Protección contra Junta Nacional de Jardines Infantiles por el acto arbitrario e ilegal en que hab

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, Técnico en Educación Parvularia, y deduce recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de 26 de diciembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido contra la Resolución Exenta N° NUM001, de 12 de noviembre de 2025, manteniendo la medida disciplinaria de destitución impuesta a la recurrente, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los Nos 1, 2, 16 y 24 del artículo 19.

Se expone en el escrito que la recurrente se desempeñaba como Técnico en Educación Parvularia a contrata, grado 22° E.U.R., en la Dirección Regional Metropolitana de la JUNJI, y que fue sometida a un sumario administrativo por haber salido del país entre el 24 y el 28 de septiembre de 2023 mientras hacía uso de una licencia médica que prescribía reposo entre el 20 y el 29 del mismo mes. Señala que cerrada la investigación el 21 de julio de 2025, los cargos le fueron notificados el 25 de julio siguiente, imputándosele una infracción grave al principio de probidad administrativa. Alega que sus descargos y los antecedentes aportados no fueron debidamente ponderados, en particular su declaración, la prueba testimonial, su hoja de vida funcionaria y un documento relativo a la autorización de salida del país de su hija. Cuestiona, asimismo, que se hayan considerado antecedentes posteriores al cierre de la investigación y a la formulación de cargos, entre ellos oficios de la Superintendencia de Seguridad Social y de la COMPIN de la Región Metropolitana, sin haber tenido oportunidad de ejercer defensa respecto de ellos.

Sostiene que la sanción carece de adecuada tipicidad, motivación y proporcionalidad, pues la sola invocación de los artículos 61 letras b), c) y g), 119 y 140 del Estatuto Administrativo; 52 y 68 N° 8 de la Ley N° 18.575; 55 letra a) del Decreto N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud; y de la Circular N° 3.646 de la Superintendencia de Seguridad Social, no explicaría de qué manera su conducta configuró una infracción grave a la probidad. Añade que no podía ser sancionada sobre la base de hechos o antecedentes que no fueron materia de cargos y que la autoridad tampoco habría ponderado suficientemente las circunstancias particulares del caso, su trayectoria funcionaria ni su conducta anterior, invocando además los principios de motivación, proporcionalidad y seguridad jurídica.

Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución y se disponga el sobreseimiento del sumario administrativo seguido en su contra, ordenándose su reincorporación al cargo a contrata que desempeñaba al momento de ser notificada de la sanción y el pago de todas las remuneraciones correspondientes al período durante el cual permaneció separada de sus funciones, con costas.

Segundo: Que la Junta Nacional de Jardines Infantiles evacúa el informe requerido y solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Expone que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en el Consolidado de Información Circularizada N° 9 de la Contraloría General de la República, que informó que la recurrente habría viajado fuera del país mientras hacía uso de licencia médica, razón por la cual, mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 23 de mayo de 2025, se ordenó instruir sumario administrativo. Agrega que durante la investigación se incorporaron antecedentes laborales, hoja de vida, calificaciones, licencias médicas e informes administrativos que permitió establecer salidas del país durante períodos en que la funcionaria se encontraba con licencia médica y reposo domiciliario, sin que constara autorización médica para viajar o modificación de dicha indicación.

Señala que los cargos fueron formulados por incumplimiento del régimen de reposo y vulneración del principio de probidad administrativa, otorgándose a la funcionaria la oportunidad de presentar descargos, los que no habrían aportado antecedentes idóneos para desvirtuar los hechos ni una justificación médica compatible con los viajes efectuados. Afirma que el procedimiento se tramitó por autoridad competente, con respeto de las reglas previstas en los artículos 119 y siguientes y 126 y siguientes del Estatuto Administrativo, de la bilateralidad de la audiencia y del derecho de defensa, concluyendo mediante la Resolución Exenta N° NUM001, de 12 de noviembre de 2025, que aplicó la destitución, posteriormente mantenida al rechazarse la reposición. Añade que el acto expulsivo se encontraría pendiente del trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, conforme al numeral 18.7 de la Resolución N° 36 de 2024, por lo que aún no habría adquirido plena eficacia jurídica.

Seguidamente alega la improcedencia de la acción de protección por cuanto ésta no constituye una instancia destinada a revisar el mérito de las decisiones adoptadas en procedimientos disciplinarios, reexaminar la prueba ni sustituir la potestad sancionatoria de la Administración. Invoca los artículos 121 letra d) del Estatuto Administrativo, 55 letra a) del Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud y 52 de la Ley N° 18.575, sosteniendo que la sanción no cuestiona la enfermedad que motivó las licencias médicas, sino el incumplimiento del reposo domiciliario mediante viajes al extranjero sin respaldo médico. Agrega que fueron ponderadas la antigüedad, calificaciones y trayectoria funcionaria de la recurrente, antecedentes que no constituyen una eximente de responsabilidad, y que la destitución resulta proporcional atendida la gravedad y reiteración de las conductas.

Finalmente, sostiene que no existe vulneración de las garantías constitucionales invocadas, pues no se acreditó un trato desigual respecto de funcionarios en situaciones equivalentes; la libertad de trabajo no confiere un derecho absoluto a permanecer en un cargo cuando se ha establecido responsabilidad administrativa; y, conforme a los artículos 3 y 10 del Estatuto Administrativo, no existiría un derecho de propiedad sobre un cargo a contrata. Añade que el artículo 160 del mismo cuerpo legal contempla la reclamación ante la Contraloría General de la República respecto de eventuales vicios de legalidad, solicitando, en definitiva, el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, la propia norma constitucional prescribe en la parte final de su inciso primero que la acción de protección es sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, lo que da cuenta que la existencia de otros procedimientos ante autoridades administrativas o judiciales no obstan, en principio, al ejercicio de este recurso constitucional, consideración que permite descartar la alegación de improcedencia planteada por la recurrida.

Cuarto: Que los antecedentes aportados durante la substanciación del recurso, los que se valoran de acuerdo a las reglas de la sana crítica conforme lo dispone párrafo primero del N° 5 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, permiten tener por justificado que Mediante Resolución Exenta N° NUM002 de 23 de mayo de 2025 la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles dispuso la instrucción de sumario administrativo en contra de la funcionaria nombre reservado, en el que se comprobó que ésta realizó un viaje al extranjero entre los días 24 y 28 de septiembre de 2023, período en que se encontraba con licencia médica que había sido concedida entre los días 20 y 29 y que le prescribía reposo total domiciliario.

Se formularon cargos de acuerdo a las reglas de procedimiento aplicables y dentro de plazo la investigada los contestó. Concluida la etapa el fiscal evacuó el informe final, en el que propuso sancionar disciplinariamente a nombre reservado atendida la gravedad de la infracción.

El 12 de noviembre de 2025 se dicta la Resolución Exenta N° 0NUM001, en virtud de la cual se aprueba el sumario, se declara acreditada la infracción y se aplica la sanción de destitución conforme al artículo 121 letra d) de la Ley N° 18.834. El 18 del mismo mes la funcionaria dedujo recursos de reposición y apelación en subsidio, los que fueron desestimados.

Pues bien, el análisis la sucesión de hechos recién pormenorizada permite concluir que el acto recurrido fue dictado por autoridad competente, en ejercicio de la potestad disciplinaria que la ley le confiere y luego de un procedimiento en que se observaron los trámites esenciales que garantizan la defensa de la inculpada, sin que se advierta contravención alguna a la ley, y en el que se impuso una sanción que se encuentra prevista en el ordenamiento.

En tales condiciones, corresponde desestimar los reproches de ilegalidad que se plantean en el recurso.

Quinto: Que en cuanto a la arbitrariedad alegada, las impugnaciones de la recurrente se dirigen, en lo sustancial, a controvertir la ponderación de la prueba reunida en el sumario, la falta de consideración de sus descargos y la proporcionalidad de la sanción atendida su trayectoria funcionaria. Tales cuestiones constituyen aspectos de mérito de la decisión disciplinaria cuya revisión excede la naturaleza cautelar de esta acción constitucional, que no está concebida como una instancia de revisión de los procedimientos sancionatorios de la Administración. El control que por esta vía corresponde ejercer se limita a verificar la legalidad y razonabilidad de la actuación y no a sustituir la apreciación que de los antecedentes efectuó la fiscal instructora y la autoridad dotada de potestad disciplinaria.

El procedimiento del recurso de protección es uno especialísimo destinado a restaurar el imperio del derecho de aquellos preexistentes e indubitados, mas no a declarar la existencia de éstos. La función de la Corte no es la de superponerse a la autoridad administrativa y calificar el mérito de las decisiones que ésta adopte en el ejercicio de las potestades que le son propias, sino únicamente controlar que ese ejercicio se ciña al marco que señala la ley y que las determinaciones que ésta tome se expliciten con el suficiente fundamento que la misma ley les demanda.

Sobre la base de lo recién expresado, los antecedentes del proceso dan cuenta que la aplicación de la sanción de destitución por parte de la recurrida ha sido consecuencia de un sumario administrativo en el que la recurrente tuvo derecho a conocer los cargos que se le atribuyeron, los que fueron suficientemente determinados. Asimismo, se le permitió formular descargos, rendir las pruebas pertinentes y deducir los recursos administrativos que estimara procedentes. Igualmente, de la lectura de esa determinación aparece manifiesto que expresa de manera suficiente las razones que la sustentan, satisfaciendo con ello la exigencia fundamentación que impone a todos los actos administrativos el inciso segundo del artículo 11 y el inciso cuarto del artículo 41, ambos de la Ley N° 19.880.

Por consiguiente, no advirtiéndose los defectos de legalidad denunciados en el recurso que pudieran llegar a justificar la intervención de esta Corte, la pretensión buscada por la recurrente no es posible satisfacer por la vía de la acción constitucional elegida y por las razones expresadas el recurso de protección debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 9357-2026.