nombre reservado con nombre reservado

Foja: 94 Noventa y Cuatro C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

A fojas 91, 92 y 93: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a fojas 28 compareció don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado de la comuna de Providencia y dedujo acción constitucional de protección a su favor contra el General Inspector de Carabineros de Chile don nombre reservado y contra el Director de Educación y Doctrina de Carabineros de Chile, General nombre reservado, por las violaciones cometidas a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 2, 3, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala en primer lugar que fue nombrado profesor titular para la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile, dependiente de la Dirección de Educación, mediante resoluciones emitidas en 2011, 2013 y 2015. El día 09 de octubre pasado recibió una carta fechada 24 de septiembre de 2015, en la que le comunicaron que por disposición institucional se pondrá término anticipado a su nombramiento como profesor del Nivel de Perfeccionamiento 3, en conformidad con la letra b) del artículo 113º del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, sin embargo no se configuraban los supuestos para adoptar tal decisión, pues impartía clases regulares y ello no podía significar que sus funciones fueran innecesarias.

Entonces se comunicó con el Coronel nombre reservado quien le comunicó que había recibido una orden de la Dirección de Educación, pero que todo se debía al Oficio Nº 53 de 09 de febrero de 2015 de la Jefatura de Zona Metropolitana, firmado por el General Inspector nombre reservado, quien dio cuenta de una supuesta falta administrativa cometida por el recurrente.

El día 14 de octubre tuvo acceso a los documentos mencionados, en los que se hacia referencia a que en dos oportunidades no había saludado al Oficial Superior General nombre reservado, lo que no es efectivo, pues en una de esas oportunidades conversaron y respecto de la segunda, no recuerda el episodio. El General nombre reservado lo que hace es alterar una situación puntual falsa, tergiversando la realidad y acusándolo de una situación que es atingente sólo en el ámbito de las normas sociales personales y que nada tiene que ver con su desempeño o idoneidad profesional.

Añade que además tomó conocimiento de otra actuación de 24 de febrero de 2015 en la cual se ordenaba que se cursara la renuncia a algunos de los cursos que impartía por una modificación realizada al plan de estudios, sin embargo la carta no llegó a su conocimiento, porque fue remitida a un domicilio que no es el suyo. Por ello recibió una llamada en abril de 2015 para que se entrevistara con el Comandante Ríos Buchi, en la que le presentaron la solicitud de renuncia a horas de clases, por motivos de disminución horaria, por la restructuración que se estaba efectuando al plan de estudios de la Escuela de Suboficiales, la que no firmó porque no existe una norma que contemple esta figura.

Luego se entrevistó con el General nombre reservado, a quien le expuso lo sucedido y lo irregular del procedimiento, quien quedó en revisar los antecedentes diciéndole que las horas que se le quitaran, le serían devueltas el segundo semestre. Sin embargo al comenzar el segundo semestre no le reasignaron los cursos, sino que realizó solo 4 horas de derecho procesal penal, las que fueron interrumpidas previamente y sin expresión de causa, de modo que existe un despido completamente injustificado, y resulta un acto ilegal y arbitrario, porque no se ha realizado ninguna investigación o sumario administrativo que pudiera justificar su expulsión de la actividad docente, lo que ha afectado su prestigio como profesor, porque ha sido despedido sin dar explicación alguna a los alumnos, lo que les hace presumir que incurrió en algún delito o falta tan grave que amerite su expulsión.

El General nombre reservado ha incurrido en abuso de poder y el General nombre reservado ha actuado con falta de lealtad y transparencia, porque debió informar la situación que lo afectaba.

Previas citas legales concluye pidiendo a esta Iltma. Corte declarar la nulidad de todo lo obrado, por ser arbitrario e ilegal, al negársele el derecho a defensa y la no realización de un juicio administrativo, restituyendo su calidad de profesor con 24 horas de clases semanales, pagándole el sueldo correspondiente, en calidad de profesor.

SEGUNDO: Que, a fojas 73 se agregó el informe suscrito por el General don nombre reservado, Director de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros de Chile, quien en primer lugar estimó pertinente ordenar los hechos narrados en el recurso, explicando que efectivamente recibió en febrero un Oficio de la Jefatura de Zona Metropolitana por el cual se ponían en conocimiento determinadas situaciones que afectaron al profesor nombre reservado, los que fueron derivados a la Escuela de Suboficiales, se analizaron, se ponderaron en su justa medida y se dejaron sin efecto, manteniendo al docente en las condiciones existentes, porque se había dispuesto cursar la renuncia del docente.

En otro orden de cosas, en marzo se le notificó al docente que se reducirían las horas de clases que impartía, manteniendo vigente sólo 4 horas de la disciplina de derecho procesal penal, oportunidad en la que se negó a firmar, motivando con ello que se le remitiera una carta a su domicilio particular.

Como el docente se negó a renunciar a las horas, para evitar pagos irregulares por las horas que no impartía, se dispuso que integrara un talles de actualización de conocimientos para docentes, el que se prolongó hasta el mes de junio de 2015, ello porque los alumnos a quienes impartía clases realizarían prácticas en unidades operativas y no desarrollarían clases en aula, de modo que no era legalmente procedente mantenerlo con remuneración por 20 horas de clases, porque éstas no se realizarían y no era posible trasladarlo a la Escuela de Carabineros, porque a esa época del año contaba con dotación completa de docentes.

Al inicio del tercer trimestre se dispuso que el profesor impartiría 4 horas de clases de derecho procesal penal, debiendo, en consecuencia renunciar a las 20 horas restantes, misma determinación que se tomó con otros docentes que estaban en idéntica situación, a pesar de ello el recurrente se negó a renunciar, recibiendo remuneración íntegra correspondiente a 24 horas de clases por los meses de agosto y septiembre, cuando solo realizaba 4 horas y por ello se tomó la decisión de poner término a su nombramiento como docente por el total de las horas asignadas, acto administrativo que a la época se encuentra en trámite, motivo por el cual, el docente aún percibe la remuneración por las 24 horas de clases.

Estima que no se ha privado perturbado o amenazado derecho constitucional alguno del recurrente, máxime cuando aún no se ha materializado el cese de sus funciones, concluye señalando que Carabineros ha actuado en conformidad a la Ley y pide el rechazo del recurso.

Que, habiéndose acogido a retiro de la institución el General nombre reservado, informó quien lo sucede en el cargo, el General nombre reservado, compartiendo todos y cada uno de los argumentos de hecho y de derecho expuestos precedentemente, razón por la cual se tuvieron por evacuados los informes y se trajeron los autos en relación a fojas 89.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, es necesario destacar que el recurrente ha fundado su acción en dos actos distintos, el primero derivado del reproche que le habría efectuado el superior jerárquico tras incumplir una norma de trato social al no haber saludado en dos oportunidades a un oficial superior y el segundo, consistente en la decisión de desvincularlo del plantel educacional tras haber reducido su jornada laboral de 24 a 4 horas, sin razón alguna para ello, actos que han vulnerado las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 Nº 2, 3, 4, 16 y 24 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que de lo que se ha señalado hasta aquí se puede constatar, sin ninguna dificultad, que el presente recurso de protección es extemporáneo. En efecto, el acto que verdaderamente agravió al recurrente, según la relación previamente hecha, y respecto del cual debió interponerse la acción de cautela de derechos constitucionales es la solicitud mediante la cual debía renunciar a 20 horas de clases semanales por motivos de disminución horaria, circunstancia de la que tuvo conocimiento en el mes de marzo de 2015, cuando se le comunicó la decisión de la jefatura de restructurar los cursos en la Escuela de Suboficiales, razón por la cual solo seguiría impartiendo 4 horas semanales de la clase de derecho procesal penal, ante lo cual se negó, negativa que se le enviara al taller de actualización de conocimientos para docentes, pues al no haber renunciado a las 20 horas de clases semanales que ya no impartía, seguía de todos modos percibiendo una remuneración. Situación que se desprende de sus propios dichos, aún cuando menciona que la carta que le comunicaba esta situación fue enviada a un domicilio diverso al que correspondía, pues en abril de 2015 al reunirse con el Comandante Ríos Buchi tomó conocimiento de la decisión de la escuela.

SEXTO: Que, cabe adicionar a lo manifestado hasta el momento que, como reiteradamente lo ha hecho presente esta Corte Suprema, el plazo para recurrir de protección está precisamente determinado en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, y tiene carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención de la voluntad de las partes, como ha ocurrido en el actual caso, en que, en lugar de presentar don nombre reservado el recurso al enterarse del acto realmente agraviante, ocurrido en abril de 2014, esperó a que concluyera el curso de actualización de conocimientos, teniendo plena conciencia que solo impartiría 4 horas semanales de la cátedra de derecho procesal penal, decisión errónea pues permitió que el término para hacerlo – de 30 días fatales contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos – se extinguiera;

SÉPTIMO: Que también debe recordarse, en este punto, que la interposición del presente arbitrio cautelar no impedía al recurrente gestionar paralelamente una reconsideración administrativa, porque así lo dispone y permite en forma expresa el artículo 20 de la Carta Fundamental;

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, el recurrente ha acusado una serie de infracciones a las garantías constitucionales contenidas en los numerandos 2, 3, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

De los hechos descritos en el recurso y los antecedentes aportados, no se desprende que la recurrida haya vulnerado de manera alguna el derecho contenido en el numeral 4º de la Carta Fundamental, que el compareciente pretende configurar con las conclusiones hipotéticas que los alumnos podrían eventualmente elaborar dada su salida intempestiva del establecimiento, hechos que no han sido acreditados de manera alguna, pues la recurrida con la emisión de los actos administrativos que el recurrente impugna, no ha afectado la honra del recurrente, máxime cuando las situaciones denunciadas mediante el Oficio Nº 53 de 09 de febrero de 2015, agregado a fojas 5, no tuvieron efecto alguno.

Del mismo modo, tampoco se advierte una vulneración al derecho de trabajo contenido en el numerando 16º del artículo 19, que importa el reconocimiento a todas las personas del derecho de elegir libremente un trabajo remunerado, permitiendo a los ciudadanos desempeñarse en cualquier trabajo que no se oponga a la moral, la seguridad o salubridad públicas o que atenten contra el interés nacional, considerando que el recurrente está investido del título de abogado y no se le ha impedido ejercer libremente su profesión, ni desempeñarse como docente en otro establecimiento educacional público o privado.

NOVENO: Que, las restantes garantías se relacionan directamente con la decisión de la recurrida de limitar su jornada horaria, en primer lugar y cancelar las 4 horas de clases restantes tras haberse negado a renunciar a las 20 horas por las que recibía remuneración, sin impartir la clase respectiva.

Al respecto cabe precisar que se ha intentado – en el primer caso – revertir mediante la presente acción constitucional, la decisión del plantel de disminuir la carga académica que había sido otorgada al compareciente, situación del todo improcedente, pues debió reclamar administrativamente al tenor de lo dispuesto en la Ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los órganos de la administración del Estado, en la época que tomó conocimiento de la decisión, toda vez que el recurso de protección no ha sido creado para impugnar los actos administrativos. Y que en el segundo caso ha objetado la decisión del Director de Educación tras haberle solicitado la renuncia a las horas de clase que efectivamente no impartía, lo que causó como consecuencia que percibiera remuneraciones por clases que no realizó.

Desde otro punto de vista, considerando que se ha atacado un acto administrativo, es importante recordar que estos actos destacan por la presunción de legitimidad que de ellos emana. Los actos de la Administración se presumen legítimos, por lo que si adolecen de algún vicio o ilegalidad, mientras un tribunal no proceda a su anulación, no puede entenderse que no se encuentre vigente el imperio del derecho, debiendo en tal caso acreditarse que el acto adolece de un vicio en su génesis, tras haberse dictado por una autoridad incompetente, sin haber estado legalmente investida de las pertinentes facultades, fuera del ámbito de sus atribuciones, contraviniendo incluso el derecho sustantivo que sirva de base al mismo. De manera tal que el recurso de protección, excepcionalmente puede utilizarse como herramienta cuando sólo cuando la presunción de legalidad de los actos de la administración sea absolutamente inoperante, lo que no ha ocurrido en la especie.

DÉCIMO: Que, una de las condiciones de procedencia de la cautela del artículo 20 de la Constitución Política, es que la Corte se encuentra en situación de restablecer el imperio del derecho, siendo para ello indispensable la actualidad del interés jurídico sobre el que subyace la pretensión, presupuesto que no se advierte en la especie por cuanto – al tenor de lo informado por los recurridos – el docente no ha sido desvinculado de la Escuela de Suboficiales, estando aún en tramitación el acto administrativo que lo dispondrá, de manera tal que no pueden, mediante el presente arbitrio, adoptarse medidas concretas contra un acto aún inexistente, razón por la que ha de desestimarse lo solicitado.

En atención, además, a lo que preceptúa el Auto Acordado por la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza la acción constitucional impetrada en lo principal de fojas 28, por nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-93071-2015.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministro señora Dobra Lusic Nadal e integrada, además, por la ministro señora Jenny Book Reyes y el abogado integrante señor Ángel Cruchaga Gandarillas.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.