nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DEL LA REPUBLICA

Santiago, cinco de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña GABRIELA PAZ SOTO SCHURTER, abogada, interponiendo acción de protección en favor de nombre reservado, en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada legalmente por el Contralor General don Jorge Bermúdez Soto, por haber emitido la resolución exenta Nº 1.121, de 1 de junio de 2022, , mediante la cual se rechazó una quinta solicitud de reconsideración presentada por el actor en contra de la resolución exenta Nº 4.108, de 4 de noviembre de 2020, que, en lo que interesa, concluyó que la no renovación de contrata del señor nombre reservado se había ajustado a derecho, y en contra de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS, representada legalmente por su directora doña nombre reservado, por haber dictado la resolución exenta Nº 500, de 2019, mediante la cual, se determinó no renovar la contrata del recurrente para el año 2020.

Fundando su recurso expone que, el recurrente, ex funcionario de la Dirección de Presupuesto (en adelante DIPRES) ingresó a dicho Servicio el 5 de diciembre de 2014, fecha en la que fue contratado bajo la modalidad de honorarios, prestando servicios como consultor realizando asesorías en el Subdepartamento de Pasivos Contingentes. Posteriormente, mediante Resolución Nº 32 de fecha 18 de abril de 2016, es nombrado funcionario a contrata asimilado al grado 14° de la Escala Única de Sueldos, realizando funciones en la misma unidad, siendo prorrogada dicha condición durante los años 2017, 2018 y 2019, manteniéndose constantemente en la lista de calificaciones Nº1 de Distinción.

Indica que, el 29 de marzo de 2018, el recurrente recibe informe de precalificaciones correspondiente al periodo el 1° de marzo de 2017 a 28 de febrero de 2018, percatándose de una calificación de 84,58, considerablemente inferior a la calificación de 97,13 obtenida en informe de calificación del periodo inmediatamente anterior. Luego, recibe un segundo informe de precalificación, de fecha 30 de enero de 2018. Ante dicha situación o solicitó a su jefatura explicaciones respecto al mecanismo utilizado para la evaluación de su desempeño, sin embargo, no hubo respuesta satisfactoria al respecto. Razón por la cual solicitó con fecha 8 de febrero de 2019 presentó observaciones a este, solicitando su revisión por la Junta Calificadora, solicitud que no tuvo respuesta.

Señala que con fecha 29 de noviembre de 2019 se le notificó la resolución exenta Nº 500 de 2019, de la DIPRES en virtud de la cual se le informa la no renovación de la contrata para el año 2020.

Sostiene que la resolución indica “Que el desempeño funcionario del Sr. nombre reservado en las últimas anualidades ha sido insatisfactorio, obteniendo puntajes que lo sitúan en la peor ubicación de los profesionales de su área de trabajo”, cuestión que controvierte, aseverando que el recurrente se mantuvo en Lista 1 de distinción durante todo el tiempo que se desempeñó como funcionario de la DIPRES.

Hace presente que, en la fecha que se le notificó al actor la resolución precedente no la había sido notificado de forma alguna de la finalización del proceso de calificación, lo cual contradice de forma manifiesta el artículo 19 del Decreto Nº 1216 de 2001 el cual señala “El resultado del proceso calificatorio debe ser notificado personalmente al funcionario”, como así también el artículo 48 del Estatuto Administrativo al no haberse dado respuesta alguna a sus observaciones a los informes de precalificación.

Argumenta que el recurrente gozaba de “Confianza legítima” toda vez que se desempeñó como funcionario de la DIPRES en calidad de funcionario a contrata desde el año 2016, por lo que a la fecha de la Resolución Exenta Nº 500, de 2019, contaba con al menos 3 años en dicha calidad, por ello estima que la resolución en comento es contraria a derecho, pues no se reunieron los supuestos que tanto doctrina como jurisprudencia consideran necesarios para la desvinculación de funcionarios que cuentan con confianza legítima. Es más, el acto aludido no fundamenta suficientemente los motivos que determinan la no renovación de su contrata carece de fundamentos que así lo avalen.

Arguye que, si bien basa su decisión en la disminución de sus calificaciones, ello no es motivo suficiente para la toma de dicha decisión, pues el proceso de calificación no se encontraba debidamente concluido, y por consiguiente, manifiestamente carece de fundamento, no ajustándose a derecho.

Refiriéndose al acto que reprocha a la recurrida Contraloría General de la República, en lo pertinente, señala que corresponde a la Resolución Exenta Nº 1.121, de 1 de junio de 2022, notificada al actor el 2 de junio 2022, y mediante la cual se rechazó “la solicitud de reconsideraciones” (sic.) señalando “atendido que de haberse verificado un vicio que hubiese incidido en la ilicitud del acto administrativo mediante el cual se decidió no renovar su contrata para el año 2020, actualmente la DIPRES no podría invalidarlo, por encontrarse vencido el plazo para ello.”.

Afirma que el actor ejerció, de manera diligente, todas las acciones en tiempo y forma, esto es, a partir de 13 de diciembre de 2019, sin embargo, el proceso tuvo dilaciones que no le son imputables y, que tuvieron como consecuencia la resolución tardía e inoportuna del asunto sometido a su conocimiento, infringiéndose por el órgano contralor el mandato de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las disposiciones del Estatuto Administrativo, toda vez que, advirtiendo que se incurrió en una ilegalidad, se abstuvo de pronunciarse de manera tal de ordenar la observancia irrestricta al principio de legalidad y de, a lo menos, declarar la resolución que decidió no renovar su contrata como manifiestamente arbitrario, toda vez que esa decisión se realizó sin fundamentos.

Acusa que la Contraloría osciló en su criterio y fundamentación, ignorando antecedentes y hechos que acontecieron, tales como la no notificación de las calificaciones, que culminaron en la completa indefensión del recurrente ante el actuar ilegal del Servicio.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, estima que con los actos expuestos, se ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley que reconoce y ampara la Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 2, en tanto se otorga un trato diferente al recurrente en relación con otros funcionarios en calidad de contrata, que permanecen en sus cargos hasta el término legal o hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por razones que han de expresarse e igualmente, se afecta el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República al privarlo de su derecho a las remuneraciones que le correspondían hasta el término de su contrato y también en cuanto el funcionario ha adquirido el derecho incorporal del dominio de sus funciones laborales.

Finalmente, pide: “tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada legamente por el Contralor General don Jorge Bermúdez Soto, por haber dictado la Resolución Exenta Nº 1.121, de 2021, y en contra de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS, órgano del estado regido por el DFL 106/203 Hacienda, representado, conforme al artículo 4 del Código del Trabajo y 4 del DFL referido, por su directora doña nombre reservado, someter la presente acción a debida tramitación y, en definitiva, acogerla declarándose ilegal y/o arbitrara y, a su vez, dejándola sin efecto y declarando que el acto administrativo correspondiente a la Resolución Exenta Nº 500, de 2019, no se ajustó a derecho.”.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida la Contraloría General de la República, exponiendo los antecedentes del recurso, señala que el recurso de autos ha sido deducido en contra de la resolución exenta Nº 1.121, de 1 de junio de 2022, emitida por esta Entidad Fiscalizadora, mediante la cual se rechazó una quinta solicitud de reconsideración presentada por el actor en contra de la resolución exenta Nº 4.108, de 4 de noviembre de 2020, de ese Organismo de Control, que concluyó que la no renovación de contrata del señor nombre reservado se había ajustado a derecho.

Sobre el particular, precisa que a través de la resolución exenta Nº 500, de 2019, de la Dirección de Presupuestos -en adelante, DIPRES-, se determinó no renovar la contrata del recurrente para el año 2020, debido a que su desempeño en las últimas anualidades había sido insatisfactorio, obteniendo un puntaje que lo situaba en la peor ubicación de los profesionales de su área de trabajo, alcanzando, en promedio, en los dos últimos años evaluados, un puntaje de 90,85 puntos. Además, en la citada resolución exenta Nº 500, de 2019, se reforzó la determinación adoptada en el hecho de que dicho funcionario, en ese periodo había exhibido puntajes decrecientes en su evaluación de desempeño, desde 97,13 a 84,58 puntos, con especial deterioro en su desempeño en lo relativo al cumplimiento y calidad de la labor realizada. El citado acto administrativo le fue notificado al actor el día 29 de noviembre de 2019, presentando un primer reclamo ante esa Contraloría General en contra de su desvinculación, con fecha 13 de diciembre de 2019, ingresado como referencia Nº 216.344, de 2019, el cual fue acogido por el oficio N° E32.890, de 3 de septiembre de 2020, de este origen, en el cual se señaló, que atendido a que los procesos calificatorios 2017-2018 y 2018-2019 no se encontraban afinados, no podían ser utilizados como fundamento para no renovar la contrata de que se trata, concluyéndose que la decisión contenida en la citada resolución exenta Nº 500, de 2019, no se ajustaba a derecho, por lo que dicho acto debía ser invalidado, reincorporando al señor nombre reservado a sus funciones y pagándole las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual se vio separado de sus funciones.

Posteriormente, la DIPRES presentó una solicitud de reconsideración del mencionado oficio N° E32.890, de 2020 -junto con otros pronunciamientos, ingresada como referencia Nº 819.626, de 2020-, la cual fue acogida por la resolución exenta Nº 4.108, de 4 de noviembre de 2020 que, en lo que importa, precisó que es posible fundamentar la decisión de no renovar una contrata en una evaluación periódica o particular, de modo que no existía inconveniente en que la determinación de la especie se hubiese motivado en la precalificación, como había ocurrido en el dictamen Nº 92.978, de 2016, para una situación similar, acogiéndose la solicitud de reconsideración de la DIPRES, concluyéndose que el cese del señor nombre reservado se encontraba ajustado a derecho.

A continuación, agrega que el señor nombre reservado, con fecha 20 de noviembre de 2020, presentó una primera solicitud de reconsideración en contra de la referida resolución exenta N° 4.108, de 2020 -ingresada como referencia Nº W35.640, de 2020-, la cual fue rechazada por medio de la resolución exenta Nº 693, de 8 de febrero de 2021, de ese Organismo de Control, por los motivos que se detallan en dicho documento, confirmando el criterio de la mencionada resolución exenta Nº 4.108, de 2020.

Añade que, luego, el actor solicita una nueva reconsideración, esta vez respecto de la citada resolución exenta Nº 693, de 2021, presentación que fue ingresada como referencia Nº W4.155, de 2021, y que fue desestimada a través de la resolución exenta Nº 2.339, de 5 de julio del mismo año, confirmando la resolución exenta No 693, de 2021.

Seguidamente, el señor nombre reservado solicita la reconsideración del pronunciamiento de esa Contraloría General, a través de una presentación ingresada como referencia Nº W19.571, de 2021, la cual también fue rechazada por la resolución exenta Nº 3.458, de 29 de octubre de esa anualidad, confirmando las resoluciones exentas Nos 4.108, de 2020 y 693 y 2.339, de 2021.

Pues bien, el actor presenta una cuarta solicitud de reconsideración, ingresada como referencia Nº W28.972, de 2021, que fue rechazada mediante la resolución exenta Nº 3.815, de 2021.

Finalmente, el interesado formula una quinta solicitud de reconsideración en contra de la mencionada resolución exenta Nº 3.815, de 2021, ingresada como referencia Nº W32.692, de ese año, la que también fue desestimada por esa Entidad Fiscalizadora en su resolución exenta Nº 1.121, de 1 de junio de 2022, confirmando las resoluciones exentas Nos 4.108, de 2020 y 693, 2.339, 3.458 y 3.815, de 2021.

Expone que en la citada resolución exenta Nº 1.121, de 2022, además de analizar y desestimar las alegaciones formuladas por el señor nombre reservado, se hizo presente que, aún en el evento de haberse verificado un vicio que hubiese incidido en la licitud de la resolución exenta N° 500, de 2019, de la DIPRES, a través de la cual se decidió no renovar su contrata, la cual le fue notificada el día 29 de noviembre de 2019, esa institución no podría invalidarla, pues -además de haberse desestimado sus requerimientos mediante las resoluciones Nos 4.108, de 2020 y 693, 2.339, 3.458 y 3815, todas de 2021- el plazo que tenía para ello, ya se encontraba vencido al momento de ingresar el señor interesado su presentación a esta Contraloría General, de fecha 14 de diciembre de 2021.

Alega la extemporaneidad del recurso de protección, toda vez que si bien la presente acción cautelar ha sido interpuesta formalmente en contra de la resolución exenta Nº 1.121, de 2022, de ese origen, notificada al afectado con fecha 2 de junio de ese año, de los antecedentes tenidos a la vista se advierte que el acto que pudo haber causado un supuesto agravio al recurrente, fue la citada resolución exenta N° 4.108, de 4 de noviembre de 2020, de esta Contraloría General, por la cual se acogió la solicitud de reconsideración de la DIPRES, concluyéndose que el cese del señor nombre reservado se encontraba ajustado a derecho.

En este contexto, precisa que la resolución exenta Nº 1.121, de 2022, que en esta oportunidad se impugna, se limitó a desestimar la quinta solicitud de reconsideración deducida por el afectado en contra del criterio contenido en la mencionada resolución exenta Nº 4.108, de 2020, por medio de la cual, y por los motivos que allí se consignaron, se estimó ajustada a derecho la decisión de no prorrogar su contrata para el año 2020.

De esta manera, considerando que el presente recurso fue interpuesto con fecha 2 de julio de 2022, y que la citada resolución exenta, fue notificada al recurrente, a lo menos con fecha 20 de noviembre de 2020 -fecha en que presentó su primera solicitud de reconsideración-, no puede sino concluirse que el presente recurso resulta absolutamente extemporáneo.

Luego, afirma la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, pues no advierte de qué manera la impugnada resolución exenta N° 1.121, de 2022, o las emitidas con anterioridad a aquella -Nos 4.108, de 2020 y 693, 2.339, 3.458 y 3815, de 2021- han podido ser ilegales, toda vez que fueron emitidas al amparo de las competencias asignadas en virtud de los artículos 98 de la Constitución Política; 1°, 6° y 10 de la ley N° 10.336 -debidamente delegadas por el Contralor General al Jefe del Departamento de Previsión Social y Personal de estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que regula la materia.

Por tanto, al dictarse las mencionadas resoluciones se han ejercido las facultades privativas que a esta Entidad de Fiscalización le otorgan la Constitución Política, su ley orgánica y demás normas pertinentes, por lo que se trata de una actuación llevada a cabo legítimamente, en el marco constitucional y legal que determinan sus atribuciones.

Reitera que, si bien formalmente se recurre en contra de la resolución exenta Nº 1.121, de 2022, de esta Contraloría General, fue la resolución exenta N° 4.108, de 2020, de este origen, la cual concluyó que el cese del señor nombre reservado se encontraba ajustado a derecho.

Estima necesario agregar que dicha resolución exenta N° 4.108, de 2020, no constituye una acción u omisión arbitraria, pues no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye un pronunciamiento debidamente motivado, resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, a requerimiento de un órgano de la Administración del Estado para reconsiderar un pronunciamiento previo, que había acogido un reclamo de ilegalidad del artículo 160 de la ley N° 18.834 presentado por el actor, y de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima de ese Organismo Contralor, llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de esa Entidad Fiscalizadora.

Así, el hecho de que el señor nombre reservado no comparta la decisión de esta Contraloría General -que fue confirmada por las resoluciones exentas Nos 693, 2.339, 3.458 y 3.815, de 2021 y 1.121, de 2022- no transforma a la resolución exenta N° 4.108, de 2020 -o a la resolución exenta Nº 1.121, de 2022-, en un acto administrativo arbitrario.

Afirma que el pronunciamiento recaído en la solicitud de reconsideración efectuada por la DIPRES no constituye un cambio de criterio jurisprudencial de esa Entidad de Control. Al respecto aclara que la solicitud de reconsideración del oficio Nº E32.890, de 3 de septiembre de 2020, efectuada por la DIPRES, fue presentada con fecha 16 de septiembre de 2020, y en dicha presentación no se solicita a esa Contraloría General que altere su criterio jurisprudencial sino que pide que se revisen nuevamente los antecedentes, pues, a juicio de ese servicio, se ha dado cumplimiento tanto a la normativa como a la jurisprudencia administrativa vigente sobre la materia, en específico, a lo dispuesto en el dictamen N° 6.400, de 2018, de ese origen. Ahora, en lo que se refiere a la resolución exenta N° 1.121, de 2022, que el actor formalmente impugna, reitera que se trata del rechazo de la quinta solicitud de reconsideración presentada en contra del criterio contenido en la citada resolución exenta N° 4.108, de 2020, de esa procedencia, y que en esa oportunidad el afectado, en síntesis, reiteró su argumentación de que el proceso calificatorio 2017-2018 no se encontraba afinado al momento de ser notificado de su desvinculación, asunto que ya había sido abordado en las resoluciones exentas Nos 3.458 y 3.815, de 2021, de ese Organismo de Control.

Por consiguiente, en la mencionada resolución exenta N° 1.121, de 2022, esa Contraloría General, además de explicar nuevamente que de acuerdo con la jurisprudencia administrativa era posible fundar la renovación de la contrata en las precalificaciones -y, por tanto, no esperar a que el proceso calificatorio estuviere afinado-, estimó necesario agregar, aun cuando se había concluido que la desvinculación de que se trata se ajustó a derecho, que en el evento de que se hubiese verificado algún vicio en la resolución exenta N° 500, de 2019 -lo que no sucedió-, a la época en que el afectado presentó esa quinta solicitud de reconsideración ya se encontraba cumplido el plazo de caducidad de dos años que el artículo 53 de la ley N° 19.880, contempla para invalidar un acto administrativo, atendido que esa presentación se realizó con fecha 14 de diciembre de 2021 y el actor fue notificado de la aludida resolución exenta N° 500, de 2019, el día 29 de noviembre de 2019.

Anota sobre la supuesta vulneración del principio de confianza legítima que la aplicación del mismo, no importa la inamovilidad del funcionario a contrata amparado con ella, pues ello significaría desvirtuar la naturaleza jurídica de tal empleo, respecto del cual le asiste a la autoridad administrativa la facultad de disponer la desvinculación, fundando debidamente su decisión. En efecto, conforme con lo dispuesto en los artículos 3°, letra c), y 10 de la ley N° 18.834, los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución y durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Agrega que, el principio de la confianza legítima se aplica a esos desempeños armonizando lo establecido en la normativa antes citada con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley N° 19.880, que dispone, en lo que interesa, que “Los hechos y fundamentos de derecho deberá siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”.

Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

Arguye que, si bien el actor podría invocar el principio de confianza legítima, ello de ningún modo puede interpretarse como un derecho a no ser desvinculado bajo ninguna circunstancia, siendo ello posible, como aconteció en la especie, si se emite un acto administrativo fundado para decidir no renovar su contrata para el año siguiente, en el que se detallen los antecedentes de hecho o de derecho que le sirven de sustento y conforme con los cuales se ha adoptado esa determinación, de modo que de su sola lectura se pueda conocer cuál fue el raciocinio para ello, sin que la mera referencia formal de los motivos en base a los cuales se adoptó la determinación de que se trate, ni las alusiones a las expresiones como “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas, sean suficientes para satisfacer tal condición.

En cumplimiento de la exigencia antes anotada, se advierte que la resolución exenta Nº 500, de 2019, de la Dirección de Presupuestos, a través de la cual se dispuso no prorrogar la contrata del actor para el año 2020, expresó su motivación señalando “Que el desempeño funcionario del Sr. nombre reservado en las últimas anualidades ha sido insatisfactorio, obteniendo puntaje que lo sitúan en la peor ubicación de los profesionales de su área de trabajo, alcanzando un promedio en los últimos 2 años evaluados un puntaje 90,85 puntos. Lo anterior, se refuerza en el hecho de que dicho funcionario en dicho periodo ha exhibido puntajes decrecientes en su evaluación de desempeño desde 97,13 a 84,58 puntos; con especial deterioro en su desempeño en lo relativo al cumplimiento y calidad de la labor realizada”.

Señala, en relación con la motivación del acto que dispone el término anticipado de una contrata, que el dictamen N° 6.400, de 2018, de ese origen, menciona diversas circunstancias susceptibles de servir de fundamento para ello, entre las cuales se encuentra “una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación”, como ocurrió en la especie, por cuanto el respectivo acto administrativo expresó los fundamentos de la determinación de no prorrogar la contrata, los que, como se manifestó, se relacionan con el desempeño insatisfactorio que el actor había presentado en los últimos años.

Finalmente, niega que se hayan vulnerado los derechos constitucionales que del actor.

TERCERO: Que, informando la DIPRES, señala que mediante decreto exento N°727, de 2014, esa Entidad dispuso la contratación de don nombre reservado, desde el 1 al 31 de diciembre de 2014, en calidad de personal a honorarios de la Dirección de Presupuestos, renovando el convenio a honorarios de la parte recurrente, en virtud de los decretos N°s 80, de 2015 y 289, de 2016; todos de la Dirección de Presupuestos.

Indica que, luego, mediante decreto exento N°222, de 2016, la Dirección de Presupuestos dispuso el término del convenio a honorarios celebrado con el recurrente y, a continuación, procedió a dictar la resolución exenta N°32, de 2016, disponiendo la contratación del señor nombre reservado asimilado a la planta de profesionales de esta entidad de la Administración del Estado y “mientras sean necesarios sus servicios".

Consigna que la Resolución Exenta N° 500 contra la que se recurre, fue notificada personalmente al recurrente el día 29 de noviembre del año 2020, a quién se le hizo entrega de copia de dicho acto administrativo y de carta que da cuenta de término anticipado de su contratación, la que no fue firmada por el recurrente.

Arguye que, dicho acto administrativo se fundamentó, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, en la ley N°19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, y en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, contenida en el dictamen N°6.400, de 2018, entre otros, en las siguientes consideraciones:

1.- Que, el desempeño funcionario del Sr. nombre reservado en las últimas anualidades ha sido insatisfactorio, obteniendo puntaje que lo sitúan en la peor ubicación de los profesionales de su área de trabajo, alcanzando un promedio en los últimos 2 años evaluados un puntaje 90.85 puntos. Lo anterior, se refuerza en el hecho de que dicho funcionario ha exhibido puntajes decrecientes en su evaluación de desempeño desde 97.13 a 84.58 puntos; con especial deterioro en su desempeño en lo relativo al cumplimiento y calidad de la labor realizada.

2.- Que, adicionalmente a lo señalado, dicho profesional fue objeto de la aplicación de medida disciplinaria en sumario administrativo ejecutoriado el año 2018, por uso de fotocopiadora para fines particulares, lo cual fue debidamente reflejado en su evaluación de desempeño.

3.- Que, atendido lo expuesto, y que el Sr. nombre reservado, observa un insatisfactorio desempeño funcionario, según se tipifica en alguna de las causales de no renovación de la contrata establecidas en el título V, numeral 2, Motivación, del dictamen N°6.400, del 2018, de la Contraloría General de la República, en el uso de las facultades que el ordenamiento jurídico establece (…),”.

Indica que la desvinculación del recurrente se funda estrictamente en lo resuelto por el órgano contralor en su dictamen N°6.400, de 2018, a la sazón vigente a la época de ocurrencia de los hechos, que expresamente dispone “De este modo, y en concordancia con los dictámenes N°s 12.248 y 18.901, ambos de 2017 y de este Órgano de Control, podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión -como por ejemplo estudios o informes-, entre otros: - Una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación (...)”.

Precisa que, en la decisión de no renovar la prestación de servicios del recurrente, según se informara oportunamente a la Contraloría General de la República, se ponderó que los servicios prestados por el señor nombre reservado, ha sido insatisfactorio.

Así las cosas y bajo estricta observancia de los principios de eficacia y eficiencia administrativa, se dictó la Resolución Exenta N°500, de 2019, la cual fue notificada el mismo día de su expedición al recurrente, en presencia de los jefes de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas, y de Administración y Finanzas.

Manifiesta que la resolución exenta N° 500, de 2019, de la Dirección de Presupuestos, confirma las atribuciones legales de la autoridad superior y la naturaleza transitoria de los empleos a contrata, toda vez que sólo ha venido a ejercer las atribuciones que, tanto el Estatuto Administrativo como la ley de bases generales de la Administración del Estado, le confieren a su Autoridad Superior y en aplicar la jurisprudencia administrativa, que la Contraloría General de la República ha dictado en la materia, particularmente, en lo que se refiere a la desvinculación del personal a cuyo respecto resulta aplicable el denominado principio de “Confianza Legítima”.

Sostiene que, en esta materia, la acción cautelar del señor nombre reservado pretende desconocer, tanto las disposiciones contenidas en el Estatuto Administrativo, en lo referente a la naturaleza transitoria de los empleos a contrata y, asimismo, las atribuciones propias de los jefes de Servicio previstas en la ley N°18.575. Ello, por cuanto se pretende impugnar una actuación de la Dirección de Presupuestos que no ha hecho más que asentir sobre un criterio aplicado previamente por un acto decisorio de la autoridad administrativa competente y que, por lo demás, la Contraloría General de la Republica interpretando la normativa legal pertinente, ha considerado ajustado a derecho, mediante sus Resoluciones N°s 693 y 4.108, ambos de 2020; 2.339, 3.458 y 3.815, todas de 2021, y 1.121, de 2022.

Por otra parte, asevera que el recurso de protección de la especie no está fundado en un derecho indubitado, toda vez que la vinculación bajo la modalidad de contrata es incompatible en su misma definición con el establecimiento de una situación de propiedad en el cargo y, por lo tanto, de las remuneraciones asociadas a esa calidad de empleo.

Afirma que la acción debe ser rechazada por no concurrir ninguno de sus requisitos de procedencia.

En ese orden de ideas, afirma que la Resolución Exenta N• 500, de 2019, de la Dirección de Presupuestos, se ajusta de manera irrefutable a derecho, ya que ha sido dictada dando estricto cumplimiento a lo establecido en el dictamen N°6.400, de 2018, de la Contraloría General de la República, que actualiza instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N°85.700, de 2016, sobre confianza legítima en las contratas.

Asimismo, no se trata, en ningún caso. de un acto que ha sido dictado por la autoridad, invocando como motivos elementos de mera discrecionalidad, sino como se ha indicado, en el ejercicio de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le otorga a la autoridad superior y con estricta observancia a la reciente jurisprudencia emitida por la Contraloría General de la República en materias de empleo público, pues la desvinculación tiene como fundamento o motivación, entre otras, las consideraciones precedentemente señaladas. En consecuencia, no existe arbitrariedad en la resolución recurrida.

Sostiene que tampoco se verifica en la especie una vulneración de los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad como estima el recurrente.

Finalmente, concluye por lo expuesto y teniendo además en cuenta las atribuciones que legalmente corresponden a la Dirección de Presupuestos, procede que se desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido en estos autos en contra de esa entidad de la Administración del Estado.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

QUINTO: Que, en primer lugar, en cuanto a la extemporaneidad del recurso, como es sabido, el recurso se debe interponer dentro 30 días corridos contados desde que ocurre el acto o amenaza que motiva el recurso o desde que se tuvo conocimiento de dicho acto o amenaza. En este caso, pese a que las recurridas señalan que el acto en cuya virtud se determinó el cese de las funciones del recurrente, es la resolución exenta Nº 500 de 2019, de la DIPRES en virtud de la cual se le informa la no renovación de la contrata para el año 2020, notificada al recurrente con fecha 29 de noviembre de 2019, aparece de manifiesto que el recurrente intentó desvirtuar la citada resolución a través de cinco recursos de reposición, el último de los cuales es el acto impugnado mediante la acción cautelar, esto es, la resolución exenta resolución exenta Nº 1.121, de 1 de junio de 2022; observándose que el presente recurso se presentó dentro del plazo establecido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, razón por la cual se desestimarán las alegaciones de extemporaneidad.

SEXTO: Que, en la especie y como tema de esencial relevancia en la interposición del presente recurso, como lo es en cualquier acción de protección, es establecer si se encuentra conculcada algunas de las garantías constitucionales que se protegen con esta acción cautelar.

SÉPTIMO: Que, revisados los antecedentes, en lo pertinente, es claro que la recurrente yerra en la ilegalidad y arbitrariedad que pretende, por cuanto la medida de término anticipado de su contrata que le fuera aplicada se encuentra plenamente ajustada a derecho; justamente por haber decaído la calificación funcionaria de la recurrente, además de la instrucción del sumario administrativo referido por la recurrida Dirección de Presupuesto en su Informe.

De la misma manera, en lo que se refiere a las facultades legales de las autoridades en materia de no renovación, renovación en condiciones diversas (esto es en grado, estamento o carga horaria inferior, o plazo menor a un año) y término anticipado de contrata, existe abundante y reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República que ha refrendado tales facultades, limitándolas a la circunstancia de que dichos actos deben estar debidamente fundados. Por su parte, en aquellos casos en que a las contrataciones se ha agregado la fórmula “mientras sean necesario sus servicios”, la Contraloría ha establecido que la Autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, siempre que lo materialice mediante un acto administrativo fundado, como lo es la Resolución que la recurrente impugna.

Respecto de la aplicación de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” debe señalarse que ella puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que a aquél le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario.

No obstante, en este caso deberán expresarse las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo, cuestión que ha operado en marras por cuanto la Resolución Exenta Nº 500, de 2019, mediante la cual, se determinó no renovar la contrata del recurrente para el año 2020 que efectivamente entrega los fundamentos necesarios para tal decisión.

OCTAVO: Que, si bien la recurrente en principio le asisten algunos de los presupuestos del principio de la confianza legítima, la no renovación de su contrata se basó en sus calificaciones decrecientes y los resultados del sumario administrativo instruido en contra; ambos gravitantes para determinar que el cese de la contrata decretada se ajusta a derecho y no es arbitrario ni ilegal.

Por ello, no corresponde suponer que la mera aplicación del principio de confianza legítima impide a la autoridad ejercer su facultad legalmente consagrada de poder finalizar por adelantado la contrata de la parte recurrente, provocando una perpetuidad en el cargo que la ley no ha pretendido, toda vez que, en marras, el término anticipado sí se realizó mediante un acto administrativo fundado y debidamente notificado, cumpliéndose los requisitos que, para estos casos, ha establecido la Contraloría General de la República.

NOVENO: Que, en las condiciones apuntadas, se advierte que la decisión de poner término anticipado a la contrata de la recurrente se encuentra ajustada a derecho, por lo que en ningún caso infringe las garantías constitucionales que pretende la actora.

DÉCIMO: Que, así las cosas, no se vislumbra ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la dictación de la resolución exenta Nº 500, de 2019, mediante la cual, se determinó no renovar la contrata del recurrente para el año 2020.

UNDÉCIMO: Que, recapitulando, el recurso impugna la resolución exenta N°1.121, de fecha 1 de junio de 2022, de la Contraloría General de la República, mediante la cual se rechazó la solicitud de reconsideración deducida por el señor nombre reservado en contra del pronunciamiento de esa entidad fiscalizadora que concluyó que la resolución Exenta N°500, de 2019, de la Dirección de Presupuestos, que también se recurre en este acto y que dispuso que el cese de funciones del actor, se ajusta a derecho y no conculca las garantías constitucionales protegidas por esta acción cautelar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República y de la Dirección de Presupuestos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Bárbara Vidaurre Miller.

Rol Corte N° 92959-2022.