nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de febrero de dos mil veintiuno.

Al folio 11: A lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

A los folios 12 y 13: A todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Claudia Beatriz Loman, abogada, en representación de nombre reservado, médico, colombiana, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien interpone acción de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración, por haber incurrido éste en una omisión ilegal y arbitraria al no pronunciarse sobre su solicitud de permanencia definitiva, lo que conculca sus garantías fundamentales de los números 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja su acción y se ordene que se otorgue su permanencia definitiva, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Fundando su recurso, indica que en el mes de marzo de 2018 solicitó su visa temporaria como profesional, la que le fue otorgada el 8 de mayo del año 2019, por lo que, estando dentro de plazo, el 2 de abril del año 2019 presentó su solicitud de visa definitiva ante la Gobernación de Petorca, adjuntando toda la documentación pertinente, tras lo cual se intentó comunicar por diversas vías con el Departamento de Extranjería para preguntar por el estado de su trámite, no obteniendo respuesta alguna del estado de su solicitud.

Argumenta que dicho acto es ilegal y arbitrario, pues su presentación no ha sido resuelta pese a encontrarse vencidos los plazos legales para ello, infringiendo con ello los principios de celeridad y conclusivo dispuestos en los artículos 7 y 8 de la ley Nº 19.980 en relación a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, excediendo el plazo de tramitación máximo de seis meses consagrado en su artículo 27, lo que constituye una omisión a su obligación de dar respuesta oportuna a las solicitudes que se le presenten, sin tener justificación razonable para ello.

Concluye que ello conculca sus garantías fundamentales de igualdad ante la ley pues no recibió ningún tipo de información sobre el avance de su trámite hasta pasados cinco meses de su solicitud, vulnerando también su libertad de trabajo, al encontrarse impedida de trabajar.

SEGUNDO: Que comparece don nombre reservado, abogado del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien informando al tenor del recurso solicita el rechazo del mismo.

Refiere que si existe un pronunciamiento respecto de la petición de permanencia definitiva de la actora, pues la misma fue rechazada por Resolución Exenta N° 120.191 de 22 de junio de 2020, otorgándole en subsidio una visa temporaria por un año, ello, fundado en que no contaba con estabilidad económica durante el período de visación, comprendido entre 08 de mayo del año 2018 al 8 de mayo del año 2019, estimando que carecía de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social, decisión contra la cual aquélla no presentó recursos administrativos.

Tras citar la normativa referida a la permanencia definitiva del artículo 41 y siguientes del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, y artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, refiere que su parte está facultada para solicitar a los extranjeros requirentes documentos adicionales a los señalados en la norma precitada, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 127 del citado reglamento, por lo que en su sitio web se indicó dentro de aquellos que se debían acompañar a la solicitud de permanencia definitiva, de manera obligatoria, copia del contrato de trabajo actual, certificado histórico de cotizaciones AFP y otros justificativos de sus ingresos.

Afirma que del análisis de los datos aportados por la actora se estimó que no acreditó contar con un sustento económico suficiente para solventar su permanencia en el país, toda vez que registraba un sueldo base bajo el sueldo mínimo, lo que no demuestra una situación económica favorable a la permanencia de un extranjero en el territorio nacional, ello al amparo del artículo 64 N° 4 del Decreto 1094 en relación a los artículos 15 Nº 4 y 63, que lo facultan para rechazar dicha solicitud en los casos que los extranjeros no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social, por lo que concluye que no ha incurrido en acto ilegal y arbitrario, pues no ha negado de forma arbitraria o ilegal la solicitud de la extranjera recurrente y, tampoco ha conculcado sus garantías fundamentales.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que respecto a la falta de pronunciamiento de la solicitud de la actora, teniendo en consideración que la recurrida informó que la situación denunciada por esta vía no se encuentra pendiente, pues por Resolución Exenta N° 120.191 de 22 de junio de 2020 el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se pronunció sobre la petición de ésta, rechazando su permanencia definitiva, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor de la actora a este respecto, de lo que aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

QUINTO: Que respecto de lo solicitado por la actora en el petitorio de su recurso, referido a que se acoja su acción y se otorgue la permanencia definitiva, se debe indicar que de los artículos 91 del Decreto Ley Nº 1094 y 81 de su Reglamento, se evidencia que son atribuciones del Ministerio del Interior y del Departamento de Extranjería y Migración el supervigilar el cumplimiento de la legislación de extranjería y conocer de la solicitud de permanencia definitiva.

SEXTO: Que de lo antes referido, se evidencia que no es posible atribuir ilegalidad alguna al actuar de la recurrida, pues ha obrado dentro del ámbito de sus competencias en su función de regular la política migratoria del país y de supervigilar el cumplimiento de la normativa migratoria, analizando los documentos que fueron acompañados por la actora, decidiendo rechazar su solicitud de permanencia definitiva fundado en causales establecidas por la ley, por estimar que no cumplía con los requisitos del número 4 del artículo 64 de la citada ley, que prescribe expresamente que pueden rechazarse las solicitudes que presenten los peticionarios que por circunstancias ocurridas con posterioridad a su ingreso a Chile queden comprendidos en el número 4 del artículo 15; esto es, los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social, decisión que además se encuentra firme, pues la actora no dedujo recurso alguno a su respecto, entendiéndose que se conformó con dicha determinación.

SÉPTIMO: Que tampoco se advierte una conducta caprichosa o carente de razonabilidad, pues los motivos dados por la recurrida para justificar el rechazo de la permanencia definitiva se encuentran fundados en el análisis de los documentos y antecedentes que presentó la actora y, además, la propia Administración le otorgó un permiso de residencia temporal, para que la recurrente con nuevos y mejores antecedentes pueda renovar su solicitud, decisión que no puede calificarse de ilegal y arbitraria, por lo que corresponde rechazar el recurso.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración.

Regístrese y archívese si no se apelare.

N°Protección-93201-2020.