nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 5 de julio de 2022, comparece nombre reservado, abogada, en beneficio y favor de nombre reservado, e interpone acción de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por su gerente general nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el descuento realizado por la recurrida de las remuneraciones de la actora.

Expone la actora es trabajadora dependiente de la empresa TB CHILE S.A. conforme contrato individual de trabajo de 25 de abril de 2022 y que al percibir su remuneración del mes de junio pasado constata en su liquidación de sueldo la existencia de un descuento bajo la nomenclatura “CCAF Créditos Personales” por la suma de $101.893.- Indica que el año 2019 la actora solicitó un crédito a la recurrida por la suma de $2.474.670.- pactado en 17 cuotas sucesivas de $177.930.-, de las cuales pagó 16. Agrega que al momento de efectuar el finiquito, la empresa donde trabajaba le informó que los saldos por conceptos de créditos de consumo serían pagados a la caja de compensación a la que se hallaba afiliada.

Hace presente que la recurrida jamás ha intentado proveerse de vías judiciales tendientes al cobro de la deuda, lo cual deja de manifiesto su dejadez frente al tema.

Denuncia como garantías constitucionales conculcadas las consagradas en los numerales 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, citando jurisprudencia en apoyo a su tesis.

Finalmente señala que el proceder extemporáneo y sorpresivo por parte de la recurrida no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, pues ni siquiera ha informado ni mucho menos acreditado frente a la actora, los antecedentes judiciales formales que puedan sostener un descuento de una deuda de hace más de 6 años.

Solicita se acoja el recurso, ordenando a la recurrida el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones de la recurrente, con los intereses correspondientes y debidamente reajustado; además que se abstenga de realizar, por sí o por terceros, descuentos de las remuneraciones de la recurrente.

Segundo: Que, con fecha 6 de agosto de 2022, evacúa informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el 13 de noviembre de 2018 se otorgó a la actora un crédito por la suma de $177.930.- pagadero en 18 cuotas, cuyo primer vencimiento correspondía al 31 de enero de 2019; agrega que en un principio se pagaron las cuotas, sin embargo se adeudaban de los meses de mayo y junio, ambas de 2020, pero el 10 de julio de 2022 se recibió la suma de $101.893.- el cual fue contabilizado como abono. Atendido lo anterior es que se estaría ante un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación conforme al procedimiento establecido en el artículo 22 de la ley 18.833 es pertinente y oportuna.

A continuación se refiere al carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y mecanismos de cobro según lo establecido en el artículo 22 de la ley 18.833; en este contexto señala que el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a la recurrente ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. Cita jurisprudencia en el sentido que indica.

Hace presente que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. Agrega que el mutuo en cuestión mantiene en morosidad sus cuotas con vencimiento a partir de mayo de 2020, por lo que es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda, todo lo cual hace que el cobro efectuado en virtud del artículo 22 de la Ley N°18.833 sea totalmente oportuno.

Alega que cualquier reparo de la recurrente en relación con alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Asevera que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente, por lo que no se estarían vulnerando las garantías constitucionales que la recurrente alega como conculcadas. Cita jurisprudencia en el sentido que indica.

Tercero: Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, cuyo objetivo es la adopción de medidas de carácter urgente, tendientes a salvaguardar los derechos o garantías constitucionales preexistentes, conculcados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

En efecto, se ha señalado por el Máximo Tribunal, que si bien en virtud de la competencia conservativa que el indicado arbitrio confiere, pueden adoptarse todas las medidas que se estimen conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que no se puede perder de vista que esta acción constituye una medida de emergencia consagrada para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y/o arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, mientras se acude a la sede ordinaria o especial correspondiente, otorgando una tutela efectiva a los recurrentes.

Cuarto: Que como es unánimemente aceptado, esta acción requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace determinadas garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción se dirija en contra de quién ha causado la mencionada conculcación, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado sobre la materia.

Quinto: Que el acto que la recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que comenzaron a efectuarse en su remuneración, a partir del mes de junio del año 2022, figurando un descuento de $101.893.-efectuado por la Caja de Compensación Los Andes. Sobre el particular, la recurrida reconoce tal descuento, al igual que el ejecutado respecto del sueldo del mes de junio de 2022, deducciones que han servido para el pago de las cuotas N°17 y N°18; existiendo a la fecha del informe 2 cuotas pendientes de pago.

Sexto: Que, la recurrida reconoce en su informe la interposición de una demanda ejecutiva en contra de la actora, por la misma que origina las rebajas de remuneración denunciadas por el recurso.

Séptimo: Que, de este modo, a pesar de existir un juicio pendiente en sede civil, la recurrida procedió a efectuar los descuentos aludidos con antelación, por lo que debe concluirse que ha actuado de manera injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833, concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan, beneficio que resulta improcedente requerir, considerando que al mismo tiempo la reclamada ejerció vía judicial las acciones tendientes a cobrar compulsivamente el crédito, con lo que su actual decisión de exigir el pago a través de esa vía especial deviene en poco razonable, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios, como lo está realizando.

Octavo: Que este proceder, manifiestamente arbitrario, de la recurrida, corresponde que sea declarado y se otorgue amparo a la recurrente, pues de lo contrario la Caja de Compensación denunciada obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación y podría ser mantenida permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente -al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones sociales- sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus facultades por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial.

Noveno: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el arbitrio, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que disponen los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en beneficio y favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

En consecuencia, la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de las remuneraciones de la actora y deberá reembolsar los montos indebidamente descontados desde las remuneraciones de la recurrente, en un plazo de quinto día desde la ejecutoria de esta resolución, sin perjuicio del derecho de la acreedora a perseguir el cobro por la vía jurisdiccional pertinente, como lo está ejecutando.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Protección N° 93.215-2022.