Protección contra Junta Nacional de Jardines Infantiles

Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que acciona de protección nombre reservado, planta, grado 15° EUR, Profesional, Profesional en Función Pedagógica Educadora de Párvulos, funcionaria que presta funciones en Jardín Infantil El Parque de la comuna La Florida, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, representada por su Vicepresidenta Ejecutiva, ambos domiciliados en domicilio reservado, Santiago por haberle aplicado la sanción de destitución por salida al extranjero con licencia médica tipo 1 que dispone reposo, lo que afecta sus garantías de los numerales 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Explica que la sanción le fue notificada el 4 de diciembre de 2025, en contravención al Dictamen N°NUM000 de 16 de abril de 2025 de la Contraloría General de la República que imparte instrucciones al tenor de los artículos 156 y 157 de la Ley N°10.336 en el sentido que 30 días antes y 60 días después del acto eleccionario, las medidas disciplinarias expulsivas o que indican sanciones de termino de relación laboral o de destitución no pueden aplicarse. Por lo que existe en la resolución que se denuncia, un vicio de legalidad.

Aduce también que no actuó con dolo ni ánimo de vulnerar la probidad administrativa. La licencia no es falsa. El hecho de que se encontrara en el extranjero durante los días 8 al 18 de mayo durante el año 2023, no significa que no tuviera una patología que requiriese reposo o incluso incumpliera el reposo ordenado. Solo hubo un incumplimiento al elemento necesario para el efectivo control y supervisión del órgano encomendado fiscalizar, al lugar de realización del reposo. Sin embargo, dicha situación se enmarcó en el contexto de afectación a su salud mental, específicamente ansiedad generalizada diagnosticada y tratada por un profesional de la salud, como consecuencia de una serie de malos tratos por parte de su jefatura. El viaje tuvo como único propósito resguardar su salud emocional y como respuesta de apoyo por parte de su marido.

Pide que se obligue al servicio recurrido dictar el sobreseimiento del Sumario Administrativo; la reincorporación a su cargo; el pago de todas las remuneraciones por el tiempo en que estuvo separada de su cargo; y el pago de las costas.

Segundo: Que se informa por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que el procedimiento disciplinario que culminó con la aplicación de la sanción de destitución se originó a partir de antecedentes que daban cuenta de una eventual irregularidad en el uso de licencia médica por parte de la funcionaria, circunstancia que motivó a la autoridad a ejercer sus potestades de control y fiscalización, en resguardo del correcto funcionamiento del servicio.

Conforme al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 de la Contraloría General de la República, se informó que la recurrente habría viajado fuera del país en circunstancias de estar haciendo uso de licencia médica. A partir de estos antecedentes, la Administración dispuso la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad funcionaria de la recurrente, procedimiento en el cual se recabaron diversos antecedentes que permitieron establecer, de manera objetiva, la ocurrencia de los hechos que sirvieron de base para la adopción de la medida disciplinaria. Durante la tramitación del sumario, se incorporaron antecedentes documentales relevantes, entre ellos los relativos a la licencia médica otorgada, los registros de movimientos migratorios de la funcionaria y demás antecedentes que permitieron reconstruir de manera precisa las circunstancias en que se desarrollaron los hechos investigados. Como resultado de dicho procedimiento, la autoridad administrativa concluyó que la funcionaria incurrió en una conducta incompatible con el reposo prescrito, al haber salido del territorio nacional durante el período cubierto por su licencia médica, lo que motivó la aplicación de la sanción de destitución, decisión que fue posteriormente confirmada al rechazarse el recurso de reposición.

El régimen de licencias médicas, regulado por el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, establece de manera expresa la obligación del trabajador de dar estricto cumplimiento al reposo prescrito, siendo precisamente dicha exigencia la que justifica el otorgamiento del subsidio por incapacidad laboral. En este contexto, la salida del país durante el período de reposo no solo implica una infracción a las condiciones de la licencia, sino que además constituye un incumplimiento de los deberes funcionarios, en cuanto afecta la confianza legítima que debe existir entre la Administración y sus funcionarios. De ahí que la conducta de la recurrente fue correctamente calificada como constitutiva de una infracción al principio de probidad administrativa, consagrado en el artículo 52 de la Ley N°18.575, el cual impone a los funcionarios públicos el deber de observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función pública.

En lo que respecta a la proporcionalidad de la sanción, la determinación de la medida disciplinaria corresponde al ejercicio de la potestad discrecional de la Administración, la cual debe ser ejercida dentro del marco de la legalidad, atendiendo a la gravedad de los hechos y a las circunstancias del caso concreto. En la especie, la autoridad administrativa ponderó los antecedentes disponibles, incluyendo los descargos de la funcionaria y su historial laboral, concluyendo que la conducta desplegada revestía la gravedad suficiente para ameritar la sanción de destitución.

Finalmente, en cuanto a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, cabe señalar que ninguna de ellas ha sido efectivamente vulnerada por la actuación de la Administración.

Tercero: Que la Constitución Política de la República en su artículo 20 establece: “[e]l que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.”

Cuarto: Que de acuerdo con lo anterior esta acción constituye jurídicamente una de carácter cautelar y de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes o indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, sin que pueda serle restringida dicha facultad.

Quinto: Que el recurso se basa en dos aspectos esenciales, el primero que no habría sido notificado válidamente y el segundo la no ponderación de la situación de hecho de la afectada.

Sobre el primer asunto, sin embargo, no se denuncia ninguna irregularidad sobre el sumario mismo y la posibilidad de defensa por lo que se encuentra validado en todas sus actuaciones por lo actuado por la misma afectada.

En tanto sobre los antecedentes de exculpación, lo relevante en este caso no ha sido si la licencia tenía o no un sustento médico y aun laboral, atendidas eventuales hostilidades de la superioridad jerárquica, sino que el reproche real es haber justificado la inasistencia a trabajar con dicha licencia en circunstancias que se encontraba viajando al extranjero, sin que la prescripción médica se lo haya permitido.

Sexto: Que el artículo 52 de la Ley N°18.575 establece: “[l]as autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.

El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso”.

Séptimo: Que el acto impugnado contenido en la Resolución da cuenta de los hechos que se le imputan, que se encuentran plenamente acreditados, no desvirtuados y no justificados y siendo su evaluación soberana de la autoridad en cuanto al motivo, gravedad y su atentado a la probidad administrativa, y en razón de ello aplicó la sanción de la cual no se advierte la desproporción, dado que correspondía la funcionaria mantener una actitud intachable respecto del cumplimiento de sus funciones.

Octavo: Que la autoridad denunciada ha actuado dentro el marco de sus atribuciones, ha respetado el proceso de investigación que correspondía, se le ha permitido al afectada hacer descargos y deducir recursos, por lo que ha actuado dentro del principio de legalidad, de lo que se sigue que no se ha producido la afectación a derechos indubitados que sea necesario remediar por esta vía.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección por nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la ministra señora Poza.

Rol protección N°9352-2026.