es argumento suficiente para acceder a un permiso de residencia a través de una regularización migratoria extraordinaria, por si mismo, el mero hecho de señalar que el país de origen de la persona solicitante pueda verse afectado negativamente en los ámbitos económico, social o político. En efecto, la sola nacionalidad de una persona no permite considerar, sin más, que su caso sea calificado o humanitario, toda vez que existen otras personas extranjeras quienes, a pesar de poseer la misma procedencia que la parte solicitante, sí han utilizado las vías contempladas en la normativa nacional para ingresar de manera regular al territorio nacional, así como también han solicitado y/o accedido a los respectivos permisos desde fuera de Chile, previo a su ingreso (…) 26° Que, si bien la parte solicitante señala la existencia de un arraigo o estabilidad familiar acreditado por documentos como contrato de trabajo y certificados de cotizaciones previsionales de su hija, aquello no contribuye a sostener que estamos frente a un caso calificado o humanitario, ya que la sola existencia de dicha circunstancia no exime su responsabilidad respecto de la infracción cometida, ni es aceptable para eludir el ilícito actuar de la autoridad, pues atenta contra el principio de igualdad ante la ley, tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia.(…) 28° Que, en este orden de ideas, si bien la existencia de vínculos familiares en Chile son elementos relevantes en el contexto migratorio general, no son, por sí mismos, suficientes para calificar un caso como excepcional o humanitario bajo el criterio del artículo 155 N°9 de la ley N°21.325 (…)”. Octavo: Que, en la especie, la resolución impugnada no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de las facultades que el artículo 155 N°8 y N°9 de la Ley N°21.325 le otorgan a la Subsecretaría del Interior. Dicha norma faculta expresamente a la autoridad para: “8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y promover la regularidad migratoria, pudiendo considerar el tiempo de permanencia en condición migratoria irregular que tuviere el interesado”, mientras que el numeral 9 le permite a la autoridad: “Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario (…)”.

Noveno: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas que regulan la materia, por lo que la fundamentación entregada por la autoridad es suficiente para justificar el rechazo que es materia de la presente acción constitucional.

Décimo: Que, finalmente, tal como ha quedado aclarado precedentemente, el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad que resuelve las peticiones migratorias de esta naturaleza, limitando su actuación a recibir dichas solicitudes y, posteriormente, remitir los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, por lo que a su respecto, el recurso también será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°9387-2026-Protección.