nombre reservado con MINISTERIO DE EDUCACIÓN

C.A. de Santiago Santiago, quince de septiembre de dos mil veintiuno.

Visto:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra del Ministerio de Educación, en tanto este último representante del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación de Investigaciones Pedagógicas, por afectar sus derechos constitucionales arbitraria e ilegalmente a través de la evaluación docente rendida el año 2019.

Solicita se acoja esta acción de protección y se adopten las medidas pertinentes y necesarias para resguardar el imperio del derecho, ordenando que los instrumentos que componen la evaluación docente de la actora (evaluador par, informe de referencia de terceros y portafolio) sean nuevamente corregidos por otro grupo de personas, previo conocimiento por parte de la evaluada de las rúbricas del proceso, con costas.

Expone que el día 24 de septiembre de 2020 fue notificada personalmente por el Director de Educación de la comuna de El Bosque, de la resolución que rechazó la reposición de 26 de marzo del mismo año que interpuso en contra del Informe de Evaluación Individual, dictado por el CPEIP, cuyo resultado fue “básico”.

Agrega que la Comisión Comunal indicó que la evaluación se realiza conforme a rúbrica y pautas que cumplen estándares internacionales, sin embargo, los profesores no tiene acceso a dichos antecedentes, por lo que el procedimiento deviene en arbitrario.

Dice que la evaluación es obligatoria y que a contar de la Ley 20.903 consta de cuatro instrumentos: pauta de autoevaluación, entrevista por evaluador par, informe de referencia de terceros y portafolio, este último, consistente en un instrumento que evalúa distintos aspectos de la práctica pedagógica de los docentes de aula, a partir de evidencia directa del trabajo dentro y fuera del aula, cuyo proceso de corrección se corrige a partir de rúbricas que permiten evaluar distintas opciones de respuesta y asociarlas a categorías de desempeño que detalla.

Añade luego que la rúbrica es fundamental ya que es la medida a la que se ajusta la evaluación y que determina las posibilidades de mejoramiento y perfeccionamiento del profesorado, sin embargo, la normativa aplicable no define los criterios que deben contener esas rúbricas y, es más, no son conocidas previamente por los docentes evaluados, contradiciendo la regulación asociada al principio de transparencia.

Expresa que el proceso evaluativo se completa con una evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos que aplica la Agencia de Calidad de la Educación una vez al año, cuyos contenidos define el CPEIP, con temarios a los que se puede acceder y es corregida a través de un software por equipos docentes capacitados de la Agencia.

Manifiesta que los resultados de la evaluación y los años de experiencia, determinan en qué tramo son encasillados los docentes, en lo que se denomina carrera docente: Inicial, temprano, avanzado, experto I y experto II, además de uno provisorio llamado acceso. Sobre ello, indica que cada tramo tiene una asignación de dinero, de forma que el avance de tramo representa un aumento en las remuneraciones, llegándose a cada uno de dichos tramos mediante el cruce de los resultados de las evaluaciones antedichas.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad del acto que se impugna, señala que existe falta de transparencia y una excesiva estandarización en el proceso, agregando respecto de ello que: “El sistema se muestra estricto respecto de los instrumentos evaluativos, que deben ser desarrollados en forma individual y personalizada por cada docente que se evalúa, pero en la corrección de estos no se respeta ese criterio de individualidad. A su vez, la falta de transparencia del sistema, respecto tanto de la no publicación de las rúbricas como de la eventual modificación unilateral y arbitraria de los niveles de complejidad con que se realiza el proceso evaluativo”, citando el artículo 43 del Reglamento sobre Evaluación Docente (Decreto N° 192 de 2005 del Ministerio de Educación) de la materia que se refiere a la desagregación de la información y una serie de detalles y recomendaciones al momento de entregar la evaluación, lo que en la especie, asegura la actora, ha sido una retroalimentación genérica que carece de efectividad en la práctica, ya que son idénticos entre varios docentes –“copiar y pegar”-, lo que demuestra el uso abusivo de rúbricas estandarizadas.

En segundo lugar, alega que hay ambigüedad pues en dos indicadores que expone, es calificada como “competente”, señalando que los resultados de la clase videograbada no se condicen con el contenido de ésta, p. ej., ya que se evaluó un cierre con repaso superficial de la materia, en circunstancias que ésta se profundiza; e igualmente se calificó dificultad en la organización de actividades, lo que se contradice con la estructura de la clase grabada, dado que posee en cada instancia actividades que favorece a los objetivos propuestos.

Añade que el “Manual del Portafolio” solo establece especificaciones para el nivel competente y carece de precisión, agregando que el proceso solo contempla el recurso de reposición ante la última autoridad evaluadora, por lo que la arbitrariedad, sumado a lo anterior, queda consagrada a nivel legal.

De la forma antedicha, manifiesta que se vulneran sus derechos de igualdad ante la ley y de la libertad de trabajo que asegura a todas las personas el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 2° y 16, pues algunos profesores sí conocen las rúbricas –los evaluadores- con que deben evaluarse en el periodo siguiente, lo que afecta su carrera docente.

Segundo: Que, al informar la recurrida, alega, en primer término que la materia que se somete al conocimiento de este tribunal excede a las que son propias de la acción de protección, cuya naturaleza es cautelar, indicando que las actuaciones que describe no revisten calidad de acto administrativo terminal, sin perjuicio de que estima que todo el proceso de avaluación se ha ajustado a derecho.

Agrega que si bien el acto que se impugna es la resolución que rechazó el recurso de reposición de la actora, las alegaciones de fondo son dirigidas al desconocimiento de las rúbricas de evaluación del instrumento “portafolio”, que es el motivo por el que la actora señala fue evaluada de forma insatisfactoria. Así, a su parecer no se pretende dejar sin efecto un acto administrativo terminal, sino conseguir una nueva revisión de los instrumentos de evaluación y tener acceso a las rúbricas.

Junto con abundantes citas normativas, explica que el CPEIP cumple la función de administrar el Sistema de Reconocimiento y Promoción del nombre reservado Docente y, para la progresión en los tramos de nombre reservado, considera el desempeño y las competencias de los docentes, que se someten a un proceso evaluativo integral. Los estándares de dicho proceso están regulados en el reglamento en base a los lineamientos del artículo 19 J del Estatuto Docente.

Explica los instrumentos de evaluación, en que se toman en consideración los dominios, criterios e instrumentos que establece la cartera, a través de las reparticiones públicas competentes, todo ello de acuerdo al Reglamento referido y, además, destaca que desde 2018 se encuentra en el sitio web www.docentemas.cl las herramientas y material de apoyo necesarios para conocer el Sistema de Evaluación.

Luego menciona que los docentes tienen conocimiento del elemento central de las rúbricas, que son expresadas al inicio de cada tarea que deben realizar, como también se hace entrega del “Manual del Portafolio” a los profesionales que se someten al proceso y, además, yerra, a su juicio, la recurrente al alegar que se afectan sus derechos por el desconocimiento de las rúbricas que evalúan el portafolio, ya que aquello no reviste ilegalidad ni arbitrariedad, toda vez que el mismo Reglamento de Evaluación Docente lo establece, lo que se ve plasmado en un proceso de carácter técnico y que tiene por finalidad mejorar la labor pedagógica.

De acuerdo a todo lo anterior, es que señala que no existe ilegalidad ni arbitrariedad por apegarse el proceso y los métodos evaluativos a la normativa aplicable y, en consecuencia, no existe tampoco afectación a los derechos constitucionales que se han alegado.

Tercero: Que se encuentran acompañados los siguientes documentos, con las notas que agrega respecto de ellos el que los acompaña:

I.- Por el recurrente:

1) Bajo el apercibimiento del artículo 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil, copia de su Informe de Evaluación Individual, que califica a la recurrente en nivel básico, de la carrera docente, donde aparecen los ítems que se evalúan con una descripción de lo observado, más una tabla de porcentajes.

2) Con citación, recurso de reposición interpuesto por la recurrente ante el Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal.

3) Bajo el apercibimiento del artículo 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil, copia del informe de resolución del respectivo recurso de reposición presentado por la recurrente, destacando que ese recurso tiene base para haber sido acogido.

4) Con citación, copia de correo de notificación de 24 de septiembre del presente.- II.- Por la recurrida:

1) Tabla comparativa entre procesos, que definen la evaluación docente y el sistema de reconocimiento y promoción profesional docente, citando normas aplicables, parámetros y a quien aplica.

2) Resultados nacionales 2019. Evaluación portafolio… explica el proceso de evaluación.

3) Documento manual portafolio, señalando las tareas que contiene, dónde se completa, apoyos y cómo mostrar el mejor desempeño.

4) Sentencia rol 92937-2020, Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que señala se pronuncia sobre un asunto parecido a este.

Considerando:

Cuarto: Que conforme ha sido unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo, ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la resolución del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas o CPEIP (en adelante indistintamente el “Centro”), de fecha 26 de marzo de 2020, que desestimó la reposición que dedujo respecto del informe de evaluación individual, el que en relación a ella dio un resultado “Básico”. En lo concreto, la recurrente cuestiona su proceso de evaluación docente del año 2019, el que se habría realizado de acuerdo a rúbricas y pautas que son desconocidas para los profesores y solicita que los componentes de su evaluación docente (evaluador par, informe de referencia de terceros y portafolio) sean nuevamente corregidos, por otro grupo de personas, previo conocimiento por parte de la evaluada de las rúbricas del proceso.

Sexto: Que en relación al proceso de evaluación docente, cabe señalar que se trata de un proceso técnico regulado en diversos cuerpos legales como son: el Estatuto Docente contemplado en la Ley 20.903 y; el Reglamento sobre Evaluación Docente (Decreto N° 192 de 2005 del Ministerio de Educación); entre otros.

Sobre el particular, en las disposiciones pertinentes al asunto objeto del recurso de protección, se dispone lo siguiente:

En el artículo 19 J: “Los estándares de desempeño profesional serán desarrollados reglamentariamente, en base a los siguientes dominios contenidos en el Marco para la Buena Enseñanza:

a) La preparación de la enseñanza.

b) La creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes.

c) La enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes.

d) Las responsabilidades profesionales propias de la labor docente, incluyendo aquellas ejercidas fuera del aula, como el trabajo técnico pedagógico colaborativo.

Los estándares de desempeño docente serán elaborados por el Ministerio de Educación, y aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Para efectos de la aprobación de dichos estándares se aplicarán los procedimientos y plazos establecidos en el artículo 86 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación.”

En el artículo 19 K: “Para medir el cumplimiento de los estándares de desempeño profesional y el conocimiento de las bases curriculares, el Centro diseñará, en colaboración con la Agencia de la Calidad de la Educación, y ejecutará los siguientes instrumentos:

a) Un instrumento de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos, atingentes a la disciplina y nivel que imparte.

b) Un portafolio profesional de competencias pedagógicas que evaluará la práctica docente de desempeño en el aula considerando sus variables de contexto. Dicho portafolio considerará, al menos, evidencias documentadas relativas a las mejores prácticas del docente sobre:

1. Desempeño profesional en el aula, considerando la vinculación de éste con los estudiantes y los procesos de enseñanza aprendizaje.

2. Prácticas colaborativas, acciones de liderazgo y cooperación, trabajo con pares, padres y apoderados y otras relativas al dominio señalado en la letra d) del artículo 19 J, en su contexto cultural.

3. Creación de contenidos, materiales de enseñanza, actividades académicas, innovación pedagógica, investigación y otras relacionadas con un nombre reservado de excelencia.

4. Perfeccionamiento pertinente al ejercicio profesional y nivel de desarrollo del docente, siempre que dicho perfeccionamiento se realice de conformidad a lo dispuesto en el párrafo III del Título I.

En caso de estudios de postgrado, estos deberán ser atingentes a su función de acuerdo a los requisitos que determine un reglamento. Los estudios de postgrado efectuados en Chile deberán ser impartidos por universidades acreditadas. En el caso de los estudios de postgrado efectuados en el extranjero se considerarán aquellos reconocidos, validados o convalidados en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales vigentes.

En el caso de los tramos Experto I y Experto II se considerará especialmente una especialización pedagógica a elección del docente en ámbitos tales como currículum, convivencia escolar, liderazgo y gestión educativa, inclusión y atención a la diversidad y evaluación, entre otros.

En el caso de aquellos profesionales de la educación y otros que se desempeñen en modalidades educativas que requieren de una metodología especial de evaluación para el reconocimiento de sus competencias pedagógicas, tales como las diversas formas de la educación especial, aulas hospitalarias, escuelas cárceles y especialidades de educación media técnica profesional, el Centro deberá adecuar el instrumento portafolio profesional señalado en el inciso precedente a dichos requerimientos.”.

En el artículo 19 L: “El instrumento portafolio señalado en el artículo anterior se aplicará por el Centro respecto del profesional de la educación cada cuatro años, en la misma oportunidad que el sistema de evaluación establecido en el artículo 70. Se utilizará el mismo instrumento portafolio en ambos sistemas de evaluación. El instrumento de evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos será aplicado por la Agencia de Calidad de la Educación y sus resultados serán entregados al Centro en la forma y plazos que determine el reglamento a que se refiere el artículo 19 U.

Corresponderá al Ministerio de Educación la coordinación entre la Agencia de la Calidad de la Educación y el Centro para los efectos de la implementación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente establecido en el Título III del decreto con fuerza de ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación.”.

Séptimo: Que en las normas citadas se establece un procedimiento de evaluación de los docentes, que está establecido por ley, como asimismo su operatividad e implementación por normas administrativas e instituciones técnicas facultadas para ello, lo cual no puede ser modificado o corregido a través de decisiones que se adopten con motivo de una acción de protección, especialmente si se tiene en consideración la complejidad de ese sistema. A su vez, tampoco se puede acceder a lo que solicita específicamente la recurrente, en cuanto a que los componentes de su evaluación docente (evaluador par, informe de referencia de terceros y portafolio) sean nuevamente corregidos por otro grupo de personas, previo conocimientos por ella de las rúbricas del proceso, dado que en ninguna parte se alega un derecho indubitado para ello, que pudiere ser protegido mediante esta acción de protección. Muy por el contrario, para acceder a una petición como esa, se requeriría de una declaración previa, en que se posibilite la participación de todos los involucrados en el sistema de evaluación docente, teniendo en consideración la totalidad de los aspectos técnicos que conlleva una situación como la de la especie, lo que excede de lo factible a través de un recurso de protección, especialmente si se tiene en consideración que el recurso de reposición que presentó la interesada con ese objetivo fue rechazado, pretendiendo que esta instancia constituya una especie de apelación frente a esa decisión, lo que por supuesto no es posible.

Octavo: Que no existiendo un derecho indubitado que pudiere ser protegido a través de la acción de protección, solo resta desestimarla, sin que sea necesario referirse a los demás aspectos para la procedencia del recurso en cuestión.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado, en contra del Ministerio de Educación representante del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactado por el Abogado Integrante señor Ovalle.

N°Protección-92936-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por la Ministra (S) señora Blanca Rojas Arancibia y por el Abogado Integrante señor Francisco Javier Ovalle Aldunate.