nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago.

Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de doble nacionalidad colombiana y venezolana, y deduce acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, exigiendo formalidades adicionales no contempladas en la ley y desconociendo la validez de documentación electrónica oficial, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2° y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente solicitó ante la administradora de fondos recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. No obstante, con fecha 19 de marzo de 2026, fue notificado del rechazo de su solicitud, limitándose a señalar escuetamente “Otro: Documento No Valido Para Su Tramite”.

Al respecto, sostiene que el extranjero ha dado íntegro cumplimiento a los presupuestos exigidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, normativa especial que únicamente exige encontrarse afiliado a un régimen de previsión extranjero que otorgue prestaciones básicas y la manifestación de voluntad expresa de mantenerla.

Argumenta que la negativa de la recurrida se traduce en una obstaculización injustificada del ejercicio de un derecho reconocido expresamente por la ley, basada en una interpretación excesivamente formalista de la normativa aplicable, que desatiende la finalidad perseguida por el legislador al dictar la Ley N°18.156, esto es, permitir que los trabajadores técnicos extranjeros que mantienen afiliación previsional en el extranjero puedan disponer de los fondos previsionales que eventualmente hubieren sido enterados en el sistema chileno.

Hace presente que la recurrida, en la notificación de rechazo de la solicitud, no debate la veracidad o autenticidad de los documentos acompañados.

Solicita que, acogiendo el recurso, se ordene a la recurrida a pronunciarse respecto de la petición del recurrente dentro de un plazo razonable, o el que se estime conforme al mérito de autos; se otorgue el retiro de fondos de pensiones requerido; y en general, se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacuando el informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que con fecha 19 de marzo de 2026 el recurrente presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención para trabajadores técnicos extranjeros establecida en la Ley N°18.156. Para tales efectos, acompañó su título profesional, una constancia electrónica de cotizaciones, declaración jurada ante notario, carta explicativa y su contrato de trabajo. Sin embargo, resolvió rechazar dicha solicitud debido a que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañada por el actor, incumple la normativa vigente. Lo anterior se debe a que dicho documento electrónico señala las prestaciones de forma genérica, no está firmado por quien lo emite y carece de la respectiva legalización o apostilla. En consecuencia, la recurrida sostiene que no ha obstaculizado el proceso ni ha realizado una interpretación arbitraria, sino que se ha limitado a exigir el estricto cumplimiento de los requisitos normativos exigidos para acceder a la devolución de los fondos.

Luego, esgrime que la Ley N°18.156 consagra un régimen de excepción, motivo por el cual el cumplimiento de sus presupuestos copulativos debe acreditarse de manera rigurosa. Al respecto, señala que tanto el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones como las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones exigen de forma imperativa que la cobertura previsional en el extranjero se acredite mediante una certificación emanada de la institución de seguridad social correspondiente debidamente legalizada o apostillada, que consigne de forma específica la protección por todos los riesgos señalados en la ley (enfermedad, invalidez, vejez y muerte). Además, invoca los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, preceptos que obligan a que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero sean sometidos al procedimiento de legalización o apostilla para tener valor probatorio en el país y resguardar la fe pública.

La administradora de fondos apoya su defensa en reiterada jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, la cual ha resuelto unánimemente que las constancias electrónicas del seguro social venezolano que carecen de firma autorizada y apostilla resultan insuficientes para satisfacer los estándares formales exigidos.

Finalmente, argumenta que, en su calidad de sociedad anónima cuyo objeto exclusivo es la administración de fondos y que es fuertemente fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones conforme al D.L. N°3.500, se encuentra obligada a acatar las instrucciones obligatorias de dicho órgano contralor bajo apercibimiento de amonestaciones y sanciones pecuniarias. Por consiguiente, concluye que su actuar se ajusta plenamente a la legalidad y a los dictámenes vigentes, descartando la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive o perturbe los derechos fundamentales del recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente y debidamente legalizado o apostillado del protegido.

Luego, y en cuanto al documento adicional acompañado por el recurrente, la Superintendencia de Pensiones ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N°18.156, artículo 345 del Código de Procedimiento Civil) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (artículo 94 D.L. N°3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual del recurrente conforme a las reglas generales del D.L. N°3.500.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-9347-2026.