Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, vigilante privado, quien interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar la Araucana, por el acto que considera ilegal y arbitrario consiste efectuar descuento en su remuneración, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 1 y 24.

Funda el recurso expresando que se le comenzó a descontar una suma de dinero considerable de forma total y absolutamente arbitraria, afectando su patrimonio e ingreso mensual, con el que mantiene a su familia. Manifiesta estar desesperado, tratando de sobrevivir con el resto de dinero mensual que le queda.

En cuanto a las garantías invocadas, refiere que la conducta que imputa a la recurrida, y en especial al daño causado a su patrimonio, configuran un evidente y grave atentado actual y continuo, a su derecho de propiedad.

Finalmente, pide acoger el recurso, declarando que se debe restablecer el imperio del derecho sobre la base de cesar de forma inmediata, en la ejecución de cualquier acto material que implique afectación de las garantías que invoca, además de establecer la obligación de la recurrida en orden a proceder, en forma inmediata, a reparar, a su propio costo y entera satisfacción del afectado recurrente, el daño patrimonial causado, con la restitución de lo descontado, con costas.

SEGUNDO: Que, informando, comparece doña nombre reservado., abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien solicita el rechazo del recurso.

Indica que, al Señor nombre reservado, La Araucana C.C.A.F., le otorgó el 06 de junio de 2016, el crédito social Folio N° 137000170204, por un monto total de $6.021.070 pesos, a una tasa de 1.88%, pactado en un plazo de 60 meses, con una cuota de $188.461 pesos, a descontar desde su remuneración a partir de julio de 2016, por su empleador Ferrocarriles del Estado. Refiere que pagó 13 cuotas vía liquidación hasta agosto de 2017, no existiendo más pagos efectuados a pesar de enviarse las respectivas nóminas todos los meses a su empleador, por lo que comenzó a figurar en mora, hasta el 01 de mayo de 2022 en que fue posible ubicarlo por encontrarse trabajando en Prosegur Chile S.A., empresa afiliada a la Caja de Compensación. En este contexto, es que se han efectuado descuentos por su empleador, durante los meses de junio a septiembre de 2022, registrando 17 cuotas pagadas, de 60.

Añade que, en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno. Prosigue examinando la regulación de las Cajas de Compensación en materia de créditos sociales, y refiere que su actuar responde a una atribución que la ley confiere a la Caja de Compensación con miras a obtener la recuperación del crédito y constituye también un deber que la ley hace recaer en el empleador respectivo.

En cuanto a la normativa que autoriza la aplicación del descuento, refiere que tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833 en concordancia con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, normas que describen el mecanismo del pago del crédito social, el que opera mediante el descuento de dicho crédito de las remuneraciones del trabajador, retención por parte del empleador afiliado y la obligación legal por parte de este de remesar a la Caja de Compensación. Abona lo anterior lo previsto en el artículo 58 del Código del Trabajo. Adiciona que, además del mandato legal, el descuento se efectúa también de acuerdo al mandato convencional otorgado por el recurrente en que autoriza a su actual y futuro empleador que el pago de las cuotas se efectué mediante descuento por planilla de sus remuneraciones.

En consecuencia, no se ha abusado de las facultades que le otorga la ley, al contrario es la propia ley la que permite efectuar los descuentos con la finalidad de cautelar el fondo social y teniendo presente además que no ha operado la extinción de la obligación por alguno de los modos consagrados en el artículo 1.567 del Código Civil. Ello, en contexto que las partes han celebrado un contrato. Concluye señalando que no ha podido privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales del actor si, en todo momento, ha obrado conforme a derecho y además salvaguardando la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del deudor, conforme la normativa señalada precedentemente, pasando en consecuencia a cometer un acto arbitrario e ilegal si lo informado a deducir por concepto de crédito social emana de una obligación que se ha extinguido por alguno de los modos contemplados en el artículo 1567 del Código Civil, con estricto apego a lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social y a la normativa vigente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que en caso de autos la protegida no discute el otorgamiento de un crédito por parte de la recurrida, pero sostiene que este estaría prescrito - según consta en su escrito de veintinueve de septiembre del presente año - , razón por la cual resulta ilícito e ilegal su actual cobro.

QUINTO: Que acerca de esta materia resulta conveniente tener presente que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, corresponden a un beneficio de bienestar social destinado a apoyar al trabajador dependiente, respecto de los cuales la retención de las remuneraciones se encuentra normativamente establecida en el primer inciso del artículo 22 de la Ley N° 18.833, en concordancia con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 11 del Decreto Supremo N°91 de 1978, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el artículo 22 inciso primero de la Ley N° 17.322, y el artículo 58 del Código del Trabajo; normas que establecen que las deudas de créditos sociales a una Caja por un trabajador afiliado deben ser deducidos de sus remuneraciones por la empresa afiliada, retenidos y remesados a la Caja acreedora.

En la misma línea de razonamiento, con arreglo al citado artículo 22 , y lo dictaminado sobre el particular por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 0262/004, de 17 de enero de 2012, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

SEXTO: Que, en cuanto a la pretendida prescripción de la acción de cobro alegada por el actor, es menester señalar que de los antecedentes aparejados aparece que la misma no ha sido declarada, en circunstancias, actualmente, se está cobrando a la protegida, mediante el descuento mensual de sus remuneraciones, es la deuda emanada de un contrato de mutuo celebrado entre las partes.

A lo anterior cabe agregar que la presente vía cautelar de urgencia no es el mecanismo apropiado para discutir tales asuntos, propios de un pronunciamiento enmarcado en un juicio de lato conocimiento (en tal sentido, Excma. Corte Suprema, en causa rol N°15.032-2016), razón por la que la presente acción constitucional no puede prosperar, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir al actor SÉPTIMO: Que, por consiguiente, al haberse descontado desde la remuneración de la actora las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, por lo que el mismo será rechazado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en estos autos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-93828-2022.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señor Alejandro Rivera Muñoz, señora Jenny Book Reyes y el Ministro (S) señor Sergio Enrique Padilla Farias.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.