COMERCIALIZADORA DE MADERA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

C.A. de Santiago Santiago, siete de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Cristóbal Patricio Zúñiga Lavin, abogado, en representación de doña nombre reservado, empresaria domiciliada en domicilio reservado, y de la Sociedad Comercializadora de Maderas, Transporte y Forestal Chaylwill Limitada, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director don nombre reservado, por la negativa ilegal y arbitraria de la recurrida de otorgar folios de facturación electrónica, con el fin de ejercer su derecho constitucional a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, orden público o seguridad nacional.

Expresa que con fecha 08 de octubre de 2020 se solicitó al Servicio de Impuestos Internos efectuar timbraje electrónico de facturas y la respuesta a esa solicitud fue negativa, por mantener la recurrente “inconcurrencias a procesos de fiscalización”, lo que no es efectivo por cuanto cada vez que ha sido requerida, ha concurrido en forma presencial aportando los antecedentes y/o explicaciones correspondientes.

Afirma que la legislación tributaria reconoce el derecho de los contribuyentes a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para su giro o actividad y la limitación a éste derecho debe ser interpretada en forma restrictiva.

Sostiene que en el aspecto formal, las normas generales sobre actos administrativos contenidas en la Ley Nº 19.880 son también aplicables a los actos del S.I.I., requiriendo la existencia de una resolución administrativa fundada y notificada válidamente al contribuyente a quien afecta, conforme a los artículos 11 al 15 del Código Tributario. Al respecto, desconocen la existencia de tal acto administrativo y cualquier operación que ejecuten les acarreará sanciones adicionales por haber actuado sin la documentación cuyo timbraje se le niega por el órgano contralor.

Concluye señalando que tal bloqueo no está contemplado por la ley, ni el Servicio tiene facultad para aplicar tal medida, al hacerlo infringe el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política, vulnerando el derecho a desarrollar cualquier actividad económica del recurrente. Aún en el caso de admitirse, han de respetarse estrictamente las situaciones previstas y los requisitos establecidos en los artículos 8 ter y 8 quarter del Código Tributario, entre ellas estar procesado o acusado por la comisión de un delito tributario, cuyo no es el caso de la recurrente. Cita jurisprudencia.

La conducta de la recurrida vulnera los derechos asegurados en el artículo 19 numerales 21, 2 y 22 de la Carta Fundamental. El primero de ellos porque la limitación que se le hace a su representada en el timbraje de sus documentos tributarios electrónicos, esencial para el desarrollo normal de sus actividades económicas, significa la imposición de una sanción que no se ha aplicado en forma legal. Y respecto de los Nºs 2º y 22º del artículo 19 de la Constitución Política, porque sin respetar los procedimientos ni presupuestos legales establecidos al efecto, se le niega al recurrente la posibilidad de acceder a la documentación tributaria necesaria para el desarrollo de su giro económico, discriminándole en relación a otros contribuyentes que se encuentran en la misma posición jurídica.

Finaliza solicitando se autorice la emisión de la documentación electrónica a la empresa Comercializadora de Maderas, Transporte y Forestal Chaylwill Limitada y de cualquier otra medida conducente al mismo fin, con costas.

SEGUNDO:

Que por su parte la abogada doña María Marcela Muñoz Foglia, en representación del Servicio de Impuestos Internos señala que de acuerdo con la información registrada en las bases informáticas de esa institución, la recurrente registra inicio de actividades desde el 30 de julio de 2013 en diversos giros, por los que obtiene rentas que se encuentran afectas al Impuesto a la Renta de Primera Categoría y realiza operaciones afectas al Impuesto al Valor Agregado, detallando las anotaciones vigentes a raíz de las cuales se le ha requerido para que sus representantes concurran a la Unidad respectiva del Servicio porque dan cuenta de incumplimientos reiterados respecto de procedimientos de fiscalización. El objetivo de estas anotaciones es meramente informativo y de control sin producir restricciones o exclusiones en el ciclo de vida del contribuyente. Es así que se le han autorizado los folios que indica para la emisión de facturas electrónicas que detalla desde el año 2017 hasta el mes de Enero de 2021. Además cuenta con folios autorizados para la emisión de facturas de compra electrónicas, notas de crédito electrónicas, notas de debito electrónicas y guías de despacho electrónicas, según el detalle del recuadro que se exhibe.

Expresa que el Servicio como órgano del Estado ha sometido su accionar a la Constitución y a las normas legales que corresponde, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescribe la Ley. En el ejercicio de su potestad normativa y fiscalizadora, cualquier circunstancia relevante en términos tributarios tiene su consiguiente anotación, facilitando la detección y evaluación de situaciones tributarias complejas que requieren una revisión mas profunda. Al mismo tiempo agrega que esas anotaciones no son de carácter permanente y son alzadas una vez que termina la situación que le dio origen y para la recurrente terminará una vez que de cumplimiento a los requerimientos de información y antecedentes solicitados.

Precisa que el uso de estas anotaciones encuentra su sustento en lo dispuesto en el número 16 del artículo 8 bis del Código Tributario, agregado recientemente en virtud de la modificación efectuada con ocasión de la Ley 21.210, que moderniza la Legislación Tributaria, norma que establece que los contribuyentes tienen derecho a ser informados de toda clase de anotaciones que consigne el Servicio y se obliga al servicio comunicarlas.

Concretamente la recurrente no se encuentra en ninguna de las situaciones de excepción contempladas en el artículo 8 ter del Código Tributario, en virtud de la cual el Servicio podría modificar las autorizaciones ya otorgadas. Al contrario, la contribuyente ha podido emitir documentos tributarios electrónicos continuamente, durante todos los años que se han mantenido las anotaciones y en ningún momento se le ha limitado el número de folios para emitir facturas electrónicas.

Lo que realmente ocurre es que para poder emitir documentos tributarios electrónicos que den derecho a crédito fiscal, la contribuyente deberá previamente pedir autorización de folios para su emisión, en la unidad del Servicio a la que pertenece con el objeto de comunicarle de manera presencial los pasos a seguir para regularizar su situación tributaria lo que no constituye un impedimento en la obtención de folios, situación que ha estado ocurriendo desde el mes de abril de 2017 en adelante, en que se le ha autorizado una cantidad de folios acorde al promedio mensual de documentos que utiliza y a los montos que declara mensualmente en sus Formularios 29.

Consecuentemente, el Servicio recurrido ha estado dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 ter del Código Tributario, por tanto se le ha autorizado al recurrente en forma continua los documentos tributarios que le son necesarios para el desarrollo de su actividad económica, lo que claramente demuestra que no existe una actuación arbitraria e ilegal de parte del servicio recurrido. Por lo tanto, el hecho de solicitarle al recurrente que concurra a la Unidad respectiva, se encuentra dentro de sus facultades generales de fiscalización que pesan sobre esta repartición, medida que además tiene por objeto comunicar al recurrente cual es su situación tributaria a fin que pueda dar una pronta solución y evitar efectos perjudiciales futuros.

Es así que, el Servicio de Impuestos Internos no ha cometido acto u omisión arbitrario e ilegal alguno, en relación con el ejercicio de las referidas atribuciones que perturben o amenacen alguna de las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2º, 21 y 22º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, denunciadas como conculcadas por el recurrente, por cuanto no se le ha impedido desarrollar su actividad económica ya que en todo momento se le han autorizado los folios que le permiten ejercerla. Solicita finalmente se rechace el recurso de protección deducido en autos, con costas.

TERCERO: Que esta acción cautelar constitucional tiene por objeto restablecer el imperio del Derecho con motivo de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que menoscaben o vulneren las garantías constitucionales de carácter indubitados amparadas a través de este arbitrio.

CUARTO: Que no se ha demostrado en modo alguno por la recurrente que el servicio recurrido haya incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria. En efecto, para que el Servicio de Impuestos Internos pueda revocar o restringir la emisión de dichos documentos, es necesario que el sujeto se encuentre acusado por la comisión de un delito tributario, situación en la que no se encuentra la recurrente. Es más, el Servicio recurrido ha autorizado durante todo el año 2020, la entrega de los documentos tributarios necesarios para el desarrollo de la actividad económica que desarrolla la recurrente. Y simultáneamente, en uso de su facultad fiscalizadora, ha registrado varias anotaciones, que dan cuenta de reiterados incumplimientos, respecto de diversos procedimientos de fiscalización, y ha dispuesto que ésta comparezca de manera presencial a la Unidad respectiva del Servicio, a objeto de informarle de su situación tributaria, y evitar así perjuicios futuros, sin que ello haya sido obstáculo para la obtención de la documentación tributaria que reclama. Por consiguiente, si el objeto perseguido a través de esta acción era obtener precisamente la documentación electrónica que precisaba para el desarrollo de su actividad económica, afirmando que el servicio reclamado le “impedía” el desarrollo de su giro, la misma carece de objeto por cuanto de los antecedentes de la causa consta que ello no es efectivo y que por el contrario de la documentación acompañada por el servicio, consta que durante el año 2020 se le autorizaron en total 47 folios para la emisión de facturas. Consecuentemente, la recurrente ha obtenido la documentación tributaria pertinente y para ello ha concurrido en forma presencial a la Unidad correspondiente, lo que ha realizado voluntariamente, incluso con posterioridad a la interposición de este recurso, en el mes de noviembre del año pasado, con el fin de obtener el timbraje de boletas, las que han sido autorizadas por el Servicio.

QUINTO: El Servicio de Impuestos Internos, conforme a las facultades otorgadas por los artículos 6º letra A), Nº 1 del Código tributario y 7º letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, el Director del Servicio, a través de diversos oficios ha dispuesto registrar mediante la consiguiente anotación, cualquier circunstancia relevante en términos tributarios que advierta en los procedimientos de fiscalización, a objeto de facilitar la detección y evaluación de situaciones tributarias complejas. El objetivo de éstas es meramente informativo y de control, pero no produce las restricciones o exclusiones que señala la recurrente.

SEXTO: Que por lo expresado no verificándose el acto reclamado, el recurso de protección debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado Cristobal Patricio Zúñiga Lavín en representación de nombre reservado y de la Sociedad Comercializadora de Madera, Transporte y Forestal Chaywill Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Gutiérrez Alvear.

N°Protección-93280-2020.