Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, quince de septiembre de dos mil veintitrés.

Al folio 29: téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece la abogada Consuelo Ampuero Moraga, deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por los actos consistentes en rechazar la licencias médicas N° 71991157, N° 56454517-1, N° RUT reservado y N° RUT reservado; por estimar que el reposo que en ellas se prescribe no justificado, lo que considera un acto ilegal y arbitrario que atenta en contra de los derechos que la Constitución Política de la República garantiza en los numerales 1, 2, 18 y 24 de su artículo 19.

Señala que la recurrente trabajaba como ejecutiva de ventas en Falabella Retail S.A. y pasó al teletrabajo desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Su carga laboral aumentó de 30 a 45 horas semanales, llegando incluso a 14 horas diarias en eventos como "Cyber day" o "Black Monday". Además, el 70% de su salario proviene de bonos y comisiones. Atendido lo anterior, refiere que, desde enero de 2021, ha sido diagnosticada con múltiples trastornos psicológicos y ha estado en tratamiento continuo.

Indica que ha recibido diversas licencias médicas para reposo absoluto, pero no todas han sido pagadas. Refiere que las licencias médicas rechazadas son las N° 71991157, N° 56454517-1, N° RUT reservado y N° RUT reservado, todas confirmadas por la recurrida nombre reservado el 19 de abril de 2023. No obstante, anota que la decisión anterior es contradictoria, puesto que, bajo las mismas circunstancias, fueron pagadas las licencias médicas N° 53301211-6, N° 54195829-0 y N° 54902602-8.

Expresa que las entidades Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, COMPIN y nombre reservado han mostrado inconsistencia y falta de criterio en el manejo de estas licencias, lo cual ha afectado gravemente la salud y la situación económica de la recurrente, forzándola a volver al trabajo a pesar de su mal estado de salud.

En virtud de lo anterior solicita se acoja el recurso de protección interpuesto y, en definitiva, ordenar el pago íntegro de las licencias médicas rechazadas.

SEGUNDO: Que, la Superintendencia de Seguridad Social solicitó el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, con costas, argumentando la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social y, en subsidio, evacuó su informe, argumentando que dicho servicio no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario que haya vulnerado, respecto de la parte recurrente, alguna de las garantías que las Constitución Política de la República establece en su artículo 19.

En cuanto a la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, argumentó que los derechos que forman parte de dicho sistema no se encuentran amparados por esta acción cautelar.

Al respecto, explica que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL Nº 1 de 2005 del Ministerio de Salud y del Decreto Supremo Nº 3 del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; así como las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y el pago de la prestación pecuniaria por éstas originadas, es decir, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44 del año 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección, motivo por el cual solicita se declare improcedente.

Finalmente, en subsidio de lo anterior, evacuó el informe que le fue requerido refiriéndose en detalle al marco normativo relacionado con el caso de autos, así como a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, concluyendo que, en la especie, no existe ilegalidad o arbitrariedad alguna que se le pueda imputar a dicho servicio, en la dictación del acto administrativo que por esta vía cautelar se reclama, destacando que las peticiones del recurso, desbordan los límites de aplicación de este tipo de acciones constitucionales, máxime cuando la parte recurrente no goza de un derecho indubitado que pueda ser protegido.

Relata que consta en el expediente administrativo, que la Sra. nombre reservado reclamó por primera vez, mediante presentación de fecha 10 de enero de 2022, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, que rechazó las licencias médicas N°s 56452834-K, 56454517-1, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 128 días, a contar del 29 de julio de 2021, por reposo no justificado.

Sostiene que dicho servicio, previo estudio de los antecedentes del caso, por la licencia médica N° 56454517-1, concluyó que el reposo médico prescrito por el médico tratante no se encontraba justificado, ni que éste pudiera cumplir un rol terapéutico, más allá del prolongado tiempo de reposo que le precedió, el que alcanzó 120 días autorizados. Respecto a las licencias médicas N°s 56452834-K, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, esta Superintendencia no emite pronunciamiento puesto que se carecen Recursos de Reposición de la COMPIN correspondiente. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-10094-2022, de 26 de enero de 2022.

Posteriormente, refiere que la Sra. nombre reservado presentó por segunda vez la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-10094-2022. Junto con lo anterior, reclamó por el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 75 días, bajo la misma causal de rechazo, todo lo cual fue rechazado por la Superintendencia, según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-51851-2023, de 19 de abril de 2023.

Conforme a ello, estima que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de confirmar el rechazo de las licencias médicas de la parte recurrente, se encuentra médica y administrativamente justificado, debido a que los antecedentes tenidos a la vista no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

En consecuencia, sostiene que la Superintendencia de Seguridad Social no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario, ni ha vulnerado los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a la parte recurrente, máxime cuando ha dicho servicio, en ejercicio de las facultades y prerrogativas que el legislador ha dispuesto en la Ley Nº 16.395, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

Por estas razones, solicita el rechazo de la acción constitucional deducida en su contra, con costas.

TERCERO: Que, asimismo, evacuó informe la presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, señalando que las licencias médicas objeto de este recurso de protección fueron rechazadas por considerar que el reposo en ellas prescrito no se encuentra justificado.

Explica que el Decreto Supremo N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Sostiene que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez es un organismo de carácter técnico, razón por la cual cuenta con conocimientos específicos y de carácter objetivo al momento de evaluar los diagnósticos señalados en las licencias médicas.

CUARTO: Que, finalmente, evacuó informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, señalando que, según sus registros, la señora nombre reservado presentó un total de 16 licencias médicas en su condición de trabajadora afiliada a La Araucana mediante la empresa Falabella Retail S.A. De dichas licencias, 12 de ellas fueron pagadas mediante transferencia electrónica, previa autorización del reposo asociado a cada una de ellas por la COMPIN.

Asimismo, a contar del 27 de julio de 2021 se emitieron 4 licencias en su favor, bajo los números 56454517-1, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, todas rechazadas por la COMPIN, motivo por el cual esta Caja no pudo gestionar su tramitación. Dicho rechazo fue repuesto por la reclamante ante la Superintendencia de Seguridad Social, institución que confirmó la decisión anterior mediante su Resolución Exenta N° R-01-IBS-51851-2023 de 19 de abril de 2023.

En conclusión, refiere que el actuar de la Caja de Compensación se funda en antecedentes normativos e instrucciones del regulador, que hacen imposible acreditar una acción u omisión arbitraria e ilegal de su parte.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para su procedencia se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEXTO: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas, por lo que deberá rechazarse la excepción alegada.

SÉPTIMO: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó las licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Lo anterior se observa de la justificación contenida en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-51851-2023 de 19 de abril de 2023, en contra de la cual se recurre, la cual dice: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 56454517-1, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos evaluados, entre los que se encuentran los informes médicos emitidos por médico psiquiatra con fecha 08-06-2021 y 16-08-2021 y por médico general con fecha 25-06-2021, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 180 días, lo que en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral. En efecto, los informes médicos anteriormente mencionados resultan insuficientes, en tanto no describen evolución clínica a lo largo del reposo laboral, no describen respuesta o ajustes en el tratamiento farmacológico. Sin derivación o ingreso a GES para manejo por equipo multidisciplinario, no acreditan atención por psicología, ni se exponen terapias pendientes que justifiquen la extensión del reposo. Que, respecto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, esta Superintendencia no emite pronunciamiento ya que, examinado el sistema de licencias médicas de FONASA, no consta la realización de los respectivos Recursos de Reposición ante la COMPIN competente, en relación a dichas licencias médicas apeladas.”

OCTAVO: Que, el artículo 149 del D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N°18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº16.395 modificado por la Ley N°20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº16.395.

NOVENO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso del recurrente, acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

DÉCIMO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, en esta materia le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N°20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médicosocial, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

UNDÉCIMO: Que, la parte recurrida ha manifestado que para para rechazar las licencias se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado, en los términos antes anotados.

DUODÉCIMO: Que, en relación a los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 3 del Ministerio de Salud, de 1984, señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

DÉCIMO TERCERO: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver.

Por lo anterior, a juicio de esta Corte los actos administrativos recurridos, consistente en la resolución que rechaza la licencia ya indicada, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la nombre reservado sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

DÉCIMO CUARTO: Que, en efecto, este actuar vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, dado que tal rechazo implica la imposibilidad de recibir el subsidio que correspondía por el tiempo no trabajado, lo que obviamente afecta su patrimonio.

DÉCIMO QUINTO: Que, con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que:

“Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que, de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que, en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

DÉCIMO SEXTO: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales del recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto a favor de doña nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-50235-2023 de catorce de abril de dos mil veintitrés, que rechazó reconsideración de Resolución Exenta N° R-01-IBS-51851-2023 de 19 de abril de 2023, en cuando desestimó la licencia N° 56454517-1, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual de la actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que dispone la signada anteriormente y además las licencias médicas rechazadas N° RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado e informadas por la Superintendencia de Seguridad Social -como no objeto de reposición de parte de la recurrente- y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente -de manera fundada- acerca del objeto del presente libelo.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.

N°Protección-9366-2023.