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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 93235-202019 mar 2021

BACK OFFICE S.A con GTD TELESAT S.A

Fecha
19 de marzo de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 93235-2020, sentencia de 19 de marzo de 2021

Resumen

Se rechaza el recurso de protección porque la publicación de la morosidad ya fue eliminada y no existe deuda reportada, por lo que se perdió el objeto y no hay amenaza actual a las garantías invocadas.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

A los folios 24, 25 y 26: a todo, téngase.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 23 de octubre de 2020, la sociedad Back Office S.A. representada por don nombre reservado interpuso una acción de protección en contra de Servicios Equifax Chile Limitada y GTD Telesat S.A., solicitando se acoja la acción y, en virtud de ello, se ordene (i) a Equifax eliminar al recurrente de sus registros o base de datos respecto a la morosidad de 19 facturas que individualiza y que surgen del contrato de suministro de servicio público telefónico suscrito entre Back Office y GTD Telesat el 29 de diciembre de 2014, (ii) a Equifax y GTD que se abstengan de continuar publicando al recurrente como moroso en su boletín comercial y, (iii) a GTD a abstenerse de encargar publicaciones comerciales de morosidad en contra de la recurrente; todo lo anterior con costas.

El recurrente alega como acto ilegal y arbitrario la publicación en el boletín comercial por parte de Equifax y a petición de GTD Telesat, de la morosidad del recurrente respecto de 19 facturas. Reclama que dichas facturas habrían sido rechazadas oportunamente ante el Servicio de Impuestos Internos (el “SII”) por ser improcedentes, por no corresponder a servicios efectivamente prestados por GTD Telesat, al encontrarse terminado el contrato. Agrega que dicha ilegalidad y arbitrariedad se vería confirmada por el hecho que las facturas habrían sido emitidas hace más de dos años, por lo que las acciones respectivas se encontrarían prescritas y que, en cualquier caso, durante todo este tiempo GTD jamás habría intentado su cobro judicial.

Argumenta que también sería ilegal por no contar con la autorización que exige el artículo 4 de la Ley N° 19.628 y también porque la misma ley, en su artículo 17 no contempla las facturas como título a publicar.

Estima que las actuaciones descritas constituirían vulneraciones a las garantías constitucionales establecidas en los artículos: 19 Nº3, que garantiza la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; 19 Nº4, que garantiza el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; y 19 Nº21, que garantiza el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

Segundo: Informando, Nicolás Viollier Capelli, abogado, en representación de GTD Telesat S.A. solicita el rechazo del recurso deducido.

Explica que a fines del año 2014 fue contratada por Back Office S.A. para la prestación de servicios telefónicos en el domicilio del recurrente, tal como consta en la cláusula primera del Contrato.

Indica que desde mayo de 2016, durante plena vigencia del contrato y de ambos servicios mencionados más arriba, Back Office dejó de cumplir sus obligaciones referentes al pago de los servicios pactados en el contrato. Al efecto, desde el mes señalado hasta el día 31 de agosto de 2016, Back Office no pagó ninguna de las facturas emitidas por GTD en los meses de mayo, junio y agosto.

Afirma que estas facturas se mantienen impagas hasta la fecha de hoy, por los servicios efectivamente prestados, y sin que hubiesen sido reclamadas por el recurrente, y por ello fueron informadas, en un principio, en el boletín comercial, indicando el detalle de las tres primeras facturas, correspondientes a mayo, junio y agosto de 2016.

Señala que el 31 de agosto de 2016, y sin haber pagado las facturas indicadas más arriba, Back Office remitió una carta a su parte por medio de la cual supuestamente puso término al contrato, conforme a lo establecido en la cláusula octava. Sin embargo, dicha terminación no operaba ipso facto de conformidad con el contrato, sino que los servicios continuaban su vigencia hasta la fecha de sus respectivas renovaciones. Inclusive, así se menciona en la carta antes citada, en el sentido de reconocer la fecha de vencimiento de los servicios del contrato, además de indicar la orden de no efectuar renovaciones automáticas.

Hace presente que como se desprende del documento en cuestión y de la cláusula octava del contrato, correspondía que la terminación del servicio 1 operara el 1 de diciembre de 2016; y la del servicio 2, el 1 de febrero de 2017, y, por ello, los servicios se siguieron prestando por GTD Telesat a Back Office hasta dichas fechas y correspondía que el recurrente pagara íntegramente por ellos, de conformidad con el contrato.

Afirma que el contrato se mantuvo vigente hasta el 1 de diciembre de 2016, respecto de ambos servicios, y hasta el 1 de febrero de 2017, en caso del servicio 2, por lo que desde el mes de septiembre de 2016 a marzo de 2017 se emitieron 8 facturas que dan cuenta de servicios efectivamente prestados por su parte a la recurrente, conforme al detalle de facturas que individualiza.

Agrega que estas facturas no fueron reclamadas de forma legal y, por ende, quedaron irrevocablemente aceptadas, de manera que lo que se había informado al Boletín Comercial corresponde a una deuda que Back Office efectivamente mantiene con su parte a la fecha, deuda cuyas acciones civiles de cobro aún se encuentran plenamente vigentes.

Luego, en lo que respecta a otras 8 facturas mencionadas por el recurrente en su acción de protección, hace presente que éstas fueron eliminadas del Boletín Comercial y, a su respecto, se procedió a emitir las correspondientes notas de crédito.

No obstante, sin perjuicio de todo lo anterior, señala que en la actualidad y a pesar de que la recurrente Back Office tiene una deuda vigente con su parte, no existe deuda alguna informada en el Boletín Comercial, por lo que el recurso de protección ha perdido oportunidad y no puede prosperar.

Tercero: Informando, Juan Enrique Nazar Muñiz, abogado, en representación de Servicios Equifax Chile Ltda., solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Explica que su base de datos se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema, quienes se responsabilizan de la exactitud de la información entregada y de no ingresar morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad.

Señala que sin perjuicio de lo anterior y en conocimiento de este recurso de protección, sin que la recurrente haya comunicado a su parte estos hechos de forma directa, Equifax procedió a requerir la información de respaldo de la publicación de la morosidad al aportante GTD Telesat S.A., ocurriendo que los antecedentes no fueron enviados dentro de los plazos establecidos para tal efecto, motivo por el cual su parte bloqueó de inmediato la información de la morosidad de su base de datos.

En consecuencia, a la fecha no existe la publicación de morosidad en los registros de Equifax del aportante GTD Telesat S.A., que dio origen a la presente acción constitucional, respecto del recurrente, y por lo mismo, de los hechos relatados, se desprende que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a Equifax, pues ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales motivos por los cuales, el recurso de protección deberá ser rechazado.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, la efectiva publicación de la deuda morosa por servicios que se reclama, si aquella constituye un derecho indubitado de la parte que la alega, si la presente vía meramente cautelar resulta idónea a los efectos de reestablecer el imperio del derecho y finalmente, si la pretendida vulneración constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de las recurridas y si genera una privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas.

Sexto: Que de los antecedentes allegados a la causa, en especial, lo informado por la recurrida Servicios Equifax Chile Limitada, en orden a que la publicación que se acusa fue eliminada y que a la fecha no existe deuda morosa reportada respecto del recurrente por documentos impagos informados por GTD Telesat S.A., lo que además se ha refrendado con el mérito del Informe Empresarial 360° de fecha 17 de diciembre último, no es posible advertir una privación, perturbación o amenaza actual de las garantías constitucionales que se han invocado, por lo que se concluye que el presente recurso ha perdido su objeto, todo lo cual obliga a desestimarlo, resultando innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes.

Séptimo: Que, en consecuencia, la acción cautelar intentada ha perdido oportunidad, por lo que no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de la sociedad Back Office S.A.

Regístrese, oportunamente, archívese.

N°Protección-93235-2020.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro (S) señor Jose H. Marinello Federici, el Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Patricio Ignacio Carvajal Ramirez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.