Protección contra Subsecretaría de Seguridad Pública

C.A. de Santiago Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 26 y 27: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Patricio Peña Cuevas, abogado, en representación de don nombre reservado, quien interpone en su favor recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Seguridad Pública, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Decreto Exento RA N°NUM000, de 19 de enero de 2026, mediante el cual se dispone el retiro absoluto del recurrente por la causal de salud irrecuperable, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando esta Corte a la parte recurrida dejar sin efecto el acto impugnado, por sustentarse en un procedimiento viciado, sustentado en notificaciones inválidas, y en un cómputo erróneo de los plazos legales aplicables, adoptando, además, todas aquellas medidas para asegurar la debida protección del actor.

Relata el actor ser funcionario público, Subprefecto de dotación de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM)

Coyhaique de Policía de Investigaciones de Chile (PDI), precisando que el acto administrativo impugnado, de 19 de enero de 2026, que dispone su retiro absoluto por salud irrecuperable, tuvo en consideración como antecedentes el Informe Técnico (R)

N°NUM001, de fecha 11 de julio de 2024, de la Comisión Médica Institucional de la Policía de Investigaciones de Chile, que determinó el estado de salud irrecuperable para el servicio institucional del recurrente, como asimismo la Resolución Exenta (R) N°NUM002, de 2 de diciembre de 2024, de la Dirección General de PDI, que declaró dicha condición, estableciéndose además la obligación de solicitar el retiro dentro del plazo de seis meses desde su notificación.

Adiciona que la citada resolución hizo presente que habiendo transcurrido dicho plazo sin que el funcionario presentara solicitud de retiro, resultaba procedente declarar la vacancia del cargo, refiriéndose además el acto impugnado al término de un sumario administrativo seguido a raíz de una denuncia por maltrato y/o acoso laboral interpuesta por el propio recurrente, así como a la normativa de protección contenida en el artículo 90 A de la Ley N°18.834, la cual es considerada para efectos de determinar el momento en que corresponde declarar la vacancia del cargo, fijándola en definitiva el 9 de octubre de 2025, dejando constancia de la existencia de un sumario administrativo en actual tramitación en contra del recurrente, puntualizando que, posteriormente, mediante Oficio (R) N°NUM003, de 19 de diciembre de 2025, el Director General de PDI solicitó al Ministro de Seguridad Pública declarar la vacancia del cargo del recurrente por salud irrecuperable, invocando finalmente la resolución lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N°19.880, en relación con la posibilidad de otorgar efectos retroactivos al acto administrativo.

Dicho lo anterior, argumenta que el acto impugnado es ilegal, por fundarse a su vez en un acto administrativo actualmente sometido a revisión judicial, cual es, la Resolución Exenta (R)

N°NUM002, de 2 de diciembre de 2024, de la Dirección General de PDI, respecto de la cual fue interpuesto recurso de protección ante esta Corte, en el Rol N°2376-2025, que a la fecha no ha sido resuelto, y en el que se denunciaron vicios sustantivos que inciden en la legalidad, tanto del Informe Técnico N°NUM001, como de la Resolución Exenta (R) N°NUM002, antes citados, siendo alegados una serie de vicios procesales y de fondo por los que se cuestionaba la decisión de la autoridad policial.

Menciona que, a pesar de ello, la parte recurrida procedió igualmente a dictar el acto impugnado mediante el presente arbitrio, consolidando los efectos de actos decisorios en actual revisión por esta magistratura, haciendo presente además que incluso fue interpuesto un tercer recurso de protección, en los autos Rol N°1935-2026, que recae sobre un acto diverso al impugnado en estos autos, a saber, la Carta de Servicio N°NUM004, de 22 de diciembre de 2025, que se limita a comunicar la solicitud de declaración de vacancia del cargo por causal de salud irrecuperable respecto del recurrente.

Detalla en relación con los vicios que denuncia que el acto impugnado es ilegal, además, por erróneo cómputo del plazo legal para la declaración de vacancia el cargo, por cuanto si bien refiere haber recibido por carta certificada una constancia de notificación, de 9 de junio de 2025, no resultaba posible determinar con claridad el acto que se pretendía notificar, de modo tal que no tuvo conocimiento del alcance y efectos de la actuación, infringiéndose el artículo 41 de la Ley N°19.880, sin que pueda estimarse como un hito válido para efectos del cómputo de plazos que la Administración pretende construir respecto del acto impugnado, puesto que ni siquiera le fue acompañada con la notificación una copia de la resolución respectiva, y tampoco se cumplieron los presupuestos habilitantes para notificar por carta certificada, en subsidio de la notificación personal, atendido lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley N°18.834.

Precisa que, en estas circunstancias, tomó conocimiento real del acto el 18 de julio de 2025, infiriendo que se trataba de una comunicación de término de sumario administrativo, alegando que posteriormente, y también por carta certificada, recibió una nota aclaratoria que tampoco subsana los vicios antes mencionados para efectos del cómputo de plazos en que la Administración pretende sostener el acto recurrido, enfatizando que esta situación resulta del todo relevante, atendido el plazo de protección contemplado en el artículo 90 A de la Ley N°18.834 y el necesario cómputo de seis meses que debe hacerse al tenor de su artículo 152, a partir de lo cual afirma que la dictación del Decreto Exento RA N°NUM000, de 19 de enero de 2026, resulta anticipada, por construir la declaración de vacancia del cargo, de 9 de octubre de 2025, sobre la base de una supuesta notificación que no se encuentra acreditada, infringiendo los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, deviniendo en un actuar ilegal y arbitrario, y vulnerando su derecho de igualdad ante la ley.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva a esta Corte que se acoja el presente arbitrio, y con su mérito, se restablezca el imperio del derecho, en los términos antes mencionados.

SEGUNDO: Que, informa el abogado Jaime Rojas Cornejo, en representación del Ministerio de Seguridad Pública, al tenor de la acción de protección deducida, solicitando su rechazo.

Refiere en primer término que mediante Informe Técnico (R)

N°NUM001, de 11 de julio de 2024, emitido por la Comisión Médica Institucional de la Policía de Investigaciones de Chile, se concluyó que el recurrente presentaba un estado de salud irrecuperable para el servicio institucional, diagnosticándose un trastorno depresivo mayor de alta intensidad, el cual genera una inestabilidad permanente que compromete su capacidad para continuar en funciones, determinándose que dicha patología es de origen común y no derivada de actos del servicio, dictándose en virtud de lo anterior la Resolución Exenta (R) N°NUM002, de 2 de diciembre de 2024, mediante la cual se declaró la salud irrecuperable del ex funcionario, disponiéndose que debía retirarse de la institución dentro del plazo de seis meses contado desde la notificación del acto administrativo, bajo apercibimiento de declararse la vacancia del cargo en caso de incumplimiento, la cual se realizó mediante carta certificada, recepcionada en la Oficina de Correos de Chile correspondiente el 26 de diciembre de 2024, dándole por notificado el 31 de diciembre de la misma anualidad, conforme al artículo 46 de la Ley N°19.880.

Menciona que posterior a aquello, y mediante Resolución Exenta N°NUM005, de 9 de mayo de 2025, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones, se puso término al sumario administrativo instruido con ocasión de una denuncia de maltrato y/o acoso laboral interpuesta por el ex funcionario, confirmándose el sobreseimiento de la autoridad denunciada, resolución que fue notificada por carta certificada, entendiéndose practicada la notificación el 28 de mayo de 2025.

Relata, asimismo, que mediante Oficio Reservado N°NUM003, de 19 de diciembre de 2025, el Director General de PDI solicitó al Ministerio de Seguridad Pública la dictación del decreto correspondiente para declarar la vacancia del cargo del Subprefecto nombre reservado, por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 152 del DFL N°29 de 2005, atendido que previamente, mediante Informe Técnico (R) N°NUM001, de 11 de julio de 2024, la Comisión Médica Institucional determinó que el funcionario presentaba salud irrecuperable para el servicio, lo que dio origen a la Resolución Exenta (R) N°NUM002, de 2 de diciembre de 2024, que declaró dicha condición, acto que fue notificado legalmente, haciéndose presente además el término del sumario administrativo instruido por denuncia de maltrato laboral, y señalándose que, considerando la normativa vigente y los plazos de protección al denunciante, correspondía fijar como fecha de declaración de vacancia el 9 de octubre de 2025, sin que este haya solicitado su retiro.

Puntualiza que el actor registró al 18 de diciembre de 2025, un total de 28 años, 8 meses y 8 días de servicios efectivos en la institución, y que mediante el certificado N°NUM006, de 21 de noviembre del mismo año, se dejó constancia que el ex oficial registraba un sumario administrativo pendiente por eventuales irregularidades en la conducta, instruido por la Inspección General, el cual se encontraba a esa fecha en etapa investigativa, dictándose posteriormente el Decreto Exento impugnado de autos, que dispuso su retiro absoluto, declarando su vacancia en el cargo a contar del 9 de octubre de 2025.

Argumenta a continuación que resulta fundamental precisar el marco normativo que regula la aptitud psicofísica del personal de la Policía de Investigaciones de Chile y el procedimiento para declarar el cese de funciones por salud irrecuperable, estableciendo el artículo 30 del Decreto Ley N° 2.460 de 1979 (Ley Orgánica de la PDI) y el artículo 73 del DFL N° 1 de 1980 (Estatuto del Personal de la PDI), de manera taxativa, que corresponde en forma exclusiva a la Comisión Médica Institucional el examen del personal a fin de informar acerca de su capacidad física para continuar en el servicio, agregando que el artículo 75 del estatuto de personal de PDI dispone que será el Director General quien, previo informe de la citada Comisión Médica, dispondrá formalmente la irrecuperabilidad de la salud y la incapacidad del afectado para continuar en filas, detallando su artículo 153 que, en lo no previsto en dicha normativa especial, se aplicarán a los funcionarios las normas de la Administración Civil del Estado, cobrando relevancia los artículos 150 letra a) y 152 del Estatuto Administrativo, que regulan el procedimiento de declaración de vacancia por salud irrecuperable.

Expresa en estas circunstancias que el acto recurrido no resulta ilegal ni arbitrario, ya que se fundó tanto en el Informe Técnico (R) N°NUM001, como Resolución Exenta (R) N°NUM002, antes individualizados, y en estricta aplicación de las normas que regulan el procedimiento aplicable a la declaración de vacancia por salud irrecuperable, tratándose sus disposiciones de una potestad reglada, en la que la Administración está obligada a actuar en la forma que la ley dispone una vez verificados los presupuestos fácticos, por lo que verificándose la declaración técnica de salud irrecuperable, la notificación legal y el transcurso del plazo sin retiro voluntario, la autoridad actuó en el ejercicio de sus atribuciones y conforme al procedimiento vigente.

Puntualiza en relación con las alegaciones de supuesta invalidez de la notificación, que se practicaron mediante carta certificada al domicilio registrado, cumpliendo con las formalidades legales, las que constituyen una presunción legal de conocimiento y solo pueden desvirtuarse con prueba en contrario, lo que no ha ocurrido en la especie.

Concluye el recurrido que el acto administrativo impugnado fue dictado conforme a derecho y en aplicación de normas legales expresas, y se fundó en antecedentes técnicos y jurídicos, por lo que no puede calificarse de ilegal ni arbitrario, solicitando en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción interpuesta.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario corresponde al Decreto Exento RA N°NUM000, de 19 de enero de 2026, mediante el cual se dispuso el retiro absoluto del recurrente por la causal de salud irrecuperable.

QUINTO: Que, los reproches contra dicho acto administrativo, se basan, por una parte, en que a la fecha de su dictación se encontraba pendiente de revisión judicial en el recurso de protección deducido por el actor en contra de la Resolución Exenta (R)

N°NUM002, de 2 de diciembre de 2024, de la Dirección General de PDI que declaró la salud irrecuperable, tramitado en el Rol N°2376- 2025 de esta Corte.

En segundo término, denuncia un cómputo erróneo del plazo legal para la declaración de vacancia el cargo, como también vicios en la notificación, por no cumplirse lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley N°18.834, todo lo cual permitiría concluir -en su concepto- que la dictación del Decreto Exento RA N°NUM000, de 19 de enero de 2026, resultaría anticipada.

SEXTO: Que, para descartar el primer reproche, se debe tener presente que el artículo 3° inciso final de la Ley 19.880, dispone que: “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”.

Conforme a lo anterior, si bien es efectivo que la parte recurrente dedujo un recurso de protección en contra de la resolución que declaró la salud del actor como irrecuperable, lo cierto es que no consta que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por esta Corte, conociendo del recurso de protección, que impidiera a la recurrida continuar con la ejecución del acto impugnado, cuya legalidad se presume.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al segundo reproche, cabe tener en consideración el artículo 152 de la Ley 19.880, que dispone: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador”.

Del tenor de dicha norma, queda en evidencia que es la ley la que define la forma de computar el plazo de seis meses, disponiendo que lo es a contar de la fecha en que se notifique la resolución por la cual se declare la irrecuperabilidad.

En la especie, consta que dicha notificación se realizó mediante carta certificada, recepcionada en la Oficina de Correos de Chile el 26 de diciembre de 2024, por lo que se le debe tener por notificado el 31 de diciembre del mismo año, conforme al artículo 46 de la Ley N°19.880, última fecha desde la cual comenzó el cómputo del plazo de seis meses.

A dicho plazo debe sumarse el término de noventa días de protección previsto en el artículo 90 A letra a) del Estatuto Administrativo, contado desde la notificación por carta certificada, de la Resolución Exenta N°NUM005, de 9 de mayo de 2025, de la Dirección General de la Policía de Investigaciones, que puso término al sumario administrativo instruido con ocasión de una denuncia de maltrato y/o acoso laboral interpuesta por el ex funcionario, confirmándose el sobreseimiento de la autoridad denunciada, notificación que se debe entender practicada el 28 de mayo de 2025.

OCTAVO: Que, por consiguiente, conforme a lo razonado precedentemente, no es posible concluir que el Decreto Exento RA N°NUM000, de 19 de enero de 2026, mediante el cual se dispuso el retiro absoluto del recurrente por la causal de salud irrecuperable, se haya dictado antes del vencimiento de los plazos dispuesto en los artículos 152 de la Ley 19.880 y 90 A letra a) del Estatuto Administrativo.

NOVENO: Que, por otra parte, cabe descartar la alegación del recurrente en torno a que la Resolución Exenta (R) N°NUM002, de 2 de diciembre de 2024, de la Dirección General de PDI que declaró la salud irrecuperable, debiese ser notificada de conformidad al artículo 131 del Estatuto Administrativo, por cuanto esta vía de notificación sólo debe emplearse en los casos allí dispuestos, no siendo aplicable a resoluciones administrativas que no tengan carácter disciplinario, por cuanto respecto de éstas rige el artículo 46 de la Ley 19.880, lo que descarta así la pretendida infracción a la notificación por carta certificada, recepcionada en la Oficina de Correos de Chile el 26 de diciembre de 2024.

DÉCIMO: Que, por último, si bien el recurrente hizo presente en estrados que el acto impugnado sería contrario a la destinación dispuesta a favor del actor, con fecha 7 de noviembre de 2025, cabe señalar que si bien es posible apreciar una descoordinación interna en la PDI que permitió que se dictara dicho acto mientras al mismo tiempo se tramitaba y afinaba la vacancia del cargo por salud irrecuperable, dicha desorganización no tiene el mérito para restar validez al Decreto Exento RA N°NUM000, de 19 de enero de 2026, que dispuso el retiro absoluto del recurrente por la causal de salud irrecuperable, por cuanto éste no es más que el acto que pone término al mecanismo previsto en el artículo 150 del Estatuto Administrativo, el que lógicamente ha de primar, por sus efectos propios, sobre la mentada destinación.

UNDÉCIMO: Que, en definitiva, al no existir un acto u omisión ilegal o arbitrario de la recurrida que afecte las garantías constitucionales del recurrente, no cabe más que rechazar la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Seguridad Publica.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-9285-2026.