Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, seis de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 12: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad libanesa, representado por el abogado Daniel González Ferrada, y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N° 2600100151582 de 11 de marzo de 2026, que rechazó su solicitud de residencia definitiva disponiendo, como consecuencia, una orden de abandono del país dentro del plazo de quince días y una prohibición de ingreso al territorio nacional por el término de cinco años, actuación que considera ilegal y arbitraria, por fundarse en la supuesta falta de presentación del certificado de antecedentes de su país de origen, no obstante haber acompañado oportunamente la documentación que le fue requerida por la autoridad administrativa.

Expone que su representado ingresó al país el 28 de octubre de 2015, desde el Líbano, y que en el año 2016 solicitó la regularización de su situación migratoria, otorgándosele una visación de residente temporario en calidad de titular. Agrega que, habiendo presentado su solicitud de permanencia definitiva y ante la falta de respuesta oportuna, dedujo en el año 2022 un recurso de protección ante esta misma Corte, Rol N° Protección-424-2022, que fue acogido, ordenándose a la repartición acelerar la tramitación de la solicitud dentro de plazos perentorios.

Añade que, con fecha 18 de febrero de 2026, el Servicio le notificó una comunicación de previo rechazo, folio N° 94065943, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para acompañar determinados antecedentes, entre ellos el certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado o apostillado. Sostiene que dio cumplimiento íntegro y oportuno a lo requerido, tanto por vía física -mediante carta certificada de Correos de Chile, código de seguimiento N° 880095172643, remitida el 27 de febrero de 2026 y recibida el 2 de marzo de 2026- como por vía digital -cargando la documentación en el Portal de Trámites Digitales del Servicio con su Clave Única el mismo 27 de febrero de 2026-, circunstancia que la resolución impugnada habría ignorado completamente.

Argumenta que la decisión del Servicio se funda en un supuesto de hecho incorrecto, al afirmar que no se habrían acompañado antecedentes suficientes, en circunstancias que estos fueron remitidos dentro del plazo otorgado, incurriendo en un error de hecho manifiesto que torna la resolución en un acto arbitrario. Sostiene, asimismo, la vulneración del principio de confianza legítima y la infracción de los artículos 10, 11 y 41 de la Ley N° 19.880, así como la desproporción de las medidas de abandono y prohibición de ingreso.

Expone, además, una circunstancia humanitaria: con fecha 5 de marzo de 2026 falleció en Chile su hermano gemelo, nombre reservado, debiendo el cuerpo ser repatriado y sepultado en la República del Líbano conforme a su religión, gestión que no pudo concretarse oportunamente por la situación bélica que afecta a dicho país, de suerte que exigir el abandono del territorio nacional dentro de 15 días resulta desproporcionado e irrazonable.

Solicita en definitiva que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 2600100151582 y la orden de abandono del país, y se ordene al Servicio revisar la solicitud de residencia definitiva considerando los antecedentes acompañados, con costas.

SEGUNDO: Que al evacuar informe el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo íntegro de este recurso.

En primer término alega la falta de legitimación activa del recurrente para acudir a la vía jurisdiccional, por aplicación del artículo 54 de la Ley N° 19.880, toda vez que aquél dedujo, con fecha 16 de marzo de 2026, recurso administrativo en contra de la misma Resolución Exenta N° 2600100151582, compartiendo ambas vías una idéntica pretensión -dejar sin efecto el rechazo de su solicitud-, de manera que, no habiendo sido resuelta la reclamación administrativa, no puede el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia.

En segundo lugar, sostiene la improcedencia de la acción de protección en virtud de los efectos del recurso administrativo interpuesto, pues conforme al artículo 140 de la Ley N° 21.325 la interposición de dichos recursos suspende los efectos del acto o resolución impugnada, de modo que, encontrándose suspendidos los efectos de la resolución recurrida, no existe actualmente acto firme ni sanción alguna que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos y garantías del extranjero amparados por el artículo 20 de la Constitución.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que el recurrente presentó su solicitud de residencia definitiva ID N° 52070640 con fecha 7 de septiembre de 2023, adjuntando un certificado de antecedentes de fecha 26 de julio de 2021; que mediante comunicación de previo rechazo N° 94065943, de 18 de febrero de 2026, se le informó la causal y se le confirió plazo para acompañar antecedentes; y que, si bien acompañó certificado de viajes, contrato de trabajo y anexo y certificado de cotizaciones, remitió el mismo certificado de antecedentes del país de origen de fecha 26 de julio, el cual se encontraba evidentemente vencido, razón por la cual, mediante la Resolución Exenta N° 2600100151582, de 11 de marzo de 2026, se rechazó la solicitud y se dispuso el abandono del país por no remitir el certificado de antecedentes penales del país de origen.

Por todo lo anterior, solicita se rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido, por no existir acto u omisión ilegal o arbitraria imputable a la autoridad recurrida.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que de los antecedentes que constan en estos autos es posible concluir los siguientes hechos:

a) Que el recurrente, con fecha 7 de septiembre de 2023, solicitó un permiso de residencia definitiva bajo el ID N° 52070640, acompañando un certificado de antecedentes penales de su país de origen de fecha 26 de julio de 2021.

b) Que mediante Comunicación Electrónica de Previo Rechazo folio N° 94065943, de 18 de febrero de 2026, se le informó que se encontraba comprendido en una causal de rechazo, otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para efectuar descargos y acompañar, entre otros documentos, el original del certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado o apostillado.

c) Que dentro del plazo conferido el recurrente remitió documentación por carta certificada de Correos de Chile (código de seguimiento N° 880095172643, recibida el 2 de marzo de 2026) y la cargó en el Portal de Trámites Digitales del Servicio con fecha 27 de febrero de 2026, entre la cual se incluía el certificado de antecedentes penales de su país de origen de fecha 26 de julio de 2021.

d) Que mediante Resolución Exenta N° 2600100151582, de 11 de marzo de 2026, del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó la solicitud de residencia definitiva, se dispuso el abandono del país dentro del plazo de 15 días y se estableció una prohibición de ingreso al territorio nacional por cinco años, fundándose en que el recurrente no remitió el certificado de antecedentes de su país de origen vigente.

e) Que, con posterioridad, el recurrente acompañó a estos autos certificado de antecedentes penales emitido por la República del Líbano, debidamente traducido y apostillado, de 8 de abril de 2026, en el que se consigna que no registra antecedentes penales.

QUINTO: Que se debe precisar que el artículo 88 N° 1 de la Ley N° 21.325 señala que deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de quienes no cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en conformidad con lo establecido en el artículo 70.

Luego, el artículo 11 del Decreto N° 177, que establece las Subcategorías Migratorias, señala que sin perjuicio de los requisitos específicos requeridos en cada subcategoría migratoria, y salvo mención expresa en contrario, deberán adjuntarse a toda solicitud los siguientes documentos: … b) En el caso de los solicitantes que según la ley chilena sean mayores de edad, el certificado de antecedentes penales o documento equivalente expedido por la autoridad competente de su país de origen o de aquel en el cual hayan residido en los últimos 5 años. En caso que la residencia en un país distinto al de origen haya tenido lugar en un lapso menor a los últimos 5 años, deberá adjuntarse el certificado o documento equivalente, expedido por las autoridades competentes de los diferentes países en los que haya residido durante dicho periodo.

SEXTO: Que del mérito de los antecedentes entregados por las partes consta que el recurrente acompañó, dentro del plazo conferido, los antecedentes requeridos por la autoridad administrativa, incluido un certificado de antecedentes penales de su país de origen, si bien de data 26 de julio de 2021, esto es, no vigente. Esta Corte, para resolver, no puede soslayar que de los mismos antecedentes consta que el recurrente arribó a Chile por paso habilitado hace más de diez años, sin que fuera objeto de reproche penal alguno, obteniendo sucesivas visaciones temporarias en calidad de titular, circunstancias que dan cuenta de un arraigo que lo vincula con nuestro país.

En tal contexto, la decisión de la recurrida de rechazar la solicitud de residencia definitiva y disponer su abandono del país, con prohibición de ingreso por cinco años, por la sola circunstancia formal de haber acompañado un certificado de antecedentes que no se encontraba vigente, debió motivar a la autoridad a otorgarle un plazo prudencial para que acompañara el documento actualizado, por lo que el acto recurrido aparece como desproporcionado y carente de razonabilidad, deviniendo en consecuencia en ilegal.

SÉPTIMO: Que la actuación del Servicio recurrido ha dejado al recurrente en la imposibilidad de regularizar su situación migratoria, ordenando su salida del país y estableciendo una prohibición de ingreso, por lo que existe una grave amenaza en relación con su garantía de igualdad ante la ley, al dejarlo en una situación de ilegalidad en el país, con fragilidad en su estabilidad en cuanto a la permanencia en el territorio y con desventajas respecto de otras personas que cuentan con su documentación al día.

OCTAVO: Que, por lo razonado, el presente recurso de protección será acogido y se dejará sin efecto tanto la Resolución Exenta impugnada como la orden de abandono y la prohibición de ingreso, debiendo reabrir la autoridad el procedimiento administrativo y otorgar al recurrente un nuevo plazo para acompañar el certificado de antecedentes requerido, procediéndose luego a realizar un nuevo análisis de la solicitud de residencia definitiva, ponderando las circunstancias particulares del actor.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° 2600100151582, de 11 de marzo de 2026, en cuanto rechazó la solicitud de residencia definitiva, dispuso el abandono del país y estableció la prohibición de ingreso, debiendo el Servicio reabrir el procedimiento administrativo con el fin de otorgar un plazo de 30 días para acompañar el certificado de antecedentes vigente, para luego proceder a dictar la resolución correspondiente a la solicitud de residencia definitiva, ponderando las circunstancias particulares del actor.

Comuníquese por la vía más expedita.

Regístrese y archívese.

N°Protección-9339-2026.