Protección contra Comisión Médica Central

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, a favor de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Comisión Médica Central, solicitando a esta Corte que declare ilegal y/o arbitraria la Resolución Nº C.M.C. 3867/2022, de 11 de abril de 2022, notificada el 09 de junio del mismo año, que resolvió el recurso Extraordinario de Revisión, respecto de la Resolución N° C.M.C. 9122/2021, de 15 de septiembre de 2021, que confirmó la Resolución N° C.M.C. 7424/2021, de fecha 02 de agosto de 2021, que confirmó, a su vez, el Dictamen N° 016.5539/2021 de la Comisión Médica Santiago Centro, correspondiente al actor, por medio de lo cual se rechazó su solicitud de pensión de invalidez, por cuanto la enfermedad alegada como invalidante no alcanza a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos el cincuenta por ciento; estimando que tal pronunciamiento transgredió las garantías constitucionales que los numerales 1º, 2º y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República le reconoce, por lo que solicita dejarla sin efecto, con costas.

Explica, en síntesis, que a los 33 años, le detectaron al recurrente dos hernias lumbares, siendo intervenido quirúrgicamente respecto de la de mayor tamaño, sometiéndose por los dos años siguientes a infiltraciones por las molestias que padecía.

Refiere que se somete a una nueva operación el año 2018, sin lograr buenos resultados. Manteniéndose con medicamentos cada vez más invasivos y presentando licencias médicas en los años 2019 y 2020, respecto de las cuales sólo recibió pago por las correspondientes al primer año, por lo que negoció su despido con el empleador, por no ser capaz de desempeñarse en ningún puesto de trabajo.

Fue diagnosticado con Espondiloartrosis lumbar, actualmente no trabaja, depende de su familia y se moviliza con muletas. Y para el trámite de pensión por invalidez fue peritado por 4 doctores distintos que resolvieron que padecía un 55% de invalidez, mediante Dictamen N° 016.6935/2019, de fecha 25 de julio de 2019, que fue recurrido por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. consiguiendo rebajar el porcentaje al 37%.

Refiere que el recurrente inició un nuevo proceso en el año 2020, en el cual informó a uno de los médicos que también se había sometido a una operación de meniscos (en la rodilla derecha) y una fractura de troquiter (en el hombro izquierdo), por lo que su examinación se avocó a estas zonas, dejando de lado su columna, resolviéndose que padecía solamente del 1% de invalidez;

SEGUNDO: Que, informando la recurrida Comisión Médica Central, a través de su Presidenta Coordinadora, Dra. nombre reservado, en primer lugar, alega la falta de legitimación pasiva pues la representación le corresponde al Consejo de Defensa del Estado. Indica que las Comisiones Médicas Centrales pertenecen a la Administración Central del Estado, son órganos administrativos técnicos, sin patrimonio ni personalidad jurídica propios y no pertenecen a la Superintendencia de Pensiones, teniendo autonomía en la calificación de invalidez que se somete a su consideración.

En segundo lugar, reclama la inadmisibilidad del recurso por cuanto la situación reclamada excede el ámbito de la acción cautelar de protección. Se pretende por el recurrente resolver una cuestión de fondo que constituye una materia de lato conocimiento.

En subsidio, en cuanto a los hechos, expone que el 18 de octubre de 2018, el recurrente suscribió una solicitud de pensión y calificación de invalidez, invocando como afección invalidante una lumbociática por hernia del núcleo pulposo operado. Fue evaluado por la Comisión Médica de la Región Metropolitana, la que teniendo presente que el afiliado había sido reoperado en el mes de junio de 2018, estimó que no cumplía el plazo de observación post quirúrgico establecido por las normas de evaluación y calificación del grado de invalidez, concluyendo que, a esa data, no se configuraba menoscabo laboral permanente, porque se encontraba bajo observación y tratamiento médico. Por lo tanto, mediante Dictamen de Invalidez N° 024.8836/2018 de 14 de noviembre de 2018, acordó rechazar la solicitud de pensión y calificación de invalidez del recurrente.

El 23 de mayo de 2019, el afiliado presentó una nueva solicitud de pensión de invalidez, en la que se concluyó que el impedimento lumbar era configurable en Clase III, rango alto, con un 49% de menoscabo laboral, no obstante que el especialista interconsultor sugería Clase II, rango alto, al no presentar déficit neurológico, que es el sello de la Clase III. Por lo que mediante Dictamen de Invalidez N° 016.6935-2019 de 25 de julio de 2019, acordó declarar la invalidez parcial transitoria del recurrente, representada por un menoscabo laboral de 55%, dado por el impedimento lumbar que estimó en 49%, más la adición de seis puntos por factores complementarios.

Sin embargo, el 12 de agosto de 2019, la compañía de seguro de vida adjudicataria del seguro de invalidez y sobrevivencia, interpuso un reclamo en contra de dicho dictamen, fundado precisamente en el hecho que el impedimento lumbar no cumplía los requisitos para ser clasificado en Clase III, rango alto. Por lo que, mediante Resolución CMC N° 13048/2020, de 10 de diciembre de 2019, la Comisión Médica Central acordó aceptar el reclamo; revocar el dictamen en cuestión; y resolver que no procede otorgar invalidez, puesto que las evaluaciones por especialistas e imágenes dan cuenta de que no hay déficit neurológico, que es condición para una Clase III, de modo que correspondía a Clase II, rango alto, con un 34% de menoscabo laboral.

Indica que el 9 de diciembre de 2020, el señor nombre reservado presentó una nueva solicitud de pensión de invalidez, en la que estimó no configurados los impedimentos por Lumbalgia y Omalgia izquierda; en cambio, sí se configura por Diabetes mellitus e Hipertensión arterial, ambos en Clase I, rango bajo, con 1% de menoscabo laboral. Lo que fue reclamado por el recurrente, ya que se habría omitido el diagnóstico principal, rechazándose el reclamo el 02 de agosto de 2021, mediante Resolución CMC N° 7424/2021.

Seguidamente, el 30 de agosto de 2021, el afiliado recurrente interpuso un recurso de reposición administrativo, denegado mediante Resolución CMC N° 9122/2021 de 15 de septiembre de 2021. Más tarde, el 9 de febrero de 2022, interpuso un recurso extraordinario de revisión en contra de lo resuelto por esta Comisión Médica Central, sin embargo, éste fue rechazado mediante Resolución CMC N° 3867/2022 de 11 de abril de 2022, por cuanto las enfermedades invocadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de, a lo menos, un cincuenta por ciento.

Sostiene que la Comisión ha actuado con estricto apego a la legalidad, toda vez que el rechazo a otorgar la pensión de invalidez fue dictado por el órgano legalmente competente, con arreglo a sus facultades establecidas en el D.L. Nº 3.500, de 1980. Además, las resoluciones emitidas fueron motivadas y debidamente notificadas.

Refiere que se actuó con ausencia de arbitrariedad, toda vez que sus antecedentes médicos fueron debidamente evaluados por un órgano colegiado.

Finalmente, recalca que tampoco ha existido afectación a los derechos constitucionales alegados como conculcados por el recurrente, en especial el de propiedad, pues nunca se incorporó a su patrimonio el derecho a pensión de invalidez, por las razones ya explicadas;

TERCERO: Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Para que prospere esta acción cautelar y de emergencia, es necesaria la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Así, para su acogimiento, se requiere que se esté frente a una clara transgresión de alguna de tales garantías y, además, debe invocarse un derecho preexistente y no discutido, ya que su función es dar protección respecto de algún derecho amenazado como se dijo, más no generar nuevos, ya que no es una instancia declarativa de derechos, siendo esta finalidad ajena a su señalada naturaleza protectiva, puesto que no constituye ni un juicio ni una investigación y se falla o resuelve con el mérito de los antecedentes que acompañen las partes recurrente y recurrida;

CUARTO: Que de lo expuesto en lo que precede es posible concluir que la adecuada resolución de la controversia se centra en determinar si el porcentaje de discapacidad permanente que afectaría o no al actor ha sido establecido a través de un procedimiento correctamente tramitado desde una perspectiva técnica.

En este entendido, como se puede apreciar, la pretensión del actor supera largamente la finalidad de la acción constitucional de protección, mecanismo que no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados en esta sede, presupuesto que conforme a lo dicho, en la especie no concurre, razón suficiente por la que el presente recurso debe ser por este sólo hecho desestimado;

QUINTO: Que enseguida, como ya se ha adelantado, para la procedencia del recurso de protección se requiere la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que o haga necesario adoptar medidas urgentes o inmediatas para poner pronto remedio a la vulneración del ejercicio de los derechos que se dicen amagados o perturbados y, en el presente caso, la cuestión a resolver es si en las resoluciones libradas por la recurrida al aplicar la normativa legal vigente que regula el ejercicio de derechos en esa materia, se incurrió en conductas que sean ilegales u objeto de reproche, las que no se aprecian del proceso administrativo tramitado ante ella. Por lo expuesto, tampoco ha podido existir vulneración de las garantías constitucionales que invoca el recurso;

SEXTO: Que, por las razones anteriores, no configurándose en la especie el supuesto básico que justifica brindar protección constitucional, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, el recurso en examen no está en condiciones de prosperar, lo que permite obviar el estudio de las garantías constitucionales que se dicen afectadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por don nombre reservado, en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión Médica Central.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-93.150-2022.