nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB)

C.A. de Santiago Santiago, ocho de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, profesora, interpone recurso de protección conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República en contra en contra de don nombre reservado, secretario general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por haber dictado la Resolución N°62, de 03 de junio de 2020, que le fuera notificada personalmente con fecha 24 de septiembre del mismo año, en virtud de la cual rechazó un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta Nº674 de 2020 que aprobó la vista fiscal que propone sanción en sumario administrativo, en la cual se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, cuestión que perturba y afecta gravemente su legítimo ejercicio a la garantía constitucional de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria.

Señala que por medio de la Resolución Exenta N°851, de 3 de mayo de 2019, del secretario general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, se ordenó instruir sumario administrativo en la Dirección Regional de Valparaíso de dicha entidad, producto de una denuncia de acoso laboral formulada en su contra por doña nombre reservado, a la que se acumuló otra formulada por doña nombre reservado. Con el objeto de investigar los hechos denunciados, el secretario general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, nombró fiscal administrativo en primera instancia a doña nombre reservado y posteriormente a don Alejandro Valdés Jorquera.

Explica que con fecha 18 de diciembre de 2019, se declaró cerrada la investigación y se le formularon los siguientes cargos:

“CARGO Nº 1: En conformidad a los términos de las denuncias que originaron el presente proceso, y las declaraciones concordantes de los testigos que depusieron en la indagatoria del procedimiento que sirve como antecedente al presente proceso sumarial, desarrollar acciones de hostilización en contra de las denunciantes, doña nombre reservado y doña nombre reservado, entre enero de 2014 y 2015 y mayo de 2019, consistentes en:

a. Ejercer un trato arbitrariamente diferenciado entre las denunciadas y sus compañeros de trabajo respecto de las labores de dicha Delegación; realizar reiteradas exigencias arbitrarias e intempestivas de trabajo; además de sancionar sin fundar dicha medida en forma escrita, motivada, adecuada a la supuesta infracción y de manera respetuosa de la dignidad de las servidoras.

b. Comunicarse agresivamente con las denuncias como por ejemplo mediante gritos y portazos, y haber desacreditado a viva voz el trabajo de las denunciantes e incluso denominarlas “tontas” públicamente.

Lo anterior se deduce de las declaraciones contestes en las circunstancias, rolantes en autos, pero particularmente y no exclusivamente en las que constan a fojas 197 a 199, fojas 215 a 221 y de fojas 222 a 225 correspondiente a doña nombre reservado, nombre reservado y don nombre reservado. Sin perjuicio de lo declarado en autos por las propias denunciantes, a fojas 274 a 276 y de fojas hasta 361 a 368 respectivamente, fojas que constan en del expediente sumarial. Así como también se colige -lo ya referido- de los informes de la Asociación Chilena de Seguridad de -ACHS- rolantes en autos.

CARGO Nº 2: En conformidad con los términos de las denuncias que originaron el presente proceso, y las declaraciones concordantes de los testigos que depusieron en la indagatoria del presente proceso sumarial, se le imputa conjuntamente desarrollar acciones de hostilización en contra de las denunciantes, doña nombre reservado y doña nombre reservado, consistentes en:

a. Invisibilizar a doña nombre reservado y Doña nombre reservado en las reuniones del equipo omitiendo dirigirle la palabra y la mirada, frente a sus compañeras de equipo o quitándoles el saludo durante la jornada laboral. Esto durante el periodo que las referidas servidoras han prestado labores e la delegación provincial, es decir desde los años 2014 y 2015 respectivamente, Tal y como se deduce de los mismos antecedentes ya aludidos en cargo anterior.

Los antedichos cargos deben estimarse vulneratorios de la normativa contenida en los artículos 84 de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo y 2º del Código del Trabajo, sobre acoso laboral; y de los artículos 61 letra g) y 64 letra c) de la precitada ley 18.834, en cuanto a los deberes de los funcionarios públicos relativos a la observancia del principio de probidad administrativa y en particular, de las jefaturas en cuanto a la ecuanimidad de sus instrucciones y la generación de condiciones adecuadas para el desarrollo eficiente del trabajo de sus subordinados”.

Agrega que, de conformidad a lo establecido en el artículo 135 inciso segundo del Estatuto Administrativo, dentro de las etapas que compone un sumario administrativo, es la formulación de cargos, en virtud del cual el fiscal instructor comunica al inculpado los hechos que se le acusan, para que en base a ello éste formule sus descargos, un acto transcendental para el ejercicio del legítimo derecho a defenderse. Respecto de ese acto, explica, la Contraloría General de la República ha resuelto reiteradamente en lo dictámenes que indica, que los cargos formulados en el contexto de un sumario administrativo deben ser concretos, claros, precisos y necesariamente deben contener el detalle de los hechos constitutivos de la infracción y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se imputan como vulneradas.

Sostiene que la formulación de cargos que consta en el expediente sumarial a fojas 686 y 687, se aparta de los principios y jurisprudencia reseñada, toda vez que no cumple con los requisitos de claridad, concordancia, precisión ni mucho menos refiere el detalle de los hechos en virtud de los cuales se logre comprender y entender la reflexión de esa fiscalía en el sentido de establecer cómo los hechos fácticos, han transgredido las normas estatutarias que se imputan como infringidas, defecto que resulta ser esencial y en consecuencia importan la falta de eficacia de la actuación que se refiere, vulnerándose de esta forma la garantía fundamental del debido proceso y su derecho a poder formular una defensa con elementos concretos y veraces.

Añade que, con los antecedentes expuestos, queda de manifiesto que no se ha cumplido en la forma exigida por la ley con un trámite entendido por la jurisprudencia de la Contraloría como esencial en el marco de la tramitación de un procedimiento reglado como lo es un sumario administrativo, vulnerando con ello su derecho de defensa, pues su errónea dictación repercute en la imposibilidad de poder presentar las observaciones atingentes a los hechos que motivaron la instrucción del sumario. Todo ello redundaría en un acto discriminatorio y arbitrario, que la colocó no sólo en una total indefensión, sino que, en una posición desigual ante un procedimiento regulado por ley, el cual debe resguardar las normas del debido proceso, y respetar no tan sólo un procedimiento racional y justo, sino que la igualdad ante la ley a la que todo sujeto imperado debe ser sometido sin establecer posiciones disímiles como las que se logran ver en el presente proceso sumarial.

Agrega que, no obstante haberse puesto en una disímil posición para poder ejecutar su defensa, en un claro acto desigual, arbitrio y discriminatorio, ejerció en tiempo y forma sus descargos, solicitando se agregaran medios de prueba que sustentaran su defensa, aportando lista de testigos, solicitando se adjuntaran documentos que dieran fuerza a sus descargos, y una vez más fue puesta en una situación totalmente desigual, por cuanto consta en el expediente administrativo la Resolución Interna Nº3 de fecha 27 de enero de 2020, dictada por el fiscal Alejandro Valdés Jorquera, la cual provee el cuarto otrosí de su presentación señalando “El resto de las solicitudes no ha lugar por resultar impertinentes al objeto indagado”, ello aún sin conocer las pruebas solicitadas, sin argumento válido alguno, discriminándome una vez más, tratándola de una forma totalmente desigual a cómo se ha tratado a las denunciantes, que incluso incorporaron fotografías de su persona, sin haberle solicitado permiso para ello, he incluso divulgando comunicaciones privadas que fueron ventiladas en el sumario administrativo, sin haber solicitado su autorización para ello, afectando claramente las comunicaciones privadas, y que tampoco se le permitió incorporar testigos ajenos a la JUNAEB, y sólo los testigos aportados por las denunciantes fueron tomados sus testimonios vía video teleconferencia, más no los que a ella le excluyeron.

En suma, la recurrente luego recapitula en los argumentos ya vertidos respecto de cómo es que la formulación de cargos del sumario administrativo aparece como un acto carente de fundamentos; que la Resolución Interna N°3 de 27 de enero de 2020 no obstante haber solicitado aportar pruebas, sin conocerlas y sin siquiera ponderarlas las excluye sin razón y con el argumento de ser impertinentes al objeto indagado, cuestión que no resulta suficiente, pues la impertinencia claramente dice relación con un examen ex post de los descargos y medios de prueba aportados; que la Resolución N°62 de 3 de junio de 2020 el secretario general de la entidad aprobó el sumario administrativo incoado en su contra y aplicó medida disciplinaria de destitución, y consecuencialmente rechaza el recurso de reposición interpuesto por su parte, limitándose a transcribir lo mencionado tanto en las resoluciones indicadas como en el recurso de reposición interpuesto, sin dar cumplimiento al deber de motivación; como culminación de un procedimiento que no se ajustó a las normas de un racional y justo procedimiento, lo que torna su destitución como un acto ilegal y arbitrario, que vulnera gravemente la garantía constitucional de igualdad y no discriminación arbitraria consagrada en el artículo 19 N° 2 y la prevista en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, que consagra la garantía de respeto y protección a la honra de una persona.

Finalmente, solicita que esta Corte restablezca el imperio del Derecho sobre la base de dejar sin efecto la Resolución N°62 de fecha 03 de junio de 2020 que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, reemplazándola por una que absuelva de responsabilidad administrativa a la recurrente, o bien, que se adopten las medidas que se estimen pertinentes para el debido restablecimiento del imperio del derecho, en cuanto se ordene se lleve a cabo un nuevo sumario administrativo, guardando el estricto cumplimiento del debido proceso, todo ello con expresa condenación en costas.

2°) Que, informando al tenor de la acción deducida, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas solicita el rechazo del recurso, en primer término, porque conforme al derecho invocado, la acción cautelar no es la vía idónea atendida la existencia de reclamación ante el Órgano Contralor. Sostiene que las argumentaciones planteadas por la recurrente en su recurso se basan en las supuestas faltas al debido proceso en materia disciplinaria, falta de congruencia y falta de la proporcionalidad de la sanción en el procedimiento sumarial seguido por resolución exenta N°851 de 2019 de JUNAEB. Sin embargo, las argumentaciones de la parte recurrente no refieren ni precisan de qué manera los procesos y la decisión terminal del mismo incumplen, en lo tocante a las garantías constitucionales, y de qué manera las eventuales faltas, implican un supuesto reproche de arbitrariedad. Agrega que resulta importante precisar que en contra de la resolución que ordena la aplicación de una medida disciplinaria, procede el recurso de reposición, facultad que fue ejercida por la recurrente en su oportunidad, siendo resuelta por Resolución N°62 de 6 de junio de 2020. Luego, el artículo 160 de la ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, establece un procedimiento especial de reclamación aplicable a este efecto ante la Contraloría General de la República, por lo que el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo específico para el caso concreto, por ende, el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar dichas cuestiones.

Continúa expresando que las alegaciones planteadas por la recurrente fueron igualmente expuestas durante el proceso disciplinario, según reconoce la misma recurrente en su presentación, las que fueron resueltas por el fiscal a cargo haciendo uso de las facultades que el ordenamiento jurídico establece en este tipo de procedimientos. De esta manera, agrega, los supuestos actos que habrían sido constitutivos de vulneración de derechos no habrían ocurrido con ocasión de la notificación de la Resolución 62 de 2020, sino que en las etapas anteriores, en las que la recurrente las hizo valer mediante los recursos que la legislación contempla, siendo resueltas fundadamente en cada caso en la oportunidad procesal respectiva. También hace presente que la resolución impugnada le fue notificada personalmente a la recurrente con fecha 24 de septiembre de 2020, por lo que a la fecha de interposición del presente recurso había transcurrido ya el plazo de 30 días para su interposición.

Respecto del fondo del asunto, la entidad recurrida se explaya en su informe explicando la ausencia de infracciones legales durante la tramitación del proceso disciplinario, repasando las actuaciones, pruebas rendidas y su valoración, cargos y actuaciones libradas durante el mismo, como las normas legales que las justificarían, para concluir reseñando que en el caso sub-lite, no hay infracción alguna a la noción de igualdad del artículo 19 N°2 de la Constitución vigente, por lo que solicita que el presente recurso sea rechazado en todas sus partes, con costas.

3°) Que, primeramente, cabe consignar que efectivamente el acto reprochado aparece notificado a la actora con fecha 24 de septiembre de 2020, y el recurso fue interpuesto el 23 de octubre del mismo año, de manera que no se aprecia la extemporaneidad en su interposición denunciada por la recurrida.

4°) Que, sin perjuicio de ello, y como hemos expresado reiteradamente en acciones similares a la interpuesta, se debe tener presente que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Es decir, se trata de una acción cautelar destinada a proteger a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido.

5°) Que, del tenor de las alegaciones vertidas por la recurrente de protección en su libelo, fluye que sus reproches a la actuación de la recurrida consisten, por una parte, en actuaciones procesales verificadas durante la tramitación de un sumario administrativo y, por otra, respecto del mérito de la decisión final del mismo adoptada por Resolución N°62 de 6 de junio de 2020, que rechazó un recurso de reposición en contra de la resolución que le aplicó la medida disciplinaria de destitución. De todos ellos, sólo este último es el que aparece, formalmente, concerniente al presente recurso.

6°) Que, es conveniente señalar que el control jurisdiccional que se ejerce por la presente vía cautelar no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, no resulta pertinente pretender que, por esta vía, la Corte se transforme en una instancia para conocer el mérito de actuaciones procesales verificadas durante la tramitación del sumario que, por lo demás, fueron oportunamente reclamadas mediante la interposición de los recursos procesales pertinentes y resueltas, de ese mismo modo, por quien era competente para conocer de esas impugnaciones y fallarlas mediante resolución fundada en cada caso. Escapa también a esta sede revisar el mérito de la decisión a la que en definitiva se arriba, sobre la base de los hechos establecidos por el funcionario a cargo de aquella investigación, del dictamen evacuado al término de la misma, como el de la medida terminal adoptada.

Todo ello, por cierto, no obsta a que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración pública abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de sus actuaciones, pero ello no puede importar que por esta vía cautelar de urgencia se supervisen materias relativas al mérito de las decisiones adoptadas en el marco y en el ejercicio de las facultades del recurrido, puesto que ello requiere un examen de lato conocimiento que escapa al estrecho marco de la presente acción constitucional y aparece más propio, en cambio, del mecanismo de reclamación previsto en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, ante la Contraloría General de la República, vía que siempre estuvo a disposición de la recurrente.

7°) Que, con todo, examinando los antecedentes expuestos por las partes, no fluye en el presente caso que la recurrida haya incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que afecte las garantías constitucionales invocada por la actora. En ellos se aprecia que la recurrente fue objeto de una formulación de cargos bien precisos, cuyo establecimiento fue objeto de un procedimiento legal y racionalmente tramitado, en el marco del cual pudo rendir pruebas pertinentes, allegar documentos y presentar abundante testimonial para intentar desvirtuarlos, haciendo uso de los recursos procesales previstos durante su tramitación, incluso la facultad de solicitar reposición de la medida disciplinaria finalmente adoptada en su contra, en todo lo cual no se aprecia que haya sido victima de discriminación arbitraria alguna que afecte las garantías establecidas en lo numerales 2 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que la actora estima amagados.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro (S) señor Iturra.

N°Protección-93332-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por el Ministro (S) señor Carlos Iturra Lizana y por el Ministro (S) señor Alberto Amiot Rodríguez. No firma el Ministro (S) señor Iturra por haber terminado su suplencia.