Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, trece de abril de dos mil veintitrés.

A folio 20, téngase presente.

Visto y considerando:

Primero: Que comparece don Maximiliano Roberto Gómez Arata, abogado, en representación de la empresa Servicios Integrales Aguilar y Cía. Ltda (en adelante también INCOSERVICIOS), quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del ORD. N° 1.828, de 10 mayo de 2022, suscrito, por orden de la Superintendenta, por doña nombre reservado, Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el cual se ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 3 y 24 de la Constitución Política de la República de su representada.

Pide que se acoja el presente recurso de protección, restableciendo el imperio del derecho, adoptando todas las medidas que se determine para la debida protección de las garantías constitucionales enunciadas, especialmente anulando y dejando sin efecto la resolución contenida en el ORD Nº 1.828 de 10 de mayo de 2022, dictado por la recurrida, con costas.

Fundamenta que Incoservicios es Contratista de ESVAL S.A. en virtud del contrato de prestación de servicios CVV 2236643 “ES-SERVICIO DE OPERACIÓN DE PLANTAS Y OPERADORES MÓVILES EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS ZONAL SAN FELIPE”. Expresa que en el marco de este contrato, celebrado con fecha 01 de mayo de 2020, en virtud de lo previsto en los artículos 183 A y siguientes del Código del Trabajo y para los efectos de prestar los servicios allí pactados, sostiene que su representada contrató, entre otros trabajadores, a don nombre reservado, quien, conforme a su contrato de trabajo de fecha 25 de mayo de 2021, debía laborar, en calidad de “Operario de Aguas Servidas”, en la zona geográfica de la Subgerencia Zonal San Felipe – Los Andes, de ESVAL, que comprende las localidades que refiere.

Indica que con fecha 18 de agosto de 2021, previo al inicio de sus labores en terreno, don nombre reservado pasó a la Planta de Tratamiento de Agua El Almendral, dependencia de propiedad de la Empresa Principal, ESVAL, ubicada en calle Benigno Caldera s/n, de San Felipe, a efectos de cambiarse de vestuario. Sostiene que, en ese contexto, fue alcanzado por un disparo de arma de fuego proveniente del exterior y cuyo autor se desconoce, proyectil que ingresó por la ventana del recinto, provocándole una herida de gravedad, a causa de la cual falleció días después, el 28 del mismo mes de agosto, en el Hospital de Viña del Mar del Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, recinto al cual había sido trasladado. Oportunamente, sostiene que su representada denunció el hecho del atentado al IST.

Expresa que con fecha 05 de octubre de 2022, el IST dictó la Resolución CECAF N° 11/2021, mediante la cual resolvió que el atentado a bala señalado constituyó fuerza mayor extraña que no tiene relación alguna con el trabajo, por lo que resolvió que el accidente de don nombre reservado, ocurrido el 18 de agosto de 2021, por el que falleció el 28 del mismo mes, no revestía los caracteres de un accidente del trabajo, motivo por el cual no procedía otorgar a sus derecho habientes las prestaciones económicas establecidas en la Ley N° 16.744.

Sin embargo, alega que con fecha 10 de mayo de 2022, mediante ORD. N° 1.828, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, se resolvió que esta entidad no concordaba con el criterio de calificación precedente, del IST, por lo que luego de diversas consideraciones fácticas y jurídicas que se contienen en el numeral 3.3.- del citado ORD. N° 1.828, cuyo texto acompaña, de cuya argumentación discrepa en lo relativo a la afirmación de que “es un hecho no controvertido que el siniestro ocurrió dentro del recinto de la entidad empleadora, específicamente, en el sector de vestidores”. Alega que en todo el proceso que la llevó a calificar del modo que lo hizo el siniestro que sufrió don nombre reservado, INCOSERVICIOS no fue parte del mismo, por lo que no le dio la oportunidad de desvirtuar ni aclarar dicha afirmación.

Aclara que, en estricto rigor, el trabajador aún no iniciaba tales actividades en terreno, lo que además resulta fundamental para concluir que el siniestro de que se trata no constituyó una fuerza mayor inherente al trabajo sino que fue del todo extraña y ajena al trabajo; conclusión a que correctamente había arribado el IST en la Resolución CECAF N° 11/2021, de 05 de octubre de 2021.

Reseña que luego, el ORD. 1.828 concluye que: “Al respecto, puede estimarse que el accidente de que se trata se produjo como consecuencia de una fuerza mayor extraña, constituida por la acción de un tercero que desde la vía pública disparó un arma de fuego, lesionando al trabajador con un proyectil, sin embargo, éste se encontraba en el lugar de los hechos (lugar de trabajo), precisamente por su actividad laboral, ya que se cambiaba de vestuario, para iniciar efectivamente sus funciones, por lo que resulta incuestionable que las funciones laborables del Sr. nombre reservado lo expusieron a esta fuerza mayor que, en definitiva, provocó su fallecimiento.

(…) A mayor abundamiento, cabe señalar lo dispuesto por la ley N° 19.303, en su artículo 14 dispone lo siguiente: ‘Los daños físicos o psíquicos que sufran los trabajadores de las empresas, entidades o establecimientos que sean objeto de robo, asalto u otra forma de violencia delictual, a causa o con ocasión del trabajo, son accidentes del trabajo, sujeto a las normas de la ley N° 16.744’.”

Aduce que, sobre la base de las consideraciones expuestas, el ORD. 1.828 termina ordenando al IST que revise la calificación de la contingencia sufrida por don nombre reservado, debiendo ajustarse para ello a dichos criterios. En ese entendido, agrega que con fecha 03 de junio de 2022, el IST notificó a su representada de la Resolución CECAF N° 29/2022, dictada con fecha 26 de mayo de 2022, en virtud de la cual deja sin efecto su anterior Resolución CECAF 11/2021, antes citada, resolviendo además que el accidente fatal sufrido por don nombre reservado, el 18 de agosto de 2021, por el que falleció el 28 de ese mismo mes, constituye un accidente con ocasión del trabajo, procediendo otorgar a sus derecho habientes, las prestaciones económicas establecidas por la Ley N° 16.744. Indica que en dicha nueva Resolución, el IST cita, en el considerando 1, como antecedente de esta nueva Resolución, el Oficio Ord. N° 1.828, de 10 de mayo de 2022, de la Superintendencia de Seguridad Social, contra el cual se interpone este recurso de protección.

En orden a argumentar la arbitrariedad de la resolución, alega no haber sido escuchada su representada en el proceso que siguió la recurrida y que concluyó en una decisión que cambia la causa del siniestro y que provocará directos e injustificados perjuicios a INCOSERVICIOS.

Concluye que ha existido una clara vulneración del debido proceso de parte de la recurrida, reclamando como faltante el acceso eficaz a la justicia y el derecho a defensa.

Sobre la ilegalidad de la resolución, discrepa de las consideraciones y conclusiones de la resolución ya citada, y postula que en la especie, la bala, de origen desconocido, proveniente del espacio público exterior al recinto en que se encontraba don nombre reservado, constituye un hecho delictual completamente ajeno o extraño al quehacer laboral que, como tal, ninguna vinculación de causalidad puede o pudo tener con el trabajo del afectado por ese hecho delictual. Manifiesta que lo cierto es que tal ilícito penal no califica, indistintamente, ni como fuerza mayor a causa del trabajo ni como fuerza mayor con ocasión del trabajo; y que -usando los conceptos de la recurrida- lo ocurrido califica como fuerza mayor extraña al trabajo y también como fuerza mayor no inherente al trabajo.

Reitera, a su vez, que el lugar de los hechos no correspondía a recinto de su representada.

Desarrolla enseguida sobre la vulneración de garantías constitucionales que estima concurrente, invocando el debido proceso, conforme al artículo 19 numeral 3º de la Constitución, e inciso quinto del mismo precepto, reclamando la falta de bilateralidad de la audiencia y no haber sido oída. Ahonda, asimismo, sobre la transgresión a su derecho de propiedad, en cuanto de conformidad con lo previsto en el artículo 15° de la ley N° 16.744, y en el decreto reglamentario de esta norma, N° 67, de 1999, Publicado en el Diario Oficial de 07 de marzo de 2000, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, INCOSERVICIOS deberá aumentar, de su cargo, la cotización que actualmente aporta al seguro de dicha ley, de un 0,93% a una cifra cercana al 3,4% de las remuneraciones imponibles de la totalidad de sus trabajadores, efecto que indiscutiblemente afectará de forma grave su patrimonio.

Segundo: Que comparece informando el recurso el abogado don Tomás Garro Gómez, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, respecto del cual, primeramente alega la improcedencia para alegar o reclamar respecto de la recalificación del accidente como con ocasión del trabajo efectuada por la Superintendencia de Seguridad Social y la consiguiente obligación de la mutualidad de empleadores ya señalada (I.S.T.) de otorgar a los causahabientes del trabajador las prestaciones de supervivencia que contempla la Ley N° 16.744. Fundamenta que la recalificación del infortunio como accidente con ocasión del trabajo, se realizó en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que le confieren las Leyes N° 16.395 y N° 16.744, en este caso una revisión de los accidentes fatales notificados al sistema RALF - SISESAT, y que habían sido calificados por el I.S.T. como de origen no laboral.

En ese entendido explica que ciertamente recibieron aplicación las normas constitucionales y legales que facultan a la Superintendencia de Seguridad Social para supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, a saber, el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República y las normas de las Leyes N° 16.395 y N° 16.744 -proceso de fiscalización llevado en materia de su competencia-. Precisa que se solicitó información al organismo administrador, que es el I.S.T. en el caso. De tal forma, estima que no se incumplió la norma sobre bilateralidad de la audiencia o el derecho a ser oído, de acuerdo con las normas que regulan está materia, respecto del organismo administrador.

Aduce que, en contra de lo resuelto e instruido en el referido oficio de la Superintendencia de Seguridad Social, el organismo administrador I.S.T. no interpuso recurso de reconsideración, dentro del plazo legal, quedando en consecuencia firme tal dictamen en la parte que dice relación con la recalificación del accidente como del trabajo.

Por otro lado, alega que además de no tener fundamentos la pretensión de la contraria, desborda los límites de aplicación de la acción de protección, afirmando que no busca amparar un derecho preexistente, sino controvertir el legítimo derecho que tienen los eventuales herederos de un trabajador a recibir la cobertura del seguro social, en este caso las prestaciones económicas por sobrevivencia.

A su vez, reclama que la acción de protección, de carácter excepcional, resulta improcedente en materias de seguridad social, por no estar tal garantía -del artículo 19 Nº18 de la Constitución- amparada por la mencionada acción. Invoca jurisprudencia sobre la materia.

En subsidio de la alegación precedente, informa en cuanto al fondo del asunto, pidiendo el rechazo del recurso, con costas, por no haber una actuación u omisión arbitraria o ilegal, aquello, toda vez que afirma que su actuación se ajusta a las normas que regulan la determinación de la etiología de un accidente como con ocasión del trabajo, por ajustarse a lo dispuesto, en este caso, a lo dispuesto en artículo 5° la Ley N° 16.744 y sus cuerpos reglamentarios.

Refiere que como consta del Informe de Fiscalización de la Iniciativa de Fiscalización Específica N° 47, de fecha 2 de febrero del año 2022, la Superintendencia de Seguridad Social, en ejercicio de sus facultades de fiscalización o control, se dispuso a verificar que el Instituto de Seguridad del Trabajo dé cumplimiento a lo instruido en el Compendio de normas del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sobre la calificación y la documentación que debe ser reportada al módulo RALF del Sistema SISESAT referente a accidentes fatales calificados como no laborales por dichos Organismos. Da cuenta de los objetivos de la fiscalización.

En el caso por el que se ha interpuesto la acción constitucional de autos, hace presente que el I.S.T, en el campo “Justificación de calificación como de origen no laboral “, señaló “Antecedentes permiten concluir que corresponde a accidente común por fuerza mayor observaciones: no se acredita asalto o ataque a empresa, rencilla personal o de la empresa con la comunidad, que pueda establecer relación de impacto de bala con el trabajo”. Expresa que el siniestro en primera instancia fue calificado por el IST como “Accidente del Trabajo”, calificación que posteriormente, fue cambiada a “Accidente Común. Indica que, en relación con lo anterior, se solicitó en su oportunidad al I.S.T. un informe jurídico que fundamente la calificación del caso como “Accidente Común”, teniendo en consideración que el caso podría haber sido calificado como un “Accidentes con ocasión del trabajo”, de acuerdo a lo señalado en la letra i), del Capítulo II. Tipos de accidentes del trabajo, letra A.

Reseña que, dando cumplimiento a lo instruido, el I.S.T. remitió el informe jurídico solicitado firmado por el abogado don Carlos Morel López, como asimismo el de calificación de accidente de fecha 27 de agosto de 2021 ((eDoc143), mediante el cual exponen las razones por las que se calificó como común el infortunio de que se trata. Agrega que remitió el “Informe Técnico Investigación del Accidente” de fecha 29 de septiembre de 2021. Es el ese contexto que sostiene se dictó el Oficio Ord. Nº1828. Cita la fundamentación dada en el mismo.

Razona que, no obstante la entidad empleadora es un interesado, por cuanto deberá soportar el alza en la cotización por siniestralidad efectiva, de acuerdo con lo dispuesto con la Ley Nº 16.744, ciertamente su reclamo no encuentra sustento legal. Lo anterior, por cuanto afirma que la cita ley, como la Ley N° 16.395, de organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, como ningún otro cuerpo legal contemplan la posibilidad de que la entidad empleadora sea oída o escuchada en estos procesos, sin perjuicio de otros derechos que le asisten para interponer recursos administrativos o pedir la rebaja de la cotización adicional que se fije.

Alude al marco normativo y su competencia, explicitando que a su defendida le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº 16.395, la fiscalización de las instituciones que administran el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la Ley N° 16.744 y sus reglamentos.

Ahonda sobre el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y la noción de Accidente del Trabajo, para culminar refiriéndose a la ausencia de derechos vulnerados.

Acompaña digitalización del expediente que concluyó con la dictación de la resolución reprochada en el arbitrio de protección.

Tercero: Que el recurso de protección puede conceptualizarse como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicios de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

Cuarto: En primer término, corresponde indicar que el acto respecto del cual se recurre corresponde a la dictación del ORD. N° 1.828, de 10 mayo de 2022, suscrito, por orden de la Superintendenta, por doña nombre reservado, Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se resolvió que esa entidad no concordaba con el criterio de calificación precedente del IST, por lo que luego de diversas consideraciones fácticas y jurídicas que se contienen en el numeral 3.3.- del citado se señala que “es un hecho no controvertido que el siniestro ocurrió dentro del recinto de la entidad empleadora, específicamente, en el sector de vestidores”.

“Al respecto, puede estimarse que el accidente de que se trata se produjo como consecuencia de una fuerza mayor extraña, constituida por la acción de un tercero que desde la vía pública disparó un arma de fuego, lesionando al trabajador con un proyectil, sin embargo, éste se encontraba en el lugar de los hechos (lugar de trabajo), precisamente por su actividad laboral, ya que se cambiaba de vestuario, para iniciar efectivamente sus funciones, por lo que resulta incuestionable que las funciones laborables del Sr. nombre reservado lo expusieron a esta fuerza mayor que, en definitiva, provocó su fallecimiento.

(…) A mayor abundamiento, cabe señalar lo dispuesto por la ley N° 19.303, en su artículo 14 dispone lo siguiente: ‘Los daños físicos o psíquicos que sufran los trabajadores de las empresas, entidades o establecimientos que sean objeto de robo, asalto u otra forma de violencia delictual, a causa o con ocasión del trabajo, son accidentes del trabajo, sujeto a las normas de la ley N° 16.744’.”

En cuanto a la improcedencia:

Quinto: Que se rechazará la improcedencia alegada pues si bien la garantía del artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental, no está incluida dentro de aquellas que enumera el artículo 20 del mismo texto constitucional, igualmente se denuncia en el libelo, la infracción a otros derechos protegidos por el constituyente mediante esta acción.

En cuanto al fondo:

Sexto: Que resultan ser hechos no controvertidos para el conocimiento del presente arbitrio constitucional que:

1. Conforme a las consideraciones contenidas en el signado ORD. N° 1.828 se ordenó al IST que revise la calificación de la contingencia sufrida por don nombre reservado, debiendo ajustarse para ello a dichos criterios.

2. Con fecha 03 de junio de 2022, el IST notificó a su representada de la Resolución CECAF N° 29/2022, dictada con fecha 26 de mayo de 2022, en virtud de la cual deja sin efecto la Resolución CECAF 11/2021, resolviendo además que el accidente fatal sufrido por don nombre reservado, el 18 de agosto de 2021 -por el que falleció el 28 de ese mismo mes,- constituye un accidente con ocasión del trabajo, procediendo otorgar a sus derecho habientes, las prestaciones económicas establecidas por la Ley N° 16.744.

3. La nueva Resolución, el IST cita, en el considerando 1, como antecedente el Oficio Ord. N° 1.828, de 10 de mayo de 2022, de la Superintendencia de Seguridad Social, contra el cual se interpone este recurso de protección. En la signada resolución se indica: “Antecedentes permiten concluir que corresponde a accidente común por fuerza mayor observaciones: no se acredita asalto o ataque a empresa, rencilla personal o de la empresa con la comunidad, que pueda establecer relación de impacto de bala con el trabajo”.

4. Consta del Informe de Fiscalización de la Iniciativa de Fiscalización Específica N° 47, de fecha 2 de febrero del año 2022, la Superintendencia de Seguridad Social, en ejercicio de sus facultades de fiscalización o control, se dispuso a verificar que el Instituto de Seguridad del Trabajo dé cumplimiento a lo instruido en el Compendio de normas del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sobre la calificación y la documentación que debe ser reportada al módulo RALF del Sistema SISESAT referente a accidentes fatales calificados como no laborales por dichos Organismos.

Séptimo: Que, en primer término, es dable señalar que el acto terminal dice relación con la resolución CECAF N° 29/2022 emanado del IST, en el que se recogen los criterios de interpretación consignados en la resolución recurrida.

Octavo: Que, de esta forma evidencia que el siniestro en primera instancia fue calificado por el IST como “Accidente del Trabajo”, la que fue modificada posteriormente como “Accidente Común. Indica que, en relación con lo anterior, se solicitó en su oportunidad al I.S.T.

Al respecto, la autoridad recurrida le solicitó al I.S.T. un informe jurídico que fundamente la calificación del caso como “Accidente Común”, teniendo en consideración que podría haber sido calificado como un “Accidentes con ocasión del trabajo”, de acuerdo a lo señalado en la letra i), del Capítulo II. Tipos de accidentes del trabajo, letra A.

Es así como en el “Informe Técnico Investigación del Accidente” de fecha 29 de septiembre de 2021, se dictó el Oficio Ord. Nº 1828, antes citado.

Noveno: Que con arreglo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1° de la Ley N° 16.395, que fija el Texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde a la Superintendencia la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. El inciso 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a la recurrida le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.” En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a la SUSESO: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Por su parte, Ley Nº 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1968, creó el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Asimismo, a la Superintendencia le corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº16.395, sobre Organización y Funciones, “(…) la fiscalización del seguro sobre accidentes del trabajo como de las instituciones que a él se dediquen (…)”. Por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.” De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 16.744, se entiende por accidente del trabajo “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.”

Además, conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 5° de la Ley N° 16.744, son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo de la víctima. Según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”. Por su parte, el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en complemento del precepto legal antedicho dispone que, para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”.

Décimo: Que al respecto además debe tenerse en consideración que la entidad empleadora es un interesado, por cuanto deberá soportar el alza en la cotización por siniestralidad efectiva, de acuerdo con lo dispuesto con la Ley Nº 16.744, lo anterior, por cuanto el signado cuerpo normativo como la Ley N° 16.395 -en especial el artículo 30- y sus Reglamentos, contemplan la posibilidad de que la entidad empleadora sea oída o escuchada en estos procesos, sin perjuicio de otros derechos que le asisten para interponer recursos administrativos o pedir la rebaja de la cotización adicional que se fije.

Undécimo: Así las cosas, la decisión emanada de la SUSESO, implica colegir que obró dentro de las atribuciones que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las facultades de fiscalización e interpretación con que cuenta dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo, esto es, de haber declarado que los hechos que la actora cuestiona tienen la naturaleza de accidente del trabajo.

Para efectuar, dicha decisión la recurrida ha interpretado y aplicado, de manera razonada, la normativa antes citada, previo análisis de los supuestos fácticos que ameritaron su pronunciamiento, actuando por tanto dentro de la esfera de su competencia.

En ese contexto la decisión impugnada mediante el presente arbitrio constitucional se encuentra razonablemente justificada, lo que descarta la arbitrariedad que se denuncia.

Duodécimo: En efecto, el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, de modo que la labor de este tribunal de alzada es la de revisor de la juridicidad de lo obrado, en este caso por la SUSESO, sin que en tal examen se advierta más que el estricto cumplimiento de la ley y de la normativa reglamentaria aplicable a la materia de autos.

Décimo tercero: Descartada la ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado en relación a la citada y previa calificación y consecuente modificación, plasmada en la resolución dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Décimo cuarto: Por otro lado, es dable tener presente que el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los derechos del actor, es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Décimo quinto: Con arreglo a lo antes expuesto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Servicio Integrales Aguilar y Cía. Ltda. en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección 92867-2022.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero, el Ministro (S) señora Soledad Jorquera Binner y el Abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, trece de abril de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.