nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 4 de diciembre de 2015
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 92949-2015, sentencia de 4 de diciembre de 2015
Resumen
Se acoge la protección y se ordena eliminar y no repetir publicaciones difamatorias que afectan la honra del recurrente, por constituir autotutela al margen de la ley.
Texto íntegro
Santiago, cuatro de diciembre de dos mil quince.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que a fojas 29 comparece el abogado don Ivan Pini Giussiano actuando en representación del ciudadano estadounidense don nombre reservado y en favor de la empresa Avispa Technology LLC, que éste representa, sociedad norteamericana domiciliada para estos efectos en domicilio reservado de esta ciudad, en contra de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.
Expone que el señor nombre reservado y el recurrido mantuvieron relaciones comerciales la que expiró el 14 de Julio d 2014, suscribiéndose un finiquito denominado Acuerdo de Confidencialidad y Descargo General, no obstante lo cual el recurrido ha seguido comunicándose con los clientes de la compañía difamando a su representado lesionando su reputación y derechos económicos, mediante un correo electrónico cuya traducción transcribe; señala que dicho correo contiene un link que redirecciona al receptor a una página de internet en que repite sus declaraciones calumniosas solicitando aportes para accionar judicialmente al respecto; enseguida transcribe dicha página precisando que contiene acusaciones de estafa y de operaciones ilegales con trabajadores emigrantes.
Alega el recurrente que el acto que motiva el recurso es esta difamación que afecta la honra y reputación del señor nombre reservado pues se ha montado una campaña de financiamiento en pos de su desprestigio dirigida, específicamente, a sus clientes, dañando su patrimonio.
Sostiene que esta actuación ilegal, sin perjuicio de tratarse de delitos de injurias graves y calumnias conforme a la normativa del Código Penal, que no tiene asidero en nuestro sistema jurídico, que se trata de una autotutela no obstante existir procedimientos para encausar un eventual incumplimiento contractual. Agrega que, además de afectarse un derecho constitucionalmente protegido, se infringe el principio general de deber de cuidado establecido en el artículo 2314 del Código Civil.
Asimismo, alega la arbitrariedad del recurrido al actuar por un mero capricho si se considera que la relación comercial se encontraba finiquitada de común acuerdo, por lo que estima irracional e injustificado el acto que impugna y que en el finiquito el recurrido se obligó a no denostar al recurrente.
Enseguida cita jurisprudencia y se refiere a las garantías constitucionales que el recurrido ha vulnerado, a saber, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y familia, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, derechos y garantías protegidos en el artículo 19 números 4, 21 y 24,respectivamente, de la Constitución Política de la República.
Termina solicitando se ordene al recurrido eliminar el mensaje abusivo reproducido en el sitio de internet “life.indiegogo.com” dentro de tercero día, abstenerse de incurrir en nuevos actos difamatorios ante clientes de la empresa o ante cualquier tercero mediante correos electrónicos, publicaciones en redes sociales o por cualquier otro soporte público, aludiendo a su representado o a su empresa y filiales y, abstenerse de utilizar signos, logos o alusiones a dicha empresa sin la debida autorización, con costas.
SEGUNDO: Que a fojas 46 rola informe del recurrido al tenor del recurso interpuesto en su contra.
Se refiere en primer término a su relación comercial con el señor nombre reservado que los llevó a construir juntos la empresa Avispa Technology, siendo el primero el socio capitalista y no incluyéndose al recurrido en la constitución de la sociedad; señala que durante años exigió que la empresa operara en forma legal y que se le desconocieron sus derechos al igual que a sus compañeros trabajadores; que iniciaron actividades en el país con trabajadores ilegales sin cumplir la legislación laboral, y refiere una serie de circunstancias constitutivas de abuso por parte del recurrente; que el año 2014 pretendió formalizar su situación mediante la constitución de una sociedad por acciones quedando el recurrido con la representación legal; señala que nombre reservado “ se negó a contratarnos según exige la ley” y que en su condición de representante “me sentí en riesgo ante la ley” decidiendo cerrar la oficina hasta operar legalmente; agrega que el recurrente preparó el documento denominado “Non-Disclosure Agreement” ofreciéndole una suma menor a la que le adeudaba, bajo ciertas condiciones y renunciando a más de US$ 30.000 de comisiones atrasadas y su participación, acuerdo que firmó bajo coacción. Reconoce su campaña realizada a través de correo electrónico y con su propia agenda de direcciones a fin de recaudar fondos para pagar gastos legales con el objeto de que el recurrente lo compense por lo que ganó al trabajar y generar negocios en Avispa Technology, y que es posible que algunas de esas direcciones correspondan a clientes de la empresa. Asevera tener cartas de oferta de trabajo a personas empleadas ilegalmente en el país firmadas por el recurrente, comprobantes de transferencias de fondos por 5 años de éste a su nombre, y un correo con amenazas de muerte que denunció a la PDI; añade que nombre reservado lo amenazó y le robó, y no saber si es un estafador pero que al él lo estafó, por lo que ha decidido recaudar fondos para hacer una demanda civil.
TERCERO: Que con posterioridad a este informe el recurrente allegó a los autos una traducción realizada por una perito judicial de un correo electrónico que le envió el recurrido con fecha posterior a la interposición del recurso en el cual, entre otros acápites, le anuncia que ha puesto en marcha su campaña y que en los próximos días va a contratar servicios para virilizarla difundiéndola “entre cientos de miles de personas por los medios sociales del área geográfico objetivo” para desenmascarar la contratación ilegal de inmigrantes indocumentados; le señala que es un regalo la presentación de la demanda en Chile, que las consecuencias de las resoluciones de las demandas civiles en el país “son risiblemente insignificantes”, y le sugiere que el abogado “te está exprimiendo”.
CUARTO: Que según lo han sostenido en forma reiterada nuestros tribunales superiores de justicia, el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que protege nuestra Carta Fundamental en el caso de producirse un acto ilegal o arbitrario que los vulnere, situación en la cual esta Corte debe adoptar las medidas adecuadas para restablecer el imperio del derecho.
En el presente caso se alega como actuación ilegal y arbitraria del recurrido el envío a diversas personas de un correo electrónico que contiene afirmaciones que lo difaman, acusándolo de estafa, de haber contratado como trabajadores a inmigrantes indocumentados e incumplir la legislación laboral del país, todo ello referido a la empresa Avispa Technology que ambos habrían construido y que se encuentra finiquitada.
QUINTO: Que la efectividad de los hechos que motivan el presente recurso están fuera de discusión pues el recurrido los reconoce expresamente al informar al respecto a esta Corte, en los términos que se ha señalado precedentemente. Es más, señala que continuará su campaña de recaudación de fondos para accionar judicialmente en contra de don nombre reservado a fin de obtener que le pague lo que dice adeudarle, restando toda importante al ejercicio de la presente acción cautelar por parte del recurrente.
SEXTO: Que todas las acusaciones del recurrido vertidas a través del señalado medio de comunicación vía internet se enmarcan en la relación comercial o contractual que las partes mantuvieron durante cierto tiempo en la empresa Avispa Tchnology. Respecto de ella, como lo reconocen ambas partes, acordaron un finiquito mediante la suscripción de un documento denominado “NDA and General Release Agreement”, es decir, Acuerdo de Confidencialidad y de Descargo General, que el recurrente acompañó debidamente traducido por una perito judicial.
En este documento se deja constancia que se aceptó la renuncia al señor nombre reservado con fecha 18 de Julio de 2014, acordándose pagarle las sumas que se indican; que éste libera a la empresa y al recurrente de toda reclamación y se obliga a mantener la confidencialidad del acuerdo; también se obliga a no efectuar ninguna afirmación menospreciativa de la empresa, empleados, contratistas, directores o funcionarios y manifiesta no haber sufrido coacción o influencia indebida al ejecutar dicho acto.
Cabe señalar que no existe antecedente alguno de que el recurrente haya concurrido a este acuerdo bajo coacción, como afirma.
SÉPTIMO: Que cabe señalar, en primer término, que tratándose de un conflicto derivado de una relación comercial y/o laboral entre las partes, como se advierte de los antecedentes aportados, no son las redes sociales de internet la vía legítima para llegar a una solución del mismo, toda vez que, en caso de existir una deuda impaga, el acreedor debe recurrir a la justicia ordinaria civil para impetrar su cobro, y si se ha cometido un delito de estafa o vulneración de la legislación laboral, son los tribunales del crimen o del trabajo, competentes en esas materias, los que deben actuar en consecuencia. Es en dichas sedes donde el recurrido debe hacer valer sus derechos y no a través de un medio de comunicación que carece de sustento, para estos efectos, en nuestro ordenamiento jurídico.
OCTAVO: Que no resulta procedente que el recurrido, apartándose de la normativa que le permite ejercer las acciones ante los tribunales competentes, pretenda obtener el pago de una deuda o la sanción de un eventual ilícito mediante el envío de correos electrónicos difamatorios, calidad que sin duda tiene la comunicación que reconoce haber dirigido a muchas personas, incluidos clientes de la empresa Avispa Technology en la que tuvo participación el recurrido. En efecto, la acusación de estafa, contratación de inmigrantes indocumentados como trabajadores y la infracción de la legislación laboral, realizada a través de un medio de comunicación masivo como lo son las redes sociales de internet, constituye una difamación pública que evidentemente afecta la honra de la persona acusada.
NOVENO: Que las consideraciones expuestas llevan a concluir que resulta afectada al señor nombre reservado la garantía constitucional del respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, consignada en el artículo 19 n° 4 de la Carta Fundamental, al apartarse el recurrido del ordenamiento legal establecido y optar por una actitud de autotutela al margen de la ley.
Esta vulneración resulta suficiente para que esta Corte, como lo exige el texto constitucional, deba adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho, acogiéndose, en consecuencia, la acción cautelar deducida.
Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado ordenando al recurrido, don nombre reservado eliminar, dentro de tercero día de notificada esta sentencia, la comunicación efectuada el 28 de Septiembre de 2015 en el sitio de internet “life.indiegogo.com” denominada “nombre reservado, Avispa and Chile”, así como de toda otra publicación en cualquier soporte público en la que se contengan expresiones difamatorias respecto del recurrente, y abstenerse de efectuarlas en el futuro, así como de utilizar signos, logos o alusiones a la empresa Avispa Technology, con costas.
Regístrese y archívese, en su oportunidad.
Redactó la ministro señora Aguayo.
N° 92.949-2015.
Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Pilar Aguayo Pino, el Ministro suplente señor Jorge Luis Norambuena Carrillo y la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida. Santiago cuatro de diciembre de dos mil quince.